LO DE VIC.- La exigencia que el ayuntamiento de Vic, Barcelona, pretende imponer a los inmigrantes para ser empadronados, es decir, que previamente dispongan de “papeles” que acrediten una razón para estar en la localidad, amenaza con convertirse en otro caso Ejido y con presentar a “la ciudad del salchichón” como modelo a imitar o modelo a despreciar. Pero a pocos deja indiferentes la actitud del ayuntamiento tripartido de la ciudad. De momento, las críticas y avisos de ilegalidad arrecian y cada vez llegan de más arriba, pero el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) -gobernado por CiU, ERC y PSC- sigue enrocado en vetar el padrón a los inmigrantes sin papeles que no presenten un visado. Aunque el martes explicó sus intenciones en un comunicado colgado en su página web, por ahora no se ha decidido a aprobarlas formalmente. Ayer, durante el pleno municipal, el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), defendió la nueva exigencia. Se trata, dijo, de "salvar la ciudad": lograr que la gente autóctona no vea la inmigración como un problema y que entienda que "lo que se hace con los inmigrantes no les perjudica, que los recién llegados también cumplen la ley como se les exige a los locales". El 24% de los 38.000 habitantes de Vic son inmigrantes y la ciudad es la cuna de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), con cuatro concejales. Ahí están los datos básicos del problema: diez mil inmigrantes entre menos de 40.000 habitantes, en una zona que fue próspera y ahora comprueba los efectos de la crisis.
LA CUESTIÓN, A ESTUDIO.- En el pleno de este miércoles, el equipo de Gobierno rechazó dos mociones, una a favor, de PxC, y otra en contra, de ICV, y aclaró que no aplicará los nuevos requisitos hasta explicarlos a las entidades y celebrar otro pleno el 3 de febrero. El tripartito municipal defendió la legalidad de una decisión que avalan los servicios jurídicos municipales, aunque precisó que ha encargado un estudio independiente. Los ediles de PSC y ERC señalaron que retirarán su apoyo si el nuevo padrón resulta ilegal. El líder de PxC, Josep Anglada, exigió que se acabaran los derechos y las ayudas para los inmigrantes. "No aportan nada de bueno, sólo más gasto social, delincuencia y economía sumergida", dijo. Mientras la Generalitat de Cataluña sigue manteniendo una actitud distante, el anuncio del encargo de un informe independiente no convence a las voces que tachan el veto al padrón de ilegal. Ayer lo reiteró la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, confió en que la decisión "se podrá reconducir" porque negar el empadronamiento "tiene mal acomodo en el Estado de derecho". Pero la advertencia más grave llegó del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien durante una visita oficial a Bilbao anunció que ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para determinar si la decisión de Vic se adapta a la Constitución y las leyes. Caamaño advirtió de que, en caso contrario, "se adoptarán las medidas legales pertinentes para reparar la legalidad vulnerada" y el Estado se verá obligado a recurrir la decisión municipal "ante los tribunales".
ALGUNOS SE ABSTIENEN.- Pero no todos son favorables o contrarios, de momento. También hay quienes mantienen su actitud ambigua respecto a la política anunciada por el Ayuntamiento de Vic: el Gobierno de la Generalitat y las direcciones de ERC, PSC y CiU han preferido no entrar en materia ni pronunciarse. Sólo ICV se ha mostrado muy crítica con Vic y ha solicitado que el Ejecutivo tome medidas por decreto para evitar la ilegalidad. El secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, rompió el silencio y alertó al Ayuntamiento de que no empadronar a sin papeles sólo generará "desconocimiento" sobre la realidad de las personas que residen en el municipio, y más "desorden". ERC, cuyo portavoz afirmó el viernes pasado que la formación "no ve bien" la medida, mantiene ahora una actitud ambigua: la portavoz parlamentaria, Anna Simó, se limitó a decir que "lo que hace y debe hacer Vic es cumplir sus funciones y poner orden en el padrón". El PSC no piensa reprender a sus concejales y estudiará el veto al padrón, explicó su responsable de Inmigración, Consol Prados. CiU lleva días pidiendo respeto por la decisión del Ayuntamiento y recordando la complejidad que supone gestionar su realidad. Por su parte, el sindicato CC OO ha denunciado que Vic ha comenzado ya a vetar el empadronamiento a inmigrantes que no presenten visado. "A mí me lo negaron", atestigua una joven venezolana en situación irregular que después de tres años viviendo en la población intenta conseguir el permiso de residencia por la vía del arraigo social. El lunes, mientras el alcalde aseguraba a la prensa que el nuevo modelo de empadronamiento no entraría en vigor hasta febrero, en el piso de abajo una funcionaria de atención ciudadana exigía un visado para renovar su volante de empadronamiento.
COMUNICADODEL AYUNTAMIENTO.- "Los interesados en empadronarse lo habrán de solicitar mediante una instancia (...). Esta instancia ha de estar acompañada de la documentación legalmente exigida y que es el DNI, el NIE, o bien el pasaporte vigente de conformidad con lo que dispone el artículo 25" de la Ley de Extranjería. "Este artículo dispone que los extranjeros que entren en España habrán de estar en posesión del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad y, además, exige un visado -de forma imperativa- excepto cuando se disponga de la tarjeta de identidad de extranjero, o, excepcionalmente, de una autorización de retorno. También se exige un documento que acredite la disponibilidad de la vivienda donde pretenden empadronarse".
REGIMEN LOCAL.- - La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. El artículo 16.2 especifica que la inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorios los siguientes datos, en el caso de los extranjeros no comunitarios: nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y "número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia".
LEY DE EXTRANJERÍA.-El artículo 6.3 señala: "Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos".
EL MINISTRO CAAMAÑO SE ABSTIENE DE OPINAR.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que esperará este análisis, no obstante, defendió "los derechos vinculados a la dignidad del ser humano" y subrayó que el empadronamiento no puede "condicionar" que una persona pueda "estar en un lugar y pertenecer a una sociedad". Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, Caamaño manifestó que, "siempre que se producen este tipo de situaciones", pide a la Abogacía General del Estado "que mire si las decisiones que adoptan órganos administrativos operan o no, y se ajustan a nuestro marco legal". "En el caso de que esto no ocurra, adoptamos, siempre también, las medidas legales pertinentes para reparar la legalidad que se considere vulnerada o quebrada en cada caso", señaló. Por ello, indicó que, en estos momentos, este asunto se encuentra en manos de la Abogacía General del Estado, y una vez que tengan el resultado del análisis, "se tomarán decisiones desde el punto de vista jurídico". "En principio, yo creo que una sociedad como la nuestra debe respetar los derechos siempre vinculados a la dignidad de las personas y del ser humano", indicó. A su juicio, "el empadronamiento no puede ser nunca un elemento, una carga administrativa que condicione ese núcleo básico, como puede ser esa dignidad de poder estar en un lugar y pertenecer a una sociedad". "Pero hay que verlo y estudiarlo. Por eso, quiero ser prudente, y ver las circunstancias concretas, los elementos concretos y los acuerdos. Espero, por tanto, en su caso, al informe que vaya a realizar la Abogacía del Estado", concluyó.
OPINA DE LA VEGA. Por su parte, la vicepresidenta De la vega entiende que la medida del ayuntamiento no está cubierta" por la ley. María Teresa Fernández de la Vega dijo que el alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, debe ser la "única persona" que considere legal esta medida. "Las normas de ese Ayuntamiento sobre este asunto no están cubiertas por la ley", sentenció Fernández de la Vega después de mantener una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dentro de la ronda que ha iniciado por las comunidades con motivo de la Presidencia española de la Unión Europa El pleno del ayuntamiento de Vic apoyó ayer mmiércoles por mayoría la nueva normativa que impide el empadronamiento en el municipio de los inmigrantes en situación irregular. El alcalde de Vic, de Unió, ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, mantiene que la propuesta es "legal" según sus servicios jurídicos, pero si algún informe de otra administración demuestra la ilegalidad, posiblemente retirarán la medida.
QUE DICE LA LEY.- La Ley de Extranjería establece la "obligación" de los ayuntamientos de empadronar. La Ley de Régimen de Bases Locales "no admite" requiebros como el de Vic y sólo recoge los requisitos que ha de tener un inmigrante para ser incluido en el padrón: presentar la tarjeta de residencia o el pasaporte. Todo lo demás es ruido. Ruido del "interesado". Y los argumentos legales blandidos por el consistorio para su 'motín normativo' son un perfecto "brindis al sol" que evidencia un plan: azuzar entre la población un debate con deriva "xenófoba". Asentándose en estos puntos, las organizaciones no gubernamentales salieron ayer al paso de la insurrección normativa del Ayuntamiento de Vic y tildaron su idea de blindar esta ventanilla como "dislate legal". "En vez de decir que quieren cambiar la ley, fuerzan una argumentación hasta el ridículo. Convertir el padrón municipal en herramienta para la regulación del régimen de extranjería es un dislate tremendo", comenta Mauricio Valiente, coodinador del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). "En Vic se ha hecho una cesión a un partido xenófobo con cierta presencia en el consistorio. Es el mayor de los errores. Un retroceso muy simbólico para PSC, CiU o ERC". Para Cear, ninguna de las normas que cita el Ayuntamiento como coartada de su cerrojazo -ni la Ley de Régimen de Bases Locales, ni la Ley de Extranjería, ni la Ley de Reglamento de la Población, ni la Ley municipal y de régimen local de Cataluña- recoge la posibilidad de impedir el empadronamiento a un extranjero.
ROURES AVANZA.- Según cuenta hoy Periodista Digital, el Grupo Zeta y Mediapubli, editora del diario Público, han firmado un preacuerdo de venta del periódico La Voz de Asturias. A través del mismo, el diario asturiano pasaría a manos del grupo de Jaume Roures. Según han confirmado fuentes de Público a Periodista Digital, la compra de La Voz de Asturias es consecuencia de la voluntad de crecimiento del diario Público. El importe económico de este preacuerdo no ha sido revelado, pero se ha confirmado la continuidad del periódico asturiano y su difusión conjunta con el diario de Roures. Según la Asociación de Prensa de Madrid, la crisis ha hecho mella en el periódico, que registró a lo largo de 2009 pérdidas por unos 1,5 millones de euros.
Sorprende a Periodista Digital que el anuncio de compra se haya efectuado pocas semanas después de que el diario Público procediera al despido de un grupo importante de sus redactores, para tratar de conseguir el equilibrio financiero del diario, y cuando, asimismo, se ha visto en la necesidad de llegar a un acuerdo con Antena 3 de TV para fusionar los dos canales, de Lara y Roures, y cederle el liderazgo de la nueva “joint venture” al editor de Planeta.
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