MARRUECOS AMENAZA CON RECONSIDERAR SUS RELACIONES CON ESPAÑA,CUARTO MES DE AUMENTO DE PARO, ZP VUELVE A TENER LA INICIATIVA

MARRUECOS AMENAZA CON RECONSIDERAR SUS RELACIONES CON ESPAÑA.- Marruecos considera que "las circunstancias requieren una reevaluación del conjunto de sus relaciones con España en todos los ámbitos", según anunció este jueves el ministro marroquí de Comunicación y portavoz, Jalid Naciri. La reacción del Ejecutivo de Rabat se desencadena después de que el Congreso pidiera, este jueves, al Gobierno que condene "los incidentes violentos" ocurridos durante el desmantelamiento el mes pasado del campamento de protesta saharaui de Gdaim Izik en El Aaiún, en el Sahara Occidental. La resolución, que fue apoyada por todos los grupos del Congreso, no cita de manera expresa a Marruecos como responsable. Pero no piensa lo mismo el portavoz marroquí, que afirma que la "resolución adoptada por el Parlamento español" se caracteriza "por su hostilidad respecto a Marruecos y contiene párrafos y expresiones antimarroquíes que no pueden ser aceptadas", según cita la agencia oficial MAP. El Gobierno de Marruecos considera, por ello, que "las circunstancias requieren una reevaluación del conjunto de sus relaciones con España en todos los ámbitos", según anunció el ministro marroquí de Comunicación y portavoz, Jalid Naciri. Esta es la reacción del Gobierno de Rabat tras la aprobación de una moción de IU-ICV en la que se pide al Gobierno "condenar los incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui. La diplomacia española había tenido buen cuidado, en las declaraciones de la ministra Trinidad Jiménez, y en los plenos del Parlamento Europeo, del Senado y del Congreso de los diputados, en evitar lo que los activistas saharauis venían reclamando con insistencia: una condena explícita del régimen del Rey Mohamed VI, a quien se atribuye la política que se lleva a cabo en el antiguo Sahara español.
De manera que el Parlamento Marroquí se reunirá este viernes en sesión plenaria para examinar la posición del Parlamento español, informa la agencia oficial MAP. En su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, Naciri ha asegurado que la moción aprobada por el Congreso de los Diputados español "se caracteriza por su hostilidad hacia Marruecos" y "contiene expresiones antimarroquíes que son inaceptables". Según el portavoz, los partidos españoles que han votado a favor de la resolución están movidos por "viejos complejos hacia Marruecos" y utilizan las diferencias con el reino alauí para sacar rédito electoral. "Las fuerzas políticas españolas ponen una vez más a Marruecos en el corazón de la lucha política interna, dentro de una carrera electoral desenfrenada a fin de desviar la atención de la opinión pública española de la profunda crisis económica", ha subrayado el portavoz. Asimismo, Rabat lamenta que las Cortes españolas hayan "preferido condenar a Marruecos en lugar de felicitar a las autoridades por la cordura y la responsabilidad que demostraron en los últimos incidentes de El Aaiún, que no provocaron ninguna muerte entre civiles".
En la moción aprobada este jueves Madrid se insta al Ejecutivo a "expresar a las autoridades marroquíes su preocupación ante las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental". El texto es similar a los aprobados por el Senado el pasado martes y por el Parlamento Europeo la semana pasada, que también recibió el respaldo de todos los grupos políticos, y que Marruecos tildó de "parcial, injusta y precipitada". El Ejecutivo de Zapatero ha insistido en que no condenaría a Rabat mientras no haya datos suficientes para saber lo que ocurrió en el desalojo el pasado 8 de noviembre y en los disturbios de los días posteriores.
Las relaciones hispanomarroquíes resultan “altamente sensibles” y requieren una especial habilidad y diplomacia, según observan expertos españoles, que han tenido buen cuidado en no “molestar” a las autoridades de Rabat por ninguna causa que pudiera afectar a los intereses españoles. Buena demostración de ello es la nota facilitada ayer por el Ministerio de Exteriores. En las que “reitera, en todo caso, su voluntad de mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno marroquí, desde el respeto a las instituciones de cada país”. Ramón Jáuregui se explicaba de parecida manera. Es evidente que el Gobierno español no querría, de ninguna manera, que se abriera un nuevo tiempo de mala relación con Rabat. Se ha esforzado en evitarlo durante toda esta crisis, como en las anteriores originadas por Ceuta, Melilla o Peregil...

CUATRO MESES SEGUIDOS DE “PARO CRECIENTE”.- El desempleo en España sigue al alza, y ya acumula cuatro meses de subidas sin parar, en una fase que El País llama “de lenta normalización”.. La reforma laboral aprobada por el Gobierno todavía no se nota sobre el aumento de la contratación laboral y los datos de noviembre reflejan un nuevo incremento del número de parados. Así, el número de personas sin empleo registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 24.318 personas en noviembre, un 0,6% respecto al mes anterior, encadenando así cuatro meses al alza tras aumentar en agosto, septiembre y octubre en 61.000, 48.000 personas y 68.000 personas, respectivamente. El aumento de noviembre es el menor incremento experimentado en este mes desde 1998, cuando el paro sólo subió en 2.315 personas. Con la subida de noviembre, el total de desempleados superó de nuevo la barrera de los 4,1 millones de parados, al situarse en 4.110.294 personas, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración. No obstante, el aumento de noviembre es el menor incremento experimentado en este mes desde 1998, cuando el paro sólo subió en 2.315 personas. Con esta subida de noviembre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es casi tres veces inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el paro creció en 60.593 personas.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha señalado que cualquier subida del paro no puede considerarse positiva, pero ha destacado el hecho de que este mes de noviembre haya registrado el menor incremento del desempleo desde 1998, lo que "podría interpretarse como una normalización" del mercado de trabajo español. El paro subió en doce comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (8.517 parados más) y Galicia (7.827 desempleados más), y bajó en cinco de ellas, destacando Canarias (-3.580 desempleados), Extremadura (-2.573) y Madrid (-2.309 parados). Por el contrario, en la Comunidad Valenciana el paro descendió levemente respecto al mes anterior. Por provincias, bajó en 16 de ellas, lideradas por Barcelona (-2.660 desempleados), Madrid (-2.309) y Tenerife (-2.020), y se incrementó en 36, encabezadas por Baleares (+7.288 parados) y Málaga (+4.607). En cuanto al paro femenino se incrementó en 13.224 mujeres, un 0,64% respecto a octubre, mientras que el masculino subió en 11.094 desempleados (+0,55%). Así, al finalizar noviembre, el número de hombres en paro sumaba 2.027.565, mientras que el de mujeres desempleadas era de 2.082.729. Por sectores económicos, el desempleo bajó sólo en la construcción, con 769 parados menos (-0,11%), y en la industria, donde se redujo en 1.744 personas (-0,36%). En el resto de sectores, se registraron más parados en noviembre. El sector donde más aumentó el desempleo en el undécimo mes del año fue el de los servicios, con 15.757 parados más (+0,6%), seguido del colectivo sin empleo anterior, que sumó 8.637 desempleados más (+2,4%), y la agricultura, con 2.437 parados más (+1,8%). En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron en los servicios públicos de empleo un total de 1.257.479 contratos, un 4,4% más que en igual mes de 2009. De ellos, sólo el 8,6% del total, es decir 108.131 contratos, fueron de carácter indefinido, un 0,6% más sobre igual mes del año anterior. En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo ha subrayado que es la primera vez que aumenta la contratación fija en tasa interanual desde febrero de 2008 y la primera que lo hace en un mes de noviembre desde 2006. El resto de contratos efectuados en noviembre se reparten entre 12.842 contratos de carácter formativo y 1.257.479 contratos temporales, de los que el 29,1% fueron de obra o servicio y el 25,98% eventuales por circunstancias de la producción. De enero a noviembre, los contratos registrados superan los 13,22 millones, con un repunte del 2,6% sobre igual periodo de 2009. De esa cantidad, sólo 1.135.043 contratos realizados en estos once meses son indefinidos, con una caída del 7,4% sobre enero-noviembre de 2009.

ZP VUELVE A RECUPERAR LA INICIATIVA.- La sensación de sorpresa que el nuevo paquete de medidas económicas del Gobierno causó en la mañana del jueves en la Oposición, era una excelente noticia para el Gobierno, que volvía a recuperar la iniciativa en este intercambio de golpes que viene favoreciendo la crisis económica. Primero, porque nadie, ni propio ni extraño, esperaba esa serie de decisiones que confirmará este viernes el Consejo de Ministros. Segundo, porque todavía se ignora si ha sido forzado por “sugerencias” o imperativo de Merkel, Sarkozy o Almunia..., aunque no falta quien sugiera que, nuevamente, lo imponen los mercados para terminar de ajustar el recorte de gastos previsto para este año y el que viene, hasta situar el déficit en el 6 por 100 del PIB. Para casi todos fue una sorpresa agradable, salvo para los sindicalistas, que han vuelto a las amenazas y advertencias por causa de la desaparición de los 426 euros mensuales de ayuda a los desempleados de larga duración. Incluso en el PP hubo titubeos, a la hora de reaccionar. ¿A favor o en contra? De un lado, les quitaba la iniciativa, pero tampoco podían oponerse porque algunas de las medidas anunciadas habían sido reclamadas por el propio PP o por CiU. Incluso podría sumarse alguna medida más de las anunciadas, ya que se han reclamando papeles a algunos departamentos ministeriales. Tampoco falta quien aún no haya bajado de su asombro, y hable de “cambio de rumbo”, por ejemplo, en el modelo aeroportuario propuesto por el Gobierno: se venderá el 49% de AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos, frente al 30% de máximo que se había reiterado, como mera propuesta, en los últimos dos años. El Ministerio de Fomento considera que esta venta supondrá unos 9.000 millones de euros de ingresos para el Estado, tras valorar los activos de AENA, con 47 aeropuertos, en 30.000 millones, menos los 12.000 de deuda. Además, en esta privatización aeroportuaria, los dos mayores aeropuertos españoles, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, serán concesiones similares a las que existen para las autopistas a empresas privadas, que abonarán un canon anual a AENA. Fomento considera que el de Madrid le puede proporcionar a AENA unos 9.000 millones durante la vida de la concesión (de unos 30 a 40 años) y el de Barcelona otros 5.000. Nadie duda de que la venta de estas “joyas de la Corona” significan todo un giro muy sustancial respecto al compromiso del Gobierno, en enero pasado, de enviar antes de junio un proyecto de ley de Modernización del Sistema Aeroportuario. Se recuerda que el propio presidente del Gobierno había prometido a las Administraciones autonómicas un "papel determinante" en el nuevo modelo aeroportuario, pero ahora sólo se les da participación en los Comités de Coordinación Aeroportuaria, a no ser que quieran participar en la concesionaria. Así las cosas, y a la espera de contemplarlas en resoluciones del gobierno, en el Consejo de este viernes, las reacciones al variado anuncio de Zapatero van desde un cierto entusiasmo contenido de Ferrovial, dueño de los aeropuertos británicos de Heathrow y Stansted, y de Abertis, que gestiona el londinense de Luton junto a AENA Internacional, que ya han expresado su interés, hasta el rechazo radical de los sindicatos y partidos de izquierda, particularmente originado por la supresión de los 426 euros del subsidio a los parados de larga duración y por la aprobación de las agencias privadas de oferta de empleos, pasando por actitudes de escepticismo o por la sospecha de que nos hallamos ante otro paquete de medidas forzadas por eso que llamamos “los mercados”. Sobre todo, porque Elena Salgado se ha esforzado en asegurar que nadie pedía que España adoptara más medidas para reducir el déficit, porque ya eran suficientes, y que con las ya adoptadas había bastante. ¿Llegó a asustar la eventualidad de un “rescate”, a la griega y a la irlandesa, como el que ha parecido tan inminente en los días anteriores?
LAS NUEVAS MEDIDAS FUERON RECLAMADAS POR LA UE.- Asegura El Confidencial que el plan anticrisis con el que José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió este miércoles en el Congreso, se ha fraguado en los últimos días a marchas forzadas. En apenas 72 horas, una sucesión de reuniones, llamadas e impactantes noticias en los mercados de deuda y renta variable obligaron a Moncloa a activar este Plan B para afrontar una crisis que no solo pone en jaque el futuro de España. "No hablamos de rescatar España o Portugal”, habrían advertido a Zapatero otros presidentes de la Unión Europea. “Lo que hay que salvar es el euro”. Los hechos sobrevinieron con tal velocidad, dice El Confidencial, que La Moncloa anunció, ya por la tarde, que el presidente suspendía su viaje a Bolivia y que tampoco participaría en la Cumbre Iberoamericana de Argentina. Zapatero presidirá el Consejo de Ministros que este viernes dará luz verde al nuevo paquete de reformas, aunque hay otra razón de mayor calado: los presidentes de la UE han estado debatiendo en las últimas horas la posibilidad de convocar un Consejo Extraordinario europeo con un único objetivo: salvar la moneda común. Una reunión que, si finalmente se efectúa, no puede sorprender a Zapatero al otro lado del Atlántico. En la agenda de Moncloa no se modifica el viaje de Zapatero hoy a Zurich, donde participará junto a su homólogo portugués, José Socrates, en la presentación de la ‘Candidatura Ibérica' para el Mundial de 2018.
Según el relato de El Confidencial, la semana de infarto arrancó el pasado lunes en Trípoli, Libia, en la Cumbre Unión Europea-Africa. Zapatero intervino, junto con los primeros ministros de Luxemburgo y Bélgica, en la mesa de Objetivos del Milenio, Agricultura y Seguridad Alimentaria. En un apartado de la Cumbre, mantuvo una reunión a puerta cerrada y “muy informal" con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso; y los máximos dirigentes de Italia y Portugal, Silvio Berlusconi y José Sócrates. Según el portavoz de Rompuy, los cinco mandatarios conversaron sobre el acuerdo cerrado por el Ecofin para rescatar la economía irlandesa. Pero su preocupación fue mucho más allá. Todos los presentes mostraron a Zapatero su preocupación ante los insistentes rumores de un posible rescate a España y Portugal y coincidieron en la necesidad de anticiparse a “los ataques directos de los especuladores” contra el euro, según confirman fuentes de La Moncloa. Comenzó entonces la primera ronda de llamadas telefónicas entre los principales líderes europeos para estudiar cuál era el camino a seguir. El martes se echó más de leña al fuego. La prima de riesgo alcanzó, por primera vez en 14 años, los 300 puntos básicos. Las llamadas telefónicas del extranjero con destino La Moncloa se sucedieron en un continuo goteo de intervenciones. Varios presidentes europeos coincidieron en un mismo mensaje: “Tienes que tomar alguna medida urgentemente, porque el que corre verdadero riesgo es el euro”. Zapatero reaccionó a contrarreloj y preparó junto a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, un plan de medidas que presentó al día siguiente, miércoles, en la sesión de control al Gobierno. La posibilidad de convocar un consejo extraordinario seguía planeando sobre las cabezas visibles de los principales gobiernos de la Unión. La catarata de reformas anunciadas, que incluyen la reducción del impuesto de sociedades, la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y la agilización de la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, dejó sin argumentos al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que en un rueda de prensa posterior dio su respaldo a pesar de que Zapatero, dice Rajoy, sigue generando “una desconfianza atroz”. Finalmente, el último 'miércoles negro' de Zapatero acabó con una calma tensa en los mercados, que acogieron con subidas en bolsa el paquete de medidas y parecieron ser los únicos que dieron un respiro al presidente. La impresión que el mercado tiene sobre el paquete de reformas es que no son las reformas estructurales que España necesita, aunque sí están en la dirección correcta.

CiU PRETENDE REDUCIR AL 4 POR 100 DE PIB SU APORTACIÓN AL ESTADO.- Adelanta El Confidencial que el Gobierno catalán que dentro de unos días presidirá el líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, no se lo pondrá fácil al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Según los datos de que dispone, sobre la mesa de Mas hay cuestiones candentes que requieren un estudio a fondo y, en algunos casos, rectificaciones sobre la marcha. La Generalitat tendrá un eje fundamental en el que basar su estrategia: la economía. Sus dirigentes se quejan de que todavía no saben cómo están las arcas públicas, aunque sospechan que pueden contener telas de araña. Pero la lucha contra el paro y la reactivación de la economía sólo se pueden acometer si hay dinero y margen de maniobra para utilizarlo. En esta tesitura, hay dos grandes temas que marcarán tanto la legislatura catalana que ahora comienza como lo que queda de legislatura al Gobierno central. Y estos dos temas son el pacto fiscal y el desarrollo del Estatuto. “Nuestra estrategia en Madrid no va a variar. Las propuestas del Ejecutivo que nos parezcan acertadas, tendrán nuestro apoyo, pero las que no, las denunciaremos”, señala a El Confidencial el secretario general de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Maria Pelegrí. El acento convergente se pondrá en la exigencia de medidas económicas a Zapatero, la reforma laboral y ayudas para las pymes y para los autónomos. Sin embargo, otra cuestión es que el Ejecutivo catalán pueda desarrollar sus estrategias si no tiene con qué financiarse. De ahí que una de las primeras exigencias será la firma de un pacto fiscal. “Necesitamos ese pacto para poder gestionar los intereses de Cataluña desde el punto de vista económico. Nosotros hemos de sufragar servicios que el Estado presta en Cataluña, a lo que no nos oponemos, de la misma manera que tampoco nos oponemos a sufragar los gastos comunes, como Defensa. No tenemos inconveniente en ello. Y de la misma manera, tampoco nos oponemos a nuestra aportación a la solidaridad. Pero si ésta no tiene límites, es muy perjudicial para Cataluña. Y nuestra prioridad son los intereses de los catalanes, porque tenemos la obligación de dinamizar la economía para generar riqueza, ayudar a las empresas y generar empleo”, explica Pelegrí. CiU parte de la base de que otras comunidades autónomas donde se recauda menos y hay menor generación de beneficios, disponen de mejores servicios públicos y mejores infraestructuras que Cataluña. Por tanto, hay que acabar con este agravio. La solución está en el modelo alemán: allí, cada land aporta al fondo de solidaridad un máximo del 4% del PIB. “Nuestro objetivo es llegar hasta ese límite”, subraya el dirigente democristiano. A CiU no le sirve el pacto de financiación que negoció el Tripartito con Zapatero. Prueba de ello es que la Generalitat ha tenido que recurrir a las emisiones de bonos incluso para sufragar gastos corrientes. El pacto fiscal reclamado, no obstante, tendrá para rato, tanto que incluso los propios nacionalistas creen que no podrá llegarse a él hasta, como mínimo, pasar el ecuador de la legislatura.
El tema del Estatuto es también complicado. “Nuestro Estatuto es el que votó el Parlamento catalán, la sociedad catalana, el Congreso y el Senado. Es legal, legítimo y puede aplicarse”, dicen en la sede de CiU. Pero existe una sentencia del Tribunal Constitucional que recorta algunas competencias. “No renunciaremos a aplicarlo en el espíritu del que fue aprobado”, reitera el secretario general de Unió. Y es que los convergentes no confían en leyes que, paralelamente, suplan los recortes del TC, como habían prometido tanto Zapatero como el hasta ahora presidente de la Generalitat, José Montilla. Sin embargo, los nacionalistas sí van a exigir una revisión de todas las competencias que se han traspasado. ¿Por qué? Porque la gestión de los trenes regionales se realizó, efectivamente, pero ni los trenes ni las vías ni las estaciones han sido traspasadas. También quieren saber en qué condiciones se realizó el traspaso de la inspección de Trabajo. “Y el día 1 de enero nos encontraremos con que nos traspasan los trenes de Cercanías, pero otra vez sin trenes, ni vías, ni estaciones. Hay que ver muy bien en qué nos afecta este despliegue”, añade Pelegrí. Y CiU no aceptará garantías del Gobierno central, ya que considera que “el Estado” no está en condiciones de garantizar nada, puesto que hasta el momento ha incumplido “todas las promesas” que hizo a Cataluña.  Lo que temen los nacionalistas es que los traspasos realizados no estén dotados económicamente. En ese caso, quien debería sufragar los servicios sería la Generalitat, cuyas finanzas no están para tirar cohetes. Como además, no se puede dejar de ofrecer esos servicios, CiU quiere conocer hasta qué punto las transferencias se hicieron con sus respectivas dotaciones. En otras palabras, lo que no está dispuesto a aceptar Artur Mas es una manzana envenenada de esta naturaleza.
La inversión del Estado en Cataluña, dice El Confidencial, traerá también tormentas a la relación de la Generalitat con el Gobierno central. La disposición adicional tercera del Estatuto prevé que durante 7 años el Estado ha de invertir el18,8% del PIB de Cataluña en infraestructuras para compensar las inversiones que no se han hecho en décadas. Para el 2011, sin embargo, sólo está presupuestado el 15,2%. “El Estatuto se negoció mal. Se hizo con sumisión respecto a Madrid”, afirma Pelegrí. Los nacionalistas calculan que el Estado debería invertir de 2.500 a 3.000 millones al año en infraestructuras en esta comunidad, pero esto no se cumple. Recuerdan, en este sentido, que otras comunidades, como Andalucía, reciben las inversiones en función de los habitantes que tienen, mientras que la referencia para invertir en Cataluña la da el PIB, con lo que la comunidad sale perdiendo. Los nacionalistas catalanes reiteran que “nuestra pretensión no es generar tensiones, pero seremos inflexibles en la defensa de los intereses de Cataluña”. A Zapatero, pues, se le ha abierto otro frente de desgaste justamente cuando falta poco más de un año para las elecciones generales.

CASTELLS: GRAVÍSIMA DEGRADACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA CATALANA.- Antoni Castells sabía que su primera intervención pública tras las elecciones sería motivo de múltiples interpretaciones. Y así fue. El conseller de Economia en funciones, que no estuvo en la sede socialista la noche del domingo ni asistió a la reunión de la ejecutiva del día siguiente, presentó el miércoles el libro Contra la indiferencia (Galaxia Gutenberg) de su amigo Josep Ramoneda y aprovechó la conversación que ambos mantuvieron en la sede del Cercle d'Economia para alertar del «gravísimo proceso de degradación de la vida pública» que sufre Cataluña, según cuenta en la edición de este miércoles El Periódico de Cataluña. Y enumeró, cual lección magistral, algunas recetas que, en su opinión, permitirían recuperar la confianza en la política. Castells reclamó «liderazgos potentes», que no es lo mismo que carismáticos o autoritarios, subrayó. No aclaró a quién se refería, pero lo dijo después de que José Montilla, en su particular haraquiri, asumiese su incapacidad para controlar a los socios de Esquerra e Iniciativa. Hablar de liderazgos mientras el partido de uno está buscando jefe -dice El Periódico-, lleva a todo tipo de interpretaciones. Y más si, como es el caso concreto de Castells, uno mismo no se ha descartado como candidato a ser el nuevo jefe. El conseller defendió que los problemas de fondo no se resuelven cambiando el presidente o el líder de un partido (reflexión que invita a ser leída en clave sucesoria) y añadió que en Cataluña, lo que hace falta es un «amplio movimiento reformista y regeneracionista». Caballeroso, pidió también un margen de confianza para Artur Mas. Las afirmaciones de Castells sirvieron para abrir un debate en Twitter con opinantes como los aún consellers Ernest Maragall y Marina Geli (que a falta de Castells fueron los que en la reunión de la ejecutiva se mostraron más críticos con la cúpula del partido). Maragall recuperó un documento que redactó en verano en el que insistía en la necesidad de revisar la relación entre PSOE y PSC. Y Geli afirmó que un «catalanismo progresista» puede sumar y liderar el país. A partir de ahí se reabrió en la red el debate sobre la posibilidad de que el PSC tenga grupo propio en Madrid.
BLANCO NIEGA LA ENTREGA DE LA VIVIENDA A CAMBIO DE LA HIPOTECA.- Cuenta este jueves el diario Público que el ministro de Fomento, José Blanco, se ha mostrado"dispuesto y abierto" a estudiar medidas para evitar que se siga incrementando el número de ejecuciones hipotecarias, que sólo en el primer semestre de este año han dejado sin casa a más de 50.000 españoles. Pero, entre esas medidas, no contempla "bajo ningún concepto" que la entrega de la vivienda compense la deuda hipotecaria. Esta última fue una de las propuestas que formuló en el Pleno del Congreso el portavoz de CiU en la Comisión de Vivienda, Pere Macías, durante una interpelación al ministro. El diputado nacionalista planteó a Blanco la necesidad de realizar alguna "modificación de la regulación hipotecaria" para que, "en algunos casos", pueda considerarse "la dación en pago de la vivienda como una fórmula de satisfacción de la deuda reclamada en procedimiento de ejecución hipotecaria por impago del préstamo" bancario. Según la legislación actual, cuando una persona no es capaz de seguir abonando sus letras, el banco embarga la vivienda y la pone a subasta. Pero el afectado por desahucio tiene la deuda viva si ésta supera el valor del inmueble, y ha de pagarla, al igual que los intereses. De lo contrario, el banco retiene el resto de bienes disponibles. Fuentes del Ministerio de Fomento descartaron la opción propuesta por CiU al considerar que sería una irresponsabilidad aprobarla en el momento actual, cuando los bancos y las cajas ya tienen un importante stock de viviendas, "Aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero ", añadieron dichas fuentes. En esta misma línea, la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Ana María Fuentes, consideró que la dación "no solucionaría el problema" de los desahucios, "porque no tendría efecto retroactivo" y las hipotecas que presentan impagos han sido contratadas con anterioridad. La propuesta no es nueva. IU ya planteó a principios de año una proposición no de ley ante la alarmante proliferación de ejecuciones hipotecarias. Pero la iniciativa se descafeinó tras ser debatida en la Cámara Baja, y tan sólo se aprobó un texto, apoyado por el PP y rechazado por el PSOE, que instaba al Gobierno a elaborar un informe que estudiara la posibilidad de que "la obligación de los deudores se hiciera efectiva únicamente sobre los bienes hipotecados". Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP, se pronunció en este mismo sentido. Más favorable se mostró el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, quien consideró que "a una persona que pierde una vivienda no se le debería de castigar más allá de esa pérdida de la vivienda". Otra de las medidas que puso Pere Macías encima de la mesa es que en la concesión de préstamos hipotecarios se favoreciera la "contratación de seguros de protección de tipos de interés, de seguros de protección de pagos o incluso de seguros de crédito hipotecario". De esta forma, en el caso de que hubiera letras que no se pudieran pagar, sería la entidad bancaria quien sufragara esos gastos. Las fuentes de Fomento consultadas por Público tampoco se mostraron favorables a estudiar esta medida, ya que, explicaron, los seguros encarecerían aún más las hipotecas. La diputada Ana María Fuentes cuantificó ese incremento en un 20%. En cambio, el Ejecutivo sí es más favorable a analizar la posibilidad de reducir el límite de embargabilidad del salario del deudor. A raíz de los llamados Pactos de Zurbano, el porcentaje se redujo al 40% del sueldo del hipotecado, en el caso de los salarios más bajos. Desde el Grupo Socialista también abrieron la puerta a "buscar fórmulas para flexibilizar" la denominada Línea ICO Moratoria, vigente desde enero de 2009. La medida tiene como objetivo el aplazamiento temporal en la obligación del pago del 50% del importe de las hipotecas de los españoles parados hasta 2011. La oposición lleva exigiendo desde hace meses que se flexibilicen los requisitos para acceder a dicha prestación.

LA DERECHA DEL PP “APADRINA” A CASCOS.- Sigue el “culebrón Cascos”, controversia suscitada por los deseos del exministro y ex secretrio general del PP, Francisco Alvarez Cascos, deseoso de regresar a la vida política como candidato a la presidencia del Principado de Asturias. Ahora se ha sabido de manera formal que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, avalan esa posible candidatura a través de un vídeo grabado con motivo de un homenaje que se le ha rendido en Madrid. Al evento han asistido más de 300 simpatizantes y militantes del partido, y se produce en un momento en el que se han evidenciado tensiones entre la dirección nacional y regional del PP por la posible designación de Álvarez- Cascos. El que fuera vicepresidente y ministro de Fomento en el Gobierno de José María Aznar ha mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a regresar a la política después de seis años retirado, pero en su tierra asturiana se ha encontrado con la oposición frontal de la dirección regional. A pesar de ello, Cascos cuenta con el apoyo de destacados miembros de la dirección nacional. El propio líder del PP, Mariano Rajoy, desveló que hablaría con el ex ministro para ver su disposición, aunque hasta ahora ha evitado ratificarle como candidato para evitar suspicacias. Por este motivo, ningún miembro de la dirección nacional del PP ha estado presente en esta cena "solidaria", que costaba 30 euros que los organizadores destinarán posteriormente a Cáritas. Aunque ni Aguirre ni Aznar acudieron a la cena que organizó el PP del distrito madrileño de Moratalaz, ambos han querido estar presentes de forma simbólica dirigiendo unas palabras grabadas en las que alaban toda su trayectoria. En el vídeo también han participado otros líderes del partido como Manuel Fraga o Javier Arenas. "Yo, personalmente, creo que tendría que ser nuestro candidato a la presidencia de Asturias. Es lo mejor para Asturias, para España y para el partido", sostuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aznar, a su vez, también se ha deshecho en elogios hacia el que fuera su número dos en el Gobierno. "Sin él es muy difícil entender todos los éxitos del PP durante los años que estuvo al frente de la secretaría general del partido", dijo el ex presidente, que destacó la "capacidad, entrega, competencia y entusiasmo" de Cascos. En el mismo vídeo, la ex presidenta del PP vasco María San Gil -que fue homenajeada por el mismo distrito el año pasado- felicita a Cascos por el premio que le han concedido a toda una trayectoria política. Tras visionar los vídeos y escuchar varios gritos de los asistentes de "presidente, presidente, presidente", el propio Cascos agradeció el acto, sin hacer ninguna mención expresa a la posibilidad de que encabece la candidatura. El acto concluyó con un brindis con sidra de todos los asistentes, tras el que sonó el himno nacional.
NOVACAIXAGALICIA, LA NUEVA CAJA ÚNICA GALLEGA.- La nueva caja única gallega estrenó este miércoles, primero de diciembre, su andadura con una intensa actividad, según describe La Voz de Galicia. A primera hora se inscribió en el Registro Mercantil de A Coruña. Horas después reunió en Vigo por vez primera a su comisión de control y, minutos más tarde, se estrenó el consejo de administración. No fue precisamente de trámite. Aprobó el nuevo nombre de la entidad: Novacaixagalicia. Y decidió trasladar a la asamblea del día 20 la emisión de las participaciones preferentes por valor 1.162 millones que deberá suscribir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como apoyo a la alianza. El primer consejo arrancó con Julio Fernández Gayoso como ponente y primer presidente de turno, posición que mantendrá hasta junio del 2012. Ejerció también de anfitrión para los 11 consejeros procedentes de Caixa Galicia, a los que presentó las instalaciones de Novacaixagalicia en Vigo. Su homólogo, Mauro Varela, también hizo una pequeña presentación antes de arrancar la reunión. Posteriormente ironizó en la primera rueda de prensa conjunta: «No me sentí como en mi casa», dijo, «¡estaba en mi casa!». Según los consejeros consultados, fue el director general, José Luis Pego, quien asumió un mayor protagonismo para explicar los puntos técnicos que abordaba el consejo. Apenas hubo intervenciones en esta primera cita oficial, salvo alguna solicitud de documentación. Ayer se constituyeron cinco comisiones: delegada, de obra social, de retribuciones y nombramientos, de inversiones y de control. Se designaron sus miembros y se aprobaron sus reglamentos internos. En definitiva, se estrenó la caja única. Y tanto el nuevo director general, José Luis Pego, como su adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes, eligieron esta primera jornada para asumir el papel protagonista. Fueron ambos, y no los copresidentes, quienes contestaron una a una las preguntas tras el consejo. Gayoso y Varela limitaron su presencia a intervenciones ocasionales. En su exposición, los nuevos hombres fuertes de la caja ofrecieron las primeras claves de futuro. Pego y García de Paredes reiteraron una vez más que «no habrá proyecto viable que se quede sin financiación». Novacaixagalicia abrirá el grifo del crédito, como les pidió el presidente de la Xunta, pero con especial atención a pymes y familias «porque somos una banca minorista», recordó García de Paredes. Todo indica que habrá más restricción para las grandes empresas y en el sector inmobiliario. El director general no quiso desvelar qué parte de la cartera industrial se venderá. «Se analizará activo por activo», dijo. La caja prevé deshacerse de hasta 12.900 millones en activos, incluyendo sucursales en el exterior. Sí deberá vender un porcentaje mínimo en Pescanova, porque la suma de ambas cajas y las participaciones del consejero Alfonso Paz Andrade superan el 30%, límite de la CNMV para obligar a lanzar una opa. Novacaixagalicia considera Pescanova un «activo estratégico» y tiene tres meses para realizar una venta técnica que ayer ya quedó claro que será inferior al 1%. Caixanova mantiene un 5,1%, Paz Andrade otro tanto y Caixa Galicia un 20%. Pego y Gayoso aclararon a dúo que la obra social será «preferente» en la caja. Habrá recorte presupuestario, porque se buscarán sinergias (ahorros) con la unificación. El acento estará en los más necesitados, «aunque sin descuidar la programación social». ¿Y los convenios con los ayuntamientos? Seguirán existiendo, pero se revisarán con el mismo principio de eficiencia y búsqueda de sinergias. Por ahora, no se cerrarán sedes culturales, pero los responsables de la caja advirtieron que se estudiarán las duplicidades.

EL CARO VIAJE DEL AVE A VALENCIA.- La cuenta atrás de la llegada del AVE —escenificada este miércoles por Renfe con un reloj instalado en la Estación del Norte— continúa generando controversia. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, instó a la operadora a fijar “precios asequibles” para que el tren de Alta Velocidad procedente de Madrid llegue «lleno» en todas sus frecuencias y, de esa forma, aprovechar el potencial de la conexión. En la misma línea, el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, mostró su «preocupación» por el precio de los billetes, y aseguró que, en estos momentos, las tarifas web reducidas que se anunciaron son «prácticamente ilocalizables» en la página de Renfe. Las tarifas del AVE para la clase turista—cuya explotación comercial comienza el próximo día 19— oscilan entre los 32 y los ochenta euros. Hasta el día de ayer, Renfe había vendido casi cuarenta mil billones, exactamente 39.112- para los nuevos trenes AVE que circularán en el corredor Madrid-Comunidad Valenciana durante sus tres primeras semanas de comercialización, y tiene previsto llegar hasta los 50.000 antes de la salida del primer convoy.