CAMPS, FIGURA QUEMADA.- Francisco Camps, pese a haber superado una primera prueba en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aparece para muchos observadores y analistas como “hombre muerto” a efectos políticos, e inutilizable para nuevos servicios. Entre otras cosas, porque lo que era una sospecha amplia, se ha convertido ya en creencia generalizada de que mintió repetidamente a las Cortes valencianas y a los medios de información, cuando negó, una y otra vez, que hubiera recibido trajes de la trama Gurtel de Correa y El Bigotes. Sobre todo, fue esencial la revelación de su conversación con los jefes de la trama, en la que se exponía con claridad el grado de amistad y entendimiento entre las partes, Camps y El Bigotes. Luego, en efecto, se produjo la instrucción del caso, y las deliberaciones de los tres magistrados valencianos, y el voto particular de uno de ellos, partidario de que el presidente de la Generalitat valenciana fuera sometido a juicio con jurado, tal y como había previsto y anunciado, con gran pavor del afectado, el juez instructor del caso. Eso hubiera sido intolerable, dijeron muchos en el PP, asustados por la mera posibilidad que llegó a anunciarse y se mantuvo unos pocos días.
LAS PRESIONES POLÍTICAS.- Luego, cabe suponer que las muchas presiones políticas hicieron el resto, ya conocido: sobreseimiento de la causa, y recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la instancia que, desde el momento en que aparece uno solo de los muchos aforados del caso –un senador, u n diputado, un presidente de Comunidad autónoma, y unos cuantos diputados de la asamblea de Madrid- debió haberse hecho cargo de todo el caso. Pero nadie quiso ese gran banquillo de los “corruptos del PP”, que tal vez hubieran significado el final mismo de un partido que tropieza de manera permanente con la misma piedra, como ahora estamos viendo en las revelaciones de las que tenemos noticia en la Baleares de Jaume Matas. Es cierto, que en los dos grandes partidos se han cometido desmanes y tropelías, y que probablemente no es razonable siquiera comparar quién tiene más. Y no es menos cierto que la actitud de la dirección de una y otra fuerza política han sido mucho más amables y respetuosas con el presunto autor del crimen de lo que el ciudadano hubiera deseado: Mano dura con el violador de normas, sobre todo cuando tal violación repercute en los gastos de dinero público o en el enriquecimiento personal de unos pocos a quienes se confió la gestión de esos dineros de todos…
UNA CARRERA POR UNOS TRAJES.- Pues bien, Camps, que tenía “unas ganas locas” de verse libre de cualquier culpa en el asunto de los trajes, es seguro que se ve ya con el baldón insoportable de esas dádivas, y acaso con el añadido de presiones políticas no menos soportables sobre la administración de Justicia. Todo lo cual, lo hace “no hábil”, por ejemplo, para repetir su candidatura valenciana o en cualquier otro destino político de relieve. Se acabó una carrera política que tampoco parecía que tuviera mayores propósitos que los de frenar el acceso de los socialistas al “poder valenciano”. De paso, no es improbable que Rita Barberá, también callada tras su inconveniente campaña pro-Camps y contra el cohecho propio o impropio, haya quedado “tocada” definitivamente para la misma tarea de seguir siendo cargo público. Quién podría decir que los trajes de Camps también resultaran inconveniente a la Barberá…
VICTORIA CONVERTIDA EN PROBLEMA.- Una victoria convertida en problema. Así es como definen algunos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana el "día después" del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que archiva la rama valenciana del caso Gürtel. El anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la decisión del tribunal valenciano y la posibilidad de que el Supremo reactive la causa han obligado a los populares valencianos a estudiar los posibles escenarios a los que pueden enfrentarse, con el obstáculo principal de no controlar los tiempos. Y con las próximas elecciones autonómicas a menos de dos años. Es el análisis que nos ofrece el diario El país, este domingo. La falta de estrategia del PP valenciano ante la acusación y posterior imputación por un presunto delito de cohecho contra el presidente del Generalitat, Francisco Camps, ha provocado que, tras este primer "triunfo", sus dirigentes se planteen el diseño de una "hoja de ruta" que aún no está totalmente definida pero sí hilvanada. La idea de negarlo todo, no pensar que las acusaciones del caso Gürtel iban a llegar a una imputación y, por tanto, no tener previstas las distintas etapas de la causa ha sido motivo de crítica en el seno del partido. De momento, el PP ha optado por desplegar un ataque contra el PSOE, en la persona de su secretaria de Organización, Leire Pajín, y contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Aún así, todos, o una inmensa mayoría, saben que ahora toca, para un futuro que va desde tres meses a dos años, ponerse en el mejor de los casos pero también en el peor.
TRAMITACIÓN RÁPIDA O LENTA.- El diseño de la estrategia sitúa como positivo para los populares valencianos que no se cumpla el vaticinio realizado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien dijo que el recurso de casación puede verse en un plazo de entre ocho meses y un año. Prefieren acogerse a la opción planteada por otras fuentes del Supremo que manifestaron la posibilidad de darle una tramitación preferente, por la sonoridad del caso y, dado que no parece tener gran complejidad, deliberar pronto sobre el recurso y resolverlo en tres o cuatro meses. En este caso, se "plantarían" a finales de 2009 o principios de 2010. En ese momento se sabría si la causa se archiva de forma definitiva o sigue adelante. Si se archiva, el PP valenciano podría centrarse en la campaña electoral de 2011 con Camps como candidato. En el caso de que el Supremo decidiera llevar la causa a juicio, o lo que es lo mismo, reabrir la investigación, el presidente valenciano anunciaría su renuncia a presentarse a la reelección pero trataría de agotar el mandato, siempre y cuando el juicio no se celebrara antes de las elecciones. La posibilidad de que Francisco Camps se siente en el banquillo de los acusados siendo presidente de la Generalitat es un riesgo con el que la mayoría del PP no quiere correr.
EL SUPREMO NO ES EL TSJCV.- Los populares valencianos saben que el Tribunal Supremo no es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyos componentes "son de casa". Tampoco quieren olvidar que cuatro de los seis jueces y magistrados que han visto la causa han considerado que existían indicios de delito en los trajes regalados a Camps por la trama de corrupción. En el caso de que la resolución del recurso se demore, los plazos empeoran el escenario. Aunque la decisión del Supremo llegara en el segundo trimestre de 2010, la noticia se acercaría demasiado a la cita electoral y el posible juicio podría incluso coincidir con la convocatoria. Aún así, las posibilidades son las mismas. Si se archiva el recurso de la fiscalía, a celebrarlo por todo lo alto. Y si se abre juicio, la idea es que Camps presente su renuncia a volver a ocupar el Palau de la Generalitat pero agote mandato. El problema es que, durante ese año, el PP estaría continuamente cuestionado y ante el peligro de que las cajas de documentación que obran en el sumario del caso Gürtel contengan alguna otra cuestión que les implique. Bajo su convicción de que el PSOE "maneja a la policía y, por tanto, la documentación del caso", los populares valencianos temen que el tiempo de espera desgaste, de forma irrecuperable, al presidente Camps.
POSIBLE REMODELACIÓN DE SU GOBIERNO.- En lo que sí coinciden alcaldes, consejeros, dirigentes y militantes es en la necesidad de que Francisco Camps aborde la remodelación de un Consell de la Generalitat anodino. Los cambios, previstos para finales de agosto o principios de septiembre, serían el momento oportuno para encumbrar al actual secretario general del PP, Ricardo Costa, que también fue imputado en el caso pero que, en la decisión del Tribunal valenciano, es el que ha quedado en "mejor posición". La incorporación de Costa al gobierno autonómico facilitaría y suavizaría además la salida del actual consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que también se ha visto envuelto en polémicas adjudicaciones a amigos. Al parecer, Camps también aprovecharía para dar más peso a alguno de sus seguidores alicantinos, como el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y así gratificar su fidelidad frente al sector zaplanista que aún pervive en la provincia. Otro de los nombres que suenan es el de la portavoz del grupo popular en Elche, Mercedes Alonso. Sin embargo, el PP confía en obtener esa alcaldía y alejar a su principal baluarte no resultaría recomendable. El PP se enfrenta a unos meses difíciles pero parece haber aprendido que ha de calcular las posibilidades. Y en eso trabajan. En evitar que la victoria inicial pueda convertirse no sólo en un problema, sino en un verdadero fracaso.
LOS LÍOS DEL PP EN BALEARES.- El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decretó a las 04.24 minutos de la madrugada del domingo, a petición de los fiscales anticorrupción, Pedro Horrach, y Miguel Ángel Subirán, libertad bajo fianza de 50.000 euros para el ex-director general de Deportes del Govern en la pasada legislatura y campeón olímpico en Atlanta 96, José Luis 'Pepote' Ballester, y para el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; de 25.000 euros para el director de la empresa de Comunicación Minbus, Miquel Romero, y de 15.000 euros para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, y el jefe de la UTE de las obras de esta infraestructura deportiva, Miguel Ángel Rodríguez. Así, los letrados de los arrestados ya pagaron las respectivas fianzas, con el fin de que sus clientes puedan dormir esta noche en sus domicilios evitando así el ingreso en la Prisión Provincial de Palma. En el caso concreto de Moisés y Pepote, fuentes judiciales explicaron que ambos tienen un plazo hasta el lunes a las 14.00 horas para hacer efectivo el pago de la fianza de 50.000 euros por un delito de malversación de fondos públicos. El primero en salir fue Romero, quien agradeció a los medios de comunicación la espera en los Juzgados, mientras que, posteriormente, salió con aspecto sonriente Durán, quien insistió en que "todo se hizo desde la más absoluta legalidad" y esperó que el proceso judicial sea "lo más corto posible". Quedan a la espera del juicio, donde se les juzga por varios delitos
72 HORAS EN PRISIÓN.- Posteriormente, salió Moisés, quien expresó su "sorpresa" por su detención a la que, según afirmó, "no encuentro explicación, porque en el Palma Arena realizamos un trabajo importante interdisciplinar. Tras él, salió Rodríguez, quien eludió hacer declaraciones a los medios, mientras que finalmente, salió 'Pepote', quien se limitó a desear 'bona nit' y a dar las gracias a los numerosos periodistas que esperaron durante más de 20 horas la decisión judicial. El magistrado adoptó esta decisión, tras una maratoniana jornada de 17 horas de toma de declaraciones en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, que comenzó a las 08.50 horas con la llegada a las dependencias judiciales de los cinco detenidos que habían permanecido durante 72 horas en los calabozos de la Policía Nacional, el plazo máximo marcado por la ley para que una persona pueda permanecer arrestada por la polícia. De esta forma, en caso de que decrete prisión eludible bajo fianza, todos los arrestados podrán quedar en libertad a la espera que se celebre el juicio en el que se determinará si cometieron durante las obras del Palma Arena los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas con funcionarios, si bien no todos estos delitos son imputables a los cinco detenidos.
LOS DELITOS.- Malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas son los delitos Así, a Durán sólo se le imputa un delito de prevaricación, por el que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público entre siete y diez años. Precisamente, la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, se encontraba en la puerta de los Juzgados para abrazar a Durán en el momento en que salió de los calabozos del edificio judicial, al igual que también esperaban desde hace varias horas más de una veintena de familiares y amigos de los cinco arrestados el pasado miércoles, en el marco de la 'Operación Espada'. Castro y los fiscales interrogaron a los cinco detenidos sobre su supuesta implicación en el caso de corrupción del Velódromo Palma Arena, en el que se investiga desde agosto de 2008 la posible desviación para fines privados de 13,3 millones de los cerca de 50 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto final de esta infraestructura deportiva, impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Ejecutivo balear, Jaume Matas. La puesta en libertad de los cinco detenidos, tras pagar sus respectivas fianzas, aunque Moisés la abonará el lunes, se suma a la del ingeniero industrial, Miquel Ángel Verger, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez y el ex-director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, quienes en los dos últimos días también quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional.
PAGOS IRREGULARES.- La causa, que continúa en secreto sumarial, investiga si se cometieron pagos irregulares a los arquitectos y técnicos de la dirección de obra del proyecto del Velódromo de Palma Arena, impulsado e inaugurado por el ex-presidente del Govern, Jaume Matas.El conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, ya aseguró el mismo día de los registros en esta infraestructura deportiva llevados a cabo por los fiscales anticorrupción en noviembre del pasado año que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es "muy elevada", lo que ha generado un agujero en la Conselleria que "va a impedir hacer muchas cosas".
HIPOTECAS BLINDADAS.- Lo que ya se sabía o se imaginaba, nos llega ya con porcentajes: nada menos que la mitad de las hipotecas no se benefician de la rebaja de los tipos, por la sencilla razón de que la banca tiene fijado un mínimo del 3 y hasta el cinco por ciento para 120.000 familias con préstamos. Es decir, por mucho que el Banco Central Europeo haya “tirado” el precio del dinero hasta el uno por ciento, y por más que el euríbor siga en mínimos históricos, será imposible que esas hipotecas, casi la mitad de todas, puedan beneficiarse de tan cómodas condiciones, por la sencilla razón de la actitud de la banca, que bien pudiera calificarse de usuraria o algún término incluso más severo, como “banca ladrona”. En efecto, el dinero está a un bajísimo precio, que muchos bancos ya se anticiparon a esta situación y se blindaron para hacer imposible que esas facilidades llegaran a beneficiar al usuario, e instauró unos mínimos que son evidentemente un latrocinio puro y duro precisamente para quienes tienen más difícil el acceso a los créditos bancarios. De este modo, no es de extrañar que la banca apenas haya padecido la crisis, o en todo caso, que muchos bancos la hayan superado en muy pocos meses, por causa de esos blindajes y de las comisiones con las que funcionan. Como sucede en los casinos, ni el propietario del casino ni la banca pierden jamás. Ni siquiera cabe tal posibilidad, por mucho que se democratice el dinero y sus precios…
JOSÉ CAVERO
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