miércoles, 9 de julio de 2014

Fallan las formas y los procedimientos, otra vez El Gobierno se propone cambiar 26 leyes de una tacada y sin debate parlamentario. Es la información más amplia y detallada de algunos diarios, como El País, que se refiere a la rebelión que se ha producido entre los distintos opositores ante este último decreto de la temporada, que el Gobierno pretende aprobar este mismo jueves. Hay coincidencia en señalar que el PP abunda, de este modo, y con este proceder, en su afición a aprobar leyes por decreto y sin el trámite previo correspondiente, de enmiendas y debate en el Parlamento. Recuerda El País que el Gobierno de Rajoy-Santamaría-Gallardón ha utilizado este mismo instrumento del decreto ley para aprobar medidas de ajuste, particularmente en sanidad y educación, y que en lo que va de legislatura, ha aprobado nada menos que 54 decretos leyes y ha presentado más de 70 proyectos de ley. En esta ocasión, el Gobierno pretende que reaprueben de una vez una serie larga de medidas urgentes para el crecimiento, la efectividad y la competencia, como él mismo las define, en bloque, y donde se incluyen desde bonificaciones a la contratación indefinida de jóvenes, hasta la modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o la ley de empleo. El PP argumenta que “esto tiene que entrar en vigor ya”, pero nada justifica tantas prisas, gozando, como goza, de la mayoría absoluta que ha podido emplear a lo largo de todo el año, sin dejar para finales de curso todo este paquete de casi doscientos folios de formas cambiantes, toda esta sonora traca de modificaciones “urgentes” de leyes vivas. De ahí que todos los grupos parlamentarios, con la única excepción del propio PP, hayan manifestado su protesta y su oposición a estos procedimientos urgentes. Es probable que, una vez producida la rebelión parlamentaria, el Gobierno acceda ahora a tramitar el decreto como proyecto de ley para ser convalidado más tarde por el Parlamento, con el correspondiente plazo de enmiendas un poco más sosegado… Pero la revuelta ya se ha producido, y el desgaste del gobierno por el empleo de estos procedimientos inadmisibles y abusivos, también. Porque. Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en aprobar unas cuentas nuevas normas que, en su opinión, procurarían una regeneración de la vida pública. Sobre este particular, los partidos reclaman al gobierno y al PP que resuelta sus propios escándalos antes de ofrecer nuevos pactos. El PSOE entiende que el PP, un partido que se ha lucrado de unas campañas de publicidad pagadas por procedimientos inadmisibles y aún no totalmente explicados, –Gurtel, Bárcenas-, pretenda delimitar ahora cuándo se deben asumir responsabilidades políticas en casos de corrupción… De manera que el PSOE, atento sobre todo a la elección de su propio secretario general, ya ha anunciado que no tiene el menor propósito de llegar a un acuerdo en esta materia con el PP, salvo que lo adopte todo el parlamento. Entiende el PSOE que el PP no tiene legitimidad alguna para proponer esta clase de acuerdos “para regenerar la vida pública” mientras, por ejemplo, sigue teniendo el Parlamento valenciano lleno de imputados, y sin haber dado una sola explicación sobre el Caso Gurtel, o el Caso Bárcenas. Los casos de Sonia Castedo y de Juan Cotino, en el País Valenciano, son ahora mismo dos obstáculos parece que insalvables para llegar algún entendimiento con el PP… Y mientras tato, se producen las explicaciones –un decir- del presidente del tribunal de Cuentas, institución en la que se ha comprobado la existencia de un altísimo porcentaje de lazos familiares entre altos cargos, representantes sindicales y ejecutivos de la alta institución. Alvarez de Miranda, hijo a su vez de quien fue presidente del Congreso, anuncia que va a abordar una reforma de los procesos de selección de personal y ordenará una auditoría interna. Menos mal que esta historia nada modélica nos la contó un periódico, sino, eso duraría eternamente… JOSÉ CAVERO

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