GRAN EXPOECTACION ANTE LAS URNAS VENEZOLANAS

Escraches, debate sobre la Monarquía, en otro 14 de abril, y gran expectación ante las urnas venezolanas de hoy. Es el menú principal de este domingo central de abril… Desahucios y escarches - El País: Los jueces se coordinan para frenar os desahucios hasta que se reforme la ley. Los magistrados paralizan procesos ante cláusulas consideradas abusivas. Cospedal describe los escarches como totalitarios y nazismo puro. Elena Cortés, consejero de Vivienda en Andalucía: Hasta aquí hemos llegado - La Vanguardia: Cospedal califica los escarches de nazismo puro. La secretaria general del PP se declara indignada por lo sucedido en el caso de Luis Bárcenas - El Periódico: Juicio al escrache. Se extienden los acosos a políticos por los sahucios. Algunos expertos señalan que el PP sobreactúa en su victimismo y - otros creen que la PAH se equivoca. Cospedal afirma que la presión ante los domicilios de miembros de su partido es «nazismo puro» - La Razón: Los acosos a políticos se multiplican por seis: de 16 en marzo a 94 en abril – - La Voz de Galicia: De Cospedal tacha de nazis y totalitarios a los que hacen escraches Política - El Mundo: El Gobierno elabora la Ley Orgánica que regulará los actos del Corona. Establecerá los mecanismos de la abdicación y convertirá en aforados a los miembros de la Familia Real, que sólo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo. Aunque el proyecto está muy avanzado, no será enviado al Congreso hasta que se abra el juicio oral ene. Caso Urdangarín, para evitar suspicacias. La Casa Real contempla dos escenarios: apuesta por la recuperación del Rey y su asistencia a la final de la Copa, pero no descarta que abdique por razones de salud. Un militar de alta graduación propuso hace poco al Príncipe que aconsejara a su padre la abdicación. “Yo no le puedo pedir eso al Rey”, respondió Felipe. - El Mundo: La noche que el Rey se cayó en Botswana – - El Mundo: Mas: Intentan cargarse a Pujol, se cargaron a Carrasco i Hormiguera. Convergencia aplaude a Oriol Pujol por su implicación - El Mundo: Méndez pone límite de tres mandatos en UGT, pero él podría seguir otros doce años - - ABC. Declara Dolores de Cospedal: La presión mediática sobre el Caso Bárcenas no tiene parangón. La secretaria general del PP califica de nazi el acoso contra dirigentes de su partido. La número dos del PP rompe su silencio en prensa tras la polémica del extesorero - ABC: Rajoy y Urkullu se reunieron en secreto para estrechar su pacto económico, el miércoles en la Moncloa, a petición del lendakari, que eludió su plan soberanista del día anterior - ABC: Patxi López prepara su asalto a Ferraz tras las europeas. Sondea los barones para recabar apoyos antes de plantarle cara a Rubalcaba - ABC: La lección de don Juan antes del exilio. Sed buenos españoles, pidió tras la proclamación de la República. - La Vanguardia: CiU rebajará la presencia catalanista en la región de Perpinyá. El Govern quiere conseguir una mejor relación diplomática con París – - El Periódico: El Barça espió a los impulsores de la moción contra Laporta. - La Razón: Rajoy poine en marcha el PP latinoamericano. Alianza de centro derecha contra el populismo. Una delegación del partido negocia con los homólogos de estos países para unirlos en una plataforma política a imagen del PP europeo. Declara Enrique Carriles: Es fundamental que quieres gobiernen respeten las diferentes formas de pensar - La Razón: el 70,5 por 100 de los votantes del PSOE pide que se apoye a la Monarquía. El Rey trabaja en La Zarzuela para relanzar la estabilidad de la Corona - La Gaceta: Movimientos cortesanos. Empujan a la Corona hacia la izquierda. Presionan al Príncipe para que abandere una segunda transición que asegure la supervivencia de la Monarquía. El objetivo es descentralizar aún más el Estado para contener a los nacionalistas y seducir a la izquierda - La Gaceta: Urdangarín ultima la venta del palacete de Pedralbes por 7,5millones. El comprador es un millonario israelí afincado en Kenia. Los duques de Palma pagaron 5,8 millones en 2004 –La Gaceta - Largo Caballero y Alcalá Zamora acabaron con la II República. Fue víctima de los excesos de la izquierda, explica Pío Moa. La controversia entre mito y realidad sigue, 82 años después –La Gaceta Economía - Un nuevo ladrillazo se cierne sobre las costas españolas. Los experto creen que la nueva norma del PP desprotege el litoral –El País - Economía descarta abaratar más el despido –El País - La estrategia de crecimiento de la UE fracasa. Duro diagnóstico de los expertos a los ministros de Economía. La falta de crédito es crítica por la mala salud bancaria. Portugal se cuestiona el euro -La Vanguardia - Niños que educan a papá y a mamá. Los menores son muy sensibles a cuestiones como el tabaco, el reciclaje y la seguridad vial -El Periódico - Rajoy dice a Bruselas que no piensa subir el IVA. La Comisión Europea había pedido aumentar la recaudación por este impuesto, entre otras medidas de ajuste –La Gaceta - Implicados en la operación Orquesta dieron a dedo obras por 2,7 millones. Conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación revelan que algunos de ellos ya temían que iban a acabar en la cárcel- La Voz de Galicia - La evasión fiscal le cuesta a Europa un billón de euros al año, el equivalente al PIB español. Gerard Ryle, el mayor investigador sobre enclaves off shore: «El dinero de los paraísos fiscales está en los bancos de Londres, Nueva York o Madrid –La Voz de Galicia - Galicia tiene sin construir parques eólicos concedidos por Fraga –La Voz de Galicia - Feijoo agradece en México que Pemex ratifique los pactos con el sector naval –La Voz de Galicia - Los depuradores gallegos aseguran que no envían mejillón a Francia desde hace 15 días –La Voz de Galicia De fuera - El Papa elige un consejo de ocho cardenales para cambiar la Curia –El País - Marx, autor de El Capital, llega a asesor papal –El Mundo - El Papa nombra un consejo para reformar la Curia. Francisco designa a ocho cardenales como asesores del gobierno de la Iglesia –La Vanguardia - La homofobia ataca en Francia –El País - El Papa inicia la reforma de la Curia un mes después de su llegada –La Razón - Un año después de la expropiación de YPF –El País - No puede seguir los que manejan el petróleo como si fuera su cartera. Declara Enrique Carriles el día en que Venezuela vota bajo sospecha de juego sucio –ABC - Futuro sin Chávez. Maduro y Carriles se disputan hoy la presidencia de Venezuela –La Vanguardia - Venezuela vota bajo la sombra de Chávez. Capriles tiene posibilidades de derrotar al chavismo en su segundo intento –El Periódico - Tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se enfrenta hoy a unas elecciones cruciales para el futuro del Continente –La Razón - Venezuela elige entre la continuidad y la ruptura con el chavismo –La Voz de Galicia - Portugal recaudó en un año 150 millones en los peajes de las autovías y gastó 50 en su mantenimiento –La Voz de Galicia La estrategia de la defensa de Urdangarín Según señala El País, Urdangarin disfrutó una existencia de papel cuché durante 13 años. Perfecto marido, padre, yerno y duque. Una vida regalada, supervisada por la Casa Real y contada por el ¡Hola!. Además, trabajaba: fundaciones e institutos, la apariencia opuesta al ánimo de lucro. Pero su biografía, ahora, ha sido desclasificada. Fuentes consultadas reconocen que no solo no siguió los consejos de La Zarzuela en el proceso judicial sino que su estrategia condujo a la venganza de su exsocio y la imputación de la infanta Cristina. El 22 de abril de 2009, ¡Hola! y otras publicaciones daban cuenta del traslado de Urdangarin y familia a Washington por motivos profesionales, entre conjeturas sobre su futura residencia en un barrio exclusivo y el también exclusivo colegio que habrían de buscar a los niños. La infanta Cristina sacrificaba su trabajo en La Caixa (que luego recuperó). Hubo una tibia mención a la retirada de Urdangarin del Instituto Nóos. Todo ello, naturalmente, con la autorización del Rey. Era el lenguaje rosa para una familia cuché. Lo que resultaba ser una operación de alejamiento se hizo mal. Urdangarin se había distanciado de su socio Diego Torres a partir de 2008, salió de sus cargos en las sociedades que habían compartido y abandonó el lugar de trabajo, pero cometió el primer error: dejó en Nóos todos sus papeles; ni se molestó en vaciar su correo electrónico. No tomó ni la más elemental precaución. En el verano de 2009 la familia ya estaba en Washington. La felicidad duró dos años. En el verano de 2011, Diego Torres es llamado a declarar por un juez de Baleares. El 7 de noviembre, la policía registra la sede de sus empresas y su domicilio particular. Torres es imputado poco después. A Urdangarin le llega la mala noticia en plenas navidades. El castillo de naipes se desploma. En los registros, la policía encuentra sobre todo ordenadores portátiles y decide hacer un volcado del servidor principal, que está en la sede de la sociedad Virtual Strategies. Como quiera que en Baleares no hay medios técnicos, el material se envía a Madrid para su examen. Hay algo más de 20.000 correos electrónicos. En las operaciones de búsqueda se emplean muchas palabras clave. Incluso, Rey o Rey Juan Carlos. Toda la información que hay en esos correos es anterior al año 2008. Pero no están todos. Por entonces, Urdangarin lleva tiempo actuando por libre junto a Pascual Vives, su amigo y también su abogado, compañeros del Real Club de Tenis de Barcelona, donde gusta reunirse y hacer deporte gente bien. Pascual Vives había sido en 2008 miembro de la candidatura de Sixte Cambra a la presidencia del Barcelona. No era un abogado de currículum pesado, con casos de especial repercusión. Tanto La Zarzuela como Telefónica (hasta entonces, los patrones del duque de Palma) le recomendaron un cambio de letrado. Urdangarin no hizo caso. Cuando le pidieron copia de sus correos en Nóos, no tenía ninguno en su poder. El 9 de enero de 2012 se levanta el secreto del sumario y se traslada a las partes el disco con la información que la policía ha recabado de los correos. Será en abril cuando el abogado de Torres, Manuel González Peeters, presente cinco nuevos correos. Se comprueba que no están entre las copias de los registros. Comienza el carrusel. Durante este proceso se produce un episodio que no es anecdótico. En otra operación policial (operación Pitiusa) se halla un pen drive con correos del caso Nóos en el despacho de un detenido, Matías Bevilacqua. Del asunto se da traslado a la fiscalía de Baleares, que procede a una investigación e interroga a los policías que han intervenido en el registro. Interroga también a Bevilacqua, que manifiesta trabajar para el CNI como hacker. En sus cuentas corrientes hay ingresos del Ministerio de Defensa hasta 2010, pero también otros que superan los 140.000 euros durante 2011 y 2012. Bevilacqua manifiesta que son fondos reservados del CNI, que le tienen que pagar en negro como resultado de los recortes. También hay un cheque de 7.000 euros del despacho de Pascual Vives, el abogado de Urdangarin. Según Bevilacqua, le habían encargado ordenar los archivos del fichero. “Nadie encarga a un hacker un trabajo tan elemental”, responden los investigadores. El cheque se paga en octubre, casi diez meses después de hacerse el encargo. La opinión de los investigadores es que el cheque se hace para darle cobertura a una intervención del CNI en el asunto: el objetivo era recuperar del orden de 10.000 correos más. Para entonces, la estrategia de defensa de Urdangarin ha sorprendido a los expertos. Nadie entiende que el duque de Palma decidiera no aceptar ninguna responsabilidad en la gestión de las sociedades y tratara de acusar de todo a su exsocio. Hasta el 25 de febrero de 2012, Diego Torres se había dedicado a mantener una defensa clásica: había guardado silencio, aportado documentación y mantenido el criterio de que los contratos eran legales. Urdangarin rompe esa línea y acusa a su exsocio de todos los pecados. El asunto se complica cuando semanas después, el abogado de Urdangarin se opone a la petición de la otra parte para que eliminen la imputación de la mujer de Diego Torres. Ese hecho se produce entre el 8 de marzo y el 12 de abril. Es la declaración de guerra de Urdangarin. Nadie lo entiende. Ni en la fiscalía, ni en el juzgado… Ni en Zarzuela. “La Infanta no estaba imputada. Podía provocar ánimo de venganza. Ahí se perdió la oportunidad de una sentencia de conformidad”, comentan fuentes del caso. Empieza entonces la guerra de los correos. “En el 80% de los correos, Torres es remitente o destinatario y en los que no es remitente todos han salido del Instituto Nóos y de la Fundación Deporte y Cultura. Afectan a la investigación. Con los correos, Torres diluye responsabilidades, involucra a los demás en la gestión y queda más a cubierto. La consecuencia ha sido la imputación de la Infanta y la desestabilización del entorno de Urdangarin”. A Iñaki Urdangarin ya no le sirve la prensa rosa. Los más piadosos dulcifican su segundo exilio, esta vez al desierto, un trabajo secundario, una vida condicional bajo el aire acondicionado. Y a esperar la cuenta atrás. Ahora es carnaza, alimento para las fieras. Los correos de Diego Torres son la respuesta a una estrategia que estalla cuando el 25 de febrero de 2012 el duque de Palma acude a declarar al juzgado y acusa de todos los males a su exsocio. La réplica tardó mes y medio en llegar: un paquete de cinco mensajes muy esclarecedores por las fechas y por su contenido. Por la fecha, porque databan del otoño de 2007, meses después de que, supuestamente, Urdangarin hubiera dejado su trabajo en Nóos. Y, por su contenido: gestiones cerca del Rey para lograr un segundo equipo español en la Copa América de vela. Desde ese momento, se han sucedido seis envíos más que han sido útiles para la investigación. Fuentes judiciales reconocen que los correos “han marcado” los tiempos de la instrucción “porque han supuesto tomar o repetir declaraciones”. Y los dos intentos de impugnarlos han fracasado. “Hubo testigos que lo ratificaron y ningún mensaje desveló asuntos personales. Han desestabilizado el entorno de Urdangarin”, reconoce una fuente. El ritmo de entregas es curioso: entre el primero y el segundo envío hubo un silencio de casi medio año (abril a octubre de 2012), para luego hacerse más frecuentes: 9 de enero de 2013 (tercer envío), 16 de febrero de 2013 (cuarto envío), 12 de marzo 2013 (quinto envío), 26 de marzo 2013 (sexto envío) y 6 de abril (séptimo y último). La estrategia ha sido clara: una, reforzar la posición de Urdangarin como gestor hasta el año 2008, desoyendo las advertencias de La Zarzuela. Dos, colocar a la infanta Cristina como una socia con conocimiento de las gestiones en Nóos y otras sociedades. Y, tres, situar al entorno de La Zarzuela como supervisor y conocedor de las actividades del duque. El Rey, el príncipe Felipe, Corina zu Sayn-Wittgenstein (amiga del Rey), Carlos García Revenga (secretario de las infantas) y el abogado José Manuel Romero (asesor jurídico de la Casa Real) son apellidos ilustres que han desfilado por los correos. ¿Habrá más? Fuentes judiciales creen que lo más fuerte ha sido entregado. “Estamos cerca del cierre de la instrucción”. Dónde esta el dinero negro Interesante análisis en El Mundo sobre paraísos fiscales, sociedades interpuestas, testaferros, 'caja B'… En los últimos meses la sociedad española se ha familiarizado con estos términos. Todos giran en torno a un mismo fin: eludir el control fiscal. En plena campaña de la Declaración de la Renta y en medio del fragor del 'caso Bárcenas' o el 'caso Nóos', los ciudadanos han puesto el foco sobre el fraude. A pequeña o a gran escala, los 'trucos' para evitar los compromisos con el 'fisco' se multiplican, al tiempo que el ministerio de Hacienda trata de seguir la pista a un dinero que se torna negro en las tuberías de la economía sumergida. A falta de datos reales, las estimaciones apuntan a que el fraude en España se sitúa entre el 20> y el 23%60.000 millones de euros. Estas cifras colocan al país en mitad de la clasificación de los países de la Unión Europea y en la parte de atrás de la lista de los países más desarrollados. Parte de esta situación viene provocada porque "aquí no se aplican las políticas de control que se desarrollan en esos países", explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pero existe también un componente social, dada la "propensión a justificar el fraude entre los españoles, que siempre ha sido bastante elevada", asegura Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Sin embargo, la crisis está modificando también esta realidad. La sociedad cada vez considera más reprobable que los ciudadanos se 'salten' sus compromisos con Hacienda, hasta tal punto que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 44,5% de la población considera que la corrupción y el fraude es el segundo mayor problema en el país, sólo por detrás del paro. "Cada vez se mira peor que los ciudadanos no cumplan sus obligaciones fiscales", explica Pérez Boga. No en vano, el fraude conlleva una disminución de los ingresos a las arcas del Estado que puede repercutir en subidas de impuestos y recortes en el gasto público. Según datos de Gestha, casi el 72% del fraude en España procede de grandes compañías y patrimonios. Las pymes, por su parte, son responsables del 17% mientras que a autónomos y asalariados les corresponde el 8%. Es más fácil detectar una conducta fiscal ilícita en los asalariados porque toda su información está automatizada A pesar de que los asalariados son el grupo menos defraudador, se tiende a pensar que la mayor parte de las actividades de control recaen sobre ellos. Desde IHE, Pérez Boga lo desmiente. En el sector de los trabajadores por cuenta ajena es más fácil detectar una conducta fiscal ilícita, ya que toda su información está registrada y cualquier irregularidad salta de forma automática, de ahí que la percepción de control sea mayor. La clave reside en la Declaración de la Renta. Este documento, por sí solo, no permite a Hacienda concluir que el contribuyente tenga 'dinero negro', pero le sirve de base para contrastar sus datos con otros registros que la Administración tiene del ciudadano –impuestos de Matriculación, Patrimonio, tributo de Sucesiones, etc.-. Las alarmas se activan si se detectan diferencias o falta de concordancia en este cruce de datos. Las diferencias no siempre implican una conducta fraudulenta, porque todo se supedita a que el contribuyente pueda justificar esas discrepancias. El problema viene cuando no puede hacerlo, pues es indicio de un probable fraude.El caso de los autónomos y profesionales liberales es diferente. Durante años, este grupo ha sido uno de los puntos débiles del fraude fiscal debido al sistema de módulos que se creó para facilitar su tributación. Los trabajadores de esta categoría pagaban a Hacienda teniendo en cuenta variables objetivas según la profesión –el número de empleados o el consumo de energía, por ejemplo- y no su nivel de ingresos y gastos. Este sistema propició la eclosión de facturas falsas. El 'modulero' –como se llama coloquialmente a quienes se acogen a este régimen- emite este tipo de facturas a otras empresas, que pueden deducírselas del Impuesto de Sociedades y aplicarse la deducción por IVA. Hace ahora un año, el Gobierno decidió atajar esta situación. Por un lado, prohibió el acceso a este sistema a aquellos empresarios que facturen más del 50% a otros empresarios o tengan un volumen de negocio superior a 50.000 euros al año. Así, quedaron fuera colectivos como el de la carpintería, la confección, la industria del mueble, la impresión, albañiles, fabricantes de ferreterías, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas, que han comenzado a pagar en función de sus beneficios reales. Además, el Ejecutivo limitó el pago en efectivo a 2.500 euros, siempre que se produzca entre empresas o entre particulares a empresas y autónomos. Para controlar que los miembros de este colectivo no maniobren fuera del circuito fiscal legal, la Agencia Tributaria no sólo rastrea la existencia de facturas falsas, sino que también aquí emplea el cruce de informaciones entre los ingresos declarados y otros datos que posee la Administración. Además, se presta especial atención a los signos externos de riquezaque puedan manifestar los sujetos en cuestión, como por ejemplo que posean grandes cantidades de dinero en el banco o que sean dueños de propiedades que no se ajustan a su declaración. Aún así, tal y como apuntan desde IHE, destapar el fraude en este colectivo resulta más complicado y exige una investigación más exhaustiva. El fraude que comenten las pequeñas y medianas empresas está "minusvalorado", a juicio de Julio Ransés Pérez Boga. El presidente de IHE explica que no siempre defraudan grandes cantidades de dinero, pero "generan mucho daño porque se suman muchos pequeños fraudes". Las pymes están detrás de muchos de los fraudes más comunes que se registran en España: no dar de alta a los trabajadores para ahorrar cotizaciones sociales o recibir ayudas y subvenciones cobradas de forma indebida son sólo algunos de ellos. Sin embargo, su mayor deuda con el ‘fisco’ se deriva de las declaraciones de autoliquidación sin ingresos. Muchas de estas compañías se declaran en concurso de acreedores y alegan falta de fondos para acometer las deudas pendientes. Para tratar de poner coto a estas prácticas, el Ejecutivo también introdujo algunos cambios que permiten a Hacienda distinguir entre las operaciones que se realizan antes y después de la declaración del concurso para aumentar las posibilidades de cobrar las deudas antes de que se declare una hipotética quiebra. Las grandes compañías y las mayores fortunas tienen el dudoso honor de ser las responsables de la mayor parte del fraude en España, en torno a un 72%. Por este motivo, gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centran en tratar de combatirlo. Las grandes fortunas llevan al límite las prácticas fiscales y se aprovechan hasta el borde de la ilegalidad de las ventajas fiscales. En los últimos años se han intensificado las investigaciones en este sector. Pese a ello, resulta una tarea complicada sacar a la luz posibles engaños. Tanto las grandes compañías como los grandes patrimonios cuentan con servicios deasesoramiento fiscal y legalaltamente especializados que llevan al límite las prácticas fiscales y se aprovechan hasta el borde de la ilegalidad de las ventajas fiscales que ofrece el sistema. Las fusiones o la deslocalización de operaciones a la hora de tributar son sólo algunas de las prácticas más comunes, junto a otras como el empleo de empresas tapadera o las operaciones internacionales opacas. "Cuando se les llama la atención por alguna práctica sospechosa o se les advierte de ciertas discrepancias, suelen apelar a las interpretaciones de la norma", explica el presidente de IHE. "Ellos dicen que no defraudan, sino que planifican. Eso sí, llegado el momento de que tienen que pagar, siempre pagan". Entonces, ¿de dónde procede el fraude en estos casos? Al margen de las prácticas ilícitas que también se registran en este grupo, una parte del porcentaje fraudulento que se les atribuye es, en realidad, una estimación de los ingresos fiscales que estas personas y compañías podrían suponer para España pero que, finalmente, van a parar a otros países que les ofrecen mayores ventajas fiscales. Por ejemplo, grandes compañías establecen en España filiales cuya matriz se encuentra en lugares como Irlanda, donde tributan menos porque su régimen es mucho más generoso. "Parece poco ético que las grandes empresas no paguen impuestos allí donde facturan", recoge el presidente de IHE. Pérez Boga apuesta por una mayor coordinación europea e internacional para el intercambio de información e, incluso, por modificar los acuerdos bilaterales de doble imposición que España mantiene en vigor actualmente con 84 países de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda. No se puede hablar del fraude cometido por grandes empresas y grandes fortunas sin tener en cuenta los paraísos fiscales. Los escándalos de corrupción que han salpicado la actualidad en los últimos meses han desvelado que estos territorios constituyen una de las vías preferidas por estos colectivos para llevar a cabo la evasión. Se trata de lugares que mantienen una fiscalidad muy baja o nula para los inversores extranjeros que abran cuentas bancarias o establecen sociedades en ellos. Su existencia no es nueva, ni tan siquiera reciente. Los grandes inversores llevan utilizándolos desde hace décadas, en algunos casos de forma legal y en otros al margen de la ley. La crisis, las fugas de capitales y las estrategias fiscales de grandes empresas y fortunas han potenciado el uso de estos refugios para evadir impuestos en sus países de origen y, en el peor de los casos, mantener en secreto el origen ilícito del dinero que guardan en ellos. Este es, precisamente, el mayor atractivo de los paraísos fiscales. Elsecreto bancario les autoriza para proteger la información sobre el origen del dinero, sus propietarios o sus movimientos. Sólo los acuerdos que se establecen de forma individual entre el territorio en cuestión y los países permiten acceder a los datos. De lo contrario, quedan sellados. "Los paraísos rompen con toda la estructura tributaria. No se puede luchar contra ellos", asegura Pérez Boga. Actualmente, España considera paraísos fiscales 41 territorios. Detectar prácticas fiscalmente irregulares en ellos desde el país de origen resulta especialmente complicado. Sólo un movimiento errático o un descuido involuntario pueden hacer sospechar y dar paso a una investigación que destape un fraude con base en un paraíso fiscal. Una vez concluidas las pesquisas pertinentes, cualquiera que sea el sector investigado, las autoridades establecen el tipo de fraude cometido y aplican la sanción que corresponde, atendiendo a la cantidad defraudada y a la disposición del contribuyente. - Leves, cuando la cantidad que no se ingresó es inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no existe ocultación. La multa equivaldrá al 50% de la cantidad que se dejó de pagar a Hacienda. - Graves, cuando el importe no ingresado supere los 3.000 euros y exista ocultación. El afectado tendrá que pagar una cantidad proporcional entre el 50% y el 100% del dinero que dejó de ingresar en las arcas tributarias. - Muy graves, cuando se emplean métodos fraudulentos. En estos casos, la multa se situará entre el 100% y el 150% de la cantidad defraudada, además del importe que se tendría que haber abonado. Cuando el fraude supera los 120.000 euros pasa a ser considerado undelito fiscal y se judicializa. Este tipo de delitos prescribe después de cinco años y podría conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años. Sin embargo, la reforma del Código Penal en esta materia establece que las penas se "atenúen" cuando los responsables de los delitos reconozcan su actuación y cubran íntegramente la deuda o cuando, además de lo anterior, colaboren con las autoridades en la "identificación o captura de otros responsables" en un breve lapso de tiempo. Para el presidente de la IHE, estas sanciones carecen de sentido disuasorio para quien tiene que pagarlas. "Lo verdaderamente disuasorio es ir a la cárcel", asegura Pérez Boga, que también cree que las personas que desarrollan grandes conductas defraudadoras prefieren pagar la sanción y continuar cometiendo infracciones similares. ¿Se puede evitar el fraude fiscal? Los esfuerzos de las administraciones públicas se centran en controlarlo, pero erradicarlo es imposible, a juicio del secretario general de Gestha. Sin embargo, José María Mollinedo sí cree que puede reducirse "hasta en 10 puntos", pero para ello hacen falta medios. Tanto el representante de los técnicos de Hacienda como el de los inspectores coinciden en la escasez de recursos materiales y humanos para hacer más efectiva la lucha contra el fraude en España. El Gobierno ha marcado como objetivo obtener unos ingresos de 9.130 millones de euros en 2013 procedentes de la recaudación directa, teniendo en cuenta que el pasado año la meta establecida se superó en un 10,1% hasta situarse en 11.517 millones de euros. Julio Ransés Pérez Boga alega que llegará un punto en que los objetivos no se cumplan porque no existen medios suficientes. "Hay un funcionario de la Hacienda Pública por cada 1.928 ciudadanos españoles", una proporción, en su opinión, muy elevada y alejada de la que mantienen otros países con menor tasa de fraude fiscal, como Alemania (1 funcionario por cada 729 ciudadanos) o Francia (1 funcionario por cada 860 habitantes). La partida presupuestaria tampoco es la más alta. Frente al 0,29% de Berlín o el 0,39% de París, España destinará este año un 0,13% de su PIB a combatir el fraude fiscal, unos 1.328 millones de euros. Una cantidad quizá insuficiente para hacer emerger parte de una economía paralela que se escapa entre los interminables tentáculos del fraude.