sábado, 22 de junio de 2013

HAY FIRMES CONTRARIOS A LA REFORMA SORAYA

La que E Mundo llama Reforma Soraya ha dado sus primeros pasos en los últimos días, y ha puesto ya en su lista a numerosas partes contrarias. Las autonomías catalana y andaluza, en particular, ya están en ie de guerra, porque entienden que es una nueva forma para centralizar o reducir las autonomías vigentes… La reforma de la Administración - El Mundo: Las autonomías declaran la guerra a la Reforma Soraya. Cataluña anuncia que no devolverá ni una sola competencia y pide que se eliminen varios ministerios. Para Andalucía, es un desatino: para Asturias, una injerencia, y para Canarias, el triunfo de la derechota. Las Comunidades del PP se resisten a quitar organismos como las cámaras de cuentas o los defensores del pueblo - ABC: La reforma de la Administración ahorrará hasta 37.700 millones. La eliminación de burocracia evitará a los ciudadanos un gasto de 16.300 millones - La Vanguardia. Las autonomías recelan del plan para adelgazar la Administración. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá ahorrar 37.700 millones si las Comunidades ayudan. La Generalitat replica que las medidas son una recentralización encubierta - El Periódico: Nuevo proyecto para racionalizar la administración. El Govern segura que no aplicará la reforma pero teme que le condicione la financiación Rajoy intenta limar las autonomías con la excusa de ahorrar 37.620 millones sin concretar las partidas. Una iniciativa inspirada en los ajustes de Cameron. No es una reforma, es simplemente una poda. - La Razón: Reforma de la Administración. Un ahorro de 37.700 millones hasta 2015. El Ejecutivo retrasa hasta fin de julio el déficit a la carta para ver si las autonomías siguen su propuesta, a la que se resiste Cataluña - La Gaceta: El Gobierno prepara un ahorro de 37.700 millones, la mitad en gastos de personal - Irregularidades - El País: Hacienda excluye a la Infanta de la trama fiscal de Urdangarín - El Mundo: Los duques de Palma ingresaron 747.000 euros con facturas falsas. La Agencia tributaria informa al juez de que utilizaban conceptos vagos y redondeaban las cifras para desviar dinero público desde Noos hacia la patrimonial Aizoon - ABC: Hacienda no halla un solo indicio contra la Infanta. Atribuye en exclusiva los delitos fiscales a Urdangarín y Diego Torres - La Vanguardia: El PP catalán pide ahora seguir la vía penal contra Método 3. La agencia pagó la comida de Camacho con la expareja del hijo de Pujol, según la grabación - La Vanguardia: Hacienda excluye a la Infanta de los beneficios de Noos.- Un informe sostiene que sólo Urdangarín y Torres manejaban el Instituto - La Razón: La Razón accede a la declaración del expresidente de Caja Madrid. El juez Silva dice a Blesa: Se lo digo, tengo que salvar el tipo. Sostuvo que si no creyera que fuera competente, se hubiera ido a comer y que había una confabulación. Aseguró ante el banquero: No creo que las personas se deban evadir de la Justicia porque tengan dinero. Blesa, el impasible, mantuvo durante las 2,45 horas que duró el interrogatorio que no había tomado la decisión de ejercer ninguna compra en referencia al Nacional Bank de Florida - La Razón. Hacienda atribuye a Torres la autoría intelectual de Noos y confirma que la Infanta Cristina no cometió fraude fiscal - La Gaceta: Hacienda exonera a la Infanta Cristina de cualquier responsabilidad en el caso Noos - El Economista: La Guardia Civil investiga si Blesa usó testaferros al comprar el City. Elpidio José Silva critica a la Audiencia de Madrid Política - El País: Un juzgado investiga la privatización de la sanidad madrileña - El Mundo: Sonora pitada a Wert en el Teatro Real en protesta por el IVA cultural - El Mundo: El poder de los gay en Exteriores. Aumentan los diplomáticos con parejas del mismo sexo - La Razón: Alerta yihaddista en Ceuta: Interior detiene a una célula que reclutaba a terroristas para combatir con Al Qaeda en Siria - La Razón: Los exempleados de La Bardencilla rompen su silencio: Los Bardem son una gran mentira - La Voz de Galicia: El PP presenta mociones en los 314 concellos para ver cuáles «justifican» el terrorismo Economía - ABC: Rajoy y Rubalcaba pactan un frente común contra el FMI. Gobierno y PSOE se unen para evitar que la banca haga más provisiones - ABC: El FROB venderá este año Novagalicia y Cataluña Banc - Dice Lolita: A los 55 años, nadie te quiere para trabajar - La Vanguardia:; Más de un millón de niños iniciaron sus vacaciones en Cataluña - El Periódico: Barcelona volverá a pagar los traductores de los Mossos - El Periódico: Más garantías de la UE para los depósitos bancarios - El Periódico: Los planes de pensiones ya tendrán incentivos el 2013 - La Voz de Galicia: Los gestores no asumen ninguna responsabilidad en lo ocurrido con las cajas. Los exdirectivos no dieron al Parlamento explicaciones sobre las indemnizaciones millonarias Dicen que emitieron las preferentes de buena fe y se limitan a pedir disculpas - El Economista: La rentabilidad media de los bonos corporativos sube al 3,7%. Se trata de emisiones de las principales cotizadas a un plazo de entre 5 y 10 años - El Economista: Montoro da por cerrados los ajustes en el sector público pese a la reforma. La plantilla, en los niveles del ‘boom’ - El Economista: La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) - tienen un plan: movilizar hasta 100.000 millones en créditos para pymes, tras la insistencia de países como España e Italia, que lo consideran clave. Europa prepara un plan de crédito a pymes de hasta 100.000 millones. España e Italia defendieron la medida De fuera - El País: Londres espía millones de llamadas y correos por la red de la cifra óptica. Los servicios secretos británicos saquean los datos confidenciales de miles de ciudadanos y los comparten con EEUU - El País: La crisis griega vuelve a desatar el miedo en Europa- Bruselas y el FMI instan a Atenas a que aprueben más ajustes - El País: La tensión entre la UE y Turquía crece tras el veto de Alemania - El Mundo: El final de los estímulos en EEUU y la crisis griega tumban otra vez las bolsas - La Vanguardia: Las protestas de Brasil desbordan al Gobierno Rousseff. La muerte de dos manifestantes eleva la tensión - La Baceta: Ira en Brasil. Los brasileños estallan por la dura represión policial. La presidenta socialista Dilma Rousseff convoca a una reunión de emergencia de su Gobierno y lanza a la Policía militar contra un millón de manifestantes. Temor a que estas revueltas sean un ensayo general de cara a la visita del Papa a la JMJ, el Mundial de Fútbol de 2014 o los Juegos Olímpicos de 2016. Cómo salvar la Ley Wert Cuenta El País que El Gobierno y el PP están muy preocupados. Un asunto centra desde hace varias semanas reuniones de estrategia tanto del partido como del Ejecutivo: la pésima acogida en distintos sectores, también cercanos al PP, de la nueva ley de educación, la llamada ley Wert. La situación es tan delicada, según admiten miembros del Gobierno y dirigentes del PP, que el partido se ha puesto manos a la obra para organizar una campaña mediática y distintos actos para intentar darle la vuelta a lo que consideran una muy mala venta de la reforma. “Parece como si la ley solo fuera religión, colegios que separan a los niños por sexo y castellano en Cataluña. Y es mucho más. Es sobre todo lo demás”, resume con cierta desesperación un dirigente. A falta de concretar algunos detalles, la campaña que prepara el PP incluirá anuncios en prensa escrita, cuñas de radio, publicidad en medios digitales y acciones constantes en las redes sociales, siguiendo el modelo utilizado hace un año, cuando el partido llegó a utilizar la etiqueta #laverdad en Twitter para vender la primera oleada de recortes. Fuentes populares apuntan que se centrará en Internet, por lo que aseguran que su coste no será elevado. Cuando está a punto de comenzar la tramitación parlamentaria de la norma, Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del PP,María Dolores de Cospedal, reúnen hoy a los presidentes provinciales de la formación para trasladarles, entre otros, un mensaje concreto. Esto es, que todos los cargos territoriales deben extremar la colaboración con el Gobierno, hacer un esfuerzo para explicar la ley y preparar el terreno para minimizar el desgaste ante una de las reformas más impopulares. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que expresó ayer el apoyo del Gobierno al ministro José Ignacio Wert, muy cuestionado internamente y hundido en las encuestas, vino a decir tras el Consejo de Ministros: “El sistema no funciona, hay que cambiarlo. Comprendo que cada uno defienda sus intereses. Queremos ver si damos con la tecla desde un punto de vista no ideológico. Luego se habla de otros temas que están ahí”, dijo en referencia a la polémica por la Religión y otras cuestiones, “pero lo importante, el núcleo de esa reforma, es la calidad de la enseñanza”, remató. Ese es el mensaje que está intentando trasladar el Ejecutivo y el PP: que el corazón de la ley no se ha analizado bien. El proyecto de Ley de Mejora de Calidad de la Educación (Lomce) ha levantado polémica por algunos de sus puntos más sustantivos (recupera la reválida, fomenta la competencia entre escuelas, adelanta las vías hacia la FP), pero quizá mucha más por otros, tal vez de menor calado educativo, pero más ideológicos: apoyo a la asignatura de Religión a la vez que se elimina Ciudadanía, respaldo a la escuela concertada o a la posibilidad de subvencionar a los centros que separan por sexo. Para darle la vuelta a un debate público que en este momento ven muy perdido, el PP lleva más de un mes preparando una campaña para vender la ley a los ciudadanos y convencer incluso a los sectores del partido más reacios a la reforma. El ministro de Educación se ha enfrentado a un entorno hostil unánime en la oposición, pero lo que más ha inquietado a los populares han sido las resistencias internas que proceden, sobre todo, de los barones autonómicos. De hecho, el Ejecutivo y el PP se resisten incluso a llamarla con el nombre del ministro. “Yo no conozco ninguna ley Wert”, llegó a decir la semana pasada el ministro de Exteriores, Juan Manuel García Margallo, preguntado sobre la reforma. En el PP ha generado mucho malestar la estrategia del ministro, una persona muy cercana a Rajoy y durante muchos años asesor del presidente en asuntos de análisis de encuestas. Aseguran diversos dirigentes y miembros del Gobierno que la norma se ha cocido entera en el ministerio, sobre todo, capitaneada por la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, y apenas se ha contado con el PP y los expertos habituales en educación del partido y su entorno. Resulta llamativa la ausencia de José Ignacio Wert, máximo responsable de la reforma, en el acto convocado hoy en Génova, 13, aunque dirigentes populares le restan importancia. El ministro de Educación, que ayer recibió al Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y que fue criticado por abandonar la reunión a los diez minutos, participará el próximo sábado en Oviedo en un foro del PP sobre la futura ley junto a Cospedal. Se tratará de un “debate abierto” en el que, en principio, podrán intervenir también profesionales del sector. En otros foros ha habido voces críticas, aunque con la ley de educación la preocupación es máxima y el intento de control, también. En El Mundo se informa del fracaso de la negociación sobre futuros rescates bancarios. Los ministros de Finanzas de la UE, incapaces de acercar posturas sobre la norma que establecerá quién debe pagar las crisis bancarias.Una cosa parece segura: los ahorradores con menos de 100.000 euros estarán en todo caso protegidos ante futuras insolvencias. Las reuniones continuarán el próximo miércoles. Los ministros de Finanzas de la UE no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la Directiva que debe regular el mecanismo de liquidación de bancos. Bajo los inmumerables tecnicismos que rodean a esta materia se encuentra una decisión política tan importante como la de definir quién costeará los próximos rescates y cuántas pérdidas deberá asumir un acreedor de un banco (inluidos los depositantes) en caso de que la entidad tenga que ser recapitalizada. El Ecofin, que ha estado reunido en Luxemburgo durante más de 18 horas, ha constatado que en estos momentos es imposible acercar las posturas en los asuntos que enfrentan a los Veintisiete, por lo que se convocará una nueva reunión el miércoles que viene. La intención es que el diálogo haya quedado cerrado antes de que se celebre la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno, que empieza el jueves 27. El objetivo de esta directiva es establecer una hoja de ruta para actuar en próximas crisis bancarias en la UE con la intención de minimizar al máximo el coste para los contribuyantes. Hay que recordar que la Unión Europea destinó entre 2008 y 2010 un total de 1,6 billones de euros de fondos públicos para rescatar al sector financiero. Sólo en España el dinero de los contribuyentes inyectado directamente en la banca supera los 52.000 millones, según los datos de la Comisión Europea. Las negociaciones llegaban afinadas después de semanas de debate a nivel técnico. Sin embargo, hay tres cuestiones fundamentales que siguen dividiendo a los estados miembros y que son en realidad la parte fundamental de esta norma con un nombre tan poco sensual: Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria. La Directiva establece como criterio fundamental que el coste de un rescate debe repartirse equilibradamente entre accionistas, acreedores y, en último lugar, contribuyentes. Y para eso fija un orden a la hora de asumir pérdidas: primero serán los accionistas de la entidad (a través de la dilución del capital), después los acreedores 'junior' (deuda subordinada como las preferentes españolas), seguidos de los acreedores 'senior' (deuda de más calidad) y, por último, depósitos de más de 100.000 euros (los que no están garantizados por el Fondo de Garantía). A partir de ese momento, entraría la ayuda pública, bien a través de los fondos de un estado miembro o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). Precisamente ayer el Eurogrupo acordó que este fondo de rescate pueda inyectar dinero directamente en los bancos sin necesidad de que pase previamente por el estado miembro, contabilizando como deuda pública. Éste es el orden general, pero a partir de aquí se establecen una serie de excepciones. Por ejemplo, determinada deuda de máxima calidad (cédulas hipotecarias) o la que está asegurada por ley en los procedimientos de insolvencia. También se excluyen los salarios y pensiones de empleados y deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Los estados miembros discutían anoche qué más excepciones a la norma pueden añadirse. Y, sobre todo, si estas excepciones serán comunes para todos o si, por el contrario, cada país podrá determinar según su criterio. La propuesta que está sobre la mesa permitiría que un estado miembro pudiese excluir de las quitas una cantidad total que no exceda el 2,5% de todo el pasivo y siempre que la Bruselas lo autorice. La Directiva obligará a que los bancos de cada país creen un Fondo de Resolución (parecido al Fondo de Garantía de Depósitos) que se nutrirá de las aportaciones que hagan las entidades en épocas de bonanza. En caso de crisis, se usará ese fondo como primera herramienta para saldar deuda y recapitalizar a las entidades en problemas. La premisa que maneja la UE es que "cuanta más flexibilidad se dé a los estados miembros para fijar excepciones a las quitas, más dotación tendrá que tener el fondo de resolución". Es decir, si, por ejemplo, un país decidiera excluir a los depósitos de pymes de más de 100.000 euros de ser susceptibles de una quita, tendría que tener un fondo de resolución más potente para costear esa parte. España quiere que los depósitos de particulares y pymes se excluyan de la lista de pasivos que pueden sufrir pérdidas, aún cuando tengan más de 100.000 euros. No parece una opción probable dado el poco apoyo que tiene del resto de países por lo que se conformaría con que se les diera preferencia, es decir, se pusieran en el último orden a la hora de asumir una quita. Diseñar este orden de prelación obliga a que los bancos tengan un mínimo de estos pasivos susceptibles de sufrir pérdidas. Dicho de otro modo, de nada serviría que los acreedores de deuda senior tengan que pagar el rescate si un banco no tiene este tipo de acreedores. "Las instituciones deben tener suficiente capacidad de absorción de pérdidas para facilitar las herramientas de la resolución bancaria", señala un documento elaborado por la presidencia de turno de la UE. La cuestión sometida a debate es la siguiente: ¿deben establecerse los mismos mínimos exigibles para todos los bancos de la UE? ¿Tienen que tener todos la misma proporción de deuda sobre el total de su balance? Un gran número de estados miembros cree que una armonización excesiva no sería buena porque cada entidad tiene un modelo de negocio diferente. Así, mientras los bancos españoles se financian más con depósitos que con emisiones de deuda en los mercados mayoristas, otras entidades tiene una composición de su pasivo. Además, hay que tener en cuenta que este criterio influirá en los costes de financiación de un banco. Si los acreedores senior van a estar sometidos ahora a pérdidas, exigirán una mayor rentabilidad a la entidad a cambio de prestarles dinero. La presidencia ha propuesto que sea la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la que establezca los mínimos exigibles en función de las particularidades de cada banco, pero respetando siempre unos mínimos comunes propuestos por la Comisión Europea. Según el grado de flexibilidad que se defina los Fondos de Resolución nacionales deberán tener una dotación más o menos cuantiosa. Lo que sí parece ya claro es que los estados miembros podrán decidir si crean un Fondo de Resolución específico o si lo fusionan con el Fondo de Garantía de Depósitos existente. La propuesta que se discute ahora fija un mínimo del 0,8% de los depósitos garantizados (los de menos de 100.000 euros) si el Fondo de Resolución es independiente y del 1,5% si ambas huchas están fusionadas. Lograr una dotación del fondo holgada es importante en la medida en que un estado miembro tenga más margen para excluir discrecionalmente determinados pasivos a la hora de imponer pérdidas. Por ejemplo, si España quisiera (y pudiera) proteger a los depósitos de las pymes, debería tener un fondo con la suficiente capacidad para cubrir su parte correspondiente ya que si no lo debería costear con deuda pública. Inicialmente esta directiva iba a entrar en vigor en 2018 pero la mayoría de Estados miembros han indicado su deseo de que esté plenamente operativa en 2015

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