ESPEJISMO EN LOS MENSAJES DE FIN DE AÑO DE ZAPATERO Y RAJOY. ZAPATERO RECLAMA CINCO AÑOS PARA ARREGLAR LA ECONOMÍA

EL BUEN TONO DEL ÚLTIMO ZP-RAJOY DEL AÑO..- El Parlamento cerró sus actividades este jueves y lo hará una pausa de cuatro semanas completas, hasta que sus señorías regresen a sus escaños, hasta el 25 de enero. Y cerraron este año durísimo con dos discursos, por lo menos, desconcertantes. Primero, el de Zapatero, y luego, el de Rajoy. El presidente desconcertaba por su mensaje básico: Nos quedan cinco años, según el cálculo del presidente, para terminar de salir de la crisis y arreglar sus desperfectos. España necesita cinco años para corregir los efectos estructurales de la crisis... En cuanto a Rajoy no era menos sorprendente en su mensaje de fin de año, acaso afectado por el clima de fraternidad y buen voluntad que suele acompañar estos días finales de año, como observa La Razón: El espíritu navideño une a Zapatero y Rajoy en la defensa de España... Lo cierto es que Mariano Rajoy abogó, en esta ocasión, por dejar a un lado las diferencias y contribuir al desarrollo. Observa El Mundo sobre esas dos intervenciones parlamentarias que Zapatero y Rajoy “acarician el consenso”, y que el líder del PP citó la antigüedad clásica y propone dejar de lado las disputas sin fin. La observación que hace ABC es aún más drástica, y más partidista: Zapatero ya no ve brotes verdes ni aquí ni en un lustro, y acepta la ayuda de Rajoy. Rajoy tiende la mano al Presidente del Gobierno para defender juntos los intereses de España en la UE. Y concluye con su apreciación compartida de que se produjo un sorprendente acercamiento entre Gobierno y PP en el último debate del año. Según ABC, el jefe del Ejecutivo aceptó la mano tendida de Rajoy, pero le pidió que admitiera lo que hizo mal Aznar. En realidad, la sorpresa de Zapatero, según se pudo apreciar en la transmisión televisiva del momento, fue mayúscula. No se podía creer lo que estaba oyendo de boca de su adversario principal. Convendrá señalar que se hablaba de los fondos de la UE, sobre los que el PP defendió que España se anticipe al reparto, y lo haga con el consenso de Gobierno y Oposición. “Celebro que el presidente del Gobierno haya aceptado nuestra idea de que defendamos juntos las perspectivas financieras”, terció Rajoy, tras haber comprobado la sorpresa de Zapatero. Dicho de otro modo, hubo una sintonía sorprendente y nada frecuente entre Zapatero y Rajoy, bien es cierto que sobre una cuestión concreta y específica como es la agenda europea, o el nuevo marco financiero de la UE, y en un debate esta vez ausente de críticas. Claro que tampoco faltan otra clase de interpretaciones, como la de quien opina que “la salida de Zapatero parece estar en marcha, y Rajoy anticipa su llegada...
No es improbable, sin embargo, que haya sido un momento concreto y pasajero de lucidez, o un momento de despiste, que no conducirá a parte alguna y que pronto, en cualquier momento, se verá desmentido por el tono agrio y desapacible que suelen mantener los diálogos entre los dos principales dirigentes políticos del país. Hemos asistido a un espejismo, a un milagro navideño y ponto volveremos a la hosca y agria realidad que se ocupan de pintarnos gobierno y oposición.

LOS CINCO AÑOS MÁS QUE RECLAMA ZAPATERO.- No resulta fácil analizar el último discurso de Zapatero sin tener en cuenta su reciente anuncio de que “ya tiene decidido” qué piensa hacer cuando corresponda la convocatoria electoral de las generales de 2012. A esa distancia de las urnas, todo permite suponer que el presidente está pidiendo una nueva oportunidad para salir el atasco. Una oportunidad de una nueva legislatura de cuatro años, que sumados al año y medio que aún queda de la actual, harían ese tiempo que estima Zapatero que será imprescindible para recuperar al país de los “desastres de la crisis”. El presidente del Gobierno, en efecto, en su comparecencia de este miércoles, ha advertido de que serán necesarios cinco años todavía para conseguir "corregir los desequilibrios de la economía española". "Tenemos ante nosotros cinco años decisivos para la prosperidad y el bienestar futuro de los españoles. Llevamos ya dos años de reformas, pero necesitamos aún cinco años más". "Y esto no será sólo tarea de un Gobierno, tenga el color que tenga; debe ser una tarea colectiva", ha afirmado. Zapatero, que se ha mostrado satisfecho con el tono pausado y proclive al consenso que han mostrado prácticamente todos los grupos parlamentarios en el debate sobre las últimas decisiones del Consejo Europeo, ha señalado como nudo gordiano de los problemas económicos que sufre España la "falta de productividad". Según Zapatero, "la crisis actual ha puesto sobre la mesa los desequilibrios que se han ido acumulando desde que entramos en el euro" y que ahora es necesario corregir con la vista puesta en 2016. Y se ha referido a las "rigideces crónicas" de la economía española, citando expresamente el marco laboral. Ha llegado a calificar de "patología endémica" el que exista un 30% de temporalidad en el empleo. También ha insistido en la necesidad ineludible de proceder a una reforma del sistema de pensiones para asegurar el futuro de los más jóvenes. No obstante, Zapatero ha hecho especial hincapié en que el "gran reto" del país pasa por elevar el grado de productividad que, ha dicho, sólo ha crecido en los últimos 15 años una media del 0,6% anual. "La realidad es que hemos abierto una gran brecha de productividad que nos ha llevado a endeudarnos". En esta su primera intervención en el Pleno para informar de los resultados del último Consejo Europeo, el presidente del Gobierno ha considerado que el contexto económico actual es de "elevada incertidumbre", al tiempo que ha reconocido que "la reacción de los mercados afecta a España". No obstante, también ha advertido de que los ataques de los mercados "no responden a los fundamentos de nuestra economía". Y ha valorado como paso histórico la decisión de “los veintisiete” de "hacer todo lo necesario para garantizar la estabilidad del euro", asegurando que por parte española el Gobierno responderá a la tormenta financiera "con reducción del déficit, con compromiso con las reformas y con una total transparencia".
No es difícil de entender que Zapatero no quiera pasar a la historia como el presidente de la crisis, y el que dejó al país hundido y quebrado por esa crisis. Al revés, después de una intervención parlamentaria sumamente crítica, y muy pesimista, hace algo más de un mes, vuelve a verse con capacidad para la recuperación. Pero le faltan cinco años más...

ZAPATERO: EL PELIGRO AÚN NO ESTÁ CONJURADO EN LA ZONA EURO.- El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido este miércoles a asumir con "plena determinación" sus compromisos con la UE, continuando en el camino de la austeridad, las reformas y la transparencia, porque, ha advertido, "aún el peligro no está conjurado" en la zona euro. Zapatero ha comparecido ante el pleno del Congreso para presentar las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y ha destacado el compromiso "claro y rotundo" de la UE con la estabilidad de la moneda única, lo que implica que se impulsarán cuantas acciones sean necesarias para garantizarla. La "crucial" situación actual, ha añadido, exige responsabilidad y el Gobierno va a asumirla, convencido de que los últimos ataques de los mercados financieros, que están afectando de nuevo a España, "no responden a los fundamentos de nuestra economía". Frente a ellos, ha subrayado que la respuesta del Gobierno es "clara": seguirá cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, corrigiendo el déficit en los plazos convenidos; y no abdicará de las reformas que juzga "imprescindibles" para que la economía alcance su crecimiento potencial, superior al del conjunto de la UE. Entre las reformas ha destacado la del sistema de pensiones y ha avanzado que el proyecto que el Gobierno aprobará el 28 de enero tendrá la misma "ambición" que la propuesta inicial que defendió a principios de este año, que incluía el retraso de la edad de jubilación, y recogerá las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ofrecido al Gobierno un acuerdo en materia económica para defender "los intereses de España" ante la UE y lograr un mejor "marco financiero plurianual" para los próximos ejercicios.  Además, ha instado a Zapatero a "contar con el mayor grado posible de apoyo de los grupos parlamentarios" de la Cámara Baja a la hora de llevar sus demandas a las instituciones comunitarias. Rajoy ha pedido "hacer hincapié mucho más en lo que nos une, que es mucho, que en lo que nos separa, que es bastante". "Tenemos que poner en valor nuestra adhesión conjunta al euro por encima de las diferentes políticas que preconizamos unos y otros para nuestro desarrollo económico", ha añadido. Adujo que es necesario "reforzar el carácter obligatorio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria" para recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que los inversores y los mercados vuelvan a confiar en España. En su opinión, si se ha perdido esa confianza es porque el Gobierno de Zapatero "ha descuidado" durante seis años aspectos claves, como la "disciplina presupuestaria, vigilancia económica y coordinación". Rajoy ha recomendado que el Gobierno se vuelque, con el respaldo de toda la oposición, en conseguir un buen marco financiero para los próximos años, dado que España "pasará a ser contribuyente neto en pocas fechas" y algunas comunidades autónomas, como Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, dejarán de ser regiones prioritarias en la percepción de fondos comunitarios.

ROSELL QUIERE QUITAR GRASA A LA CEOE.- Juan Rosell, flamante nuevo jefe de la CEOE, ya tiene su primera patata caliente sobre la mesa. Y es que el empresario catalán, según explica El Confidencial, reiteró tras ser entronizado, que su intención es que el presidente saliente, Gerardo Díaz Ferrán, mantenga un cargo de relieve en la organización, para más señas la presidencia de la Fundación. Un anuncio que se produce apenas días después de que el ex dueño de Marsans haya tenido que declarar como imputado en la investigación de la operación Mar Blau, sobre supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos de Baleares. Sólo la punta del iceberg de los problemas legales que afronta, tras la debacle de su imperio turístico. “La legislación vigente dice que Díaz Ferrán es presidente de la Fundación”, aseguró Rosell, antes de subrayar que su idea es no modificar ese estatus. Más que la legislación o los estatutos de la patronal, se trata de una tradición no escrita. “En la CEOE, el presidente saliente siempre es presidente de la Fundación. Eso es lo que se ha hecho históricamente y yo no estoy por la labor de hacer cambios. La historia es la historia”, subrayaba. Todo a pesar del daño efectuado a la imagen de la organización por Díaz Ferrán, que en los meses previos a su salida acumuló sin tino impagos de nóminas, créditos y suspensiones de pagos. De hecho, no parece que conservar cerca la figura de Díaz Ferrán ayude a Rosell en el impulso renovador que ha vendido y que le han reclamado sus electores. Menos aún cuando, según él mismo dijo, el primer pilar en el que cimentará su presidencia es tener “convicciones claras sobre la urgente recuperación de la conducta ética tras los errores del pasado”. Una referencia a los excesos cometidos por los agente económicos, pero que podría ser aplicable a su propia organización. Durante la campaña, Rosell no descarto una reforma de los estatutos de la patronal para introducir una suerte de código ético, en la línea del que tienen otras organizaciones, como el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Consciente de que no es una cuestión baladí, el todavía presidente de Fomento del Trabajo dejó abierta la puerta a una rectificación si los órganos de gobierno de la patronal no estuvieran de acuerdo con la decisión. “Pero no estamos en ello”, avanzó. El propio Rosell admitió que la gestión de Díaz Ferrán al frente de CEOE presentaba sombras, aunque en general fue generoso con el presidente saliente. “Debo agradecer a (…) mi gran amigo, Gerardo Díaz Ferrán, su empeño en hacer participar a todos en la toma de posiciones de nuestra organización como nunca antes se había hecho. Quizás otros problemas oscurezcan su trabajo, pero los que estamos dentro podemos dar fe de su entrega, su trabajo y su compromiso”, recalcó.
La Fundación CEOE, creada en 1984, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de la gobernanza de la organización. Es más, su objetivo declarado es tan ambiguo como “contribuir al impulso, promoción y desarrollo de la ciencia, las artes y la cultura”. Sólo uno de los aspirantes a la presidencia, Jesús Banegas, se había mostrado partidario de cambiar su enfoque y constituir en torno a ella un think tank que sirviera de laboratorio de ideas para CEOE. La decisión de Rosell de mantener a Díaz Ferrán en la patronal tiene, por tanto, mas importancia como gesto. No falta quien, en la cúpula de la casa, entiende que el dueño de Marsans ha 'sacrificado' en parte sus empresas al negarse a firmar la reforma laboral que quería el Gobierno en la famosa cena de Moncloa que, en julio de 2009, rompió las negociaciones con los sindicatos y provocó la ira del presidente del Ejecutivo, José Luis Zapatero. Díaz Ferrán no se cortó en su despedida ni al referirse a su situación personal -“el capitán puede tener problemas, que de hecho los tiene”-, ni a a la hora de buscar complicidades entre sus compañeros empresarios. “Siempre he tomado decisiones y he intentado que sea mayor el número de aciertos que de errores. Mi mayor deseo es que así lo hayáis entendido”, lanzó a la Asamblea Electoral, a la que pidió perdón por los posibles desatinos cometidos. Entre ellos, para Rosell, estaría el elevado número de vicepresidencias que tiene la organización y que la hacen “ingobernable”. De este modo, el nuevo presidente anunció que su intención es reducir esos puestos de 21 a un máximo de nueve. Dos preguntas flotaban en el ambiente, según el relato de El Confidencial. La primera, si habrá una vicepresidencia primera para Arturo Fernández, algo que el presidente de los empresarios madrileños da por hecho. La segunda, si el 35% de los votos obtenidos por la candidatura Herrero-Banegas tendrá reflejo en los órganos de gobierno o si, por contra, será una designación “monocolor” de empresarios afines al nuevo presidente, como apuntaban fuentes internas de la patronal. “Quiero un equipo corto. Nueve es el número máximo de vicepresidentes, y espero que sean menos. Ellos serán los que tengan contacto diario conmigo. Es la única manera de poder gestionar bien la Confederación”, confesaba Rosell a un grupo de periodistas, sin dar más precisiones. También avanzó que propondrá un cambio en los estatutos para que los vicepresidentes ya no puedan nombrar al presidente “de entre ellos” en caso de que éste abandone el cargo. “Por eso todo el mundo quería ser vicepresidente”. Añadió que va a concederse “seis o siete días” para cerrar los nombres que conformarán su equipo de gobierno y hasta bromeó sobre la posibilidad de que, ahora, tenga que volver a comprarse piso en Madrid. “Ya tuve, pero lo vendí. Y lo vendí mal”, confesaba radiante.

ETA ROBA MATERIAL PARA FALSIFICAR DOCUMENTOS.- Cuando se está a la espera de un comunicado de la banda terrorista ETA en el que, se supone, debe anunciar el final, tal vez definitivo, de medio siglo de acciones terroristas, la noticia producida en Francia de un robo espectacular que habría sido protagonizado por etarras, enfría sustancialmente las esperanzas. Los hechos: Tres encapuchados armados que se identificaron como miembros de ETA robaron en Francia material para falsificar documentos, tarjetas de crédito y tarjetas de seguridad, según las Fuerzas de Seguridad. Con estas tarjetas robadas los etarras podrían burlar controles de seguridad. Después huyeron en un coche de la empresa dejando maniatado al único empleado. El atraco se produjo este martes, alrededor de las 20.00 horas, en la localidad francesa de Bourg de Peage, Departamento 26, cerca de Lyón, pero la noticia ha trascendido ahora. Se produjo en una empresa llamada Impuls-France,especializada en distribución de productos de identificación automática y desarrollo de sistemas electrónicos relacionados con la seguridad. Dos hombres y una mujer que dijeron pertenecer a la organización terrorista entraron armados y ocultando su rostro. Tras amenazar con una pistola al único empleado que aún quedaba en la empresa, procedieron al robo de varios programas informáticos (Card Fire, Asure Id, Nice Label y Cod Soft), seis impresoras y 6.000 tarjetas blancas de PVC, formato tarjeta de crédito con bandas magnéticas. Posteriormente, huyeron en un vehículo de la propia empresa dejando maniatado al empleado.
Se coincide en que el 'modus operandi', o forma de actuar, de los asaltantes, coincide con el empleado en otras ocasiones por miembros de ETA para cometer actuaciones similares en otras empresas francesas. Los terroristas esperan a que, en las instalaciones, previamente vigiladas, quede el menor número de personas para entrar, reducirlas, apoderarse de aquello que han ido a buscar y darse a la fuga, a menudo en los coches de la propia empresa robada. El municipio de Bourg de Peage, donde se ha producido este robo, se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de Lyón y a unos ochenta al oeste de Grenoble. Es una zona en la que los etarras han operado a menudo en los últimos años. Según recoge la agencia Vasco Press, en Grenoble, en el año 2000, ETA asaltó una empresa de explosivos y se apoderó de una importante cantidad de dinamita. En la misma ciudad se encontró en 2009 un garaje en el que ETA almacenaba 500 kilos de explosivos.
Curiosamente, la Policía francesa ha alertado dos veces en tres días de las actividades delictivas de ETA. Los agentes galos sostienen que, a pesar de los rumores de un futuro alto el fuego y de la promesa de haber parado sus acciones armadas, los miembros de la banda terrorista siguen en activo y continúan apuntalando sus labores de logística. Hace dos días la policía francesa incluyó entre los robos efectuados por la organización terrorista el de un coche de la marca Ford Focus.
EL DÍA DOS ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY ANTITABACO.- Se podía comprobar ayer, cuando defendía la ley, la satisfacción de Leire Pajín por comprobar que “su” ley antitabaco, llegaba al final del trayecto después de haber sido “`pastoreada” durante todo el año por su colega la hoy ministra de Exteriores Trinidad Jiménez. Pero ya es un hecho, y el nuevo año llegará acompañado de una novedad sin humo. El día de año nuevo se salva, pero a partir del 2 de enero el tabaco estará vetado en todos los locales públicos de ocio: no se podrá fumar en restaurantes, bares ni discotecas. No habrá distinción entre bares de fumadores y libres de humo. Tampoco habrá cubículos para fumadores, según la nueva ley antitabaco aprobada por el Congreso tras un año de debates y enmiendas. España endurece su norma hasta ahora vigente en la materia. Además del veto en discotecas y restaurantes, se eliminan los puntos de fumadores en aeropuertos, las puertas de los hospitales, los parques o los colegios. Se extiende el veto a bingos y casinos... Medidas todas que convierten a España en uno de los países más restrictivos contra el tabaco. Sólo algunos Estados de EE UU prohíben fumar en determinados lugares al aire libre, veto que no ha llegado a los países de Europa en los que la ley antitabaco funciona desde hace años.
Los contrarios a la ley sostienen que no cumplirá su función de ayudar a abandonar el hábito a los que quieran dejar de fumar y que, por el contrario, perjudicará al sector de la hostelería, que perderá miles de clientes y puestos de trabajo. También se quejan de un "exceso de proteccionismo" de un Estado al que, dicen, ahora le ha dado por perseguir al fumador. Sin embargo, los partidarios de la ley contradicen esos argumentos de los fumadores punto por punto. En Reino Unido, Irlanda o Italia los bares no sólo no han perdido clientes con la prohibición, sino que éstos han aumentado, según aseguraba ayer la ministra Pajín. Y es que el gran argumento es contundente: El tabaco es, según datos de Sanidad, la primera causa de muerte evitable en España. Cada año fallecen unas 60.000 personas; 1.500 de ellas son fumadores pasivos. Evitar esas muertes y el catálogo de enfermedades que lleva aparejado el tabaquismo es el propósito de la norma, por más que el sector hostelero insista en que la ley -aplaudida por las sociedades científicas, colegios de médicos, enfermeros y asociaciones de pacientes— impactará negativamente en un sector que genera un 7% del PIB y emplea a 1,5 millones de personas. El Congreso rechazó, además, la enmienda que proponía ayudas para los hosteleros que habían hecho un desembolso para adaptar sus locales a la ley actual. Veremos si aciertan los vaticinios según los cuales, la prohibición total provocará una caída de las ventas de bares, restaurantes, y cafeterías de hasta un 10% y un impacto superior a los 7.000 millones de euros en el conjunto del sector, con pérdida de empleo de entre el 3% y el 3,5%", es decir, de alrededor de 50.000 puestos de trabajo en plena crisis. Sanidad no cree estos presagios. "Son lógicas sus dudas, y legítimas. Hay cambios en esta ley que supondrán modificaciones en el sector de la hostelería", dijo la ministra Pajín: "Pero decir que los bares y restaurantes libres de humo se quedarán sin clientes es como decir que se llenan porque en ellos se pueden fumar. No se quedarán sin clientes". La Comisión de Sanidad del Congreso escuchó a un grupo de economistas y expertos que expusieron varios ensayos realizados en Cataluña e Irlanda (donde la ley prohíbe fumar en todos los restaurantes, bares y discotecas) que dicen que el veto al tabaco no conllevó pérdidas de clientes, sino al contrario. En Irlanda, donde los hosteleros predecían pérdidas del 25%, las ventas cayeron ligeramente en los primeros meses de su ley antitabaco, pero después repuntaron.
Fuentes de la Asociación Empresarial del Tabaco explican que una vez que la nueva ley entre en vigor harán sus cálculos y analizarán su impacto. Solo entonces hablarán. Pero una de sus empresas, Altadis —filial de Imperial Tobacco y la principal tabacalera de España— ha definido la norma española como "una de las más radicales del mundo" , que causará un enorme daño económico. Los expertos no comparten esta opinión . "La ley sí va a funcionar y mejor que la de 2006. Esta es mucho más clara", y "además, los ciudadanos presionarán para que se cumpla". Las sanciones para los que no lo hagan irán desde los 30 euros para las infracciones leves a los 600.000 para las muy grave
LOS AYUNTAMIENTOS QUIEREN GESTIONAR LA INMIGRACIÓN.- Según un análisis que este miércoles ha proporcionado el diario La Vanguardia, los alcaldes del PSC quieren que el Gobierno les dé nuevas herramientas para gestionar la inmigración. Las mociones aprobadas en los plenos de los ayuntamientos de l'Hospitalet y Badalona, más la que aprobó el Ayuntamiento de Salt el pasado lunes, han abierto el debate que podría concretarse, en las próximas semanas, en una declaración conjunta de los alcaldes del área metropolitana, liderados por el de Barcelona, que, hasta ahora, se había mantenido al margen. La alcaldesa de l'Hospitalet, Nuria Marín es la promotora de esta iniciativa y quien ha propuesto esta declaración conjunta. De hecho, los alcaldes socialistas llevan una larga semana debatiendo la cuestión. El viernes se reunieron con la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, para debatir los pormenores del nuevo reglamento de inmigración en el que los alcaldes quieren incidir. El pleno del Ayuntamiento de l'Hospitalet aprobó el martes, sin protestas y en calma, la moción para solicitar ese papel protagonista de los consistorios en el nuevo reglamento que tiene que desarrollar la ley de Extranjería. El municipio pretende que las infracciones en materia de civismo y convivencia cometidas por los solicitantes de autorizaciones de residencia sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar los informes tanto para la vía del arraigo como para condicionar la llegada de su familia en los procesos de reagrupación familiar. Así, el municipio propone que una sanción grave cometida en los últimos doce meses en l'Hospitalet, dé pie a la denegación de la regularización. Badalona también aprobó otra moción en la misma línea, aunque con reservas. El lunes lo hizo Salt. “No podemos dejar perder ninguna oportunidad para reforzar la convivencia en nuestra ciudad. Por responsabilidad, por compromiso y por convicción”, manifiesta la alcaldesa de l'Hospitalet, Nuria Marín, en un pleno que aprobó la medida con los votos a favor del PSC, CiU –aunque la tildó de electoralista– y el PP, que pidió ir más allá y anunció que presentará una moción para que los incívicos no puedan renovar su permiso de residencia. Tan sólo se opuso ICV-EUiA, socio de los socialistas en el gobierno municipal. De hecho, la medida entronca con el papel pionero que ha llevado a cabo este consistorio en los últimos años, donde el 25% de sus 265.000 habitantes es inmigrante. Las pretensiones de Badalona son ligeramente diferentes a las de l'Hospitalet y su Ayuntamiento se ha visto arrastrado por las circunstancias. “Lo que ocurre es que –explicó el alcalde de esta población, Jordi Serra– nosotros entendemos que no es jurídicamente seguro pedir al Gobierno la potestad de vetar los procesos de reagrupamiento familiar. Podría infligirse la directiva al respecto de la Unión de Europea”.
El texto que aprobó el pleno badalonés sólo pide que los ayuntamientos puedan frenar los procesos de regularización de los inmigrantes que traten de normalizar su situación legal mediante la vía del arraigo que previamente hayan infringido las ordenanzas municipales. No dice nada de sus familias. Este extremo es el que puso de acuerdo a los tres grupos gobierno local -PSC, CiU y ERC-, tras consulta de sus servicios jurídicos. En todo caso, tal como reconoce el propio Serra, esta cuestión no estaba en la agenda política del equipo de gobierno hasta que Xavier García Albiol, líder del PP en la ciudad, anunció una semana atrás una moción en la línea de la aprobada ayer l'Hospitalet. “El Gobierno de Badalona ha aprobado una mala copia de nuestro texto”, dijo el líder del PP, García Albiol, quien hasta ahora ha hecho de la inmigración el eje de sus propia campaña. “Hemos apoyado la enmienda que han hecho de nuestra moción porque los ayuntamientos están muy limitados en la lucha contra la inmigración y no podemos perder más tiempo”, añadió y señaló que el permiso de residencia y el reagrupamiento familiar son privilegios que no deben disfrutar los inmigrantes que estén infringiendo las ordenanzas. Hoy sólo son rechazadas automáticamente las peticiones de reagrupación o de arraigo –uno de los pasos previos para solicita la residencia– cuando los peticionarios cuentan con antecedentes penales o delictivos. No se tiene en cuenta si cada fin de semana hace fiestas en su casa. El técnico municipal que hace el informe sobre la idoneidad de ese arraigo y reagrupamiento –que tan sólo se ha de limitar a las condiciones de la vivienda, en el segundo caso; o certificar que lleva una serie de años viviendo en la ciudad–, puede hacer una anotación, al margen, en el documento que envía a delegación de gobierno. Es lo que se quiere cambiar. “Esta medida que también favorece a la ciudadanía inmigrante. Quienes provocan problemas son minoría, pero perjudican a todos”, dice Marín. Según el Consistorio, menos del 6% de las solicitudes son realizadas por personas problemáticas.
L'Hospitalet fue pionero en la creación de grupos de mediación que llegan a participar en reuniones de escalera. Cada solicitud de reagrupamiento se mira con lupa. En el 2008 se rechazaron el 48%. El año pasado el 38%. Y cuando se está realizando un informe sobre un reagrupamiento y se localiza una situación de convivencia conflictiva los técnicos se reúnen con el peticionario sobre el que, aseguran, no se toma ninguna medida de presión. El sistema ha permitido resolver algunos problemas. Hasta 2005 quien se ocupaba de decidir si la vivienda cumplía requisitos era un notario contratado por el solicitante. “No se va a negar el reagrupamiento o el arraigo a una persona porque tire las cáscaras al suelo, pero sí se debería a quien hace pasar un infierno a sus vecinos”, manifiesta Nuria Marín
Recuerda La Vanguardia que España tiene 4.754.502 extranjeros residentes, repartidos prácticamente en dos mitades entre los de régimen comunitario (2.358.798) y los del resto de países (2.395.704), según el informe trimestral de certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor a 30 septiembre. Los comunitarios crecieron respecto al trimestre anterior un 2,21%; en cambio, el resto descendió en un 1,67%. Desde junio del 2009, el aumento del número de residentes se debe, fundamentalmente, al incremento de los comunitarios y familiares, que amortigua el descenso de los procedentes de otros países, acelerado por las adquisiciones de la nacionalidad española, por la participación en los programas de retorno voluntario promovidos por el Gobierno y por los regresos debidos a la pérdida de empleos a causa de la crisis.
SE AGOTA EL TIEMPO DE LOS CHEQUES BEBÉ.- Cerca de 25.000 mujeres darán a luz a su hijo en los próximos días. Serán las últimas que cobren los 2.500 euros de los cheques bebé que el Ejecutivo de Zapatero dejará de ‘regalar’ el 31 de este mismo mes, según recuerda este miércoles El Confidencial. Los mismos ginecólogos confiesan que, prácticamente, todas las madres que darán a luz durante las próximas semanas han sucumbido a la gran pregunta del año: “¿Pasa algo si adelanto el parto?”.  Pero los médicos desaconsejan rotundamente inducir el parto sólo por razones meramente económicas si no existe justificación médica. Luis Mercé, director general del Centro Nacional de Ecografía en Ginecología y Obstetricia, habla de los problemas que trae consigo un parto prematuro. “Tienen más riesgos de sufrir problemas cerebrales, neurológicos, respiratorios y digestivos”. También pueden sufrir un retraso en su desarrollo y sufrir más problemas de aprendizaje en la niñez.  Por eso el doctor Mercé quiere quitar la idea de la cabeza a las futuras mamás adelantar el parto única y exclusivamente por cobrar el dinero del Gobierno. “La semana que necesita el bebé en incubadora es mucho más costoso que los 2.500 euros que cobraría si el niño nace antes de finalizar el año”. Según los expertos, lo ideal es que los partos se produzcan entre las semanas 37 y 42 de gestación. Para la madre, adelantar el parto supone aumentar un 30% el riesgo de dar a luz mediante cesárea. El problema, según el doctor Mercé, son las que pretenden recurrir a técnicas naturales para que el parto se adelante solo. Al googlear “consejos adelantar parto”, 287.000 entradas hacen algún tipo de referencia, una cifra que se queda en 6.700 si se incluye “cheque bebé” en la búsqueda.
El Instituto de Política Familiar ha manifestado que eliminar el cheque bebé dificultará el relevo generacional a corto plazo, ya que el recorte supone la eliminación de la única ayuda directa a las familias, convirtiéndolo en un problema de futuro. Según los datos que maneja la IPF, España va a ser protagonista de un déficit de nacimientos sin precedentes. “Hay un déficit de natalidad, cada vez hay menos matrimonios y más abortos. Necesitamos organismos adecuados y leyes marco para tener una política integral y eficaz de apoyo a la familia, en lugar de ideas felices como el cheque bebé de 2.500 euros por nacimiento o adopción”. La prestación por nacimiento o adopción de un hijo fue una de las iniciativas estrella de Zapatero. Anunciada en el pleno del Congreso en julio de 2007, se debatió en el Estado de la Nación y entró en vigor de manera inmediata. “¿El Gobierno ayuda a las mujeres que quieren abortar y se la quita a las que quieren tener hijos?”, dejan en el aire desde el IPF.

LAS MEJORES OFERTAS... PARA REDUCIR PLANTILLA EN LAS CAJAS.- Los máximos responsables de los SIP de Caja Madrid-Bancaja y CAM-Cajastur, Rodrigo Rato y Manuel Menéndez, respectivamente, han ofrecido las mejores condiciones de todas las cajas de ahorros para los empleados afectados por los recortes de plantilla. Dichas condiciones son prácticamente las mismas en los dos grupos, ya que ambos acuerdos han sido diseñados por el despacho Sagardoy. Este acuerdo, firmado la semana pasada, supone, en primer lugar, que todas las salidas se harán mediante prejubilaciones, como pedían los sindicatos. La edad de salida será de 55 años en 2011 (54 en 2010), según detalla El Confidencial. Los que tengan que irse lo harán con el 95% de su salario fijo neto (80% del bruto), el porcentaje más alto de todas las fusiones de cajas. Queda fuera el variable, pero nadie lo ha concedido en el sector (no es muy relevante en el caso de CAM, pero en el de la caja madrileña supone hasta un 30% de la retribución de un cargo intermedio). Y hay condiciones todavía mejores. Aparte de llevarse ese porcentaje del sueldo, los trabajadores mantendrán el derecho a cobrar el plan de pensiones que les hubiera dotado su caja. Y por si esto fuera poco, hay tres opciones para cobrar la prejubilación: como un sueldo mensual, con un compromiso de revalorización del 1,5% anual; la mitad de esta forma y la otra mitad ahora a tocateja; o directamente todo de golpe. ¿Cómo se explican estas cesiones ante los sindicatos?, se pregunta El Confidencial. "Básicamente, por dos razones: por no tener problemas en las entidades y por las prisas del Banco de España, que volvió a reiterar el pasado viernes, que quería cerrarlo todo en 2010 y no daba opción a una negociación más profunda. Así que las cajas han preferido ceder en todo y firmar estos acuerdos", explica una fuente cercana al primer SIP. A priori, estas cesiones tendrán implicaciones negativas para las maltrechas cuentas de las cajas. Pero no son tantas como parece. En primer lugar, la supresión del variable supone un ahorro muy importante en los resultados. Pero lo mejor es el truco que se han buscado las entidades, idea de Sagardoy según las fuentes consultadas: a cambio de estos privilegios, los trabajadores afectados tendrán que pasar dos años cobrando la prestación del paro antes de prejubilarse. De esta forma, las cajas no les pagan un euro durante los dos próximos años, ya que todo corre a cargo del Estado y de las contribuciones de los trabajadores. Y al tercero es de esperar que -las que sobrevivan- estén en mejores condiciones para hacer frente a estos costes. Esta práctica ha provocado la indignación de los bancos, que la consideran competencia desleal. El vicepresidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero, se mostró indignado el viernes pasado por estas protestas: "El coste total de las prejubilaciones se contabiliza como un gasto contra la cuenta de resultados y no se paga con dinero público... salvo que cobrar dos años de paro sea un privilegio para los trabajadores de las cajas y no un derecho como para el resto de trabajadores", argumentó. Con estas condiciones, resulta sorprendente que haya sindicatos que no hayan querido firmar este acuerdo. En el SIP de Caja Madrid y Bancaja lo ha aceptado todo el mundo, pero no así en el otro grupo: mientras CCOO, CSIF, UGT de Asturias y CSICA lo han firmado, UGT de Alicante y SICAM (Sindicato Independiente de la CAM) lo han rechazado. Lo cual obligará a la caja alicantina a presentar un ERE ante la Comunidad Valenciana sin apoyo sindical, lo cual puede terminar en que unas prejubilaciones tan jugosas se conviertan en despidos con la indemnización que marca la ley, según fuentes cercanas a este grupo.

LA VIGÉSIMO SEGUNDA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.- Hace recuento El Confidencial: Veintidós veces ha sido reformado el Código Penal desde el año 1995; pero esta vez los cambios son de transcendencia, de mucha enjundia. En particular para las empresas, que, por primera vez, son penalmente responsables no sólo de los delitos cometidos en su nombre y en provecho propio por parte de sus directivos, sino que también asumen la responsabilidad penal por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica -las empresas- el debido control sobre sus empleados. Es decir, por omisión. A partir de este jueves, los delitos ya no sólo los cometen las personas físicas (como es tradición en el derecho penal), sino también las personas jurídicas (artículo 31 bis), que pueden ser condenadas incluso a su disolución o a la ‘muerte civil’ con sanciones económicas de hasta 5.000 euros diarios. Una cantidad que necesariamente les aboca a la ruina. La ley establece, de hecho, que las empresas serán responsables de delitos aun cuando la justicia no haya podido individualizar el delito en una persona física. Un salto cualitativo de indudable relevancia que supone un antes y un después en el derecho societario, y que entra en vigor seis meses después de que el BOE publicara el enésimo Código Penal de la democracia. La nueva norma pone límites, sin embargo, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en concreto, aclara que “no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos y a las organizaciones internacionales de derecho público”. Tampoco a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El sector público en sentido amplio queda, por lo tanto, al margen de la responsabilidad penal de sus actos. Al contrario que el sector privado. Por todo ello, estamos ante una ley “que obligará a las empresas a ser más vigilantes con sus empleados, en particular las multinacionales mediante la creación de sistemas de control interno”. No es para menos, teniendo en cuenta que el nuevo Código Penal establece que si las personas que materialmente hayan realizado el delito o hubiesen permitido por no haber ejercido el debido control son las mismas, las empresas seguirán siendo responsables “aun cuando dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia”. El catálogo de delitos que pueden cometer las empresas va desde el de estafa al de insolvencias punibles o daños en el sistema de información. Además de los relativos a la propiedad intelectual, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Y la dureza de las sanciones no deja lugar a dudas de lo que pretende el legislador. Desde una multa económica a la disolución o la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la anulación de su capacidad de actuar “de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita”. Pasando por la suspensión de actividades durante un periodo de cinco años. El nuevo Código Penal cierra todas las vías de escapatoria, y lo hace de forma exhaustiva al establecer que para evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser “burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión”, se hacen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta. Y se presume esta circunstancia cuando la empresa  “continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados”.El nuevo Código Penal no sólo castiga el provecho propio por parte de los directivos, sino también las expectativas que pudieran determinarse, lo que supone un salto cualitativo de indudable relevancia. La reforma, igualmente, da una nueva de tuerca la a persecución del delito de información privilegiada. Y en este sentido, se castiga la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofreciesen datos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero. De igual modo, se sanciona la conducta de “quienes, utilizando información privilegiada”, realicen transacciones u órdenes de operación que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros. También para asegurar, en concierto con otras personas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, así como el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero. Otro de los aspectos importantes de la reforma es la lucha contra la corrupción en el sector privado. La idea fuerza en este ámbito, como señala la exposición de motivos,  es que la garantía de una competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. El argumento que se ofrece es que con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, “se rompen las reglas de buen funcionamiento del mercado”.

PERCEBES A 218 EUROS KILO EN A CORUÑA.- Si la semana pasada se quejaban de cotizaciones demasiado comedidas, el percebe escaló este martes en la lonja de A Coruña hasta los 218 euros, marcando así el récord ya no del ejercicio, sino de los últimos tres años. Ese fue el precio al que subastaron los ejemplares que entraban en los 12 kilos que se pusieron a subasta en el Muro, piezas que se extrajeron de los acantilados de la costa de Fisterra y de las rocas de la Torre de Hércules. El tamaño de los ejemplares escogidos para grandes distribuidores y algún encargo a particulares, bien justificó su precio, pero no fueron los únicos que se subastaron en el Muro. Según la crónica de La Voz de Galicia, hasta 1.200 kilos de percebe se vendieron este martes en la rula coruñesa, con un precio medio que alcanzó los 45 euros el kilo. El mínimo al que la subastadora Paco Moinelos vendió los crustáceos fue de 14 euros el kilo, «pero fue al final de la subasta y eran ejemplares muy pequeños», explicó el subastador Israel Martínez. Según este encargado, uno de los aspectos que contribuyen a que suban los precios es que las condiciones meteorológicas del mar impiden que los percebeiros puedan llevar elevadas cantidades a la rula: «Hay olas de 3 y 4 metros y mucho viento. Eso dificulta la labor», asegura. En cuanto al crustáceo que se trae de fuera, Martínez explicó que ayer vendió 30 kilos de percebe francés a una media de 50 euros: «No era mucho, y además el mejor siempre es de aquí». El percebe ya abunda también en los expositores de la plaza de Lugo, donde se vende a entre 25 y 50 euros. Las pescantinas de la plaza auguran que los precios se van a disparar entre hoy y mañana porque todavía no han alcanzado el máximo que deberían por estas fechas. También aprovechan para decir que estas Navidades se está vendiendo menos que otros años.
La cotización que ayer tuvo el percebe en A Coruña fue algo excepcional. El precio máximo por kilo alcanzado en la subasta de las tres y media de la tarde en Cedeira fue de cien euros. Se cotizó incluso más caro el asturiano que se vendió en esa rula: 147 euros el kilo. Que a tres días de la Nochebuena la cotización no sea la esperada, se debe a que el mar no deja faenar en condiciones a los percebeiros, que comercializaron crustáceo «muy malo». Es más, en otra época del año «no se pagarían 100 euros por él, sino 30». En Aguiño, el percebe se pagó ayer a 151 euros, un precio «aceptable», aunque inferior al del año pasado, señaló el patrón mayor. En Malpica, el kilo de los mejores lotes se cotizó a 138 euros.

MARAGALL QUIERE UN PSC CAPAZ DE VOLVER A GANAR.- Convertidos ya en Oposición, los socialistas catalanes, tras su derrota en las autonómicas, debaten su futuro. Ernest Maragall, hasta ahora Conseller de Educació y miembro de la ejecutiva del PSC, explica este miércoles en El Periódico de Cataluña que “ha llegado la hora de la definición clara ante la ciudadanía en todas y cada una de las cuestiones centrales: crisis económica, autogobierno, regeneración democrática...” Según Maragall, “la pregunta no es cuál es el futuro del PSC. La pregunta es cuál es el presente de Cataluña y cómo piensa el PSC que debe afrontarse. El presente de Cataluña es demasiado exigente como para admitir procesos internos que, además, se plantean como plazo un congreso a celebrar dentro de un año. Es ahora cuando hay que afrontar la crisis económica más grave de nuestra historia reciente. Es ahora cuando hay que formular nuevas respuestas para el avance de nuestro autogobierno. Es ahora cuando hay que definir proyectos locales con propuestas solventes para las ciudades y pueblos que en pocos meses vivirán un nuevo proceso electoral. Las respuestas que la ciudadanía espera del gran partido del catalanismo progresista no las encontraremos en un debate endogámico ni en enfrentamientos cainitas. El PSC las encontrará en la propia sociedad, en el esfuerzo compartido con empresarios y trabajadores para definir las nuevas vías de concertación social. Vivimos este presente en un entorno que no admite ingenuidades ni soluciones locales, sino que exige sociedades fuertes y capaces de asumir sacrificios tanto como de abrir nuevos caminos”. Y añade Maragall que para el PSC, la cuestión es de posición. Y que “ha llegado la hora de la definición clara ante la ciudadanía en todas y cada una de las cuestiones centrales: crisis económica, autogobierno, regeneración democrática. Hasta ahora hemos adoptado formulaciones explícitamente reformistas, pero, claro, sólo en la intimidad. Están escritas en el programa electoral e, incluso, impulsadas por el Govern de Cataluña. Pero nunca hemos hecho bandera de ellas ni hemos osado afrontar los riesgos que la ortodoxia electoral les atribuye. Por cierto: ahora lo está haciendo el presidente Zapatero, y en esto merecería algo más que un apoyo parcial y silencioso. El PSC puede y tiene que ser el más dispuesto, el más avanzado en la adopción de criterios claramente expresivos de la alternativa progresista.
Dice luego Maragall, en relación con el autogobierno catalán, que “la situación es aún más exigente”, y se pregunta si . ¿dejaremos en manos de CiU el enésimo capítulo del seudoconcierto o el derecho a decidir? Si realmente queremos construir una respuesta de matriz federalista que contenga los mínimos de bilateralidad y plurinacionalidad protegidos por la Constitución, vieja o nueva, deberemos empezar por aplicarnos el concepto a nosotros mismos. Ahora somos federalistas retóricos, de conveniencia. Nos cuesta Dios y ayuda concretar qué significa el término. Deberemos saber explicar a los catalanes y catalanas qué nación-Estado queremos ser sin por eso negar los lazos de fraternidad que la historia nos ha legado. Del mismo modo, si queremos que todo esto tenga posibilidades de ser apoyado por la mayoría social que decimos querer representar, tendremos que ser punta de lanza de la regeneración democrática, de una nueva concepción de la relación entre política y ciudadanía. Esto implica que el PSC deje de ensimismarse y se atreva a revisar hábitos y reglamentos internos. Para salir al campo libre del contraste de ideas, abandonar la seguridad de la endogamia orgánica y buscar las respuestas donde están: en la sociedad abierta, libre, de ciudadanía individual u organizada que propone, crea, arriesga y contribuye. Lo más absurdo es seguir discutiendo si el debate debe hacerse dentro o fuera, ahora o más tarde. El debate ya se ha abierto, porque así lo pide una sociedad catalana en crisis, frustrada en sus legítimas aspiraciones, con un sistema democrático que, una y otra vez, decepciona las expectativas de la ciudadanía”.
Maragall se refiere seguidamente al futuro congreso del PSC, que no tiene otro interés que el de formalizar en términos de dirección orgánica lo que en buena medida hemos escrito y aprobado ya en las resoluciones programáticas -programa marco, programa electoral-, pero no hemos explicado ni convertido en acción y decisión política. En suma: la recuperación de la coherencia entre la declaración y la actuación. A mi juicio, el PSC tiene dos opciones claras. a) Ser un partido jurídicamente independiente, pero subordinado políticamente, refugiado en un digno municipalismo y sin voz ni presencia propia donde se toman las decisiones trascendentes para nuestra sociedad. Un PSC reducido a su ámbito de actuación visible, liliputiense en la capacidad de tomar decisiones en nombre de Cataluña, empequeñecido en su presencia y representación social y territorial. O b) Ser un partido catalán, sin más. Un partido Gulliver, reanimado, de amplias fronteras. Que desde sus valores y principios, que comparte con otros partidos socialistas, busca el apoyo de la mayoría, ofrece iniciativas y respuestas en todos los campos, empezando por el de la crisis económica. Y que actúa libre y decididamente en todos los ámbitos donde ostenta la representación de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Dicho de otro modo: ¿aceptamos como definición un PSC alineado con las ideas, imágenes y propuestas que nos han traído los peores resultados jamás obtenidos? ¿O bien nos unimos para recuperar el empuje creativo y el catalanismo explícito que en 1999 nos otorgó el mayor grado de confianza obtenido en unas elecciones catalanas? Como es obvio, mi propósito es trabajar desde hoy mismo por la opción más ambiciosa, codo con codo con los ciudadanos y ciudadanas, tantos y tantas, que comparten razones y criterios y muestran la voluntad de hacerlos ganadores”.