ACELERAR LAS REFORMAS PARA EVITAR EL RESCATE.- ¿Hay miedo a un posible “rescate” que puedan hacer a la economía y finanzas españolas la UE y el FMI? Posiblemente, hay miedo, y sobre todo, hay una cierta angustia de que tal cosa pudiera sucedernos. Una encuesta entre lectores efectuada por un diario nacional recoge opiniones, y están muy ajustas las que temen que se producirá ese ajuste, y quienes rechazan esa posibilidad. Pero no hay duda de que el temor, el miedo, el desasosiego, está ahí y sobrevuela cualquier otra cuestión, por más que nuestras autoridades económicas insistan en que no existe razón alguna, que nuestros datos económicos son fiables, que no hay números ocultos que nos puedan echar en cara... Y algo de ese temor estaba también sobrevolando en el encuentro que el presidente Zapatero mantuvo este sábado con 37 empresarios, en lo que algunos ya han bautizado como G-37, el grupo de los 37... Hubo una coincidencia muy general entre los reunidos: hay que evitar ese ajuste, aunque para ello haya que proceder a un ajuste aún más duro, deberán acelerarse las reformas, hay que emplear toda la firmeza que sea posible, sin que tiemble la mano a la hora de adoptar decisiones ingratas. Se hace preciso acelerar los cambios ya en marcha pero pendientes de rematar. Y en esa necesidad apremiante, muchos empresarios apuntaron loq ue les parece más urgente: la reforma de la negociación colectiva, mayor control del gasto de las Comunidades Autónomas, un marco regulatorio del sector energético...En resumidas cuentas, en esa reunión del G-37, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la élite empresarial española se comprometieron a acometer, "con determinación y con la máxima celeridad", las reformas pendientes, especialmente las fusiones de cajas y la de las pensiones, para generar esa confianza que precisan tanto el propio país como ese ente abstracto pero dominante que los son mercados. Esa, sin duda, fue la conclusión más importante de esa reunión de casi cuatro horas, que se produjo en La Moncloa, y que reunió a Zapatero y sus vicepresidentes Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, con 37 de los principales empresarios españoles convocados. Al término del encuentro, Zapatero lo calificó de "extraordinariamente útil", porque "ha servido para generar confianza y reforzar el compromiso de Gobierno y empresarios con la estabilidad económica". Y anunció que, en "dos o tres meses", volverá a convocar este encuentro para evaluar los compromisos adquiridos. Es decir, se institucionaliza este G-37, que ahora deberá hacer el seguimiento del grado de cumplimiento de los propósitos expuestos por muchos de los reunidos, y en todo caso, aceptados por todos. Cabe recordar que la reunión, que posiblemente sugirió el Rey, se ha producido en medio de las turbulencias provocadas por el rescate de Irlanda, que han situado a España, según algunos analistas y políticos, en el ojo del huracán de esos temibles mercados. De manera que la Moncloa el Gobierno convertía el encuentro en una oportunidad para reforzar la confianza en las medidas que el Gobierno está adoptando para salir de la crisis. Hasta el punto de que Zapatero, al término de la reunión, no tenía dudas en proclamas que "hoy se ha fortalecido la confianza". Se calcula que se produjeron una veintena de intervenciones de los invitados, y de ellas se extrajeron conclusiones sobre la marcha de la reestructuración d e las cajas, para que las fusiones hayan concluido antes de Navidad, reducción del déficit y continuación de reformas en marcha, como la energética, el desarrollo de la reforma laboral y la de pensiones. Ésta última también se verá acelerada: La comisión del pacto de Toledo deberá remitir al Parlamento su propuesta de reforma para que se debata, y a ser posible se apruebe, en el primer trimestre. Todo ello, con un decidido propósito de cambiar el modelo económico y "ganar en competitividad". "Inversión, competitividad y exportación son los ejes para la recuperación económica". Fue otro compromiso adquirido por Zapatero y la élite empresarial, con gran potencial exportador. El Gobierno se comprometió a adoptar medidas para estimular la inversión. Precisamente el reto de la competitividad, que fue un referente de la reunión, que originó el compromiso de Zapatero de crear una Comisión Nacional de Competitividad, como organismo independiente, compuesto por personalidades del ámbito económico y social que evalúe, permanentemente, la competitividad de la economía y "mantenga la tensión". Y luego, las aspiraciones concretas de los distintos sectores: Los representantes del sector energético quieren un marco estable, dada su importancia estratégica. Los representantes del sector turístico reclamaron a Zapatero una Secretaría de Estado. El único que reclamó más recortes sociales fue Rafael del Pino, de Ferrovial. En fin, la posibilidad de un diálogo político entre Zapatero y Rajoy se abordó en la rueda de prensa, y Zapatero expresó su disposición, aunque precisó que las reuniones sólo son útiles cuando hay voluntad de contribuir. "Habría que preguntar a Rajoy si la tiene", concluyó, sin duda molesto por las dudas que los portavoces del PP han venido exponiendo en la última semana sobre la solidez de la economía españolas...
LA PROPUESTA ABERTZALE SIGUE SIN SER SATISFACTORIA.- Sin hacer esperar su reacción, el Gobierno ya ha indicado que la propuesta de un nuevo partido abertzale vasco, presentada ayer, está lejos de satisfacerle, y sigue sin verla adecuada. Y eso que Rufi Etxevarría, el dirigente de la antigua Batasuna, que presentaba las bases de la nueva formación en una rueda de prensa en Pamplona, a quien acompañaban otros dirigentes y cerca de 300 militantes de la izquierda abertzale, daba por hecho que los estatutos del nuevo partido que promueve Batasuna van a cumplir los requisitos de la Ley de Partidos, además de recoger el compromiso por las vías políticas y democráticas y el rechazo al "uso de la violencia o al amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos". Etxevarría anunciaba en este acto muy anunciado y con gran expectación, que próximamente se iniciaran los trámites de legalización de su nuevo partido con la presentación de sus estatutos. En este sentido, y a pesar de sus críticas por la "naturaleza antidemocrática" de la Ley de Partidos y su "utilización política y arbitraria", el dirigente de la izquierda abertzale aseguraba que "esos estatutos se elaborarán de conformidad con los requisitos establecidos en la citada ley". Las bases del nuevo partido están recogidas en un documento que leyó el propio Etxeberria en castellano y Beitialarrangoitia en euskera. El objetivo de la nueva formación, según este texto, es impulsar un "estado vasco para una Euskal Herria unida, independiente, euskaldún y socialista". Además, el nuevo proyecto de la izquierda abertzale ejercerá su actividad, según ha leído Etxeberria, "por vías exclusivamente pacíficas y democráticas" y en él "no hay cabida para forma alguna de coacción violenta en la estrategia independentista y socialista de este nuevo proyecto político y organizativo".
Los impulsores del nuevo partido entienden que "solamente desde el respeto a los principios democráticos se pueden concitar mayorías institucionales y sociales que hagan avanzar el proceso hacia un escenario de vigencia real de los derechos individuales y colectivos en la senda de nuestros objetivos independentistas y socialistas". Indicaron también que el compromiso de este nuevo proyecto con las vías exclusivamente políticas y democráticas "debe ser firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas o factores coyunturales y, por tanto, deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos". "Ello conlleva el compromiso por el uso exclusivo de la movilización y adhesión popular y la desobedicencia civil, la lucha ideológica y la participación político-institucional como instrumentos de acción política. Por tanto, no hay cabida para forma alguna de coacción violencia en la estrategia independentista y socialista de este nuevo proyecto político y organizativo", afirmó Etxeberria.
El nuevo partido de la izquierda abertzale, además de impulsar la independencia del País Vasco y el socialismo, favoreciendo para ello la "acumulación de fuerzas independentistas y soberanistas progresistas", trabajara por un "proceso de diálogo y negociación" que traiga "un escenario de paz". Para ello, según Etxeberria, se involucrará "en la dinamización de un proceso de diálogo y negociación que resuelva democráticamente el conflicto, traiga a casa a todos los presos y exiliados e instale un escenario de respeto de todos los derechos individuales y colectivos". En las bases de este proyecto también se hace especial mención de compromiso con el euskera, la clase trabajadora, la igualdad entre hombres y mujeres y la justicia social, así como con "una paz basada en la justicia y la libertad porque la paz no es sólo ausencia de violencia sino el baluarte de un modelo social basado en la democracia y en la justicia social". Etxeberria ha insistido en que, por ello, "toda expresión de violencia y de imposición debe desaparecer de este país, y el conjunto de los derechos humanos, superando su actual visión androcéntrica, los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales deben ser respetados, así como promovidas las condiciones para que sean reales y efectivos". "Porque será el respeto al conjunto de los derechos de toda la ciudadanía de este país el que consolide de forma definitiva, a través de diálogo participativo, la negociación y el acuerdo democrático, una paz estable y duradera para Euskal Herria, donde mujeres y hombres decidan, sin limitaciones ni hipoteca alguna, sobre su futuro en un país libre", ha dicho.
Zapatero, Rubalcaba, Patxi López, siguen moviendo la cabeza y proclamando que “no es esto, no es esto”. Falta la condena a las actuaciones de la banda ETA y la invitación a que la banda se extinga de una vez. Tal y como se temía...
LOS PROPÓSITOS BÁSICOS DEL PROYECTO DEL PP.- Según un análisis de la situación política que este domingo nos ha brindado el diario ABC, “agenda oculta», «tea party» y «Cameron», son las tres claves que las filas socialistas manejan en su andanada contra el PP. Las citan, según ABC, conscientes del poder de penetración que tiene para los ciudadanos alertarles de los fortísimos ajustes económicos que abordarían los populares de llegar al Gobierno. Añade el trabajo que la estrategia tiene todas las similitudes con la desarrollada a mediados de la década de los 90, cuando la admonición era que el PP quitaría las pensiones, hasta que el mensaje no pudo impedir que José María Aznar ganara las elecciones generales en 1996, eso sí, por escasos 300.000 votos de ventaja sobre su más directo adversario. Luego, se supo que el mismo Gobierno que alertaba a los jubilados del riesgo de quedarse sin su pensión había, dejado las cuentas públicas en una situación tal de emergencia financiera que hubo que pedir préstamos extraordinarios para poder abonar esas mismas pensiones que se habían convertido en munición electoral. Pues bien, las pensiones no desaparecieron, y el Pacto de Toledo (creado en el año 95, gobernando todavía Felipe González) acordó la revalorización automática de las mismas mediante un acuerdo con Comisiones Obreras y la CEOE, así como la creación de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, destinado a garantizar el pago de prestaciones contributivas en situaciones de crisis del sistema, ambas iniciativas gobernando los populares. Dice en otro momento el reportaje de ABC que el Gobierno y el PSOE manejan otro mensaje que puede tener adeptos entre no pocos indecisos, a lo que ayuda, sin duda, una política popular que no le hace ascos a la gestión privada de los servicios públicos, lo que para muchos esconde una «privatización» encubierta en la que prima el principio de la rentabilidad por encima del bien común, a pesar de que Andalucía, Comunidad gobernada por el PSOE, es, por ejemplo la que más concierta su sanidad con centros privados.
Y seguidamente, expone lo que entiende que son “los ejes de la propuesta popular”. Empezando por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables los servicios públicos. En segundo lugar, y entre otras materias de la agenda popular, destaca la reforma de las Administraciones, que incluye la desaparición de más de la mitad de las 3.800 empresas públicas que existen en España, muchas de ellas de competencia autonómica. El PP quiere una ley de disciplina presupuestaria que fije el techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones públicas. Para ello proponen un debate para llevar a la Constitución este principio de estabilidad, tal y como ha hecho Alemania, una idea complicada de aplicar, dadas las polémicas que se crean siempre en torno a las reformas constitucionales. Ese principio de estabilidad debiera definir los ámbitos de competencia de cada administración, para evitar duplicidades y potenciar competencias de los municipios. Es otro capítulo importante de la propuesta popular ya adelantada por Mariano Rajoy. Rajoy también se ha quejado de las distorsiones económicas que crea el sistema autonómico, de modo que un eventual Gobierno popular promovería la creación de un sistema de vigilancia y arbitraje «que simplifique la maraña normativa generada por la proliferación de regulaciones autonómicas y locales». En definitiva, intentaría asegurar la unidad de mercado. Señala el reportaje de ABC en otro momento que no faltan voces en el PP que defienden un adelgazamiento de la Administración, empezando por las corporaciones locales. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos de menos de 500 habitantes, que, en plena crisis, apenas tienen para sostener el organigrama municipal. La vía sería la supresión de alcaldías por el método de las mancomunidades, de modo que puedan compartir servicios públicos e infraestructuras.
En cuanto al capítulo de reforma laboral, los populares dieron a conocer prácticamente todas sus cartas en las 71 enmiendas que presentaron en el trámite parlamentario y que incluían ampliar el contrato de fomento de empleo (33 días de indemnización por año trabajado); flexibilizar la negociación colectiva con cláusulas de descuelgue para las empresas; reconocer la formación como un derecho de los trabajadores y permitir que sean ellos los que la gestionen directamente, o regular de forma clara la extinción de los contratos para evitar la litigiosidad. Además pidieron mejorar al definición del despido de 20 días por año trabajado con el fin de evitar inseguridad jurídica. Tampoco faltaron propuestas sobre trabajo a tiempo parcial o la regulación del teletrabajo. Propone también el PP garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia las familias, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos corrigiendo los elevados niveles de déficit público, y evitando que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado. También el PP se viene refiriendo a una rebaja de impuestos para fomentar la actividad económica y apoyar a la inversión, y que se traduciría en una rebaja del impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas y autónomos, e IVA superreducido para sectores como el turismo..
Observa luego el reportaje de ABC cómo el PP, que defiende un mix energético que la incluya, ve cómo la Generalitat valenciana se levanta en armas contra la posible instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra. A pesar de las claras discrepancias internas, el PP dice que quiere ordenar el sector con un nuevo mix que defina un uso racional y realista de todas las fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear; aumentar la competencia en generación y distribución e incrementar las interconexiones internacionales.
En fin, propone acometer las necesarias reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad de la economía y avanzar en la liberación de los sectores económicos básicos, como el sector energético, las telecomunicaciones o el transporte para mejorar la competitividad de nuestro país, abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, la energía, políticas de I+D+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores. Y limitar los incrementos de precios y tasas reguladas, eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de precios más competitivos y mejor calidad de los bienes y servicios.
LOS OBISPOS ESPAÑOLES, MÁS PAPISTAS QUE EL PAPA.- Las opiniones expresadas por el Papa Benedicto XVI en un reciente libro_entrevista sobre el uso del preservativo, aún no han cesado de originar reacciones de sorpresa y de controversia. Después de que, en esas declaraciones recogidas en el reciente libro entrevista Luz del mundo, el Papa considera lícito «en algunos casos», como la prostitución, el uso del condón., han llegado los obispos españoles, que esta semana se han reunido en asamblea plenaria, y se han desmarcado de este histórico planteamiento, que, en opinión de muchos teólogos, parecía que apuntaba un cierto progresismo, al menos en materia de prevención de enfermedades como el sida. «El preservativo nunca se puede aconsejar y su uso siempre sucede en un ambiente de inmoralidad», aseguró rotundo el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. El obispo portavoz -recuerda El Periódico de Cataluña- ya se metió en un lío cuando, en 2005, tras una visita a la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, apuntó que los preservativos tenían cierto lugar en la prevención del sida. Tuvo que rectificar con expresiones más ambiguas o de doble lectura. Aunque aseguró haber leído el libro entrevista del periodista Peter Seewald con el Papa en su versión original, en alemán y en castellano, el portavoz no quiso meterse en embrollos. Y, como un frontón, ante la lluvia de preguntas, repitió: «No hay, en las declaraciones del Papa, ni de lejos, una legitimación de la prostitución o del preservativo». Y pidió: «Hay que leer el libro con tranquilidad, inteligencia y sosiego». En esta tarea andan («les hemos comprado ejemplares», comentó el obispo auxiliar de Madrid) los más de 80 colegas obispos, que han asistido a la asamblea plenaria con una agenda tan apretada que apenas les ha permitido ni la lectura del libro ni hablar del tema. Eso sí, se concedieron un descanso para recibir al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y al seleccionador, Vicente del Bosque, con el trofeo ganado por la Roja en Suráfrica. Ni los católicos ni los obispos están preocupados por el tema del preservativo, según Martínez Camino. ¿Y las personas que ejercen la prostitución, que, en muchos casos, son creyentes?, se le preguntó. «Claro que hay mujeres que son víctimas de ese mundo y, sin embargo, son creyentes», admitió. Pero se remitió al ambiente de inmoralidad en el que siempre, según la doctrina de la Iglesia, «que sigue siendo la misma», se usa el condón. Martínez Camino se negó a aclarar cuándo, cómo y si los católicos pueden usar el preservativo, como se le pidió tras una lectura de las palabras al respecto del Papa en el libro entrevista. «No quiero interpretar ni hacer exégesis», se disculpó, antes de acusar a los medios de comunicación de haber hecho «titulares inexactos» y de haber dicho «auténticas barbaridades». «La doctrina y el mensaje de la Iglesia no se aprenden en los titulares de prensa. Y la formación de la fe católica no se hace con la prensa ni la televisión», apostilló con solemnidad, según relata El Periódico de Cataluña
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