miércoles, 13 de octubre de 2010

SALEN DE LA MINA LOS 33 MINEROS SEPULTADOS 70 DÍAS, EL REY CRITICA LOS ABUCHEOS DEL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE, LA OPOSICIÓN CALLE, ALGUNA JUSTIFICACIÓ

LOS ABUCHEOS DE LOS 12 DE OCTUBRE.- Cada cual se comportó como cabía esperar de él: Los energúmenos y la derecha extrema volvieron a protagonizar, en buena medida, el desfile del día de las Fuerzas Armadas, incluso en el momento de la ofrenda floral a los militares y fuerzas del orden fallecidos durante el último año. El presidente Zapatero aguantó a pie firme, como si los abucheos no fueran contra él y su gobierno. El Rey y el Príncipe volvieron a mostrar su incomodidad . Y los periódicos de este miércoles, cuentan, relatan, y algunos casi justifican, o tratan de hacerlo, esa reacción desmesurada de algunos e inadecuada para el momento. Ni siquiera el Rey, siempre cuidadoso al expresar públicamente sus opiniones, disimuló su malestar por los pitidos y abucheos que salpicaron el desfile de la Fiesta Nacional. Sobre todo porque los gritos de "¡Zapatero dimisión!" arreciaron en uno de los momentos más emotivos y solemnes del día: cuando don Juan Carlos, acompañado por familiares de los militares y guardias civiles fallecidos en acto de servicio en el último año, depositaba una corona de laurel en homenaje a los caídos. Solo la oración leída por un capellán castrense logró acallar el griterío. Desde el Gobierno, Rubalcaba criticó que "la extrema derecha se apropie de la fiesta de todos". Desde la Oposición, Rajoy guardó silencio y Aguirre justificaba a los alborotadores. Sin duda, la última palabra es la del Jefe del Estado. "Es una fiesta que debemos cuidar y aupar", dijo el Rey, en conversación con los periodistas en el Palacio Real, tras deplorar la falta de respeto mostrada por parte del público. También don Felipe lamentó que se haya convertido en costumbre "recurrente" aprovechar una fiesta institucional para protestar contra el Gobierno. Zapatero, el principal aludido, se limitó a comentar resignado: "Es lo de siempre. Forma parte del guión". La vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "insólito" lo sucedido. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, abucheado él mismo hace pocos días en la celebración de la patrona de la Guardia Civil, no se mordió la lengua: tachó de "lamentable" y "muy duro" que "la extrema derecha se apropie" de la fiesta de todos los españoles, lo que resulta "difícil de explicar" a los embajadores extranjeros, invitados al acto. Pudo ser lamentable, pero a nadie sorprendió esta actuación, ya esperada. Los silbidos al presidente del Gobierno se han venido repitiendo en las últimas cinco ediciones del desfile del 12 de octubre. El Ministerio de Defensa ha hecho lo posible para evitarlos o al menos dificultarlos: haciendo que Zapatero acceda a la tribuna por detrás, sin pasar ante el público, o suprimiendo el anuncio de su llegada por megafonía. Pero todo ha sido en vano. En cuanto se escuchó que el Rey hacía su entrada en la madrileña plaza de Lima, donde sería recibido, entre otras autoridades, por el presidente del Gobierno, empezaron los gritos de "¡Fuera!, ¡Fuera!" dirigidos a Zapatero. Fuentes de Defensa aseguraron que los agitadores eran "grupos minoritarios", situados "estratégicamente" en las zonas más próximas a las tribunas, y que la protesta se organizó con antelación a través de redes sociales, como Twitter y Facebook, y se coordinó mediante mensajes de móvil. Posiblemente es igualmente llamativo el silencio del PP. Ni su presidente, Mariano Rajoy, ni su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, presentes en el acto, criticaron en público a los alborotadores. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pareció incluso justificar su conducta cuando subrayó que Defensa había dispuesto menos tribunas para el público y más alejadas de las autoridades para evitar abucheos a Zapatero. La esposa del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, relató que, cuando ella se quejó en voz alta por los abucheos, Aguirre le respondió: "Pero si a tí no te va a pasar nada. Es libertad de expresión". Pero ni las protestas ni el hecho de que el desfile fuera más reducido que en años anteriores, "como corresponde a la situación económica del país", según subrayó el Rey, lograron deslucirlo. Por el paseo de la Castellana marcharon 3.100 militares y 153 vehículos (entre ellos y por primera vez los nuevos blindados antiminas RG-31, ya desplegados en Afganistán en sustitución de los vetustos BMR), mientras que el cielo de la capital, descubierto tras un fin de semana lluvioso, lo sobrevolaron 50 aeronaves. Además de la Familia Real y de las principales autoridades del Estado -los presidentes del Congreso y del Senado; del Tribunal Constitucional y del Supremo, entre otros- acudieron 14 de los 17 ministros -solo faltaron los titulares de Industria, Justicia y Vivienda-, mientras que la presencia de presidentes autonómicos fue más nutrida de lo habitual: estuvieron 10, encabezados por el de la Generalitat catalana, José Montilla, que no asistía desde 2007, y el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. El lehendakari Patxi López fue representado por una consejera., y tampoco acudió Francisco Camps, el valenciano.
El otro episodio del Desfile fue la ausencia de la bandera venezolana, justificada por la indisposición del portador, pero que todos entendieron que era efecto de las difíciles relaciones Madrid-Caracas por la intervención del alto cargo de Chávez, Arturo Cubillas, en apoyo de los etarras visitantes. Este episodio lleva otro trámite, la diplomacia. Algo más sabremos del asunto...
EL DESFILE DE LOS ABUCHEOS A ZAPATERO.- Si alguna certeza tenían los españoles, antes de que se desarrollara el Desfile militar del 12 de octubre por el Paseo de la Castellana, es que también este año se iban a producir, como en los anteriores, los ya consabidos abucheos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, procedentes de un núcleo del público perfectamente dispuesto para esta actuación. Gritos de “fuera”, recibieron a Zapatero también en esta ocasión. Desde varios periódicos y emisoras de radio se había recordado profusamente esa característica de los desfiles en los últimos años que había llegado a producir un visible malestar en el rostro del Rey. Con ese apunte previo, conviene recordar lo esencial del evento: A saber, que los Reyes presidieron, a partir de las 10.30, en Madrid, el desfile de la Fiesta Nacional, en el que participaron más de 3.000 militares, es decir, mil menos que en 2009, por razones de austeridad y por la crisis, y en el que, además, se ha querido rendir homenaje a nueve países hispanoamericanos que celebran su bicentenario. Más de dos horas antes de que el desfile comenzara, el público comenzaba ya a colocarse por los laterales del Paseo de la Castellana para ir ocupando plaza, con sus sillas, en las primeras filas. Desde primera hora de la mañana se podía comprobar la presencia de una gran fuerza policial para controlar los accesos y garantizar la seguridad.
Además de la Familia Real al completo, acudieron a la parada militar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, -objeto central de buena parte de las atenciones del público asistente-, la mayoría de los presidentes autonómicos -un total de 13, tres más de los que acudieron el año pasado-, los presidentes del Congreso y Senado, y los responsables de las máximas instituciones del Estado. La cúpula militar al completo, encabezada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general José Julio Rodríguez, y líderes de los partidos políticos, entre ellos Mariano Rajoy, asistieron también a un desfile que este año ha visto reducido el número de sus participantes, ya que marcharon más de 3.000 militares, 153 vehículos y 50 aeronaves, frente a los 4.207, 209 vehículos y 58 aeronaves que lo hicieron en 2009 -un 20% menos-. Por primera vez en la actual legislatura, la mayoría de presidentes autonómicos había confirmado su presencia en el desfile de la Fiesta Nacional, con especial importancia la del presidente de Cataluña, José Montilla, tras su ausencia en los dos últimos años. La única incógnita era la asistencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que no se había pronunciado al respecto. Entre los jefes autonómicos ausentes destaca el lehendakari Patxi López, aunque sí estarán presentes representantes del Ejecutivo vasco como sucedió el pasado año por vez primera. Tampoco estarán en Madrid los presidentes de Murcia, el de Andalucía, el de las Islas Baleares, el de Canarias, ni el de La Rioja.
Al igual que en la edición anterior, la parada militar discurrirá por el Paseo de la Castellana con la tribuna de autoridades situada en la Plaza de Lima, junto al Estadio Santiago Bernabéu. Junto a los Reyes y los Príncipes de Asturias asistirán el Gobierno en pleno, las más altas autoridades del Estado, autoridades autonómicas y mandos militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Este escenario ha traído polémica en los últimos días. El PP se ha quejado de que no se invitara a todos los parlamentarios, sino sólo a una representación. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha respondido que el nuevo emplazamiento impide que entren todos, algo que sí ocurría en Colón pero ahora, ha señalado, hay una estatua en dicha plaza que obliga a reubicar el desfile en la plaza de Lima. El recorrido del desfile se prolongó desde la plaza de Cuzco hasta la confluencia de Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. Las miles de personas que se congregaron en la Castellana, o delante de la televisión pudieron ver novedades interesantes. Las Fuerzas Armadas exhibieron su última adquisición: el vehículo blindado RG-31, que ha sustituido en Afganistán a los antiguos carros de combate y mejorará sustancialmente la seguridad de las tropas. Los madrileños pudieron ver desfilando por primera vez este blindado, el RG-31, desplegado en Afganistán en sustitución de los veteranos BMR. Este año, como homenaje especial, desfilaron las banderas y estandartes portados por militares de nueve países iberoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Bolivia y México, con motivo de la celebración de los bicentenarios de su independencia. No faltaron a la cita, con su peculiar paso rápido y con su cabra como mascota, la Legión, y los Regulares con su tradicional paso lento. Estaba igualmente previsto que, si la climatología lo permitía, como así fue, volaran unas 50 aeronaves, entre ellas cazas de combate F-18, Mirage F-1, F-5 y Eurofigther; Hércules, C-295; y de reabastecimiento en vuelo Boeing 707: y helicópteros Cougar, Chinook y Tigre.
Una vez que llegaron los Reyes, los Príncipes de Asturias, la infanta Elena y los duques de Lugo, comenzaron los actos oficiales, que arrancaron con los honores militares a don Juan Carlos, como capitán general de las Fuerzas Armadas. Tras la revista a un batallón de la Guardia Real por parte del Rey, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Julio Rodríguez, se produjo el salto de un equipo de la Patrulla Paracaidista Acrobática del Ejército del Aire (Papea), que se lanzó desde un avión C-212 y tomó tierra con la bandera nacional ante la tribuna de autoridades. Seguidamente se izó y se homenajeó a la enseña nacional y a los que dieron su vida por España, al son de La muerte no es el final. Este homenaje quiso recordar a los siete militares y un intérprete español adscrito al Ejército que fallecieron en 2010 (cuatro en Afganistán y cuatro en Haití). Al concluir el desfile, los Reyes ofrecieron la tradicional recepción en el Palacio Real a representantes de diversos ámbitos sociales.
EL PP VUELVE A USAR LA INMIGRACIÓN COMO ARMA ELECTORAL.- Nuevamente, los dirigentes del PP catalán, en su campaña de las elecciones autonómicas del mes que viene, han vuelto a recurrir a la inmigración para atraerse los votos de los ciudadanos más contrarios a la presencia de extranjeros. Esta vez, la intención del PP de Catalunya (PPC) de exigir a los inmigrantes el pasaporte para poder empadronarse en los ayuntamientos y de facilitar a la policía los datos de los sin papeles, ha encontrado la desaprobación del Gobierno. Tras la propuesta de la formación presidida por Alicia Sánchez-Camacho el Ejecutivo ve un uso de la inmigración "para hacer política". Pero los conservadores redoblaron su apuesta y denunciaron el "abuso" de la sanidad pública por parte de este colectivo. Se ocupó de ello Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calificó de "censurable" el hecho de que los conservadores pongan sobre la mesa iniciativas de este tipo a las puertas de la campaña, a la vez que recordó que es imposible negar el empadronamiento. En este contexto, consideró que Sánchez-Camacho"demuestra saber muy poco de inmigración". El borrador del programa electoral del PP catalán apuesta por "establecer un mayor control en la inscripción en el padrón exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia) a los inmigrantes que quieren empadronarse con la finalidad de realizar el empadronamiento de extranjeros con las mayores garantías de legalidad y seguridad jurídica". Al respecto, el ministro recordó que "no se puede negar el empadronamiento", ya que se trata de una herramienta para saber cuánta gente vive en cada municipio, "independientemente de su situación". El hecho de estar empadronados permite a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad. En una nueva vuelta de tuerca a esta estrategia de hacer de la política migratoria una de las piedras angulares del discurso del partido, Fernández Díaz acusó a "importantes sectores de la población inmigrada" de abusar de la sanidad pública."Es cada vez más frecuente dijo que conviertan en un verdadero abuso el acceso y derecho al uso de la sanidad", dijo a la Ser. A su juicio, "son cuestiones que habrá que regular de la misma manera que para nosotros, los nacionales, se nos ha limitado el acceso a una serie de prestaciones sanitarias". Corbacho retó al partido presidido por Mariano Rajoy a llevar un proyecto de ley al Congreso en el que aclaren "qué leyes quieren modificar" en materia de extranjería. La norma que establece la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos sus habitantes independientemente de su situación jurídica data de 1997. Concretamente, de la época en la que el líder del PP, Mariano Rajoy, ocupaba el Ministerio de Administraciones Públicas. Otro ministro, el de Fomento, José Blanco, evaluó los planes del PP. Tras participar en el acto de inicio de las obras de ampliación de la terminal de Peinador, en Vigo, tildó de "pamplinas" las propuestas de Sánchez-Camacho. Y recordó que la ley actual "deriva de una resolución de Rajoy", por lo que consideró que "al PP le vendría muy bien abandonar el oportunismo y lo políticamente incorrecto". La reacción del PP llegó a través de Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local. Sin entrar en el fondo de la polémica, el dirigente conservador respaldó la actitud de Sánchez-Camacho al entender que defiende "con todas las consecuencias que se apoye la inmigración legal". Según dijo Arenas, su formación es partidaria de que "se termine con la demagogia del pasado de papeles para todos". Y consideró que los responsables de esa "demagogia", en alusión a los socialistas, "son los que tienen que responder ahora". Tras insistir en que su partido defiende la inmigración legal, la que tiene que compartir con los españoles "los valores constitucionales", lamentó que en estos momentos "muchos [inmigrantes] se están yendo" y "muchos de aquí no tienen empleo".

BRUSELAS CRITICA LA INSUFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS GITANOS.- Más de 3.000 gitanos, la mayoría rumanos y búlgaros, fueron expulsados de Francia este verano, y la cifra superó los 10.000 durante todo el pasado año, según datos que ha proporcionado el diario El Mundo desde la capital comunitaria. El aparente componente racista de la política del Gobierno de Sarkozy no ha tenido respuesta contundente por parte de la UE, que dice ahora "seguir de cerca" las informaciones sobre el supuesto fichero de la gendarmería gala en el que almacena datos de gitanos. Mientras, Bruselas critica a los Estados miembro por no hacer lo suficiente y gastan de manera poco eficaz los fondos para la integración de los romaníes. De los 27 países de la UE, sólo 12 (Bulgaria, República Checa, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) tienen programas de apoyo dirigidos a los gitanos (entre otros grupos vulnerables) cuyo presupuesto total asciende a 17.500 millones de euros (incluidos 13.300 millones provenientes del Fondo Social Europeo). Pero la realidad muestra que no es suficiente. "El dinero debe beneficiar a los gitanos mucho más que hasta ahora", reconoce el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, quien señala como ejemplo de mala gestión a Rumanía y Bulgaria, según recogió 'Financial Times'.
Para recordar las oportunidades que ofrece el uso de los fondos europeos, la Comisión celebra entre el martes y el miércoles una reunión de alto nivel en Bucarest a la que asisten el húngaro Andor y el comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, además de representantes de colectivos de gitanos y ONGs. "El objetivo es que usemos el dinero de la manera más efectiva posible para mejorar la situación socioeconómica de los entre 10 y 12 millones de gitanos que hay en la UE", explican los organizadores. El pasado 7 de septiembre, la CE creó un grupo de trabajo dedicado a evaluar el uso de los fondos de la UE. La propuesta formaba parte de un informe sobre la situación de los gitanos en Francia y en Europa de Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia; el propio Andor; y Cecilia Malmström, comisaria de Interior.
Está previsto que las primeras conclusiones del grupo se presenten al Colegio de Comisarios a finales de año. Asimismo, la Comisión mantendrá regularmente informados al Parlamento Europeo y al Consejo de sus avances. La cita en Bucarest incluye la visita a varios de los proyectos de integración que se llevan a cabo en la capital rumana y sus proximidades. Rumanía alberga la mayor comunidad gitana de Europa, pero el estudio de su historia no se introdujo en la enseñanza escolar hasta el año 2008. El censo oficial recoge a unas 530.000 personas, pero otras fuentes que alertan de que la mayoría de los gitanos no declaran serlo por miedo a la discriminación, aseguran que hay más de dos millones y medio. Según los datos de un Eurobarómetro publicado hace un año, los europeos pensaban que en un contexto de crisis económica, el origen étnico sería la segunda causa mayor de discriminación en el mercado laboral, después de la edad. En las calles del centro de Bucarest no se ven más gitanos que hace uno o dos años, y la percepción tampoco ha cambiado. "No es mi problema, es el de todos. Aquí ningún gitano se dedica a algo limpio", dice un taxista acostumbrado a ver niños pidiendo limosna a sus clientes. "Siempre están igual", remata.

RECORTES DEL 15 POR 100 EN EL INSTITUTO CERVANTES.- Según cuenta El Confidencial, el Nobel de Literatura al escritor hispano peruano Mario Vargas Llosa puede ser la única alegría que el español se lleve este año. Y es que el Gobierno ha decidido celebrar el galardón con un duro ajuste de los fondos para el Instituto Cervantes, principal institución pública para la promoción y la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Un recorte de las inversiones que alcanza el 15% y que no sólo obligará al cierre de centros, sino también al aplazamiento de nuevas aperturas y a retrasar proyectos pendientes en ocho dependencias ya operativas. “En el actual contexto presupuestario, no se puede continuar con el plan de expansión para abrir nuevos centros. Así lo aconsejan la necesaria austeridad que debe presidir esta propuesta y la consolidación de los contenidos y servicios que ofrecen las sedes cuya puesta en marcha se ha producido en años recientes”, justifica el Ejecutivo en el programa Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el exterior, recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. El parón al plan de expansión obliga a retrasar los centros de Seúl y Kiev, cuya apertura estaba contemplada para 2011 en las proyecciones plurianuales elaboradas por el Cervantes. Del mismo modo, “se plantea el cierre de un centro” que, según adelantó la directora del Instituto, Carmen Caffarel, será el de Florianópolis, dependiente del de Sao Paulo (Brasil). “Es una medida que habríamos preferido no tomar”, dijo durante la preceptiva comparecencia en el Congreso para explicar las cuentas de su negociado. No obstante, matizó que era el centro más pequeño de la red y el que menos actividad docente y cultural desarrollaba. Más inquietante es la cantidad de proyectos que se retrasan por “la reducción en la cuantía del crédito para inversiones para los próximos ejercicios”. Por ejemplo, tendrán que esperar las obras de renovación y mejora de las actuales instalaciones de los centros de El Cairo, Manchester, Tánger y Roma. Tampoco podrá adaptarse el nuevo edificio de aulas en la parte asiática de Estambul; queda paralizado el traslado de las instalaciones en Orán y Lisboa, y se dejan para mejor ocasión los trabajos en Sao Paulo, donde estaba previsto habilitar para aulas el antiguo Consulado español en la ciudad. El plan B a los nuevos centros, las denominadas aulas Cervantes, tampoco correrán mejor suerte. Estos centros de apoyo, “medio para que el Instituto esté presente en países donde existe demanda de enseñanza en español y no hay previsiones de inaugurar centros presenciales a largo plazo”, se instalan en colaboración con las universidades de cada ciudad, a las que se dota de medios tecnológicos y recursos didácticos del castellano para facilitar el acceso al Centro Virtual Cervantes y al curso por Internet del Instituto. “Tampoco está previsto abrir nuevas aulas Cervantes” en 2011, deja claro el programa presupuestario. Caffarel recordó en la Cámara Baja que es el capítulo de inversiones el que más ve reducida su dotación por el ajuste presupuestario general. En efecto, el Instituto dispondrá de 7,46 millones en créditos para el año próximo, cifra que supone un 15% menos respecto a los 8,79 millones contemplados para el presente ejercicio. En total, la institución manejará 102,8 millones en 2011 –apenas un 0,5% menos-, de los que 62,88 se van en gastos de personal. “Hemos optado por trasladar a ejercicios posteriores algunas inversiones”, zanjó la directora del Instituto, añadiendo que las demandas de los centros se atenderán “a medida que las disposiciones presupuestarias lo permitan”. En lo positivo, el año próximo será el primero completo de actividades en el centro de Gibraltar. Además, se buscará consolidar los de Sidney y Nueva Delhi. En tiempos de crisis, el Gobierno se confía a iniciativas ‘low cost’. Por ejemplo, a lo que pueda crecer la red de centros asociados para la enseñanza del español, que “no supone un coste estructural (…), por lo que su promoción y difusión permitirá ampliar el ámbito de actuación del Instituto”. También, a la Aula Virtual de Español, que promueve la enseñanza online. “Constituye un proyecto pionero con su combinación de televisión y textos, y que permite llegar, con bajo coste, allí donde no lo hacen los centros”, concluye el programa.

MENOR GASTO EN LA CESTA DE LA COMPRA.- Un año y medio de guerra de precios no ha conseguido frenar la caída del consumo, pero ha provocado un profundo desgaste tanto en el sector como en los propios consumidores, según pone de relieve un análisis publicado en La Vanguardia. Si el 2009 fue el año de las ofertas, el 2x1 y el incremento de la cuota de la marca blanca por sus precios más económicos, el 2010 puede pasar a la historia como el primer año en la última década en que la cesta de la compra se reduzca en volumen. En resumen, la gente no sólo gasta menos, también ha empezado a comprar menos cantidad de comida. Concretamente, un 3,7% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Este porcentaje se ha acentuado en los productos frescos y perecederos, que perdieron un 4,3% en volumen y un 3,3% en valor. El índice de ventas en grandes superficies en Catalunya a precios constantes ha registrado en julio una reducción del 3,4% respecto al año anterior, debido a una reducción más intensa de productos alimentarios (-6,7%) respecto al resto de productos (-1,1%).
El hipermercado es el formato que más ha sufrido con la crisis y sigue perdiendo cuota. En los ocho primeros meses del 2010, el híper perdió 1,1 puntos de cuota de mercado. En cambio, el supermercado y el discount han crecido. El súper alcanza ya el 47,9% del total del mercado en valor, mientras el discount sitúa su porcentaje de facturación en un 16,4% del total. Mercadona es la enseña que mejora más su cuota, que ya supera el 23% del mercado de alimentación. La expansión que lleva a cabo la cadena valenciana, además de su estrategia de reducción de marcas, la llevan a avanzar en cuota, aunque no en beneficios. Un dato que los expertos interpretan como un cambio significativo en los hábitos del consumidor. "Después de meses buscando las mejores ofertas y comparando precios y siendo bombardeado por campañas publicitarias, el consumidor ha interiorizado unos mecanismos de control de gasto que ha empezado a aplicar también a la hora de llenar la cesta básica", asegura Susana Magdaleno, directora de Retail & Petrol de la consultora Kantar Worldpanel. "Hasta ahora habíamos detectado un descenso del consumo en productos más superfluos, como la perfumería o el textil, pero este comportamiento se ha trasladado a los productos más básicos, como los frescos o la alimentación envasada", incide Magdaleno. "Yo estoy convencida de que al ritmo que se reduce la cesta de la compra se reduce también la bolsa de la basura; el consumidor prefiere comprar menos y más cerca y no tener que tirar nada", asegura la consultora, que detecta que en productos frescos se compra lo que se necesita. Según los datos de Kantar Worldpanel, los productos frescos perecederos representan el 47,5% del gasto total de gran consumo, por lo que su descenso se traslada a todo el sector. La alimentación envasada, por su parte, pierde un 2,1% en valor y un 0,3% en volumen. En cambio, droguería y perfumería crecen en volumen aunque siguen cayendo en valor.
Paralelamente, la marca de distribución sigue ganando peso. Hasta agosto, el gasto medio de las familias destinado a marca blanca fue de 426 euros, 10 euros más que el año anterior. Sin embargo, el gasto en productos de marca de fabricante ha descendido una media de 60 euros por hogar. La cuota de marca blanca queda, según los datos de Kantar Worldpanel, en un 33,3% del total del gran consumo. La nueva actitud del consumidor respecto a la cesta de la compra se ha trasladado a las diferentes enseñas. "Las cadenas que consiguen un posicionamiento de negocio claro y simple, que combina proximidad, imagen de calidad y precios competitivos son las que mejores resultados obtienen en esta segunda fase de caída del consumo", según Susana Magdaleno. Aparte del caso de éxito de Mercadona, la experta identifica estos valores con las cadenas locales más que con los grandes operadores, "porque generan confianza en el consumidor y la gente se ha vuelto más conservadora a la hora de comprar". En el caso de la catalana Condis, su director general Enric Ezquerra, afirma que ha incrementado su cuota nacional del 1,78% al 1,87%, "gracias al posicionamiento de proximidad y a la confianza de los consumidores, sobre todo en los productos frescos". Fruta y verdura, carne y pescado están ganando peso en los supermercados de proximidad, en perjuicio tanto del híper como del comercio tradicional.
El ahorro, y la crisis, llegan a los productos de consumo de cada día...
MUCHOS IBÉRICOS... NO LO SON.- La consejera de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha señalado que actualmente se venden productos etiquetados como procedentes del cerdo ibérico andaluz equivalentes a una producción de un millón de animales, pese a que en realidad sólo hay contabilizados unos 500.000 en la región. “No vamos a permitir que se produzca un fraude a los consumidores. Eso significa que se podría estar produciendo algún fraude", ha indicado Aguilera, que ha asegurado que la Consejería va a ser "muy exigente" en este sentido y va a cerciorarse de que los productos que estén etiquetados como tales reúnan los requisitos necesarios.
Además, habrá que comprobar que esos productos "realmente provienen de las dehesas andaluzas", ha dicho, ya que el fraude en el etiquetado no tiene por qué significar que no son productos ibéricos, sino que es posible que lo sean pero tengan su origen en otras regiones. La consejera ha indicado que en estos momentos se está instruyendo el expediente de los 17.000 kilos de "falso ibérico" intervenidos a una empresa sevillana hace unos días, "por no estar acorde el etiquetado con la calidad del producto", de los que ya se han destruido 1.700 kilos, por haber caducado.
Esta actuación se enmarca, ha apuntado, dentro de una campaña para controlar los productos de calidad de Andalucía, que "se va a intensificar" y que atenderá especialmente a los cárnicos y al aceite de oliva. "No vamos a permitir que se produzca un fraude a los consumidores", ha concluido Aguilera, que además considera que así se consigue asimismo "proteger a los ganaderos que con tanto esfuerzo cumplen las normas".

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