La reforma educativa
que propone Wert
Aquí está, ya llegó: se acaba de presentar, la séptima
reforma educativa de la democracia”, ahí es nada. La presenta el ministro Wert,
y de momento, ya obtiene algunas reacciones de radical oposición y rechazo.
Aunque aún está naciendo…
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Dice El País que Wert pone freno a la dispersión
autonómica, y que la reforma educativa reduce el papel de las CCAA en los
contenidos. Wert culpa a las CCAA de los
malos resultados en educación y recorta su margen de actuación. La reforma que
recupera las reválidas, tendrá coste cero. El Ejecutivo fijará más contenidos
comunes para toda España. Cataluña y País Vasco rechazan frontalmente la
recentralización. El ministro afirma que los recursos no son la causa del
retraso educativo. Expertos discuten que la desigualdad entre territorios haya
aumentado. El objetivo es aumentar el número de alumnos en FP. Wert legisla
contra la videncia empírica de que disponemos. Los países que segregan antes
tiene resultados menos igualitarios. Y en su editorial, El País habla de nuevo
viraje educativo, y que el proyecto de reforma facilita la segregación temprana
de los alumnos desfavorecidos.
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Titula El Mundo: Wert contra la dispersión educativa de
las autonomías. Durán considera que incrementar el diez por ciento de los
contenidos comunes se carga radicalmente el Estado autonómico. Insiste El
Mundo: Wert quita poder a las autonomías
ante la dispersión educativa. CiU le acusa de cargarse la Constitución y el PNV
advierte que no lo tolerará. Y destaca: Con dos suspensos no se pasa curso.
Superar la reválida de 4º de ESO implica aprobar también los suspensos
acumulados. El rector de Valencia se suma al boicot estudiantil. En su
editorial, El Mundo le da el visto bueno: Una reforma educativa en la buena dirección,
se titula. En cambio, descalifica la de Zapatero por la tasa de abandono
escolar. Nos parece acertada la reforma, termina diciendo, pero tal vez se haya
quedado corta en relación a las necesidades del país.
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ABC no habla de la reforma de Wert en su portada,
sorprendentemente. En su interior. También le da su visto bueno: Buena reforma
educativa, titula su editorial. Sostiene que el proyecto de Wert suscita
expectativas muy favorables para una educación mejor.. Y en su información del
proyecto, cuenta ABC que la mayor reforma educativa desde 1970 devuelve control
al Estado, y que el Gobierno da luz verde a la futura ley de mejora de la
calidad de la enseñanza, que Cataluña y el País Vasco tachan de
recentralizadota. Considera luego en una serie de puntos las “medidas contra el
fracaso”: Más poder central sobre las asignaturas, se refuerzan las materias troncales,
tres evaluaciones o reválidas, FP Básica, FB Dual y FP de Grado, autonomía de
los centros, sí a la educación diferenciada, Bachillerato con oferta racional,
adiós a la Selectividad y Caen Conocimiento y Ciudadanía. Y el recuento: Siete
leyes orgánicas desde la democracia, recordando que la Ley Villar Palasí estuvo
vigente desde 1970 hasta la Logse de 1990
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La Vanguardia señala en su portada que el Gobierno abre
otro frente al exigir la devolución de competencias en educación. El ministerio
culpa del fracaso escolar ala dispersión autonómica y anuncia una ley para
aumentar los contenidos comunes y recentralizar las evaluaciones. El director
Antich dice que “la séptima, tampoco”. Wert, sostiene Antich, repite los
errores del pasado. La reforma tiene lagunas importantes…. Repite argumentos en
su editorial, titulado La recentralización de Wert:La nueva ley pretende ser un
paso de gran calado en la dirección de una enseñanza unificada en toda España.
Y por ahí van los titulares de su información básica: Reforma centralizadora. El
Gobierno fijará más contenidos comunes y diseñará las nuevas reválidas.
Recuerda las seis leyes educativas anteriores, Loece, Lode, Logse, Lopeg, Loce,
Loe y este proyecto que nace sin consenso. Señala que Wert defiende que la
reforma es práctica y está planteada desde el análisis. Que el sistema de
evaluación ha de ser homogéneo. Y que Educación prevé invertir unos 300
millones de euros desde 2016. Recoge la
Vanguardia, a continuación, la opinión de la consellera Irene Rigau: Esta ley
sólo pretende homogeneizar la educación. La consejera vasca Isabel Celáa, a su
vez, pide la dimisión del ministro Wert. Sostienen en Cataluña que la
evaluación del aluminado es competencia de la Generalitat, que Ensenyament
considera que no debería haber dos pruebas distintas y que la nueva norma
supone un ataque directo al autogobierno.
En otra página, La Vanguardia
explica las clave de la LOMCE: Elegir estudios a los 15 años, enésima
dignificación de la FP, cuatro pruebas dos de ellas reválidas, más horas de
mates, lenguas y ciencias y a la espera del estatuto docente. La LOMCE incluye
un aval para los conciertos a centros que separen por sexos. El Gobierno
apuesta por más horas para las materias instrumentales.
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La portada de El Periódico
de Cataluña también se hace eco este
sábado de la séptima reforma educativa de la democracia, con el título
La Escuela del PP. Y sintetiza: El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que se hagan
reválidas a los 8, 11, 15 y 17 años. La reforma es centralizadora y rebaja en
un 35% el poder de decisión de las autonomías. Señala luego El P de C., que la 'consellera'
de Educació, Irene Rigau, ha advertido de que la reforma de la
enseñanza no universitaria planteada por el ministro José Ignacio Wert y
aprobada por el Gobierno es
"inaceptable" y supone una "ofensiva total" contra la estructura fijada por
el Estatut. En
declaraciones a los periodistas, Rigau ha reaccionado así al anteproyecto de
reforma de la enseñanza no universitaria aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, que prevé que
la administración central aumente su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% del currículo en el caso
de comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto. La propuesta,
presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert,
señala que al Gobierno le corresponde el establecimiento de las competencias mínimas que deben adquirir los alumnos, los criterios de evaluación y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica. Rigau
ha insistido en que no es necesario "recentralizar" el sistema educativo y ha remarcado que al Estado no le corresponde evaluar a cada uno
de los alumnos. Por este motivo, ha advertido de que la reforma impulsada por
el Gobierno es desde el punto de vista competencial "inaceptable". Según la 'consellera', el responsable último
de esta "ofensiva" es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pese a que el
portavoz que ha dado a conocer su contenido haya sido el ministro Wert.
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Titula La Razón, a toda página: Una Educación, una
Nación. El Ministerio unifica los contenidos y resta poder sobre las
asignaturas a las autonomías. Exámenes al finalizar cada etapa. Habrá cuatro
pruebas de nivel de carácter estatal en
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Adiós a Ciudadanía y Cono. Vuelven las
ciencias sociales y culturales y ganan peso Matemáticas y Lengua. Fin de la
selectividad. Se recupera la reválida y las Universidades podrán pedir sus
propias pruebas de acceso. Todo eso en la portada del diario. En su editorial,
habla de Educación de Calidad y sostiene que la reforma de Wert va en la buena
dirección y reducirá la dispersión entre CCAA. Es realista y busca reforzar las
asignaturas básicas, valorar el esfuerzo académico y poner cierto orden en ese
cajón de sastre en el que se mezclan 17 escuelas distintas. Destaca luego en el
pie de foto que el Estado decidirá más contenidos y que estamos ante una
reforma educativa que valora el esfuerzo.. Y a toda plana insiste luego: La
misma educación para toda España. El Gobierno aprueba el anteproyecto de la
reforma educativa que garantiza que los
alumnos adquieran el mismo nivel de conocimientos en todo el territorio.
Educación resta poder a las autonomías sobre los contenidos de las asignaturas.
El aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales gana horas de estudio. Habrá cuatro exámenes
estatales en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Supone el fin de los libros
de texto como herramienta nacionalista. Y Eugenio Nasarre señala que lo
fundamental es centrarse en la calidad y que tenemos una oportunidad para
mejorar nuestra Educación. En otras cuatro páginas más, señala La Razón el
adiós a Educación para la Ciudadanía, que el Bachillerato durará dos años,
tendrá cinco alternativas y desaparece la selectividad, que se elimina “Cono” y
habrá más Lengua y Matemáticas, que la FP se hará a partir de los 15 años y
acorde al mercado laboral, que los directores tendrán más poder y deberán ser
más profesionales, y que es la hora de enterrar los mitos pedagógicos.
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La Gaceta señala en su portada que la nueva ley de educación
unifica 17 modelos distintos. Refuerza el control del Estado en los contenidos
que fijan las Autonomías. En su editorial sostiene La Gaceta que es una buena
reforma educativa, y que es excelente la noticia de la aprobación del proyecto
de ley orgánica. Las líneas del proyecto, insiste, van en la dirección
correcta, y los objetivos de esta
reforma deberían ser saludados a con entusiasmo por todas las fuerzas políticas….
Y a la hora de exponer el proyecto, cuenta La Gaceta que Pert unifica la
educación de las autonomías, y que la nueva ley otorga más poder del Estado
sobre las regiones para evitar una dispersión inmanejable de contenidos
educativos. Facilitará las ayudas a los centros que diferencian por sexo.
Favorece el bilingüismo. Y da otra serie de “pistas”: Más control estatal, sin
selectividad, por sexo, más Matemáticas, Bilingüismo, Fuera EPC, el futuro da
los 15, las cinco vías FP…, y que a la séptima debería ser la vencida. Los
nacionalistas claman contra la reforma educativa de Wert. Consideran que sólo
es una excusa para quitarles competencias. Durán Lleida se pregunta: ¿Por qué
no ejercemos la soberanía?
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En El País, con la firma de Rafael Feito Alonso,
profesor de sociología, se señala que las intenciones de reforma de la
educación del actual gobierno se recogen en un documento de PowerPoint titulado Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la ley de la
calidad educativa. Y que se observa en él una clara voluntad
segregadora. Desde el principio se afirma que todo el mundo tiene talentos
–obvio, por lo demás-, pero enseguida se añade que de distinto tipo. Está
claro, unos tienen talento para el éxito escolar –que son los que irían a los
itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual
–los destinados a la formación profesional o a los programas de cualificación
profesional-. El documento señala que hay países de
éxito que separan en una red académica y en otra profesional a su alumnado a
los 14 años de edad. Sin embargo, omite que igualmente hay países de éxito
–entre ellos Finlandia, líder en los informes PISA- que mantienen el tronco
común hasta los 16 años. Por otro lado, los países que segregan a edades
tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión
entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. Esto
es algo muy claro en Suiza, cuyos cantones tienen distintas estructuras
educativas. En las investigaciones que comparan las evaluaciones
internacionales en primaria –PIRLS- y en secundaria –PISA- se observa un claro
incremento de las desigualdades en los países que segregan tempranamente (sería
el caso de Alemania, cuyo modelo educativo suscita la admiración de Wert). Ni
que decir tiene que el alumnado que vaya a los itinerarios profesionales a
partir del tercer curso de la ESO será víctima del efecto Pigmalión: el profesorado depositará en él bajas
expectativas que se traducirán en malos resultados (la profecía que se cumple a
sí misma). Recuerda el autor que el informe que la OCDE publicó a comienzos de
año titulado Equity and
Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schoolses toda
una enmienda a la totalidad a esta propuesta gubernamental. Por mucho que
choque a la mentalidad de nuestra derecha, la equidad y los buenos resultados
académicos van de la mano y esto es lo que sucede en los países que
sistemáticamente ocupan las primeras posiciones en los informes PISA. Adelantar
la edad de segregación de los alumnos para decidir quién va a la formación
profesional y quién al bachillerato es un colosal error que solo cabe
interpretar en clave de sectarismo ideológico en favor de la división social.
De los 39 países incluidos en el informe sobre equidad, 14 de ellos (Australia,
Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la propia España) mantienen a su
alumnado en un mismo tronco de escolarización hasta los 16 años para, a partir
de esa edad, decidirse por la rama académica –equivalente al bachillerato- o
por la profesional. Es más, el informe cita el caso de Polonia, país que, entre
otras cosas, extendió el tronco común hasta los 15 años, lo que de un modo
unánime se considera una de las razones clave que explica su espectacular
reciente éxito educativo. Lo que propone Wert es legislar contra la evidencia
empírica de que disponemos. Tampoco se entiende la preocupación por aumentar el
porcentaje de alumnos de secundaria superior que opta por el bachiller en lugar
de por la formación profesional. En torno a algo más de la mitad de los
estudiantes de los países considerados en el estudio de la OCDE elige la rama
general de la secundaria superior. Francia y España están levemente por encima
de esta media. También lo están, y en mucha mayor medida, países como Nueva
Zelanda, Portugal, Israel, Reino Unido, Japón o Canadá. Resulta cuando menos
escandaloso que el anteproyecto condene al fracaso escolar, es decir, a la no
obtención del título de la ESO, a quienes cursen los programas de cualificación
profesional. No se olvide que la ESO permite obtener el mínimo de competencias
para desenvolverse cabalmente como ciudadano y como trabajador, que no
conseguir la ESO prácticamente equivale a una condena a la marginación social. Uno
de los temas estelares de la propuesta de reforma es la realización de exámenes
de reválida para pasar de nivel: de primaria a la ESO, de la ESO al bachiller y
al final del bachiller. En primaria, en el área de la OCDE, solo una región de
Bélgica tiene una prueba de este tipo. En el anteproyecto ministerial los niños
y niñas que no aprueben el examen de primaria repetirán curso. El informe de la
OCDE es taxativo con respecto a la repetición de curso: es un gasto simplemente
inútil y no sirve para mejorar el rendimiento. A modo de ejemplo, Corea
universalizó en los años cincuenta del siglo pasado el acceso a la primaria,
pero restringió el acceso a la secundaria por medio de exámenes. Buena parte de
los profesores consideraba que tales pruebas ponían mucho énfasis en la
memorización, de modo que finalmente fueron abolidos en 1974. Hoy Corea, junto
con Finlandia, encabeza la lista de los estudios PISA. Pese a todo, y esto es
un aviso para los navegantes en favor de la cultura del esfuerzo por el
esfuerzo (“el sudor de tu frente”), los niños coreanos dedican la mayor parte
de su energía a memorizar incansablemente como si se tratara de formar a
funcionarios confucianos. Chris Duffy, quien ha sido docente en Boston y en Corea,
se lamentaba de la ansiedad y la angustia que padecen buena parte de los
adolescentes (de hecho una encuesta reveló que nada más y nada menos que una
quinta parte de los estudiantes de secundaria había pensado seriamente en
quitarse la vida). A estas tres reválidas anunciadas hay que añadir la
realización de evaluaciones externas. Creo que poco cabe objetar a la difusión
de exámenes estandarizados que permitan a las familias conocer los resultados
de las escuelas de su entorno o de su preferencia. Los economistas de Fedea
están fascinados con las pruebas de conocimientos llamados indispensables que
realiza la Comunidad de Madrid. Las comparan con las que se hacen en Reino
Unido y cuyos resultados publica la BBC. Sin embargo, estas no tienen nada que
ver con nuestros carpetovetónicos tests.
Allí se informa sobre el gasto por estudiante, el porcentaje de estudiantes con
becas de comedor o el salario de los profesores. Es decir, es posible saber el
valor añadido que aporta cada escuela. El peligro de que la formación se
focalice en los tests es evidente. Jonathan King, un reconocido biólogo
molecular del MIT, envió a sus dos hijos a la misma escuela. Su hijo mayor
aprendió desde la experiencia. Junto con sus compañeros de clase iba a una
charca y tomaba muestras. De hecho, los niños y niñas descubrían criaturas que
este biólogo desconocía. Con su segundo hijo las cosas fueron radicalmente
diferentes ya que ha sido preparado para pasar tests. La experiencia, el
mancharse las manos, han desaparecido. Es de loar la preocupación de la
propuesta ministerial por la introducción de las nuevas tecnologías y por la
mejora del aprendizaje del inglés. Por desgracia, no parece ir más de allá de
un brindis al sol. Ambos aspectos requerirían un aumento del presupuesto y sobre
todo cuestionar algo mucho más profundo y que es el modo en que se enseña, el
cual está más volcado en la repetición de contenidos que en el desarrollo del
pensamiento autónomo o de la creatividad. Por fortuna, la propuesta ministerial
no da la matraca con el cheque escolar. En el informe citado se comenta el caso
de los cheques escolares en Suecia, que se han traducido en una escasa mejora
de los resultados (nula para los alumnos de bajo estatus) y en una creciente
segregación social entre las escuelas. Sabido es, y con esto concluyo, que la
participación de padres y alumnos en el control y gestión de los centros es más
bien una burla creada al amparo de la LODE de Maravall. El anteproyecto lo
termina de rematar al limitar al asesoramiento las funciones del consejo
escolar, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. En definitiva,
estamos ante una propuesta que nos aleja, aún más, de los retos de la sociedad
de la información y del conocimiento. Y lo peor es el apoyo con que esta
propuesta pueda contar entre significativos sectores del profesorado,
especialmente el de secundaria.
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En El Mundo, se destacan las opiniones del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
quien ha asegurado que, "en contra de los que se dice de ámbitos
nacionalistas y socialismo", la Ley de reforma educativa "no es ni muchísimo menos una
recentralización del sistema educativo, sino la apertura a lo que
necesita el sistema".
En la localidad guipuzcoana de Hernani, donde el ministro realizó, junto al
presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti,
una visita a Chillida Leku, Wert ha destacado que "nuestros jóvenes que se
forman hoy en escuelas, institutos e ikastolas, no van a competir con el de la
aldea de al lado ni mucho menos con el de su aldea ni con el de la ciudad, ni
siquiera con el de la región de al lado, van a competir en un mercado global en
el que va a ser muy importante que existan unos contenidos comunes, unos
cimientos sobre los que construir el edificio de la formación". Por su
parte, Basagoiti ha reprochado "la virulencia" de la consejera
Educación, Isabel Celaá,
a la hora de criticar la reforma educativa "que pretende mejorar la
calidad y acabar con la doctrina que en algunos lugares se quiere imponer".
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Señala ABC que, en
el campo de la enseñanza media, las reformas y contrarreformas educativas han
sido la tónica hasta hoy, como pone de manifiesto este breve recorrido por la
legislación básica en España. La actual reforma que ha emprendido Wert probablemente
supone la mayor revolución desde 1970. Y repasa: La LGE, 1970. Comenzamos
con esta ley porque estuvo vigente de forma parcial hasta 1990. La Ley General de
Educación es obra del
ministro José Luis Villar Palasí. Estableció la enseñanza obligatoria hasta los
14 años con la EGB, la Educación General Básica, estructurada en dos etapas.
Tras esta primera fase de ocho cursos el alumno accedía al BUP, Bachillerato
Unificado Polivalente, o a la entonces creada FP, Formación Profesional. La LOECE. 1980.
Tras la firma de la Constitución (1978), la Ley Orgánica del Estatuto de
Centros Escolares (LOECE) fue la primera que se aprobó en el campo de las
enseñanzas medias. Estuvo vigente cinco años e introdujo un modelo democrático
en la organización de los centros docentes. Suárez estaba en el poder. La LODE, 1985.
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) incorporó el sistema de
colegios concertados. El PSOE mandaba. La LOGSE, 1990. La Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), entre otras medidas, amplió la escolaridad
obligatoria a los 16 años; introdujo la ESO y el Bachillerato de dos años;
reguló la educación especial y permitió que las comunidades autónomas no solo
gestionaran los centros educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje
muy importante de los contenidos curriculares. La LOPEG, 1995. Es la Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Conocida como «Ley
Pertierra»; una ley sobre gestión y gobierno de los centros. La LOCE. 2002. La Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promulgada el 23 de diciembre de
2002 por el segundo gobierno de José María Aznar (PP), siendo ministra Pilar
del Castillo, pretendía reformar y mejorar la educación en España. No llegó a
aplicarse. Tras la llegada al poder del gobierno de Zapatero (PSOE), se
paralizó el calendario de aplicación de la nueva ley por medio de un Real
Decreto en 2004. La
LOE, 2006. El
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación
(LOE), que permanece en vigor desde 2006 y que entre otras novedades introdujo
la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. La Religión es de
oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos.
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Ni se han terminado
las siglas, con toda probabilidad, ni mucho menos las opiniones que cualquier
normativa en educación merece y merecerá, por los siglos de los siglos. En esta
ocasión, con las autonomías ha topado, señor Rajoy-Wert…
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