FOMENTO OFRECE 200.000 EUROS A LOS CONTROLADORES. CIS. ZAPATERO PIERDE, RAJOY TAMBIÉN, BLANCO NO QUIEREN QUE SE PAREN LAS OBRAS

OFERTA A LOS CONTROLADORES.- Aseguran algunos medios que los controladores aéreos se han pasado buena parte de la noche del miércoles considerando las ventajas e inconvenientes de la propuesta que les ha efectuado el ministerio de Fomento para tranquilizar de una vez al sector y devolver la paz a los aeropuertos. Entre otras cosas, porque los controladores no tienen claro que una huelga en pleno agosto, aun respaldada por la inmensa mayoría del colectivo, sea la mejor solución para sus intereses. Por eso dieron ayer un paso a atrás y prefirieron mantener el suspense sobre la convocatoria legal del paro. Con ello buscaban forzar al ministro de Fomento a que realizase «un gesto». Y Blanco salió al paso horas después, poniendo sobre la mesa de negociación -las reuniones continuarán en las próximas horas- un salario medio anual de 200.000 euros hasta el 2013. Según Aena, esa cifra, ya conocida, sólo estaba garantizada para el ejercicio 2010. Ese sueldo, eso sí, estará condicionado a que la prestación del servicio se realice «con plena normalidad, en un marco de competitividad y de reducción del absentismo». Junto a ello, la empresa dependiente de Fomento está dispuesta a «adecuar la jornada laboral a la carga de trabajo existente en cada dependencia», con un límite de 1.670 horas, como marca el decreto. También propone la introducción de una cláusula que permite los cambios entre controladores, siempre que sean autorizados por la compañía.

EL DIÁLOGO ENTRE LAS PARTES.- Por la mañana, los vigilantes del cielo habían reclamado al Gobierno -sin dar demasiados detalles- un «cambio radical de actitud» que, de producirse, podría acabar dejando la amenaza de huelga en papel mojado. «Las próximas horas serán decisivas», dijeron, mientras insistían en que Blanco era el «único responsable» de la situación creada, que tiene en vilo a todo el sector del turismo, que ha cifrado en 39 millones de euros el coste diario de cada día de paro. A primera hora, antes de conocer la oferta dineraria, y en un multitudinario encuentro con la prensa, el sindicato de controladores (USCA) apretaba un poco más la tuerca de la negociación al subrayar que su comité ejecutivo se reuniría «cuando lo estime necesario» para «valorar la oportunidad de un paro». «Puede que lo haya, o puede que no, dependerá del ministro», dijeron. «Es su última oportunidad; no queremos ir a la huelga», señalaron los representantes de USCA, que continuaban así amagando con el órdago, aunque sin poner las cartas sobre la mesa. Tampoco se quedó corto el ministro. En Lugo, Blanco salía al paso de las acusaciones de irresponsabilidad vertidas contra él por el colectivo asegurando tajante: «Irresponsable es quien se sienta desde el año 2005 en una mesa de negociación y no tiene voluntad de acordar porque el único acuerdo posible es mantener unos privilegios de los que no se goza en ningún lugar del mundo». En definitiva, ambas partes echaban más leña a un fuego cuyo peligro reconocen los propios controladores. «La convocatoria tendría sus riesgos, pues nos podemos ver abocados a un laudo arbitral, que yo creo que es el objetivo del ministro», reconoció Daniel Zamit, portavoz de USCA. Zamit y su compañero en las labores de comunicación del sindicato, César Cabo, aseguraron que, en todo caso, la huelga no se produciría «antes del puente del 15 de agosto», para perjudicar lo menos posible a los ciudadanos. Lógico, pues el paro se debe advertir con diez días de antelación.
La pregunta es: ¿Satisfarán esos 200.000 euros anuales a unos funcionarios que siempre han estado bien tratados, y a los que no favorece ninguna comparación europea? ¿Verán suficiente firmeza en Blanco para resolver de una vez la cuestión de unos sueldos desbocados durante años? Traduciendo a pesetas esa oferta de 200.000 euros anuales, es decir, 33 millones de pesetas, ¿Se verán satisfechas sus aspiraciones económicas y salariales? Casi todos los españoles se cambiarían ahora mismo por estos privilegiados ciudadanos que controlan los cielos…

LA DEBACLE DEL PSOE EN EL CIS.- Es, este jueves, el asunto inevitable en todas las primeras páginas de los diarios: El PP amplía a 6,3 puntos su ventaja sobre el PSOE. El ajuste del Gobierno dispara la ventaja de Rajoy. El PP se despega del PSOE seis puntos, la mayor distancia desde 2004, según el CIS. Todos los líderes suspenden por debajo del 4: la nota del presidente cae en picado. El PP logra su mayor ventaja sobre el PSOE en seis años. El CIS sitúa al PP en el nivel electoral del fin del felipismo. El PP obtiene su máxima ventaja con el PSOE en el sondeo del CIS. El PP cuadruplica la ventaja sobre el PSOIE en sólo tres meses… En efecto, el plan de ajuste que aprobó el Gobierno, que incluye la congelación de las pensiones y la bajada de sueldo a los funcionarios, ha pasado una abultada factura demoscópica a los socialistas. El PP amplía su ventaja hasta los 6,3 puntos, la mayor desde que gobierna Rodríguez Zapatero, según el barómetro de verano del CIS realizado entre el 15 y el 22 de julio, tras el debate sobre el estado de la nación. Los populares ganarían las elecciones generales si se celebraran hoy con un 41,2% de los votos frente al 34,9% de los socialistas, el porcentaje más reducido de un partido en el Gobierno al menos en los últimos 15 años y a sólo un punto de los resultados reales de Almunia en las elecciones del 2000, la mayor debacle de los socialistas. La formación de Mariano Rajoy ha ganado 1,7 puntos en los últimos tres meses, mientras que el que lidera el presidente se ha dejado 3,1. Esto supone un marcado cambio de tendencia, ya que en el sondeo de abril, la renta de PP se había reducido a tan solo de 1,5 puntos, debido al desgaste del caso Gürtel. Además, la imagen de Zapatero continúa en caída libre, ya que obtiene una nota de 3,48, es decir, 23 décimas menos que en abril. Además, el presidente inspira poca o ninguna confianza al 78,9% de los españoles, casi cuatro puntos más que en el anterior barómetro del CIS. Sucede, sin embargo, que la valoración de Rajoy sigue siendo también muy pobre (3,14), aunque experimenta un ligerísimo ascenso de cinco centésimas. Pero continúa generando un desmesurado nivel de desconfianza -mayor incluso que Zapatero-, que en esta ocasión se dispara al 84,6%. A pesar de que los españoles siguen viendo con mucho pesimismo la situación económica, se aprecia un repunte en la confianza de que la coyuntura mejore a corto plazo. Una amplia mayoría (74,4%) de ellos consideran que continúa siendo mala o muy mala, pero esto supone casi cinco puntos menos que en la encuesta anterior. Además, el 21,8% aseguran que mejorará dentro de un año, seis puntos más que en abril.

RAJOY TAMBIÈN PADECE.- "Yo asumo la responsabilidad y la crítica de los ciudadanos, pero usted, señor Rajoy, tampoco está para tirar cohetes". Así respondía el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al líder del PP el pasado 15 de julio cuando, en el debate del estado de la nación, este se recreaba en lo poco que los ciudadanos aprecian a su gobernante. Mariano Rajoy sonrió ante esa apreciación de su adversario. Y, en efecto, según el sondeo de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, ninguno de los dos políticos sale bien parado, pero el socialista continúa por delante. El PP amplía su ventaja sobre el PSOE en pleno plan de ajuste A la pregunta de si Zapatero le inspira confianza, el 43,1% de los encuestados responde que "ninguna", frente al 49,6% que opina lo propio de Rajoy. En la nota global, y aunque los dos suspenden, el líder popular gana unas décimas con respecto al último barómetro con intención de voto, correspondiente al mes de abril. El jefe del Gobierno baja del 3,71 al 3,48; su opositor sube del 3,09 al 3,14. Josep Antoni Durán Lleida (CiU) sigue a la cabeza de líderes políticos más valorados -pese a perder dos décimas-, con una nota de 3,72. Justo por detrás, Rosa Díez (UPyD), con un 3,69 e igual descenso respecto a abril. Todos los ministros pierden nota. La titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, en quien Zapatero ha pensado como candidata a la presidencia regional de Madrid, pasa del cuarto al sexto lugar en las preferencias de los ciudadanos. Con una valoración de 3,90, aparece por debajo del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (3,91); de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega (3,97); del ministro de Educación, Ángel Gabilondo (4); y de los dos responsables más valorados también en los últimos sondeos: la titular de Defensa, Carme Chacón (4,23), y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (4,47).
Y luego, las críticas al propio CIS, porque hasta su sondeo anterior no había comprobado el desplome socialista, o por qué hace público a estas alturas de agosto un sondeo tan favorable –no tanto- para el PP y su líder…

DE NUEVO VUELVE A HABLARSE DEL COPAGO.-La mayor parte de los consejeros de economía autonómicos han llegado a la misma conclusión que expresaron el pasado 27 de julio a la vicepresidenta Elena Salgado: El dinero no llega. No alcanza para mantener el nivel de vida de hace apenas dos años. De manera que ahora toca estudiar de dónde se puede seguir recortando para cuadrar ingresos y gastos. Lo explicaron algunos consejeros de Hacienda, entre ellos el catalán Antoni Castells y el madrileño Antonio Beteta, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidía la vicepresidenta Salgado. Algunos de tales consejeros autonómicos llevan estudiando la posibilidad de imponer alguna clase de copago por algunos servicios públicos o algunas otras tasas que puedan servir para aumentar los ingresos de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, incrementar los impuestos de alcohol y tabaco y destinarlos directamente a sufragar los gastos de la sanidad. Introducir una tasa por visita en atención primaria y urgencias para reducir el sobreuso del sistema. Revisar el sistema de copago farmacéutico, teniendo en cuenta la renta y no la edad. Extender una nota informativa a cada usuario de la sanidad sobre el coste de la atención para que tome conciencia del gasto. Aumentar las tasas universitarias para que se ajusten más al coste real de un año de estudios, con un sistema variable en función de la renta. Otra fórmula es su compensación con más becas y préstamos. Penalizar más los precios públicos de la universidad para los que repiten un crédito más de tres veces. Fusión entre universidades públicas para evitar duplicidades. El proceso se ha iniciado con los campus de excelencia. Reducir la oferta gratuita de programas que ofrecen las concejalías de servicios sociales y, en aquellas necesarias, establecer la cofinanciación... Son distintas variables y modalidades para obtener unimisma finalidad: Más ingresos para las autonomías, según se ha relatado en un detallado informe en La Vanguardia. Como se puede apreciar, todas son posibles iniciativas en tres materias, educación, sanidad y atención a la dependencia, que, así como todo lo relativo a las ayudas sociales, son competencia de las comunidades. Probablemente quien lleva la batuta en estas materias es el conseller catalán. Castells viene siendo bastante preciso ante los medios de comunicación. La cuantía del agujero en las finanzas públicas de las autonomías es tan grande que no bastarán ajustes aquí y allá. Será preciso acometer medidas dolorosas allí donde están el grueso del gasto y de los servicios: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En cuanto a los colaboradores de Beteta, reconocen la gravedad de la situación pero se niegan a llevar una partitura al cercano Ministerio de Economía en la calle Alcalá.

PALABRA DESAFORTUNADA.- En el trasfondo de todos los discursos lo que subyace es la decisión de empezar a implantar el copago, palabra desafortunada, a decir de los expertos, ya que todos los servicios públicos son financiados por los impuestos, pero la más empleada para apuntar al pago directo por parte de los usuarios. Aunque ¿dónde establecerlo? ¿En función de qué criterios?. El establecimiento del copago en la sanidad suscita, cada cierto tiempo, ríos de tinta. Como decía la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, este asunto resurge periódicamente, con decenas de propuestas y estudios, que poco después quedan arrinconados en un cajón ministerial. Pero en esta ocasión, como reconocen desde el Gobierno, el debate es más profundo y nadie descarta que antes o después concluya con alguna propuesta real. Desde Sanidad se niega que se esté barajando copago alguno, aunque desde Economía no son, en absoluto, tan tajantes. Los economistas, liberados de la dictadura de los votos, son mucho más nítidos en sus respuestas.
La mayoría de países europeos con sistemas de bienestar establecidos utilizan el copago en la asistencia (primaria, especializada e incluso hospitalaria) con esquemas que varían de forma importante en cuanto a contribución del usuario y los conceptos gravados. Por ejemplo, en Francia, cada paciente aporta un 30% del coste de la visita de atención primaria más un euro por consulta, con un máximo de 50 euros al año por este último concepto. La contribución en especialistas es de un 20-25% y el precio es de unos 15 euros por día de hospitalización. El sistema exime de pago a personas con pocos recursos y enfermos crónicos. No todos los expertos están de acuerdo con lo que se denomina ticket moderador por las dificultades que su implantación conlleva, y apuestan más por reducir las subvenciones de fármacos a los pensionistas con mayores ingresos, como es el caso de la conselleria de Salut. Otros creen que antes de adoptar medidas tan drásticas sería más conveniente intentar que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de racionalizar el uso. Dar una nota al usuario de un servicio sanitario con el gasto que su atención ha supuesto (factura en la sombra) tendría su efecto en las arcas públicas. La novedad, sin embargo, está en la introducción de la palabra copago en otras áreas, en concreto en Educación. Y más en concreto en las universidades. En los últimos treinta años, las matrículas sólo han cubierto entre el 10 y el 20% del coste real de las carreras.

EXPERTOS Y ESTUDIOSOS OPINAN.-Los autores del reportaje de La Vanguardia han acudido a expertos y estudiosos en la materia, como César Cantalapiedra, socio de la firma Asesores Financieros Internacionales (AFI), quien explica que el desajuste es tan grande entre lo que hemos venido gastando y en lo que ahora ingresan las arcas del Estado, que resulta inevitable hablar a futuro de un incremento de la presión fiscal. Pero pedir un mayor esfuerzo a los mermados bolsillos de los españoles no será suficiente. Expone Cantalapiedra que el volumen del desfase obligará a las administraciones a actuar, al menos, en la sanidad. "En la medida en que las prestaciones sanitarias sigan siendo gratuitas, la demanda será infinita", avanza Cantalapiedra. Para Luis Garicano, director de la Cátedra McKinsey en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los pacientes deben adquirir una mayor conciencia sobre su propia salud y sobre el uso que hacen del sistema. En 2006 un español acudía al médico más de 8 veces al año, lo que suponía un 40% más que el promedio de la Unión Europea. El gasto farmacéutico per cápita en España es un 40% superior al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Portugal. El 70% de las recetas se concentran en un 20% de la población que está exenta de pago (pensionistas), que han pasado de 40 a 55 recetas por año entre 2000 y 2004 (frente a las 7 de media de la población activa). El mismo segmento de edad en sistemas donde se debe contribuir con un 30% del coste (por ejemplo, todos los funcionarios públicos en Muface) consume un 40% menos. "Responsabilizar a los usuarios requiere la introducción de copagos en atención primaria y urgencias y la revisión del actual modelo de copago farmacéutico que se ha ido desactualizando con el paso del tiempo. Estas medidas no tienen que tener una finalidad recaudadora, sino mejorar la calidad de la atención primaria estimulando un mejor uso de la misma y que haya más tiempo de atención al paciente por parte del médico. En particular, sería necesaria la introducción de un pago fijo por visita en atención primaria y en urgencias para filtrar la entrada no necesaria de pacientes en las puertas del sistema", señala Garicano en un extenso artículo incluido en el libro Ley de Economía Sostenible y Reformas Estructurales, 25 propueras, editado por Fedea.

REVISIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS.-Algunos, como el director del Instituto Universitario de Análisis Económicos y Sociales de la Universidad de Alcalá de Henares, Tomás Mancha, plantean la necesidad de revisar los "precios públicos" de acceso a los centros universitarios (antes, llamadas "tasas académicas"). Actualmente varían en función del grado de experimentalidad y de las sucesivas matrículas (se penaliza a los repetidores). Pero no es un tema fácil y es un debate abierto en la mayoría de países. El sistema de precio variable en función de la renta familiar sólo se ha implantado en Reino Unido y genera problemas de gestión. Según Juan J. Dolado, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid, "en la actualidad, un estudiante en la universidad pública paga una tasa anual de alrededor de 900 euros mientras que su coste real se acerca a los 8.000. Ello significa que, con independencia de su nivel económico y de su rendimiento, cada universitario recibe una subvención anual del contribuyente de 7.100 euros. A este desfase se suma otro, el elevado fracaso escolar (un 30% de alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación y un 70% tarda una media de dos años mas de los requeridos). Sólo "reduciendo a la mitad el fracaso universitario se ahorrarían unos 700.000 euros anuales que, si se destinaran a becas, aumentarían la proporción del PIB destinado a las mismas del 0.09% actual al 0.15%", dice Dolado en un artículo publicado por Fedea.

LOS REPETIDORES.- Tomás Mancha plantea la necesidad de incrementar los precios públicos a los repetidores, lo que, además de ahorrar, serviría para que los estudiantes tomen conciencia del coste de ir a la universidad. La implantación del modelo de contratos-programa incentiva la racionalización del sistema pero es insuficiente. Y hasta ahora han fracasado relativamente los sistemas de prestamos y ni se ha intentado con los graduate tax, impuestos sobre los ya titulados para devolver durante su vida laboral parte de las ayudas recibidas. Otra de las medidas de ahorro que barajan los expertos es la fusión entre universidades públicas dando lugar a una reducción de campus en función de su proximidad, complementariedad de grupos de investigación, estructura de titulaciones y demanda de estudios. "Se trataría de aprovechar economías de escala, conducentes a una reasignación más eficiente de las inversiones y gastos corrientes", dice Dolado. El copago se aplica desde hace años en los servicios sociales. Pero, en la España de las autonomías y, más aún de los ayuntamientos, las diferencias son abismales. Así, en Catalunya, la teleasistencia es gratuita en Barcelona mientras que las personas del Alt Urgell deben pagar todo su coste.

CRITERIOS COMUNES.-Todos los expertos reclaman criterios comunes de copago para asegurar la financiación de una manera equilibrada y equitativa. Máxime cuando se presume que los gastos en esta partida se disparen en los próximos años por el envejecimiento de la población y, sobre todo, del aumento de los mayores de 80 años. El copago ya se estableció en la ley de Dependencia, aunque no fue hasta finales del 2008 que las comunidades y gobiernos establecieron las bases del mismo que tenía como principio que las personas con mayor capacidad económica aportaran más que las que tienen menos recursos (quienes tienen una renta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples están exentas de la cofinanciación). Este acuerdo establecía que el mínimo y el máximo a pagar sería fijado por las comunidades autónomas. Sin embargo, algunas han tardado más de 20 meses en establecer el copago. Es, sin embargo, en los servicios sociales básicos, dependientes de los ayuntamientos, donde los expertos creen que hay que establecer recortes. En época de bonanzas se extendió la filosofía del "gratis total" y que dentro de servicios sociales se financiaba todo. Esto ha incrementado de manera considerable la deuda municipal. Los expertos insisten que todos los servicios sociales se cofinancien.

PABLO CRESPO Y LOS TRAJES DE LA TRAMA GURTEL.-El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, compareció este pasado martes en Madrid ante el juez y declaró que ninguna de las empresas de la red pagaba los trajes que supuestmente recibieron dirigentes del PP valenciano como Francisco Camps o Ricardo Costa. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, Crespo, responsable de la contabilidad de las empresas de la trama, compareció ante el juez tras el exhorto judicial enviado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Flors, instructor de la causa al pedir el Supremo su reapertura. Al testimonio de Crespo, actualmente en prisión en Madrid , han asistido los abogados del presidente de la Generalitat y del ex secretario general del PP valenciano. Fuentes del Partido Popular conocedoras del proceso han puntualizado que la versión de Crespo de hoy exonera a Costa de la comisión de un posible delito de cohecho impropio. La declaración se efectuó en el marco de la instrucción de la causa sobre los trajes y regalos que supuestamente recibieron Camps y otros altos cargos del Gobierno y del PP de la Comunidad Valenciana. Además de dejar constancia de que ninguna de las empresas de la red Gürtel pagó los trajes, Crespo señaló que los dirigentes del PP valenciano supuestamente implicados, entre ellos Camps y Costa, acudían a la tienda a pagar los trajes o bien "entregaban el dinero a una tercera persona" para que efectuara los pagos. Las citadas fuentes puntualizan que esto mismo lo ratificó el sastre José Tomás cuando tuvo que declarar en la instrucción de la causa. Asimismo, Crespo, ex secretario general del PP gallego y después número dos de la trama Gürtel, explicó que la relación de la empresa 'Orange Market' con los populares valencianos consistía en la provisión de servicios y en la organización de eventos. A ello se limitó la relación que miembros de la mencionada empresa, como Álvaro Pérez, 'el Bigotes', también imputado en la causa, pudieran establecer con Costa, primero vicesecretario general y luego secretario general del PPCV. Tal y como apuntan las fuentes, la declaración de Crespo ha exonerado a Costa de la comisión de un delito de cohecho impropio, ya que era dirigente de una fuerza política, no un cargo público, y sus relaciones con 'Orange Market' eran puramente comerciales.

COSPEDAL VIAJARÍA A VALENCIA.- ¿Lo más amargo del año? Respondió Dolores de Cospedal entrevistada por El País. “La incomprensión que se puede despertar cuando tienes que tomar decisiones que son duras para gente a la que puedes apreciar o conocer”. Pero se ha negado a contar si entre esas personas estaban Bárcenas o Camps, el ya ex tesorero del partido y el presidente valenciano, ambos alcanzados por ese Gürtel que ha corrompido "el núcleo del PP". Dijo, sencillamente: No. Repregunta el periodista cómo ha llevado el tema Camps, y contesta Cospedal: Es que está en los tribunales. Lo llevo con mucha naturalidad y esperando que la justicia sea igual para todos. “Se dice que usted no va a Valencia para no enfrentarse a ese asunto en persona”, vuelve el periodista. Y ella: No es cierto. “¿Por qué no va a Valencia?”, vuelve a preguntar Cruz. “No he ido a actos públicos en este tiempo, por casualidad, porque no ha coincidido. Pero no tengo ningún problema en ir a Valencia. Desde luego, que no vaya no tiene nada que ver con eso que dices”. “Pero, ¿cómo ve el asunto? ¿Está acabado, le quita el sueño?”. Responde Cospedal: “No. Primer punto. Segundo: no lo sé, porque como tenemos sorpresas cada dos por tres no lo sé. Lo que esperamos es que la justicia actúe y sea justa”. “¿Y qué le parece la petición de cárcel para Fabra? ¿Le asustó? "No. Me llamó la atención que para unas cosas sea tanto y para otras tan poco". Le pregunté también –sigue contando el periodista, por dos polémicas, la que tiene con el presidente Barreda, de Castilla-La Mancha, cuya comunidad ella quiere presidir, y la que mantuvo con el ministro Ángel Gabilondo, de Educación, con quien su partido no quiso pactar. “No, no ha tenido "una agria polémica" con Barreda. "Intenta tenerla él conmigo, pero yo no la tengo con él". “Entonces, eso que se dice de que su marido tiene que ver con el desarrollo de los asuntos de Caja Castilla La Mancha...” Me atajó. “Ellos quieren, dijo, que ese sea un asunto”, y ella no quiere que lo sea. "El único problema que hay en el PSOE manchego, y particularmente en Barreda, es que él no entiende que haya oposición en Castilla-La Mancha". ¿Y lo de Gabilondo? ¿Cómo es posible no ponerse de acuerdo con ese hombre? "No dudo de la buena intención del ministro, pero no tengo claro que el PSOE quisiera un pacto de verdad". "Y no tengo nada más que decir sobre el tema", dijo. Por lo cual le pregunté cómo se sentía cuando terminaba una reunión y se quedaba sin firmar el pacto para el que se habían sentado. "Siento que es una pena y un fracaso de los dos. También opino que el pacto por el pacto no es bueno en sí mismo. Decir a todo el mundo que ha habido un gran pacto sobre la nada es absurdo, es engañar. Quizá ahí también había una manera distinta de ver las cosas".

BLANCO NO QUIERE QUE SE PAREN LAS OBRAS.- El Ministerio de Fomento negocia empresa a empresa para que en lo que queda de año no se paren las obras en proyectos como el eje atlántico de alta velocidad o la autovía del Cantábrico, asegura hoy una crónica de La Voz de Galicia. Según el departamento que dirige José Blanco, se ha encontrado receptividad, en buena parte de ellas, para que se continúe con los trabajos hasta diciembre. La visión ofrecida desde el sector de la construcción es mucho más pesimista y considera que los recortes decididos para el 2010 condenan a buena parte de estos proyectos a una hibernación obligada, al menos hasta que se libere dinero cuando entren en vigor los Presupuestos del 2011. «La mayoría de las empresas no podrán adelantar dinero para continuar con las obras, les es imposible. O están muy endeudadas o no consiguen créditos bancarios», aseguraba ayer un representante del sector. Según estas fuentes, asumir la continuidad de las obras con los recursos propios de las empresas resulta complejo incluso para las grandes constructoras. Y ello a pesar de que tienen importantes nichos de negocio fuera de España y se aprovecharon del boom de la obra civil de los últimos diez años en su propio país. «Su nivel de endeudamiento es muy alto y muchas de ellas están pagando su apuesta por el mercado inmobiliario», aducen. El escenario para algunas empresas es el siguiente, según el relato de La Voz: si en un tramo del eje atlántico podían gastar este año 10 millones de euros -cifra hipotética- y ya han consumido 6, Fomento no estaría en condiciones de ingresar los cuatro restantes. Para pagar a proveedores, subcontratas y nóminas, las adjudicatarias deberían recurrir a su propio bolsillo o al crédito. Si ya ha agotado los 10 millones porque el ritmo de las obras ha sido mayor que el previsto, tampoco podrá recurrir a certificaciones anticipadas (pagos que se realizan con cargos al Presupuesto del ejercicio siguiente). Este escenario podría cambiar, aseguran en Fomento, al tener en estos momentos mejores perspectivas para las cuentas del Estado del 2011. Fuentes del sector aseguran que cortar el grifo del dinero a mitad de año genera numerosos problemas de liquidez, pero también condiciona la planificación de una obra que se organiza a tres o cuatro años vista. «Si se han comprado materiales y no pueden utilizarse, el problema que se genera es muy importante», alegan. Esta visión pesimista coincide con el análisis de Seopan, la patronal que agrupa a las principales constructoras a nivel estatal. «Si Fomento no certifica obra en lo que queda del 2010, las constructoras que tienen contratos vivos con el ministerio entrarán en una situación de falta de ingresos que, unida a las obligaciones de la nueva Ley de Morosidad, las llevará inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras», aseguran en su evaluación de los recortes presupuestarios. «Dilatar el cobro y acelerar los pagos que deben ejecutar solo puede llevarlas al concurso de acreedores», añaden. Otras fuentes relacionadas con las subcontratas que trabajan para las adjudicatarias alegan que, en la decena de tramos que están en obras en el eje atlántico, hay una treintena de empresas subcontratadas, la mayoría de ellas de pequeño tamaño y capital gallego, «que son las que más van a sufrir el parón de la actividad hasta diciembre». También recuerdan que hay entre mil y dos mil empleados que dependen de la continuidad de los trabajos en la vertiente sur del eje atlántico.
El Gobierno, esta vez el ministro José Blanco, no quieren dos consecuencias de la falta de dinero público: que se paren las obras en marcha, y puedan completarse en el plazo marcado ni que les pueda afectar el número de trabajadores que pudieran añadirse a las cifras de paro.