TRAS CAMPS Y FABRA, DETENCIÓN DE RIPOLL EN ALICANTE, EN UNA OPERACIÓN DE ANTICORRUPCIÒN. MADRID SI REALIZARÁ ABORTOS. EL CASO BONO PRODUCE CHOQUES

TRAS CAMPS Y FABRA, RIPOLL.- ¿Qué extraña maldición persigue al PP de la Comunidad Valenciana? No satisfechos con las dimensiones del Caso Gurtel, que mantiene contra las cuerdas al equipo de Francisco Camps, y cuando el presidente de la Diputación castellonense Carlos Fabra está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, alcanza repentinamente un protagonismo indeseable el también presidente de la Diputación alicantina Joaé Joaquín Ripoll, adversario bien conocido de su compañero Camps. ¿Quién falta en esta relación de pesos pesados? La propia alcaldesa Rita Barberá llegó a aparecer brevemente “en los papeles” y denuncias, apenas alcanzada por los bolsos de Luis Vouiton que regalaba El Bigotes a sus amigos de la trama Gurtel. No es de extrañar que el PP invoque alguna teoría conspiratoria de sus adversarios políticos, y eso explica, posiblemente, que el PP exija al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre el despliegue policial, incluido su coste, de una operación, a su modo de ver, de "resultado desastroso" que provocó la detención y la posterior puesta en libertad del líder del PP alicantino Ripoll.

PONS ATACA SIN MÁS DEMORA.- El vicesecretario de Comunicación de los 'populares', Esteban González Pons, hizo estas declaraciones tras conocer que Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, había quedado en libertad, sin medidas cautelares, si bien el juez instructor podrá citarle para declarar en los próximos días, y entonces eventualmente imputarle. Sostiene Pons que, a la espera de que se confirme que el trabajo de la Policía en Alicante, en su opinión, ha sido "un montaje", el despliegue obedece a "una gran operación publicitaria que no ha conducido a ningún sitio". "Ripoll ya ha sufrido la humillación del día de hoy porque es del PP", apostilló Pons, y por ello, dijo, el PP .exige a Rubalcaba "explicaciones inmediatas" sobre un despliegue policial que ha dado como resultado "la puesta en libertad sin medidas cautelares de todas las personas detenidas en menos de cinco horas". Añadió que “el resultado de esta investigación es tan desastroso para la Policía que tiene toda la pinta de formar parte de un plan" que consistiría
en "investigar a cuántos más dirigentes del PP, mejor". "El día ha empezado con Ripoll detenido y termina con Rubalcaba bajo sospecha", sentenció.

EL LIBERTAD SIN CARGOS.- Por su parte, el entorno del presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular en la provincia, José Joaquín Ripoll, así como sus abogados, confirmaron en la noche del martes que éste se encuentra en libertad después de haber prestado declaración en la Comisaría de Benalúa, en Alicante. El abogado de Ripoll, Fernando Candela, compareció junto a otro de sus letrados, el antiguo Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, y confirmó que Ripoll está en libertad y se encuentra ya en su casa. Candela añadió que la Policía no ha hallado nada en los registros realizados en el domicilio de Ripoll, "ni dinero, más allá del familiar, ni documentación que lo inculpe, ni nada", ha dicho. "Lo único importante que hay que reseñar es que se encuentra en libertad, cansado, pero contento". El abogado no quiso especificar si la Policía ha dejado marchar al presidente de la Diputación, con o sin cargos. Se ha limitado a destacar que "está en libertad, sin más". No obstante, fuentes de la Policía han indicado que Ripoll, como el resto de detenidos en la operación, tendrán que prestar declaración ante el juez durante los próximos días. Ripoll fue detenido en la mañana de este martes, como parte de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrpción y el jugado número tres de Orihuela, junto con el empresario oriolano Ángel Fenoll y de su hijo, así como de tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, los ediles de Infraestructuras, Manuel Abadía; Pedanías, Antonio Rodríguez Murcia; y de Fomento y Calidad Ambiental, Ginés Sánchez, que ha sido el último en abandonar las dependencias policiales.

TRAMA DE SOBORNOS Y SORRUPCIÒN.- Por su parte, el constructor alicantino Enrique Ortiz, fue requerido por la Policía en Pamplona, donde se encontraba de vacaciones para asistir a los San Fermines. Desde allí, se trasladó a Alicante, según su letrado "de forma voluntaria" donde llegó a última hora de la tarde para colaborar con la Policía. La operación se inició con los registros realizados en la sede de la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Orihuela y en las empresas de Ripoll y de Fenoll, en el marco del 'Caso Brugal', presunta trama de sobornos y corrupción en torno a la adjudicación de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja. El comunicado del juzgado explica que, según los casos, se les han imputado los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. Y que se practicaron un total de 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en organismos oficiales, como el ayuntamiento de Orihuela y la Diputación provincial de Alicante, en los que se intervino numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos. La Policía añadió que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas actuaciones. Todos los detenidos deberán comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días.
O sea, que habrá novedades próximamente, y que este culebrón recién iniciado tendrá más capítulos.

EN MADRID SE REALIZARÁN ABORTOS.- Ha creado notable expectación la actitud del PP ante la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto. Ya era sobradamente conocida la oposición del PP a esta ley, que viene a reformar y poner al día la que ha estado vigente 25 años, ocho de ellos con el gobierno del PP. Pero al PP le ha parecido inadecuada esta innovación, hasta el punto de reclamar, primero, que no se debatiera ni aprobara, después anunciaron que sería derogada cuando vuelvan a gobernar, y en fin, enviaron al Tribunal Constitucional un recurso previo cautelar, para evitar que entrara en vigor antes de que el TC determinara si era o no conforme a la Constitución vigente. El TC, sin embargo, no consideró dicha petición, por lo que la ley entró en vigor el pasado lunes, día 5 de julio. Pese a ello, el presidente del Gobierno del PP de Murcia, por su propia cuenta, anunció que su Comunidad no pondría en marcha esa ley hasta que el TC decidiera sobre los argumentos del PP sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que esperará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para acatar la ley, mientras que Navarra también ha presentado un recurso ante el TC y hace tiempo que no permite la realización de ninguna interrupción voluntaria del embarazo en su territorio.

MADRID NO OBJETA.- ¿Y las restantes Comunidades con gobierno del PP? ¿Qué actitud adoptarán, o están adoptando ya? Pues bien, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado que "nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto" y que la Comunidad "no va a obligar a nadie a hacer un aborto". En declaraciones a Telemadrid, Lasquetty aseguró que, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, legalmente, para los profesionales de la Sanidad, "la situación es la misma que en 1985". Para el consejero de Sanidad, "este lunes, día 5 de julio, fue un día triste por la entrada en vigor de la nueva ley del aborto", pero aseguró que España "es un Estado de Derecho y la ley se aplica". La postura de la Comunidad de Madrid es que "hay que cumplir la ley, pero respetamos y preservamos el derecho de los profesionales -médicos y enfermeras- a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia", manifestó Lasquetty. De esta forma, Lasquetty muestra su disposición a acatar la ley, que entró ayer en vigor, a diferencia de Murcia y Navarra, que han decidido no aplicar la norma -Navarra ya lo venía haciendo con la ley anteriormente vigente. "Quien en Madrid quiera hacerse un aborto, puede hacerlo, y puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente, se hace derivando los casos a clínicas privadas", reconoció el consejero.

CRÍTICAS DE LASQUETTY.- Lasquetty rechazó que la reforma legal equipare a España con el resto de Europa y consideró que la nueva norma provocará más abortos. "Ésa es la manera del Gobierno del PSOE de tratar de meter con calzador esta ley, como si por hacer más fácil el aborto fuera a haber menos. Lo más probable es que haya más", indicó. A su juicio, a los efectos de la objeción de conciencia, la situación es la misma que desde 1985, cuando entró en vigor la ley del aborto ahora sustituida por la nueva, de forma que "en la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos, no se obliga a nadie a realizar un aborto y la realidad es que la inmesa mayoría de los profesionales se niegan a hacerlo". "Nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto", ya que hay "reiterada jurisprudencia" sobre ello, del Tribunal Supremo y del Constitucional "amparando el derecho de los médicos a no practicar abortos, si ése es su deseo", argumentó el consejero.
Había un cierto temor de que la Comunidad de Madrid, reacia a poner en marcha otras iniciativas del Estado -como la Educación para la Ciudadanía, la Ley de dependencia o el aumento del IVA-, se sumara también a esta objeción que encabeza o protagoniza Valcárcel...

EL CASO BONO ENFRENTA A COSPEDAL Y TRILLO.- Por lo menos, ésa es la tesis que mantiene una crónica política aparecida este martes en El Confidencial: que la secretaria general Cospedal y el jefe de los asuntos jurídicos del PP, el exministro Trillo, difieren y se enfrentan por las correspondientes estrategias en el caso Bono. Según la referida crónica, la estrategia política y judicial puesta en marcha por el Partido Popular con el caso Bono y dirigida por Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, ha generado cierto grado de perplejidad y descontento en un sector del PP que desearía más contundencia en un asunto en el que se pone en duda el supuesto incremento patrimonial del actual presidente del Congreso, del que ha dado cuenta con detalle, y en dosis diarias en los dos últimos meses, el periódico La Gaceta. Un malestar que ha generado incluso “desconfianza” hacia la figura del ex ministro en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. Sigue explicado El Confidencial que “no son pocos los que creen que el principal partido de la oposición podría exprimir mucho más su acoso hacia el presidente de la Cámara Baja para convertirlo en una especie de chivo expiatorio de otros males que aquejan ahora a las filas del PP, en particular,. Como compensación al Caso Gurtel. Y es que, en este caso del “asombroso enriquecimiento de Bono”, varios medios de comunicación han encontrado un buen filón para poner en duda las numerosas propiedades adquiridas por José Bono y su familia durante los últimos años. Un abultado patrimonio que podría no corresponderse con las retribuciones públicas recibidas por el socialista en sus diferentes cargos públicos como ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso. Además, sus relaciones de amistad y cercanía con empresarios como Rafael Santamaría (Grupo Reyal Urbis), a quien habría beneficiado desde la Junta de Castilla-La Mancha y de quien habría recibido numerosos regalos, podrían considerarse otro supuesto delito de cohecho impropio, tal y como se le imputa al presidente popular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

DOS ESTRATEGIAS.- Así las cosas, la estrategia seguida por el equipo jurídico del Partido Popular ha sido la de presentar ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hasta cinco denuncias en las que el PP se hacía eco de las muy numerosas informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los últimas semanas, en particular por el diario La Gaceta, del grupo Intereconomía. Una estrategia “poco consistente” que no ha gustado mucho en el entorno de Cospedal y que ha sido fácilmente echada por tierra por la propia Fiscalía, que ha reprochado al PP que no haya presentado más pruebas o indicios más allá de las informaciones periodísticas. En efecto, Conde-Pumpido no ha tenido muchos problemas para calificar esa recopilación de artículos de “genéricas sospechas” ante las que no ve “conducta delictiva alguna”. “Las denuncias presentadas al Fiscal General del Estado eran muy flojas, con muy poca chicha”, reconoce un parlamentario del PP a El Confidencial. “Trillo ha presentado un escrito en el que se le dice al Fiscal que hemos leído la prensa. La denuncia como tal no tienen peso jurídico suficiente y es manifiestamente mejorables”, reconoce. Los más críticos con la gestión de Trillo llegan a hablar, incluso, de “desconfianza” hacia él por sus extrañas relaciones con el propio José Bono. Ambos han compartido amistad durante muchos años, si bien el turbio asunto del Yak-42 dejó muy tocada su relación. “Supongo que Bono le habrá llamado a Trillo por teléfono para decirle que cómo le hace esto. Pero no sé si eso le habrá influido, me extraña mucho”, reconoce otro diputado popular. También se menciona una conversación que habrían mantenido Bono y Rajoy, y que no consiguió efecto alguno para el presidente del Congreso.

TRILLO SE DEFIENDE.- Por su parte, en el equipo de Trillo se defienden de estas críticas y explican que la estrategia judicial aún no ha concluido y que deparará, antes de agosto, nuevas actuaciones. Explican a El Confidencial: “Queríamos ver, en primer lugar, cuál era la respuesta de la Fiscalía ante hechos similares como el caso Gürtel y el caso Bono”, dice uno de los abogados del PP. “Y como se demuestra que no actúa igual, hemos decidido que el quinto escrito se presentase ya como una denuncia”. "Es verdad -admiten-, que no se ha hecho como a mucha gente le gustaría, pero creo que estamos llevando a cabo una estrategia política y jurídica mucho más interesante", añade. "Estamos recopilando documentación porque, en definitiva, es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas. No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado, nos parecía un poco temerario”. Pero Trillo, que ha padecido muchas horas bajas dentro de su partido, está ahora siendo también cuestionado por otros asuntos judiciales coordinados directamente por él y que estos días se dirimen en el Tribunal Constitucional. Le reprochan, por ejemplo, que el TC haya tumbado gran parte del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña aunque haya reconocido que sí había motivo para tales dudas de constitucionalidad. Tampoco entienden los más críticos con su trabajo que haya tardado tanto en presentar el otro gran recurso de inconstitucionalidad, el que afecta a la Ley del Aborto. El PP pidió el pasado 1 de junio la suspensión de su entrada en vigor hasta que el Alto Tribunal dictaminase sobre la norma. El TC decidirá sobre esta cuestión en breve, si bien el PP no habrá logrado impedir la puesta en práctica de la polémica norma con la resurrección de un ”recurso previo cautelar”, que sólo se ha decidido a aplicar el presidente murciano Valcárcel...

EL SENADO DEBATE LA RENOVACIÓN DEL TC .- La Mesa del Senado debe resolver este martes una serie de cuestiones pendientes que decidirán si se despeja definitivamente el camino para que en este mes de julio se intente la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuyo cargo expiró en 2007 y entre quienes se encuentra su presidenta, María Emilia Casas. Según explica el diario La Vanguardia, atendiendo a la reclamación del presidente catalán, José Montilla, en el propio Senado, y conocido el fallo del TC sobre el Estatut, el PSOE mantiene su voluntad de que el proceso ahora no se detenga y que se someta a la votación del Pleno del 20 de julio cuatro nombres, pero sólo serán elegidos si PSOE y PP suman sus votos y alcanzan la mayoría de tres quintos que exige la Constitución. Esos aspirantes deberán ser elegidos de entre los enviados por los Parlamentos autonómicos al Senado --Islas Baleares y Asturias renunciaron--.

UN RECHAZO.- Las asambleas enviaron 23 nombres, pero la Cámara rechazó a dos de ellos por no alcanzar los 15 años de experiencia profesional: Enrique López, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PP a través de cinco parlamentos, y Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, candidato por Andalucía. Este último ha sido sustituido por Augusto Méndez de Lugo, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Mesa debe revisar su candidatura en su reunión y dictaminar si cumple las condiciones formales para el puesto. En el caso de Enrique López, sin embargo, el PP ha vuelto a presentarlo como aspirante y ha defendido su idoneidad para el cargo recurriendo las decisiones de la Mesa del Senado. Si ésta no las atiende, algo que debe decidir también en esta reunión, no descarta acudir al propio TC en amparo. A través de los parlamentos autonómicos, el PP presentó en el Senado sólo dos candidatos: Enrique López y Francisco José Hernando. Rechazado el primero, queda el segundo. La portavoz del PSOE, Carmela Silva, aseguró que los dos partidos deben sentarse a negociar y que no es momento de "hablar de nombres", pero aseguró que el PSOE demostrará "máxima apertura al consenso" y una disposición a "escuchar y valorar la propuesta" del PP, como el PP deberá atender la oferta socialista. No obstante, aclaró que si este proceso a partir de los candidatos autonómicos fracasa, si no hay acuerdo sobre cuatro nombres, el PSOE exigirá volver a empezar los trámites en el Senado. Una segunda vuelta en la que ya no participarán las Comunidades, sino sólo los grupos parlamentarios, como ocurría antes en la Cámara Alta y como trabaja el Congreso para elegir a sus cuatro magistrados.

LOS OTROS ASPIRANTES.- El resto de aspirantes propuestos por las asambleas legislativas son: Fernando Valdés Dal-Re (Madrid); Óscar Bosch Benítez y Óscar González González (Canarias); Luis Ignacio Ortega Álvarez (Castilla-La Mancha); Ángel Juanes Pérez (Extremadura); José Francisco Cobo Sáenz y Manuel Pulido Quecedo (Navarra); Marcos Sacristán Represa (Castilla y León) y Nicolás Maurandi Guillén (Murcia). También son candidatos Luis Martín Rebollo (Cantabria); Jesús Delgado Echeverría (Aragón); Encarna Roca i Trias y Antoni Rovira i Viñas (Catalunya); Adela Asúa Batarrita y José Luis Aurtenetxe Goiriena (País Vasco); María del Carmen Catalán Martínez (Andalucía); Nemesio Barxa Álvarez y Josefa Otero Seivane (Galicia); Manuel Ortells Ramos (Comunidad Valenciana) e Ignacio Espinosa Casares (La Rioja).
Si se dan estos pasos, el Senado tendrá ya el próximo martes 22 nombres sobre los que empezar a trabajar. Todos ellos serán llamados a comparecer en la Comisión de Nombramientos, que podría ser convocada para la semana del 12 de julio. Escucharán a todos y deberán elegir cuatro nombres, que se someterán a la votación del Pleno, tal vez el del día 20 de julio.
¿Saldrá adelante, esta vez, la propuesta de renovación que en su día pactaron Zapatero o Rajoy, o seguirá viéndose impedida por la resistencia a aceptar el nombre del popular Enrique López? Esa es la cuestión.

FRAGA DISPARATA DE NUEVO.- Puede resultar sorprendente que, a su edad, y en sus condiciones, Manuel Fraga siga siendo reclamado para opinar sobre lo que sucede en España, pero así es. Fraga ha vuelto a hacer “pareja” con Carrillo, también reclamado para dar su correspondiente visión de la España de ahora mismo. Esta vez ha sido el New York Times, el que ha buscado grandes titulares en el exministro de Franco, ex fundador del PP, ex presidente gallego y senador y dirigente del PP, y en el exdirigente del PCE y jubilado escritor “rojo” . Pues bien, Manuel Fraga, entre otras cosas, ha criticado el burka en una entrevista al diario neoyorquino, por considerar que las mujeres que lo usan son peligrosas. "Hasta un burro entendería que alguien a quien no puedes ver es un peligro potencial", ha asegurado al periódico estadounidense.

FRAGA CON ACRRILLO.- The New York Times ha querido hacer balance de la actualidad de España con el fundador del PP y con el ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, en una entrevista a dos bandas en las que repasan desde la crisis hasta la marcha de Garzón a La Haya. Precisamente, Fraga se muestra muy crítico con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, que fue suspendido por tratar de investigar los crímenes del franquismo, régimen del que el senador conservador formó parte. Fraga se alegra de la sanción al juez y piensa que Garzón "debería de estar lo más lejos posible de España". En un lejano exilio... Carrillo, por su parte, replica recordando que "Franco encarceló y fusiló a sus enemigos tras la guerra, al tiempo que rehabilitaba a sus muertos, algo que está por ocurrir con las víctimas". Por su parte, el senador del PP no cree que la sombra de Franco esté aún presente en la sociedad española. "Franco no dejó huella", asegura Fraga, quien no pensó que "fuera el final" cuando falleció el dictador, sino que pensó que se abría la puerta "a nuevas oportunidades". ¿No hay ya huellas del franquismo? “Que venga Dios y lo vea”, que diría doña Esperanza. En la entrevista, ambos hacen referencia a la crisis económica que sufre España. Los dos coinciden en que la situación es crítica, pero cada uno lo ve de un modo distinto. "La confianza que había existido entre Zapatero y los sindicatos se ha roto", reconoce Carrillo. Fraga, por su parte, es más duro. "Zapatero no es el hombre correcto para este momento"