ZAPATERO MATIZA SU OPINIÓN SOBRE EL FALLO DEL ESTATUT. ALGUNOS CATALANES SE HAN PASADO AL INDEPENDENTISMO. EL PARO DESCIENTE DE LOS 4 MILLONES.

ZAPATERO ESCRIBE SOBRE EL ESTATUT.- Aunque todavía no se ha divulgado la sentencia del Tribunal Constitucional con los argumentos que explicarán los recortes que ha sufrido el texto aprobado por el Parlament y por las Cortes españolas, y “recusado” o recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo Múgica y alguna otra institución, lo cierto es que cada cual tiene ya su propio criterio sobre lo que ha sucedido con ese texto tan largamente considerado por los magistrados, y con su futuro. Los diarios de este domingo abundan en esa clase de argumentaciones, empezando por la que expresa, en un artículo que firma en La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que probablemente pretende eliminar la mala interpretación que dio a sus palabras el líder de CiU, Artur Mas. Para Zapatero, como ha dicho estos días con reiteración, está claro que “el Estatut no rompía España, sino que profundizaba en el modelo autonómico. Y la sentencia que ha enjuiciado su constitucionalidad, lejos de frenar este avance, lo consolida”. Según Zapatero, el Estatut ha sido objeto de muchas interpretaciones desde que fue aprobado por los ciudadanos catalanes; y la sentencia lo está siendo desde el pasado lunes. Dice el presidente que a la espera de conocer su fundamentación, quisiera poner de manifiesto algunas conclusiones que, en su opinión, se derivan ya del fallo hecho público y de la propia vigencia del Estatut. Y llega seguidamente a la conclusión de que tras la sentencia del Tribunal, Catalunya cuenta con el más alto grado de autogobierno que jamás haya conocido. El tribunal ha considerado plenamente constitucionales las atribuciones competenciales, de participación y financieras, que el Estatut incluía tras su aprobación por las Cortes Generales.

COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT.- Añade que la Generalitat tiene hoy todas las competencias que los ciudadanos catalanes quisieron reconocerle hace cuatro años: las que tenía sobre educación, sanidad, instituciones o el sistema financiero en Catalunya; y las nuevas sobre autorizaciones de trabajo a inmigrantes, nuevas tecnologías, inspección de trabajo o transporte de cercanías, ya objeto de traspaso; las facultades de participación en las instituciones europeas o las de intervención en las decisiones estatales sobre diversos aspectos previstos en el Estatut. Hoy, tras la sentencia del tribunal, -añade Zapatero- Catalunya cuenta con el sistema de financiación que mayores capacidades le ha reconocido en su historia. El que se ajusta a los principios del Estatut y el que las instituciones catalanas consideraron justo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la sentencia del tribunal, los ciudadanos catalanes cuentan con todos los derechos que quisieron ver proclamados y reconocidos en el Estatut y que habilitan a las instituciones catalanas a regular, por ejemplo, el derecho a una renta mínima de ciudadanía, a la vivienda digna o a vivir con dignidad el proceso de la muerte. También los derechos lingüísticos; los catalanes ven cómo su Estatut incluye, en los mismos términos que cuando se aprobó, el reconocimiento de sus elementos identitarios y símbolos nacionales.
También repara en los recortes sufridos por el texto: el Estatut pierde sus referencias al obligatorio carácter preferente del uso de la lengua catalana, al Consell de Justicia de Catalunya, a algunos condicionamientos de las normas básicas estatales, a la exclusividad de las competencias del Síndic de Greuges, al carácter vinculante para el Parlament de Catalunya de las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, al esfuerzo fiscal comparable y a las competencias de la Generalitat sobre tributos locales. Por tanto, las declaraciones de inconstitucionalidad se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de trescientas cuestiones impugnadas. Además, pudiera ser que en alguno de esos limitados casos, el tribunal no objetase tanto el fondo de la regulación como su inclusión formal en una norma estatutaria. En tal hipótesis, no se impediría que esa regulación se aborde por el cauce constitucionalmente procedente.

VALORACIONES SOBRE EL PROCESO.- Hasta aquí, dice Zapatero, lo que, a mi juicio, se desprende del fallo del Tribunal Constitucional, pero me importa más añadir, como presidente del Gobierno, una doble valoración general sobre lo que supone el proceso de reforma estatutaria que aquel ha venido a convalidar, como consecuencia de la respuesta que ha tenido que dar al recurso que globalmente lo ponía en cuestión. Después de la entrada en vigor del Estatut de Sau, la aspiración de reformar y actualizar la voluntad estatutaria era muy mayoritariamente asumida por las fuerzas políticas y los ciudadanos de Catalunya. De hecho, cuando el partido socialista vence en las elecciones generales de aquel año, el proceso de reforma ya se había iniciado. A partir de mi arraigada convicción –la misma hoy que entonces– tanto de la fuerte identidad política de Catalunya como de la capacidad de nuestro sistema constitucional para reconocerla, y, en general, de la condición de las comunidades autónomas como actores políticos e institucionales muy relevantes de nuestra democracia, me comprometí a coadyuvar al buen fin de esa decidida voluntad de reforma. Precisamente, dada la relevancia que en nuestro sistema tienen los estatutos de autonomía, el proceso para llevar a cabo su modificación reviste una cierta complejidad, cifrada en el singular diálogo político-institucional que se establece entre dos Parlamentos, el de la comunidad autónoma y las Cortes Generales. Estas tienen la última palabra, a reserva de que sea preceptivo el refrendo popular. Pues bien, tan importante me parecía y me parece, para preservar nuestra convivencia, haber reconocido la expresión de una voluntad política tan mayoritaria, como demandar simultáneamente el respeto a los cauces, reglas y procedimientos establecidos para convertirla en derecho aplicable. En este caso, ese respeto a las reglas y a los procedimientos había de extenderse, como consecuencia del tipo de impugnación que se interpuso, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el conjunto del nuevo Estatut.

HEMOS COMPLETADO EL PROCESO.- En su explicación, concluye Zapatero que “hemos completado el proceso. El Estatut era ya norma vigente, pero ahora además, tanto en lo que respecta a la gran mayoría de sus preceptos no afectados por una declaración de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, como a los que sí lo han sido, no pende sobre él la incertidumbre, para su aplicación y desarrollo futuros, que derivaba de un recurso –que lo cuestionaba desde su misma raíz– pendiente de resolución. Y de ahí mi satisfacción. Mi doble satisfacción: por el esfuerzo realizado para dar cauce a la voluntad de reforma, y por haber ésta prosperado en sus objetivos esenciales al amparo del marco constitucional. Y soy muy consciente de las dificultades de todo tipo que ha habido que sortear, así como de que habrá de transcurrir algún tiempo hasta que cicatricen algunos de los rasguños que la controversia política, demasiado acre en ocasiones, ha abierto entre nosotros”.
Extrae el presidente una segunda “consecuencia de la anterior”: El acatamiento de la sentencia conduce a reconocer, por todos, y con mayor intensidad si cabe, la capacidad de innovación normativa del Estatut, su íntegra aplicación y las posibilidades de su desarrollo. El Gobierno de España ha contribuido desde su entrada en vigor a esa aplicación y a ese desarrollo. Ahora se abre un escenario más seguro, un horizonte de posibilidades a explorar, un camino que recorrer. Como siempre, pueden surgir discrepancias concretas o visiones parcialmente distintas sobre las mismas, que nos induzcan a discutir y a negociar. Forma parte de la fisiología –que no de la patología– del sistema. Por todo ello, ésta es una buena ocasión para mirar con normalidad al futuro, al futuro de España y al de Catalunya. Un futuro conjunto de convivencia natural basado en el compromiso con la España constitucional, con la España democrática, de la que la identidad política de Catalunya forma parte irrenunciable”.
RECHAZO EN CATALUÑA, SATISFACCIÓN EN ESPAÑA.- ¿Cómo es posible que en Cataluña la sentencia sobre el Estatuto haya provocado una conmoción política de rechazo, mientras que en el resto de España se ha visto con satisfacción?, se pregunta este domingo el diario El País, antes de proporcionar los datos de una encuesta, según los cuales, la respuesta está en el 61% de catalanes que considera que la resolución del Tribunal Constitucional es un agravio para Cataluña, frente al 55% que no comparte ese planteamiento en el resto de España. Hay divorcio en la opinión y la percepción de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, según la encuesta de Metroscopia. Como la hay entre la posición de los gobiernos de España y de Cataluña, pero en ningún caso los encuestados sostienen que haya riesgo de ruptura tras la sentencia. El "España se rompe" parece no calar, porque el 51% de los catalanes asegura que el fallo no aleja a Cataluña del resto del Estado y el 58% de los ciudadanos españoles comparte esa opinión. Sólo lo cree el 79% de los votantes de ERC. La encuesta explica cómo los partidos catalanes, salvo el PP, se han subido a la ola de la opinión mayoritaria entre sus ciudadanos, contraria a la sentencia. En vísperas de las elecciones autonómicas de otoño, todas las formaciones catalanas buscan la forma de canalizar y rentabilizar ese sentimiento ciudadano, con la única excepción del partido que recurrió el Estatuto, el PP. El victimismo es rentable. En el resto de España, el sentimiento mayoritario, según la encuesta, está más en línea de la opinión expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valorando de manera positiva la sentencia y apuntando al final de un proceso que terminó por ser el centro político de la pasada legislatura. Más revelador aún de la posición de dureza de los partidos catalanes es el análisis de los datos en función de la posición política de los encuestados. El porcentaje de rechazo es proporcional al teórico grado de nacionalismo de cada partido. Así, entre los votantes de ERC, un 97% se suma a la tesis del agravio a Cataluña. Cabe recordar que esta formación independentista no apoyó el Estatuto en el referéndum de 2006.
NACIONALISTAS Y SOCIALISTAS.- Entre los nacionalistas de CiU, el porcentaje de ciudadanos que ven un perjuicio a Cataluña es del 79%. Y en el PSC es del 54%. Estos dos partidos, que se disputan la presidencia de la Generalitat, encabezan también ese frente para encauzar políticamente el malestar ciudadano por la sentencia. Obviamente, en el resto de España hay más votantes del PSOE que del PP críticos con la sentencia. De esas posiciones mayoritarias no sale bien parado, en todo caso, el Tribunal, que ha tardado más de cuatro años en dictar sentencia, que ha protagonizado episodios de filtraciones, recusaciones, enfrentamientos internos y cambios de ponentes sin precedentes. Y que ha dictado una de las sentencias más polémicas de la historia constitucional con un tercio de sus miembros en precario por la incapacidad del PSOE y del PP para proceder a su renovación después de más de dos años y medio. El largo y tortuoso episodio de la sentencia sobre el Estatuto ha dejado la institución tocada, según demuestra la encuesta. El 54% de los catalanes niega legitimidad al Tribunal para dictar esta sentencia. Incluso, solo el 39% de los ciudadanos del resto de España defiende la legitimidad del Constitucional con su actual composición, aunque en este caso la opinión crítica no sea la mayoritaria. Y en esta situación de duda, ¿Cómo salimos de esta? La opinión mayoritaria en Cataluña y en el resto de España es que debe buscarse una salida con una negociación entre la Generalitat y el Gobierno central. Más o menos lo mismo que pretende hacer Zapatero con José Montilla, una vez que se conozca el fallo completo del Constitucional. El 62% de los catalanes aseguran que ambos ejecutivos deben negociar "las reformas legales y estructurales necesarias para que resulte constitucional lo que ahora ha sido rechazado por el Tribunal". Es decir, buscar la manera de recuperar reivindicaciones de los partidos catalanes incluidas en el Estatuto. Por ejemplo, el capítulo referido a la Justicia que podría ser incluido en una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El porcentaje baja al 44% en el caso de los ciudadanos del resto de España. Y hay discrepancia sobre otras posibles salidas, como un nuevo referéndum o la celebración de una manifestación. La primera opción no la defiende ningún partido catalán, pero es apoyada por el 55%. Y la rechazan mayoritariamente el resto de españoles.
LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA.- Lo que sí han hecho los partidos catalanes, excepto el PP, es convocar una manifestación para mostrar su rechazo a la sentencia. Y, según la encuesta, tienen apoyo suficiente para hacerlo, de un 52%. La mayoría de catalanes rechaza, por contra, la celebración de elecciones anticipadas, tal y como pide CiU. La encuesta muestra que Artur Mas está cerca de la mayoría absoluta, con un porcentaje de voto de 39%. La muestra impide hacer la traslación a escaños y se aprecia un ligero retroceso de CiU, quizás por el desgaste del caso Millet. El PSC, con el 24,7%, perdería dos puntos respecto a los anteriores comicios. ERC tendría casi la mitad del apoyo logrado hace cuatro, quedando en torno al 7.5%. Si algún día Catalunya se proclama independiente, a nadie debería extrañarle que en el panteón de los padres de la patria se reserve un espacio muy noble para los miembros del Tribunal Constitucional (TC). La tan esperada sentencia sobre el Estatut ha caído como una bomba de relojería en Catalunya. Pero no se trata de un tsunami de efecto inmediato. Es más, probablemente ni siquiera tenga efectos visibles a corto plazo: el PSC seguirá hablando de federalismo, CiU puede que sostenga a Zapatero hasta el final de la legislatura, todo apunta a que Esquerra Republicana (ERC) caerá en las elecciones de otoño, miles de catalanes seguirán a La Roja con el corazón en un puño...
AVANZA EL INDEPENDENTISMO.- Y, sin embargo, el corrimiento de tierras es muy profundo y a medio plazo puede modificar completamente el paisaje. Muchos federalistas y autonomistas que llevan más de 30 años tratando de cambiar España entonan públicamente el RIP. Y aquí reside la importancia de lo que está pasando: la opción directamente independentista se ha abierto paso por vez primera en el espacio central de la política catalana. "El Tribunal Constitucional se ha convertido en un amigo extraordinario del separatismo. Ha trabajado para ellos con gran eficacia. La señora María Emilia Casas y sus compañeros se han ganado dos vueltas al ruedo, dos orejas, un gran monumento de los independentistas". Quien así se expresa es el siempre ponderado catedrático de Sociología Salvador Giner. Un hombre moderado, progresista, íntimo del ex president Pasqual Maragall y que ahora preside el Institut d'Estudis Catalans, una de las señas de la sociedad civil catalana que han saltado de indignación al conocer la sentencia. La sensación general de hartazgo y de final de etapa se ha impuesto en las capas centrales de las élites políticas. A estas alturas, ya no importa tanto el debate técnico o las razones de unos y otros. Tampoco la discusión cuantitativa de si la sentencia respeta el 95% o el 98% del Estatut. Tras tantos años de negociación, de pacto en el Parlament y en el Congreso, se ha extendido la sensación de que no hay nada que hacer. Así lo viven subjetivamente, tengan o no razón, muchos de los que hasta ahora apostaban desde Catalunya por la España plural. Están escribiendo el último capítulo de su libro. Y no tiene final feliz. "La sentencia no es la causa de lo que está pasando, pero sí el precipitante. Ha acelerado el proceso, que es muy de fondo y que tendrá indudablemente consecuencias a diez años vista", apunta Joan B. Culla, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Culla acaba de radiografiar las causas de esta mutación catalana en La década de las decepciones, una conferencia importante que expuso recientemente ante Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla en la presentación de un libro que recoge las entrevistas en L'Avenç de los presidentes de la Generalitat y que la emblemática revista de la intelligentsia catalana también ha publicado.
LOS DEMARAGALL SON INDEPENDENTISTAS.- "El catalanismo de CiU creía a principios de la década pasada que daríamos un gran salto y acabó recibiendo un gran guantazo de Aznar. Y ahora el catalanismo de izquierdas creía que nos llevaría a un gran avance y ha recibido una paliza. El camino seguido por ambos está agotado", concluye. La larga marcha de las posiciones independentistas hacia la hegemonía en Catalunya es lenta, pero parece inexorable. En la década de 1980, no había ningún partido separatista en el Parlament. En los años noventa, ERC dejó el federalismo y abrazó el independentismo. En la década de2000, lo hizo la nueva dirección de Convergència Democràtica (CDC), el llamado pinyolque creció bajo la protección de Jordi Pujol y que aspira a superar al padre por la vía de la independencia. Y en 2010 se está apuntando el maragallismo, un sector cualitativamente importantísimo del PSC, el otro gran partido central de Catalunya. "Yo no soy independentista en términos políticos, pero si España no me da un Estado eficiente, tendré que hacerme independentista. No podemos afrontar una crisis como esta sin un Estado eficiente, y si algo ha quedado claro con este proceso, tras cuatro años de espera y un tribunal caducado, es que España no lo es", sostiene Ferran Mascarell, uno de los hombres de confianza de Maragall en el Ayuntamiento de Barcelona y luego en la Generalitat. Mascarell es quizá el mayor peso pesado del poderoso aparato cultural del maragallismo. Y su hartazgo es estruendoso: "Ya no se trata de discutir la sentencia en sí, sino de constatar el retroceso democrático y de valores. Los que llevamos 30 años apostando por una España plural vemos que esto no parece posible. Ya sólo serviría una España confederal, de igual a igual. Y si tampoco es posible, entiendo perfectamente la independencia". La gran mayoría del entorno de Maragall ya es abiertamente independentista. Algunos desde hace tiempo, como el filósofo y ex senador Xavier Rubert de Ventós. Y el arquitecto Oriol Bohigas, presidente del Ateneu Barcelonès y mente ordenadora de toda la admirada reforma urbanística de Barcelona 92.
EL PARO BAJA DE LOS CUATRO MILLONES.- Por tercer mes consecutivo, en junio se han reducido las cifras de parados. El pasado mes, en efecto, ha traído trabajo a casi 84.000 españoles en paro, un dos por ciento, con lo cual, la cifra total de parados registrados rebaja la cifra de los cuatro millones, aunque todavía está muy próxima a esa barrera: 3.982. 368, exactamente. Por primera vez desde diciembre de 2009, los parados registrados por el INEM son menos de cuatro millones. También es destacable el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social... Son, en todo caso, cifras alentadoras, sobre todo por lo que suponen de tendencia. Parece, efectivamente, que se ha comenzado el deseado descenso de esas cifras de vértigo que hemos padecido en los dos últimos años, como consecuencia directa de una crisis que se ha llevado por delante a miles de empresas y a casi un sector de actividad, el sector inmobiliario. Claro que todavía es un ritmo insuficiente para regresar a la situación anterior a la crisis, cuando se llegó a soñar con un teórico “pleno empleo”, y cuando nuestro país creaba más puestos de trabajo que ningún otro país de la Unión Europea. Con igual rapidez se produjo la destrucción de puestos de empleo que ahora mismo, todavía, padecemos, y que duplica, prácticamente, la tasa española, de más del 18 por ciento, con relación a la comunitaria.
NUEVAS ESPERANZAS DE CONTRATOS.- Los datos de junio coinciden con la aprobación de una reforma laboral que, transformada en ley, se confía que ayudará, con las más favorables condiciones del mercado, a facilitar las circunstancias para la creación de empleo. Es posible que el próximo recuento que divulgue el INEM traslade ya, y convierta en cifras, esas nuevas esperanzas de contratos estables y, al mismo tiempo, de más fácil asimilación por los empresarios. Nadie duda que el empresario y la empresa son elementos sustanciales en esa necesidad nacional de crear empleo, y que la reforma del mercado del trabajo se ha hecho, y se terminará de hacer, precisamente pensando en ellos y en proporcionarles las mayores facilidades. Se trata de crear las condiciones más favorables para que haya empresarios y para que éstos se animen a crear puestos de trabajo, o, en su caso, a incrementarlos. Y para ello se recurre a subvencionar, sobre todo, a los propios empresarios jóvenes y a los jóvenes en paro. Hay análisis de expertos que invitan a pensar que resultará muy difícil la recuperación para puestos de trabajo de “los mayores”, entendiendo por tales a actuales parados de más de cincuenta años, a quienes ha podido llegarles ya una jubilación anticipada imprevista e inevitable. Por el contrario, todos insisten en la necesidad de estimular la creación, primero, de hombres de empresa, emprendedores jóvenes, e ideas sobre las que asentar empresas nuevas y con futuro. Ya hay asociaciones de jóvenes emprendedores dispuestas a participar con el mayor entusiasmo en la nueva etapa que tiene que iniciar ahora la economía española. Pero todo será mucho más difícil si se resisten las “condiciones básicas”: la recuperación de la confianza, el clima de que se empieza a salir de la recesión y se aleja la crisis, una normativa laboral que invite a la inversión y no disuada... Todo ello cooperará de manera sustancial en que los datos del paro vuelvan a tiempos mejores, cuando se aspiraba al pleno empleo y se batían récords de nuevos trabajadores...
LA ÚLTIMA “MALDAD” DE FEDERICO TRILLO.- En el PP todos saben de la creciente influencia y poder de los que dispone el exministro de Justicia y expresidente del Congreso, Federico Trillo. En su condición de jefe de la asesoría jurídica del PP, por sus manos pasan todas las cuestiones que tienen que ver con los tribunales, desde el Caso Gurtel a la sentencia del TC sobre el Estatut catalán. A Trillo se le atribuye la estrategia que ha conseguido que se tachen del sumario las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gurtel con sus abogados, abogados que el propio Trillo “controla”. Trillo determinó los mensajes que Soraya Sánez de Santamaría difundió apenas se tuvo noticia del fallo del TV sobre el Estatut. Y a Trillo se atribuye, asimismo, la estrategia que pretende que vuelva a tener validez, en el caso del aborto, el recurso ante el TC por el que aspira a conseguir la suspensión cautelar -la suspensión cautelar de las leyes se suprimió hace años- de la ley del aborto. En efecto, el Tribunal Constitucional deberá decidir la próxima semana si paraliza la Ley del Aborto, que entra en vigor el lunes, hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el PP. Como pone de relieve El Confidencial, curiosamente, la suspensión cautelar de dicha ley, por la que antes nadie apostaba al darse sólo en casos excepcionales, está más cerca de lo que cabría pensar gracias a un hombre: el magistrado Eugenio Gay. Y explica este trabajo periodístico que los once magistrados admitieron a trámite el recurso, pero no han resuelto sobre la petición del PP de dejar en suspenso la norma. Prefirieron dar un plazo de tres días a las partes para que presentasen sus alegaciones. Es decir, además del PP, deberán informar, o lo habrán hecho ya, Gobierno, Senado, Congreso y Ministerio de Justicia.
LOS MAGISTRADOS DEL TC.- La referida información de E l Confidencial hace un recuento de las posiciones de los magistrados del TC en este asunto: Los cinco magistrados conservadores no están dispuestos a aceptar algunos preceptos de esta reforma que promueve el Gobierno y concretamente la ministra de Igualdad Bibiana Aído, e incluso estarían dispuestos a hacerle frente. Sin embargo, esta oposición no parece suficiente para tumbar la ley. Frente a los seis progresistas, los magistrados conservadores quedan en minoría y, por tanto, sus pretensiones son difíciles de conseguir. Pero se añade un dato relevante: hay un hombre clave, llamado Eugenio Gay, magistrado que se ha situado en buena parte de las votaciones en el bloque de los progresistas... Pero es de todos conocido que este abogado de profesión, elegido por CiU, es profundamente católico. De manera que, se observa, Gay podría dar la espalda a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, y apoyar en esta ocasión a los magistrados contrarios a esta ley. De todas maneras, se insiste en que no es nada usual, por no decir, totalmente excepcional, que el TC suspenda de manera cautelar una ley. En las pocas ocasiones que ha ocurrido, siempre ha sido cuando el recurso ha venido por parte del Gobierno. En todo caso, y tal y como explican fuentes del Alto tribunal, estos mismos once magistrados únicamente votarán sobre la suspensión de la norma. Después, apartarían las deliberaciones sobre este asunto hasta que el Senado renueve a los cuatro magistrados que se encuentran actualmente en funciones, incluida la propia presidenta, y el nombramiento del sustituto del fallecido Roberto García Calvo. Ahora bien, parece que el Senado está dispuesto a desbloquear estos nombramientos, por lo que el actual tribunal prefería no tomar partido en más temas delicados, después de haber dado luz verde, con casi cuatro años de retraso, a la sentencia sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña, un fallo y sentencia que les ha costado tres años de trabajo y un fuerte descrédito. Ya con una composición nueva, el órgano judicial afrontaría este reto del aborto, que levantará ampollas nuevamente. Se prevé un largo periodo de espera hasta conocer cuáles de los ocho preceptos recurridos por el PP se consideran inconstitucionales. Si adoptarán la decisión de aceptar la ley, como hicieron con su antecesora, la vigente del aborto...