LA SENTENCIA DEL SUPREMO CONTRA SORTU, Y LAS ACTAS DE ETA DE LAS NEGOCIACIONES DE 2006-7

ETA RECONOCE QUE EL GOBIERNO NO CEDIÓ NADA
Como era previsible, tras conocer el resultado de la votación que se produjo entre los 16 magistrados de la llamada Sala del 61 del Supremo, la redacción de esa sentencia, de un lado, y del voto particular de los siete discrepantes con la mayoría de los otros nueve. Esos siete magistrados, inclinados a favor de avalar la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, y de este modo, partidarios de permitir a los nuevos “batasunos” a presentarse a las elecciones del mes que viene, entienden que el rechazo a la violencia, incluida la de ETA, que aparece en los Estatutos de Sortu, es razón suficiente y debiera ser tenida en cuenta para adoptar una decisión contraria a la que decidirá la mayoría. Estos siete magistrados “minoritarios” defienden que los Estatutos de Sortu gozan de presunción de legitimidad precisamente por ese rechazo explícito de la violencia etarra, y por ello, debiera haber primado esa presunción, sobre todo por estar en juego derechos fundamentales como la participación política y el pluralismo. Dicho de otro modo: los “discrepantes” entienden que dejar en la ilegalidad a Sortu impedirá que una porción de votantes estimada en el 15-20 por 100 puedan votar a “su opción” y se vean representados por ella en las instituciones... El criterio mayoritario, a su vez, sostiene que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Partidos, tal y como se comprueba en los informes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y en los informes de la Policía y de la Guardia Civil....
Dando por hecha esa sentencia contraria, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya ha advertido que es un hecho que Batasuna está intentando infiltrar a sus representantes en candidaturas de partidos legales. Pero Conde-Pumpido también ha sido tajante al aclarar que "esos partidos se encontrarán con que si autorizan o permiten esa infiltración dentro de sus listas, serán esas listas las que resulten ilegalizadas". Es decir, que los partidos legales se verán infectados y contaminados por la presencia de los abertzales de Sortu-Batasuna. El Fiscal General del Estado indicó a continuación que se está trabajando "en poner todas las trabas posibles a los que denomina Plan B y Plan C de Batasuna, preparados para esa eventualidad . Conde-Pumpido hacía alusión a un eventual intento de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones del 22 de mayo mediante agrupaciones electorales o sirviéndose de coaliciones con otros partidos como sería el caso de Bidu, nombhre que agrupa a EA y Alternatiba. También se refirió Conde Pumpido al comunicado de la Asociaciónd e Fiscales, en el que criticaba que las actas de ETAincautadas al exjefe de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, reflejaban la "instrumentalización política" del ministerio fiscal. Conde-Pumpido insiste en que "todo lo que dice ETA es basura y no tiene ninguna credibilidad" y que "ningún fiscal puede basar sus afirmaciones en lo que digan unos bandoleros terroristas y pistoleros que únicamente incluyen en sus documentos lo que a ellos les interesa. Perfectamente en línea con loq ue han dicho Rubalcaba y Blanco sobre esas comprometedoras actas etarras.
Por cierto, que esas “actas” tienen una nueva entrega, en la que se zanjan con duras descalificaciones hacia el Gobierno. En el informe de la Asamblea de ETA de 2008, un año después de la ruptura de la tregua anterior, la banda terrorista señalaba: "El Gobierno nos la ha clavado". ETA concluye, tras el fracaso proceso de diálogo de los dos años anteriores, entre el Gobierno y la banda, que transcurrió de marzo de 2006 a junio de 2007, que el Ejecutivo no estuvo dispuesto a realizar ninguna cesión política y que lo único que pretendió fue que ETA dejara las armas a cambio de medidas favorables a sus presos. En definitiva, lo mismo que intentaron los Gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, también sin éxito. El informe señala que "el fracaso del proceso se basó en creer que estábamos negociando con un Gobierno que tenía necesidad de negociar con nosotros y en creer que la llave para que el PSOE siguiera en el poder la teníamos en nuestras manos". ETA concluye que ella misma actuó con prepotencia en algunas fases del proceso y que se le olvidó su situación de debilidad anterior al proceso. "Hemos despreciado el poder del Gobierno y al final nos la han clavado", dice textualmente. ETA precisa que "uno de los principales errores de la negociación fue creer que el PSOE estaría dispuesto a buscar una salida al conflicto vasco para mantenerse en el poder". ETA pensó que el que ganara Rodríguez Zapatero, contra todo pronóstico, las elecciones del 14 de marzo de 2004, le daría una imagen de debilidad y que si quería volver a ganar las elecciones tendría que sacarse algo de la chistera. Pero, según reconoce ETA, para su sorpresa, el Gobierno no hizo ninguna cesión política. Empieza por admitir que "el único objetivo del Gobierno era conseguir la desaparición de ETA sin ningún tipo de concesión política",, y que "la intención del Gobierno español a lo largo de todo el proceso, era situarlo en un mero recorrido técnico y en las consecuencias del conflicto (negociación de cese definitivo de la violencia por medidas favorables a los presos), jugando para ello en función de una única estrategia". También señala ETA que "el Gobierno de España, contra lo acordado con la organización [ETA] fijó, a modo de obstáculo, un ordenamiento jurídico frente a la negociación política entre agentes vascos". Y denuncia al Gobierno porque "cuando llegó el momento de cerrar el acuerdo político, no demostró voluntad política para acordar el nuevo marco para Euskal Herria". Parece referirse a las conversaciones de Loyola, celebradas entre septiembre y noviembre de 2006, que se rompieron porque el PSE y el PNV se negaron a aceptar los postulados que ETA impuso a Batasuna. La conclusión de los terroristas es que "el proceso para la resolución del conflicto se rompió sin base política". ETA precisa que "en la gestión del proceso de negociación, el Gobierno español quiso cumplir los objetivos de debilitar lo más posible la lucha de la izquierda independentista y extender la creencia de la necesidad de llevar a cabo un proceso dentro de los límites de la Constitución. Es decir, presentar la imagen de una rendición técnica".
Las actas de ETA habrán satisfecho, finalmente, tanto al PP como a la AVT. No hubo cesión alguna del Gobierno a la banda...