RECURSO CONTRA LA REFORMA DE AGUIRRE EN CAJA MADRID.- El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenado a la Abogacía del Estado que pasado mañana, lunes, sin más dilación, presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, reformada por el Gobierno autonómico que preside Esperanza Aguirre. La adaptación de los estatutos de Caja Madrid a la nueva ley ha convertido en un polvorín el gobierno de la cuarta entidad financiera de España, dividido entre los representantes en el Consejo de Administración aguirristas y gallardonistas. La reforma de la Ley de Cajas, en caso de su ent5rada en vigor, a la que se niegan los gallardonistas y el propio Consejo de dirección d e Caja Madrid, daría mayor peso en el Consejo a los municipios de la periferia, que apoyan a la presidenta regional, en detrimento del Ayuntamiento de la capital que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Es decir, sería una clara victoria de Aguirre sobre Gallardón.
El recurso del Gobierno --la Abogacía del Estado depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia--, fue estudiado durante el Consejo de Ministros de este pasado viernes a partir del informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Elena Salgado. Resulta preceptivo que cuando una Comunidad Autónoma aprueba una ley, la Administración del Estado pone en marcha un estudio para evaluar si invade alguna competencia estatal. Se asegura que el Consejo de Estado cree que existen fundamentos jurídicos para el recurso, y se recuerda que el TC falló a favor del Gobierno murciano en un conflicto similar. Es decir, existe jurisprudencia al efecto. En todo caso, una vez aceptado el recurso, la aplicación de la ley Aguirre quedará suspendida un mínimo de cinco meses. El Gobierno impugna también la .ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad de Madrid por no respetar la normativa básica vigente en función pública sanitaria.
REFORMA PARA MANDAR MÁS.- El presidente del Gobierno, conocedor ya de parte del informe de Administraciones Públicas, ofreció al líder del PP, Mariano Rajoy, el pasado miércoles, durante el pleno del Congreso iniciar de forma inmediata conversaciones para llegar a un pacto sobre Caja Madrid. "Cuando ponga orden en Caja Madrid podrá hablar del sistema financiero", espetó Zapatero al presidente del PP.
Con la modificación estatutaria en Caja Madrid, el ayuntamiento de Madrid pasaría de tener 70 representantes (de un total de 80) a quedarse con 24, en la asamblea de la entidad presidida por Miguel Blesa. La Ley Orgánica de Cajas de Ahorros, que regula su funcionamiento a nivel estatal, hace descansar la representación en el órgano de gobierno en dos criterios: población y depósitos. Madrid tiene el 45% de los depósitos de la Caja Madrid en toda España y el 65 % de los que hay en la Comunidad de Madrid.
En los últimos días también se produjo la declaración del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, quien aseguró que la intervención de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en Caja Madrid es el ejemplo de "intervencionismo público más descarado" que se ha visto "en los últimos 20 años", caso que además calificó de "esperpéntico". Con anterioridad, también recientemente, se había referido también a la situación en la cuarta entidad financiera del país el vicepresidente económico, Pedro Solbes, calificando la situación de escandalosa.
NUMEROSAS REACCIONES.- Esta sábado con varios los comentarios y reacciones que suscita el anuncio del Gobierno de bloquear el plan de Aguirre para hacerse con Caja Madrid, que ayer sorprendió muy negativamente a Aguirre y su consejero Beteta, su fiel administrador en esta materia, y por el contrario, satisfizo al alcalde Gallardón. Los diarios prestan especialísima atención al recurso: El País afirma que Zapatero bloquea el plan de Aguirre para hacerse con Caja Madrid; El Mundo afirma que Zapatero acorrala a Aguirre, al suspender su ley de Cajas, mientras el PP lo considera una injerencia inaceptable. Montoro, en efecto, ha tachado de injerencia inaceptable la decisión del Gobierno, según destaca ABC. Público dice que Zapatero frena el asalto y para los pies a Aguirre a Caja Madrid. Pone sin embargo de relieve que esta vez Rajoy se alinea con Aguirre y deja en la estacada a Gallardón, al hablar de injerencia y provocación del Gobierno socialista. . Por cierto, que señala en otra crónica que Aguirre oculta los bienes de su consejero Granados, y sostiene que no existe derecho a conocer sus propiedades…
- Zapatero bloquea el plan de Aguirre para hacerse con Caja Madrid. El recurso al Constitucional deja en el aire la nueva ley sobre la entidad –El País
- Zapatero acorrala a Aguirre al suspender su Ley de Cajas. La impugna ante el Constitucional usando el precepto con el que paralizó el Plan Ibarretxe. El PP lo considera una injerencia inaceptable –El Mundo
- El Gobierno recurre al Constitucional la ley de Aguirre de Caja Madrid. Alberto Ruiz Gallardón gana la primera batalla ala presidencia madrileña. El recurso suspende la ley cinco meses y permite a Miguel Blesa seguir en la presidencia. El PP dice que se trata de esconder los problemas que hay en las cajas socialistas. –La Vanguardia
- Zapatero lleva al TC la Ley de Cajas de Aguirre, a la que no se opusieron los socialistas de Madrid. Cristóbal Montoro tacha de injerencia inaceptable la decisión del Gobierno de instar un recurso de inconstitucionalidad –ABC
- Zapatero frena el asalto de Aguirre a Caja Madrid. Lleva al constitucional la ley que permite a la presidenta a hacerse con el control de la entidad –Público
- El Gobierno recurre la ley de Cajas de Aguirre al TC y pide su suspensión temporal -La Razón
EL NOVENO PLAN.- La mayor parte de los medios informativos ya han perdido la cuenta del número de “planes de rescate” que lleva acumulados el Gobierno de Zapatero contra la actual crisis económica y financiera. El diario la Vanguardia habla hoy del “noveno plan anticrisis”, sin excluir que lance otro plan de estímulo, uno más, en unos pocos meses si se comprueba que los anteriores no son suficientes. No es, ni muchos menos, un caso único: Empezando por el presidente Obama, la mayor parte de los dirigentes de países se han visto en la necesidad de lanzar sucesivos planes de rescate… Ahora mismo, se asiste a la tensión entre Obama y los dirigentes europeos: mientras el primero lanza un nuevo plan para quitar de la circulación los activos “tóxicos”, los países europeos se resisten a inyectar más dinero público en el sistema, atendiendo a la invitación del presidente estadounidense para obrar de ese modo. Se cree que ésta será una “pelea dialéctica” que se presentará en la próxima reunión del G-20, de próxima celebración en Londres.
MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO.- La primera manifestación en contra de la reforma de la ley del aborto se celebra mañana, domingo, y los obispos han llenado las ciudades con inmensos carteles en los que se dice que el lince está más protegido que los bebés. La reforma que plantea el Gobierno, sin embargo, -y según un amplio y detallado reportaje que este sábado proporciona El País a sus lectores- “supone una restricción del aborto en muchos aspectos con respecto a la regulación actual, y, sobre todo, con respecto a su aplicación”. Recuerda El País que, en la actualidad, en España puede interrumpir su embarazo cualquier mujer que quiera hacerlo, sin un plazo determinado, y la falta de concreción legal ha provocado que se produzcan abusos como los cometidos en la clínica barcelonesa del doctor Carlos Morín, procesado en estos momentos por aborto ilegal. Cualquier modificación de la ley servirá, por lo menos, para acotar cuándo, cómo y por qué puede una mujer interrumpir su embarazo sin temer una posible persecución judicial. Las norma pone un límite donde hoy no existe: las 22 semanas. Hay daños fetales graves que no se detectan hasta pasado ese plazo
NO HABRÁ MÁS ABORTOS.- ¿Habrá más abortos? El Gobierno asegura que no. "La futura ley será más amplia", señala la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "Una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que haga especial énfasis en la prevención de embarazos no deseados, en la educación afectivo-sexual y en la información sobre métodos anticonceptivos". La ley actual, avalada por el Tribunal Constitucional en 1985, permite la interrupción del embarazo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas); malformaciones fetales (hasta las 22 semanas) y grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la madre. Esta última cláusula no tiene plazo y es la que sirve para que, en la práctica, aborte cualquier mujer. Quizá el Constitucional pensaba en patologías psicológicas o psiquiátricas graves, pero la aplicación práctica de este supuesto, al que se acogió el 97% de las 112.000 mujeres que abortaron en 2007 (última cifra oficial) no ha seguido ese camino.
EL COLADERO ACTUAL.- Los grupos antiabortistas llaman a esta cláusula "coladero", pero el hecho de que se haya interpretado en sentido amplio ha permitido que España no quede al margen del resto de Europa en esta materia. Si se hubiera aplicado de forma estricta, decenas de miles de españolas habrían, probablemente, salido a Francia o Reino Unido a interrumpir su embarazo, como ocurría durante el franquismo. España ha vivido durante casi 30 años con la hipocresía de una norma en principio extremadamente restrictiva que en la práctica era mucho más generosa que las leyes de la mayor parte de los países europeos. Y los Gobiernos socialistas de Felipe González, los dos Ejecutivos del Partido Popular de José María Aznar y el primero de José Luis Rodríguez Zapatero no han querido tocar ni la ley ni su aplicación. Esta poca concreción jurídica ha provocado, además, que los hospitales públicos apenas lleven a cabo el 2% de los abortos que se practican anualmente. Hay médicos que son objetores de conciencia, pero muchos otros no se atreven a realizar una intervención en la que no saben si bordean la legalidad y por la que se les puede castigar, según el artículo 145 del Código Penal, con una pena de prisión de uno a tres años. La mujer que se produzca a sí misma un aborto o consienta "que otra persona se lo cause" se enfrenta, a su vez, a una pena de prisión de seis meses a un año o a una multa.
CLÍNICAS PRIVADAS.- La práctica de abortos se ha concentrado en las clínicas privadas. "Se ha llevado al gueto", opinaba recientemente en el Congreso el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. "Está fuera de los cauces habituales de la sanidad pública, fuera de la normalidad", añadía. Las asociaciones antiabortistas sostienen que no debe ser considerado normal porque no lo es, porque es acabar injustamente con una vida humana. Pero en casi toda Europa lo han sacado de la oscuridad bajo la premisa de que, aunque sería mejor que no hubiera embarazos no deseados ni abortos, dado que los hay, lo mejor es regularlos de forma razonable. El Gobierno español propone lo siguiente: por primera vez se configurará el aborto como un derecho de la mujer, derecho, eso sí, limitado en el tiempo. Las embarazadas tendrán 14 semanas para decidir si quieren seguir adelante o no con la gestación. Y ningún médico ni tercero tendrá que supervisarlo. Ésta es la principal diferencia con la regulación actual. Pasadas las 14 semanas, que coincide con el primer trimestre del embarazo, se extingue el derecho al aborto, pero todavía habría dos posibilidades de llevarlo a cabo hasta la semana 22: por graves malformaciones fetales (en este punto la reforma dejará el plazo y el supuesto tal cual está) y por grave peligro para la vida de la madre o riesgo para su salud. La nueva ley pondrá, así, un límite donde ahora no existe.
INDUCCIÓN AL PARTO.- Después de la semana 22 el Gobierno ya no habla de aborto, sino de una posible inducción al parto. Esta parte es una de las que están aún pendientes de concretar, según explican fuentes del Ministerio de Igualdad: "Hay que tener mucho cuidado para no dejar determinadas situaciones fuera de la ley pero, a la vez, salvar la constitucionalidad de la nueva norma". Son muchas las situaciones que se pueden dar. ¿Qué pasará a partir de la semana 22 si peligra la vida de la madre? ¿Y si existe un grave riesgo para su salud? Una posibilidad es inducir el parto e intentar salvar al feto. ¿Y si la mujer sufre una grave dolencia psiquiátrica, como un brote psicótico, que le impide continuar con el embarazo? ¿Se intentará salvar la vida del feto? Otra cuestión que no está clara es qué ocurrirá con las malformaciones fetales graves detectadas después de las 22 semanas. Este problema era una de las principales lagunas de la ley actual. Las nuevas técnicas permiten diagnosticar la mayor parte de las anomalías antes de la semana 22, pero en algunos casos se encuentran más tarde. La normativa permite ahora a las mujeres acudir a un subterfugio: alegar la cláusula del grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad, la fuerte ofensiva antiabortista de los dos últimos años había hecho casi imposible que los médicos se atrevieran a practicar este tipo de abortos tardíos, de forma que decenas de mujeres se han desplazado a Francia, a la maternidad pública de París. Allí la ley permite interrumpir el embarazo si un comité médico formado por varios especialistas entiende que las malformaciones fetales son tan graves que se puede autorizar el aborto.
CÓMO REGULAR ALGUNOS CASOS.- ¿Cómo va a regular estos casos el Gobierno? En principio, no habrá posibilidad de abortar por malformaciones después de la semana 22, salvo que el feto vaya a morir. Esto podría dejar fuera casos en los que, aunque no sea segura la muerte, el feto pueda padecer alguna cardiopatía o enfermedad neurológica que le impida moverse o respirar por sí mismo. Es otro de los puntos que tampoco está cerrado del todo y que el Gobierno y sus asesores se están planteando cómo regular. Fuentes de Igualdad explican que muchos médicos interpretarán que dentro de la "incompatibilidad del feto con la vida" se encuentran también estos supuestos de patologías de extrema gravedad. "Pero si esto se deja a la libre apreciación de los doctores, la inseguridad jurídica con la que el Gobierno quiere acabar seguirá ahí", opina Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. "La ley debe ser clara". Una solución sería crear los comités médicos que funcionan en Francia, y que son los que impiden que se cometan abusos a través de esta figura. Estos comités podrían servir no sólo para las malformaciones fetales, sino también para las situaciones de riesgo grave para la salud de la madre posteriores a las 22 semanas.
SANCIONES A ABORTISTAS.- ¿Y cómo serán sancionadas las mujeres que aborten fuera de los supuestos legales y los médicos que realicen la intervención? Lo único claro es que no habrá penas de prisión para las mujeres, pero aún no hay nada decidido. El Gobierno todavía no sabe si estas prácticas seguirán castigadas en el Código Penal o se impondrán sanciones de otro tipo (administrativas, civiles). En caso de que estos abortos sigan siendo considerados delitos, tampoco está claro si el médico irá a la cárcel o no, ni si a la mujer se le impondrá una multa u otro tipo de pena. Una de las cuestiones más polémicas está siendo el consentimiento de las menores de 16 y 17 años. El Gobierno, aparentemente, no tiene dudas: quiere que puedan abortar por sí mismas sin necesidad de otros requisitos, como ocurre en todas las intervenciones médicas salvo la reproducción asistida, los ensayos clínicos y, hasta ahora, las interrupciones voluntarias de embarazos. En caso de que necesite los votos para aprobar la ley en el Parlamento, el Gobierno estaría dispuesto a estudiar opciones como que los padres tengan que conocer la decisión de su hija o que la menor tenga que ir acompañada por un adulto. Pero el PSOE cree que no será necesario. En esta votación, en principio, contará con los votos favorables de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego. CiU y PNV han dado libertad de voto a sus parlamentarios, pero lo que pretende el Gobierno es que, al menos, no voten en contra. Que haya un cierto consenso.
UNA LEY MODERADA.- La ley que plantea el Gobierno, comparada con las europeas, es moderada. Entre Holanda, con 26 semanas de plazo libre para abortar, o Portugal, con 10, España tendría una regulación muy similar a la alemana (12 semanas de plazo libre y 22 para embarazadas en "situaciones de especial necesidad"). Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Noruega y Suecia tienen ley de plazos. Frente a las manifestaciones antiabortistas, los grupos proelección se están movilizando. La Red Estatal de Organizaciones Feministas, integrada por más de 200 asociaciones de mujeres, han presentado una campaña a favor de la nueva ley que pretende combatir el "tremendismo" de la Conferencia Episcopal y la "esquizofrenia" del PP. Una de las portavoces, Ángeles Álvarez, explicó ayer que se trata de una campaña "sensata" y en el marco de la reflexión. "Pero si tenemos que salir a la calle, lo haremos".
LA HORA DEL PLANETA.- Ya a pocas horas de la celebración en todo el mundo de La Hora del Planeta de WWF, continúan las adhesiones de miles de ciudadanos, empresas y ayuntamientos. La iniciativa ha conseguido implicar, hasta el momento, a 3.400 ciudades de 84 países. En España, se han sumado ya más de 120 ciudades y además, WWF acaba de recibir las cartas de adhesión de los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, así como el apoyo de todos los grupos políticos que forman parte de la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados.
En una carta enviada a WWF España, la Secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, manifiesta que el PSOE desea unirse a la campaña “dada nuestra preocupación por los efectos que el cambio climático está teniendo sobre las personas, la naturaleza y la economía del planeta. Con este motivo, esta formación política se ha comprometido a difundir la campaña entre sus militantes e implicar a las ciudades donde tengan representación.
ADHESIONES POLÍTICAS.- Asimismo, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del PP, María Teresa de Lara, ha manifestado que el Partido Popular, como formación política al servicio de los intereses generales de España que tiene a la persona como eje de su acción política y el progreso social como uno de sus objetivos, desea adherirse a la campaña La Hora del Planeta de WWF. Además, el PP se ha comprometido a difundir la campaña entre los municipios, asociados e implicar a las sedes locales del partido.
Por otro lado, la Comisión Mixta no permanente para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, presidida por Jordi Sevilla, hace un llamamiento para que todas las instituciones, organismos y ciudadanos se sumen también
PARTICIPACIÓN MASIVA.- La Hora del Planeta de WWF se ha convertido
ya, antes de su celebración en el evento de participación masiva más importante de la historia, una campaña de sensibilización para la lucha contra el cambio climático que ya cuenta con la participación de 3.400 ciudades que apagarán sus edificios y monumentos más representativos, más de 21.000 empresas, millones de ciudadanos, asociaciones y grupos políticos. Hoy sábado, 28 de marzo, entre las 20:30 y 21:30, La Hora del Planeta de WWF busca sensibilizar a la población sobre la amenaza del cambio climático y demostrar que es posible la acción, tanto de forma global como individual. La campaña recuerda que pequeños cambios en la vida diaria, como reemplazar las bombillas por luces fluorescentes o reducir el consumo energético, también son cruciales. Esta iniciativa de WWF pretende lanzar un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán en diciembre de este
año en Copenhague, para firmar un nuevo tratado global sobre cambio
climático, que dé continuidad al actual de Kioto.
JOSE CAVERO
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