El plan del gobierno para reinsertar a etarras irrita a las víctimas En medio de las preocupaciones económicas y financieras, que han sido centro de atención casi única del Gobierno en sus cuatro meses de existencia, ha resurgido otro asunto diferente que parecía olvidado, pero que tiene unos notables y permanentes niveles de atracción: la reinserción de los etarras presos, o lo que es lo mismo, el final “real” de la banda. Tras el anuncio efectuado ayer, el ministerio del Interior se reunirá este viernes con las asociaciones de víctimas para explicarles los detalles de ese plan de reinserción de presos que ha provocado gran malestar y muchas críticas de una parte del colectivo. En resumen: Los presos de ETA no tendrán que pedir perdón ni siquiera a las víctimas para acogerse a este nuevo plan integral. Bastará con que, por escrito, muestren su renuncia a la violencia y su abandono de la organización terrorista para acceder a esta especie de 'educación para la ciudadanía' que se expondrá en recintos penitenciarios. Esta vía deja abierto el camino al acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco. El plan nace de la llamada “vía Nanclares”, pero es "mucho más ambicioso": consiste en una serie de iniciativas orientadas a que los terroristas conozcan la realidad social y reflexionen sobre su pasado con el objetivo de que vayan dando pasos hacia su integración en la sociedad democrática. Como dijo el ministro Fernández, Nanclares está agotada, y es una vía “cegada”. La política que impulsó el Gobierno socialista tras la ruptura de la tregua de ETA de 2006, ofrecía a los presos de ETA acercamientos a cárceles del País Vasco y beneficios penitenciarios a cambio de cumplir con las exigencias que el Código Penal incluye desde 2003, es decir, rechazo de la violencia, desvinculación de la banda, perdón de las víctimas, pago de las indemnizaciones civiles y colaboración con las autoridades. Dejó de ser eficaz tras el comunicado de ETA de fin de la violencia, del pasado 20 de octubre. Hasta entonces, una veintena larga de presos —de los más de 500 de ETA en España, se habían acogido a esta vía. Desde entonces, nadie lo ha hecho. Los reclusos han confiado en que se produciría alguna negociación; en que habría alguna salida colectiva en forma de indultos, amnistía o, al menos, acercamientos generalizados; y han rechazado cualquier camino individual. Ahora, los internos que se incorporen al programa puesto en marcha por el Ministerio del Interior participarán en "aulas" dirigidas a su educación en valores de convivencia, y podrán incluso ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios en el País Vasco y Navarra, aunque en ningún caso habrá "acercamientos automáticos". Los terroristas accederán al programa de forma voluntaria. No les eximirá de cumplir con los requisitos legales para poder acceder al tercer grado. Pero, en cualquier caso, el acercamiento a las cárceles del País Vasco, ya que el programa está centrado en los presos de ETA, es una decisión discrecional. Se pretende evitar así que los presos que no tengan voluntad de reinsertarse puedan perturbar o 'sabotear' el programa. "Quien no quiere reinsertarse no tiene sentido que forme parte del programa, ya que se requiere una actitud activa por parte del interno", insiste Interior. A partir de ese punto, el plan contiene un programa específico dedicado a la "educación en valores de convivencia" mediante aulas en las que participarán los internos, que también tendrán acceso a cursos de mejora de su "capacitación socio-profesional" orientados a su formación para la inserción en la vida laboral. A la reunión de este viernes con las víctimas asistirán, por parte de Interior, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, órgano del que dependen los internos con delitos de terrorismo. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha confirmado que ha sido convocada al encuentro, aunque todavía no ha confirmado su asistencia. Pedraza ha declarado sentirse "engañada". A su vez, el secretario general del PP vasco y responsable de Justicia del partido, Iñaki Oyarzábal, le ha pedido que confíe en el Gobierno de Rajoy y en su política antiterrorista. En efecto, la indignación ha marcado la reacción de las víctimas al conocer el plan ideado por el Gobierno. La AVT cree que es una "cesión del Gobierno a los intereses de los terroristas y un varapalo para las víctimas" y cree que las nuevas medidas conducirán a "reinserciones interesadas y no verdaderas reinserciones". Desde 'Voces Contra el Terrorismo' (VCT) creen que el proyecto "da continuidad" al proceso iniciado por el Gobierno del PSOE tras la declaración del alto el fuego de ETA, bajo una aparente legalidad para lograr primero el acercamiento de presos y después su excarcelación. La Fundación Miguel Ángel Blanco defiende que toda "medida de indulgencia" es "fortaleza para ETA", mientras que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) considera "indignante" que el Gobierno dé su "beneplácito" a ETA para acercar a sus internos. Sólo Gesto por la Paz se ha mostrado partidario del plan del Ejecutivo e insisten en que es necesaria una nueva política penitenciaria que no esté "supeditada a la política antiterrorista" e instan a "lograr un consenso social y político acerca de la reinserción" de los presos que hayan reconocido el daño causado. En cuanto al Gobierno, afirma Rajoy que el proyecto que ha presentado “no ha cambiado ni cambiará su política antiterrorista”, y señala que el plan de reinserción "no atribuye beneficio penitenciario alguno". Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explica que los terroristas deberán mostrar su voluntad de dejar atrás el terrorismo de manera clara, solemne y pública. La movida de ficha se produce después de cuatro meses de inmovilismo en la política penitenciaria en torno a los presos etarras. Se insiste en que éste es un plan de reinserción individual para tratar de facilitar los acercamientos de reclusos a cárceles vascas, suavizando los requisitos que se exigían hasta ahora, aunque sin eliminarlos del todo. El Ejecutivo busca “un equilibrio complicado”: contentar a quienes le pedían un gesto, como el PNV y el PSE, pero sin enfurecer “del todo” a las víctimas del terrorismo y a ciertos sectores de su propio partido, sin lograrlo. El presidente del Gobierno, el ministro del Interior, o el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, defendieron un mensaje imposible: decir que no había “ningún cambio en la política penitenciaria” y a la vez anunciar un nuevo plan para impulsar la reinserción... Ahora está por ver el alcance real del cambio en las condiciones que se exigen a los presos para ser trasladados a Euskadi. No se conocerá hasta que el programa empiece a llevarse a cabo, aunque una cosa está clara. Hasta ahora, el Ejecutivo condicionaba los traslados a la disolución de la banda. Ahora, ya no.... En cuanto a los medios, hay matices, pero sin entusiasmo: Mayor Oreja y las asociaciones de víctimas de oponen al plan, destaca El País. Dice ABC que el gobierno “confunde a las víctimas”., y destaca que las víctimas rechazan el plan de acercar presos de ETA sin pedir perdón. La Razon sostiene la versión oficial: el plan del Gobierno debilita a la banda, pero debió informarse a las víctimas. Y recoge la versión abertzale, a quienes el plan les parece “una cortina de humo”. La Gaceta habla de sorpresa y estupor, y cuenta que las víctimas consideran una traición que el PP continúe la política de Rubalcaba ante ETA y resucite la vía Nanclares...