martes, 25 de agosto de 2009

PENDIENTES DEL ESTATUT, QUE DETERMINARÁ LA AGENDA POLÍTICA DEL NUEVO CURSO, EVENTUALES RECORTES DEL TEXTO ESTATUTARIO

PENDIENTES DEL ESTATUT.- Conforme han anticipado ya algunos medios informativos, hay una cuestión sobre la que girará la política nacional en los próximos tiempos, con toda certeza: lo que determine el tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía catalán. Es del todo probable que sea ésta una de las cuestiones que, finalmente, traerá consigo el nuevo curso político, y hemos podido comprobar en qué medida están ya los partidos políticos catalanes “calentando el ambiente” ante la probabilidad de que los diez magistrados del TC no resulten, a la postre, tan benévolos, bienpensantes o próximos al texto del Estatut como lo era recientemente el ministro de Justicia Francisco Caamaño. Este opinaba que el Estatut lleva ya un par de años funcionando, y nada extraordinario ha sucedido. Señalaba también que el Govern de la Generalitat de Cataluña, en este tiempo de vigencia, ha determinados distintas leyes, y que no parece probable que, a estas alturas, tenga que dar marcha atrás y rectificar sobre lo aprobado por el Parlament de Cataluña.

FUNCIÓN DEL TC.- Y, en efecto, la vigencia del Estatut es seguro que complica las cosas, pero no estará de más, en todo caso, recordar que a los magistrados del TC corresponde decir la última palabra –por muy retrasada que llegue sobre lo deseable e incluso sobre lo establecido por las normas- acerca de ese Estatut…, y sobre los otros estatutos que se han aprobado por las Cortes generales con textos similares e incluso a menudo copiados del articulado catalán. A esos diez magistrados les corresponde, en definitiva, determinar si el Estatut se aviene con la letra y el espíritu de la Constitución vigente. Y si así no fuera, debiera determinarse qué artículos son esos de los que el Estatut deberá prescindir o deberá rectificar. De manera que bien puede asegurarse que el futuro de esa norma marcará el nuevo curso político. E incluso, como se ha llegado a asegurar, que la sentencia del Estatuto puede hacer saltar las estrategias de los partidos.

LA AGENDA POLÍTICA CATALANA.- Por supuesto, los partidos catalanes determinarán la agenda del nuevo curso político por el horizonte de las elecciones autonómicas previstas para el próximo año y, sobre todo, por la perspectiva de la sentencia sobre el Estatuto que, según destacados líderes políticos, podría hacer saltar los calendarios y estrategias de los partidos. En las últimas semanas han intervenido ya en esta polémica Ridao, Mas, Durán, Puigcercós, Carod, Montilla, Maragall…, varios de ellos son anuncios o advertencias poco menos que apocalípticas. En efecto, a estas alturas, casi todos los partidos ya han anticipado la postura que piensan adoptar: El PSC optaría por una reacción unitaria de los partidos catalanes. El portavoz de ERC, ha advertido de que una sentencia del Tribunal Constitucional que recortara el Estatuto supondría "un conflicto institucional sin precedentes", con una radicalización de los partidos catalanes.

ESPERAR Y VER…- Y parece evidente que los efectos de ese desacuerdo se dejarían sentir en las políticas de alianzas, en la estabilidad parlamentaria del Gobierno, en la cohesión interna de los socialistas y hasta en la capacidad del PP para trabar futuros acuerdos con CiU, sin descartar que al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, le podría estallar en las manos una complicada situación política, según admiten algunas fuentes socialistas. En cuanto a la versión oficial del Gobierno es la de prometer acatamiento a las decisiones judiciales, no adelantar acontecimientos e intentar desdramatizar en lo posible, en vísperas, según se cree, de esa esperadísima sentencia del Constitucional.
Esperar y ver, y confiar en la solución que llegue del TC…


ALGUNAS TENSIONES.- Sin embargo, entre tanto, y según nos ha relatado distintos medios informativos, ya se han producido algunas tensiones con partidos que como ERC con socios de los socialistas en Cataluña y en el Congreso. Por ejemplo, a cuenta de la manifestación propuesta por Josep Lluis Carod Rovira para septiembre, se produjeron los primeros escarceos entre el Gobierno y ERC, que apuntan a un conflicto, si la sentencia fuera adversa. A su vez, CiU y ERC han intensificado en las últimas semanas su presión hacia el Constitucional, cuestionando abiertamente la competencia del tribunal para anular preceptos de una norma sancionada en referéndum. "Hay un consenso básico entre todos los partidos catalanes para defender el Estatuto, incluso de ERC que no lo apoyó en el tramo final. Se produciría un choque de legitimidades y un conflicto institucional sin precedentes si la sentencia fuera negativa", advertía Joan Ridao.

LA LEGITIMIDAD, SEGÚN ERC.- El Estatuto "cuenta con la legitimidad del Parlamento catalán, de las Cortes y, sobre todo, de las urnas, es decir, de la soberanía del pueblo catalán", sostiene. En su opinión, esa legitimidad no puede ser rebatida por un "Tribunal Constitucional desacreditado por las maniobras del PSOE y del PP y que cada vez se parece más a una especie de Torre de Pisa que se inclina en contra de las comunidades autónomas". Ridao defiende que una sentencia adversa a aspectos clave del Estatuto supondría "soberanizar Cataluña" y "sería una oportunidad perdida para los que creen en la aplicación del marco jurídico".

UNIDAD DE LOS PARTIDOS.- Fuentes del PSC apuntan que si se produjera esa situación los socialistas de Cataluña tendrían que optar por la unidad de los partidos catalanes. Entre otras cosas, porque en caso contrario llegarían en una pésima situación a las elecciones autonómicas del año siguiente, frente a ERC y CiU. La posición de CiU es muy parecida, con el agravante de que ya ha puesto distancia con respecto al Gobierno al no haber apoyado el acuerdo de financiación autonómica. Los nacionalistas catalanes recuerdan que ya tienen comprometido con el Gobierno un acuerdo para desarrollar este otoño los capítulos sobre justicia del Estatuto, como la derivación de competencias del Supremo hacia los tribunales superiores de cada comunidad. Ese desarrollo legal del Estatuto era la contrapartida del Gobierno al apoyo de CiU a la ley de Oficina Judicial pactada por el PSOE y el PP.

EVENTUALES RECORTES.- Los capítulos sobre justicia han sido recurridos por el PP y los nacionalistas catalanes han dejado claro que no renuncian a su contenido. Fuentes de CiU explican también que, en caso de que el Estatuto sea recortado, debería haber una respuesta unitaria de todos los partidos catalanes. Si la sentencia del Constitucional se da a conocer en otoño coincidirá con la negociación de los Presupuestos de 2010 para las que el PSOE intenta lograr los votos de ERC e ICV, una vez despejada la incógnita de la financiación autonómica. La gestión de la sentencia del Constitucional podría interferir en esa negociación.

EL RETO DEL PP EN CATALUÑA.- Y entre tanto, observan los analistas que el PP estrecha los contactos con CiU. El Partido Popular también concede especial importancia a Cataluña en el curso político que se inicia. En la reunión del comité de dirección que Mariano Rajoy presidió el martes, la cúpula del partido acordó volcarse con esta comunidad en los próximos meses. Para empezar, su líder presidirá a mediados de septiembre un acto en Barcelona para arropar y proclamar a Alicia Sánchez Camacho como candidata a la Generalitat de Cataluña. Además, a mediados de octubre celebrará en Barcelona una "convención ideológica", es decir, una especie de congreso en el que se aprobarán resoluciones políticas, pero sin cambios orgánicos. Será la primera vez que este partido celebra un cónclave de este tipo en Cataluña y podría coincidir también con la sentencia del Constitucional. Fuentes del PP aseguran que su estrategia busca trabar acuerdos en Cataluña, mejorar su implantación y evitar la imagen de "catalanofobia". El reto es aún mayor por ser el partido que recurrió casi todo el Estatuto. En esa estrategia se incluyen también los contactos discretos de dirigentes del PP con líderes de CiU, intensificados en los últimos meses. Rajoy tiene como objetivo prioritario establecer una estrecha relación con líderes de CiU, buscando coincidir, por ejemplo, en asuntos económicos.

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