Cómo
digerir el mal trago de Bankia
“El
trago” de Bankia es excesivo para que pueda digerirse de una sola vez… Y ahora
se trata de asumir la cifra total de la “salvación” del banco, casi veinticinco
mil millones, y de cómo hacer frente a “inversión” tan costosa, encomendada a
un profesional de las finanzas, como es Goirigolzarri, que había quedado con
ganas de demostrar que podría gestionar uno de los dos grandes bancos, el BBVA…
Ahora tendrá oportunidad de demostrar sus “habilidades” y aptitudes.. De momento, se sabe que el Gobierno inyectará
directamente deuda pública en el balance de Banco Financiero y de Ahorros (BFA),
la matriz de Bankia. Con ello, evita tener que colocar la deuda en los mercados
para lograr efectivo que inyectar en BFA. La capacidad de endeudarse por esta
vía es mucho mayor y puede evitar tener que recurrir a fondos europeos para
recapitalizar el sector. Pero esa estrategia de aumentar la deuda por la puerta
de atrás, como observa este domingo El País, entraña grandes riesgos, según los
expertos. Hasta ahora, para financiar los rescates de entidades, el Estado,
mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), colocaba deuda en los mercados entre inversores. A
continuación, usaba el efectivo que recibía para inyectar en los bancos. Pero
con la prima de riesgo disparada a sus niveles más altos desde que existe el
euro, captar dinero en el mercado es difícil y caro. Así que el Gobierno ha
decidido saltarse los mercados… y usará la inyección directa de deuda disponible
no solo en entidades individuales, sino también para apoyar fusiones. En lugar
de pagar el rescate en efectivo, suscribirá las nuevas acciones de BFA
entregando a cambio títulos de deuda emitidos por el Tesoro o por el propio
FROB. De ese modo, BFA se encontrará en su activo con miles de millones de
nuevos títulos de deuda pública. Para convertirlos en liquidez puede usarlos
como garantía en operaciones interbancarias, directamente acudir con ellos al
Banco Central Europeo para lograr efectivo o, en el peor de los casos,
venderlos en el mercado. De modo indirecto, el Gobierno endosa al BCE la
financiación del rescate de Bankia. Es decir, el Gobierno no tiene
máquina de fabricar dinero, pero sí de fabricar deuda, y con este mecanismo no
necesita siquiera que los inversores se la compren. La disponibilidad de fondos
con este método son enormes, y en caso de necesitarlo, el Estado podría
aumentar deuda pública por esta vía por 50.000 ó 60.000 millones (5 ó 6 puntos
del PIB), cifras en que algunos analistas sitúan las necesidades de
recapitalización del sector financiero español. Todo ello, sin pasar por el
mercado y sin llevar la ratio de deuda pública sobre PIB a niveles superiores a
países de nuestro entorno como
Francia o Italia. Aunque no todo son ventajas. Este aumento de la
deuda “por la puerta de atrás” puede provocar recelos en los inversores,
penalizar la deuda en circulación y dificultar la financiación del Tesoro, y se
puede provocar desconfianza en España…
De otro lado, se
plantea la cuestión de a quién reclamar responsabilidades por la mala gestión
de Bankia hasta la fecha de su nacionalización y rescate por el Estado. ¿Podrían
presentarse querellas contra la entidad financiera por estafa, apropiación
indebida y otras infracciones? Ruiz Gallardón declaraba este domingo que ésa no
es una de las atribuciones del Gobierno… Pero sí podría hacerlo en su calidad
de nuevo propietario de la entidad bancaria. En todo caso, el Gobierno no
muestra prisa alguna. El propio ,ministro de Justicia anuncia que se llevará el
asunto al Parlamento “cuando sea oportuno”… Observa Joan J. Queralt,
catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, en un artículo en
El País, que
las responsabilidades
de orden administrativo, como sanciones e inhabilitaciones a la entidad y a sus
consejeros, y civiles como resarcimientos e, incluso, prohibición de ejercer el
comercio en el futuro, no parecen muy próximas. “Nos quedan las penales, que son
importantes y variadas, dado que pueden centrarse en varios momentos relevantes
y no sólo en esta última fase. En primer lugar, las alteraciones contables, si
las hubo, para poder proceder a las fusiones entre las siete cajas en liza.
Posteriormente, las eventuales manipulaciones tendentes a obtener un patrimonio
positivo para poder salir a Bolsa, calidad patrimonial que, a poco más de un
año, parece imposible. Finalmente, la información dada con cuentagotas y sin
fundamento sobre el real estado patrimonial antes y después de la intervención.
Todo ello sin contar las retribuciones e indemnizaciones por todos los
conceptos que se hayan autootorgado y hayan percibido consejeros y directivos
de este conglomerado financiero. En su mayoría, estas infracciones integrarían
diversos delitos contables o de falsificación de balances con penas para cada
uno de hasta cuatro años y seis meses y multas de hasta 18 meses (216.000
euros). Podrían aparecer otras falsedades con hasta tres años de prisión y
multa de hasta 144.000 euros; también pudieran apreciarse en la captación de
capital para la salida a Bolsa posibles estafas muy agravadas por razón del
perjuicio y de la esencialidad de los bienes en juego (se trata de un banco
sistémico), que comportan penas de hasta ocho años de prisión y 288.000 euros
de multa. En este terreno, quizá pudiera entrar en juego el novedoso delito de
fraude de emisiones con penas de hasta seis años de cárcel y multas análogas.
Tampoco habría que pasar por alto ni la administración desleal o apropiación
indebida de cara a los depositantes de cualquier clase, con penas análogas a la
de la estafa, o el uso de información privilegiada, con penas más leves que las
mencionadas. Todo ello sin dejar de lado, pues son independientes de las
hipotéticas manipulaciones por la gestión financiera, los delitos de
administración fraudulenta por las remuneraciones, indemnizaciones y demás
modalidades de autocontratación que secan la liquidez de las entidades cuando
se hacen efectivas. Los castigos precedentes comportan la inhabilitación para
el ejercicio de la actividad mercantil.
En fin, según
Queralt, la querella la podría instar cualquiera para la estafa, la apropiación
indebida y afines. Los perjudicados y también el ministerio fiscal, por afectar
obviamente a los intereses generales y a millones de personas, ejercerían las
acciones penales restantes. El propio Goirigolzarri exculpa a su antecesor,
Rodrigo Rato y responsabiliza de la crisis a “un entorno regulatorio convulso”.
O sea, a las circunstancias… Otro dato
del momento es el que aporta La Gaceta: Los gestores de las Cajas quebradas se
han llevado 93,2 millones de euros. Es parte del mismo escandalazo que no cesa
de engordar…Señala luego esta información que el fiscal general del Estado ha
ordenado que se depuren todas las responsabilidades penales que se deriven de
la gestión de estas entidades… Cabe recordar la opinión que expresó en su día
el gobernador Mafo sobre la gestión de algunas cajas, y que ahora ha recuperado
ABC: “Lo que yo tengo que hacer con las Cajas es liarme a palos hasta que acabe
con todas”. Y en particular, “la CAM es
lo peor de lo peor. Yo también me escandalizo de sus sueldos.”
Y entre tanto,
Bankia parece que pasa a ser “ejemplo a imitar” por otras cajas con
dificultades de supervivencia. Señala La Vanguardia que Artur Mas pide a
Guindos que trate a Cataluña Caixa como a Bankia, y el ministro transmite al
presidente que ambas entidades, y alguna más, como Nova Caixa Galicia, podrían
seguir independientes… ¿También con
capital y acciones del Estado?
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