ARTUR MAS, CASI PRESIDENT, EN EL DEBATE A SEIS. QUEDAN CINCO DÍAS DE CAMPAÑA. EL PP PROMETE OTRO CHEQUE BEBÉ. LÑOS GALLEGOS RECURREN A LA AYUDA SOCIAL

ARTUR MAS, CASI PRESIDENT.- Aún cabe la posibilidad de que Mas y Montilla tengan su propio debate televisado “a dos”, que podría resultar decisivo. Pero aún no existe acuerdo para tal cosa. De manera que, en el único debate televisado de la campaña entre los seis candidatos a la presidencia, Artur Mas anunció en la noche del domingo que si es elegido president está dispuesto a incorporar socialistas a su Govern. La revelación saltó a la primera intervención en este debate de candidatos emitido por TV3, en el que Artur Mas parecía ya actuar como president, después de que varias encuestas electorales adelantaran que está al borde de conseguir mayoría absoluta en las elecciones del domingo que viene. Mas desarrolló su idea de que si llega a ser president intentará formar "el Govern de los mejores" y añadió que "los mejores pueden estar en el Partit dels Socialistes, en Convergència i Unió y pueden no estar en ningún partido político". Mas no planteó un gobierno de coalición con el PSC, sino su disposición a abrir su proyecto político más allá de los límites de su partido en la línea de los mensajes que está lanzando en la recta final de la campaña. De hecho, lo más interesante del debate entre los seis candidatos a la presidencia de la Generalitat sucedió cuando el president Montilla interpeló a Artur Mas para que se comprometiera a no aceptar los votos del PP en su investidura como president, a lo que Mas respondió: "Usted lo tiene muy fácil para evitarlo, porque si CiU no tiene mayoría, usted puede facilitar la investidura y dejar que gobierne el partido que gane las elecciones y colaborar con él para sacar el país adelante. Yo me comprometo a hacerlo si el que gana es usted". El candidato de CiU interpeló al actual president con relación a la reivindicación del concierto económico para Cataluña: "¿Está a favor o en contra de que los catalanes podamos gestionar nuestros propios recursos?". Montilla respondió: "¿Está usted dispuesto a respetar las reglas del juego? Acabamos de aprobar el Estatut y el mejor acuerdo de financiación de la historia". "Necesitamos que el PSC y el PP catalán apoyen que los catalanes podamos administrar nuestros impuestos como lo hacen vascos y navarros", insistió Mas. "Si ganan las elecciones, que espero que no, se olvidarán del concierto", replicó Montilla. "Usted no puede decir que apoyará el concierto porque el PSOE no le dejará", contraatacó Mas. Alicia Sánchez-Camacho rechazó la posición de CiU: "El concierto es inconstitucional y plantearlo como lo hace usted, señor Mas, sólo llevará a la frustración y al enfrentamiento con el resto de España". Mas también tuvo un duelo particular con el líder de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós. Este le desafió a "defender juntos el concierto, pero si en Madrid nos dicen que no y nos cierran la puerta, usted se compromete a convocar el referéndum de independencia". Mas respondió: "El referéndum de independencia ahora dividiría el país en dos mitades, y yo no estoy dispuesto a hacer nada que nos conduzca a la frustración. En cambio, el concierto puede reunir amplio consenso y sería bueno que lo apoyaran el señor Montilla y la señora Sánchez- Camacho". El asunto del concierto económico animó un debate en el que predominaron los mensajes en paralelo y los duelos particulares entre los líderes que se disputan un mismo segmento electoral. Herrera, de ICV, reprochó más que nadie a Montilla los recortes sociales de Zapatero y en reiteradas ocasiones Sánchez-Camacho y Albert Rivera, el candidato de Ciutadans, rivalizaron en la defensa del castellano. Con todo, Artur Mas fue el interlocutor de referencia para el resto de los líderes. Todos buscaron el cuerpo a cuerpo con el candidato de CiU, algo hasta cierto punto lógico porque todas las encuestas publicadas ayer señalan a CiU como opción favorita para ganar los comicios. El debate había arrancado con la contraposición de propuestas contra la crisis económica, donde paradójicamente hubo más coincidencias. Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de reformar el sistema educativo y la formación profesional, y favorecer la circulación del crédito a las empresas. Montilla puso el énfasis en las prestaciones por desempleo, mientras Mas planteaba la moderación fiscal, la reducción de los impuestos elevados por el tripartito y la austeridad en la Administración. Aunque su mensaje principal se basa en "devolver al confianza" a los ciudadanos de Cataluña "con un cambio de políticas y de liderazgos". Joan Herrera y Montilla discreparon: Si se bajan los impuestos se recortarán las políticas sociales. Mas y el resto sostenían que con menos impuestos se crea riqueza y se mantiene el Estado del bienestar. Puigcercós recordó que "con 20.000 millones que se van a Madrid y no vuelven, Cataluña afronta la crisis con un brazo atado a la espalda". Las posiciones defendidas por Sánchez-Camacho sobre inmigración fueron rechazadas por el resto de líderes como atentatorias de la convivencia. Hubo una cierta complicidad entre Montilla y Más acusando juntos al candidato de Ciutadans de buscar la división en el tema lingüístico. Rivera llegó a proponer a Mas un acuerdo para suprimir las sanciones lingüísticas. El desastre económico irlandés también planeó en este debate. Montilla y Mas rivalizaron en recetas para salir de la crisis. El líder del PSC presumió de haber sido uno de los primeros dirigentes políticos de haber asumido la realidad de la crisis y tomar las primeras medidas. El candidato de CiU ofreció una receta basada en facilitar el crédito a las empresas y lograr la excelencia académica además de rebajar impuestos. Montilla recordó que "la crisis está afectando a todos", y sacó pecho ante Mas recordando que bajo su gestión ha bajado el fracaso escolar en dos puntos y que el índice de paro en Cataluña es similar al del año 1993, cuando gobernaba Jordi Pujol. "¿Tiene que hablar de 1993 para defender su gestión?", preguntó Mas. "Si lo hace es porque el tripartito se ha peleado tanto que no tiene argumentos", añadió, recordando que el tripartito ha subido impuestos como los que gravan la compraventa de pisos. Montilla y Mas no lograron contraponer sus modelos, puesto que ambos tuvieron que lidiar con los otros cuatro candidatos que criticaron sus medidas. Sánchez-Camacho acusó al actual gobierno de haber llevado Cataluña cerca de la bancarrota. "Han dejado la deuda de Cataluña en 5.000 euros por habitante", dijo. Montilla le echó en cara la complicada situación económica de las autonomías del PP como la Comunidad Valenciana. Joan Puigcercós dijo que "lo que verdaderamente está desangrando Cataluña son los 20.000 millones de euros que cada año paga en impuestos a España y no regresan aquí". Esto dio pie a hablar del concierto económico que defiende CiU. Puigcercós y Montilla acusaron a Artur Mas de defender este asunto por puro electoralismo y aseguraron que se olvidará de ello tras las elecciones. El candidato de Ciutadans, Albert Rivera logró poner la corrupción encima de la mesa, reprochando a CiU un vídeo electoral en el que se ve un hombre envuelto con la bandera española que roba la cartera a un catalán. "Quizás los que nos han robado hayan sido gente con el carnet de CiU y del PSC", dijo recordando los casos de corrupción del Palau de la Música y la operación Pretoria, que ha afectado a Convergència Democràtica, pero también al PSC
EL PP PROPONE OTRO CHEQUE BEBÉ.- En 2007, el PP bautizó como "cheque-voto" la prestación de 2.500 euros por hijo que concedió José Luis Rodríguez Zapatero y que desaparecerá a partir del 1 de enero de 2011 como medida para reducir el déficit público. Entonces, los conservadores tacharon la iniciativa de "electoralista", al comenzar a cobrarse tan sólo unos meses antes de las generales de 2008. El PP denunció "la propaganda" del Ejecutivo socialista y reclamó "menos demagogia". Pues bien, este domingo, en plena campaña catalana, la derecha utilizó el mismo reclamó lo que tanto había criticado vendiendo su propio "cheque-bebé" y su "contrato con las familias". Mariano Rajoy se reunió en Barcelona con asociaciones de familias. Tras la cita, el jefe del principal partido de la oposición señaló al Gobierno y a la Generalitat como "los que menos" les habían apoyado "en toda la historia de España". El líder del PP, que ya hace tiempo anunció que nada más llegar a la Moncloa pondría en marcha el Ministerio de la Familia, respaldó el paquete de propuestas en esta materia de su candidata, Alicia Sánchez-Camacho, y afirmó que le daría cuidado traslado a su futuro programa. Rajoy presentó la familia como una "escuela de valores" y abogó por aplicar políticas que fomenten la natalidad porque "antes de debatir sobre la edad de jubilación hay que pensar en quiénes van a trabajar en el futuro para pagar las pensiones". Camacho explicó que, en caso de convertirse en una fuerza decisiva, el PP tenía previsto otorgar a las familias un rango especial, creando una Secretaría General dependiente de la Conselleria de Presidència. "Vamos a ampliar hasta los 900 euros las prestaciones económicas para las familias con hijos menores de 16 años, para llegar a conceder 100 mensuales por hijo menor de 18 años en cuatro años", prometía un folleto que repartía el PP catalán (PPC). Este también indicaba que se iba a "aumentar la ayuda por el nacimiento del primer hijo hasta los 1.000 euros, 1.500 por el segundo y 3.000 a partir del tercero". Igual que María Dolores de Cospedal afirma ahora que su partido es el de los trabajadores, la presidenta del PPC se apuntó también así al carro social.
El Partido Popular dijo que iba a elaborar, además, una ley de protección de familias numerosas y prometió aplicar una deducción de 1.000 euros para gastos de guardería, así como la desgravación de 600 para los padres que lleven a sus hijos a escuelas concertadas. Además, Rajoy defendió la elección de los padres de dar a sus hijos la educación que quieran. "Hay muchas administraciones que se meten en la educación. En España y en Cataluña más", censuró para pedir, después, que se necesita "muchísima más libertad". Y por si no bastaba con las familias, Rajoy se erigió también en el valedor de las pequeñas y medianas compañías y los autónomos. Tras leer en El País que Zapatero citará a las 25 grandes empresas para acelerar la recuperación, el líder del PP dijo que no era más que una de sus "huidas hacia ninguna parte" y le aconsejó que se viera con las pymes y los empresarios autónomos, "los grandes apaleados de una ridícula política económica".


CRECE LA DEMANDA SOCIAL EN GALICIA.- La demanda de ayuda social crece en Galicia, amenazando con desbordar las arcas de concellos y oenegés. Cada mes, según las estimaciones realizadas a partir de los datos facilitados por los distintos bancos de alimentos que hay en la comunidad y por colectivos como la Fundación Amigos de Galicia, más de 56.000 familias reciben víveres para aliviar la factura de la cesta de la compra y poder comer cada día. Leche, arroz, pasta, galletas, cacao, pollo, pan, verduras, batidos o cereales son algunos de los productos que reciben. Algunos son excedentes de la UE. Otros son donativos que hacen empresas o particulares, según detalla este lunes La Voz de Galicia.
Junto a estos hogares, hay también más de 1.350 personas que acuden cada día a los comedores sociales financiados por los concellos o por organizaciones caritativas, y otras 2.000 que, por su avanzada edad o por padecer algún tipo de dependencia, reciben el almuerzo en casa. Lo hacen gracias a iniciativas como los servicios municipales de comida a domicilio que tienen concellos como A Coruña, Lugo u Ourense o a través del programa Xantar na Casa, que, con la cofinanciación del Consorcio Galego de Igualdade, existe en otros 154 concellos. Al margen de todo esto, están también los cientos de beneficiarios de los alimentos que Cáritas recoge y reparte en las parroquias o las partidas de víveres que distribuye la Cruz Roja.
El contexto social que tienen que enfrentar las instituciones es complicado. Fuentes de Cáritas Diocesana echan mano de los datos de un estudio de la Fundación Foessa para advertir de que en torno a un 21% de la población gallega está en riesgo de exclusión social. «Son personas que pueden tener problemas para llegar a fin de mes con comida en el frigorífico», recuerdan. La preocupación no sólo está en hogares que cuentan con escasos recursos, sino también en aquellos donde hay mayores o dependientes. En base a los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el número de dependientes alcanza ya las 100.860 personas en Galicia.