BLANCO ACUSA A RAJOY DE COBARDE POR NO CONTROLAR A CIERTOS MILITANTES

LA CAMPAÑA ELECTORAL SE CONCENTRA EN TROITIÑO Y BILDU
Estos días finales de la semana santa han coincidido con dos clases de asuntos políticos: de un lado, la divulgación final de las listas de candidatos a las elecciones del día 22, y de otra parte, las reacciones y repercusiones que ha tenido la “fuga” de Troitiño, tras el error o interpretación judicial de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional. Este segundo aspecto ha anulado el primero, y ha sido utilizado como parte de la campaña electoral en los ataques habituales entre los dos principales partidos. El Gobierno no sólo está convencido de que actuó correctamente tras la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad al etarra Antonio Troitiño sino que además, cree que la cúpula del PP también lo piensa de igual manera, pero ha preferido ceñirse a la doctrina de los "halcones" del partido, Cospedal, Mayor Oreja, Trillo, que han intentado imponer un uso electoral del terrorismo, algo que el PSOE entiende que “no es leal con el pacto antiterrorista”. Estos "duros" del partido creen que, culpando al Gobierno de la libertad de Troitiño pueden arañar votos, tanto ante las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo como en las generales del próximo año, y por ello insisten en que el Gobierno, y en particular Rubalcaba, debió haber ordenado la vigilancia del etarra una vez que quedó en libertad por decisión de la Audiencia. Ni siquiera les sirve el antecedente de Rajoy, cuando actuó exactamente igual en otro casi similar, la liberación de José Tercera, y que, como ahora Rubalcaba, advirtió de que vigilar al libertado por los jueces hubiera sido cometer una ilegalidad. José Blanco ha vuelto este sábado sobre el asunto y ha apuntado sus críticas al propio Rajoy, a quien ha acusado, directamente, de cobarde, por no haber hecho entrar en razón a los suyos con su propio ejemplo… También se culpa a Rajoy de la condescendencia que tiene, por ejemplo, con Jaime Mayor Oreja, quien ha vuelto a asegurar que la fuga de Troitiño no es casual y responde a la negociación con ETA.
No parece menos probable que desde el PP se pretenda emplear el caso Troitiño para presionar hasta conseguir que el Gobierno rechace las candidaturas de Bildu en su totalidad. Recuérdese que la coalición electoral Bildu, que agrupa a Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (una escisión de Ezker Batua) e independientes, ha presentado 258 listas cuyos candidatos -varios miles- no han sido vetados anteriormente por su presunta vinculación con Batasuna, la formación ilegalizada por su relación con ETA. Pero, pese a esta presunta limpieza en la configuración de sus candidaturas, los investigadores de la Policía se muestran convencidos de que Bildu es una idea de la banda terrorista e impulsada por Batasuna, tal y como lo sostienen en el informe que han remitido a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General para que preparen sus demandas de impugnación de las candidaturas de Bildu, palabra que significa “reunir”, en euskera. Según dicho informe policial, "uno de los objetivos del proyecto diseñado por ETA en 2008, y asumido por Batasuna en 2009, el de una alianza de partidos políticos independentistas y de izquierdas con proyección electoral, fue alcanzado, al menos en su primera fase, con la firma del 'Acuerdo estratégico de fuerzas independentistas' en junio de 2010, entre Batasuna y Eusko Alkartasuna. Dicho proyecto estuvo impulsado desde ETA y gestionado por la dirección de Batasuna que había permanecido en libertad: Rufino Etxeberria, José Luis Moreno Sagües y Rafael Díez Usabiaga. El propósito de formar esa 'alianza independentista' con proyección electoral, tropezó, primero, con la resolución de la Sala Especial del Supremo en la que rechazó la inscripción de Sortu, por lo que se recurrió a la fórmula de aludir a los candidatos de Batasuna como 'independientes' de la izquierda abertzale, en esta nueva fórmula llamada Bildu. Las asambleas de Eusko Alkartasuna y Alternatiba decidieron respaldar el acuerdo de sus comisiones ejecutivas para constituir una coalición electoral en las circunscripciones del País Vasco, en la que se integrasen 'independientes' de la izquierda abertzale, que en realidad son candidatos de Batasuna, ya que han sido elegidos por los responsables de Batasuna y ha sido con dichos responsables de Batasuna con los que han negociado y acordado la fórmula de dicha integración. Según el referido informe policial, parece también acreditado que la decisión de ETA de suspender su violencia terrorista está directamente relacionada con la suscripción de tales acuerdos, sobre los que, Batasuna, EA y Alternatiba elaboraron uno nuevo, de carácter exclusivamente electoral, concretando la metodología a seguir en la confección de candidaturas conjuntas En definitiva, que las candidaturas de Bildu están parcialmente integradas por personas que actúan como representantes de Batasuna encargados de seleccionar a los interventores o apoderados y que también son los responsables de Batasuna los que han asumido las labores de promoción y propaganda de las candidaturas. Las restantes materias electorales posibles, como la presencia de imputados en las candidaturas, ha sido asunto de mínimo interés y relevancia, aunque el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se mostrara en desacuerdo con la presencia de imputados en las candidaturas del PSOE para las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, aunque matizó que son sólo "casos puntuales" y apuntara al adversario:"El PP es quien tiene una gran cantidad de personas con responsabilidades penales en las listas", dijo el dirigente socialista. Según un análisis efectuado por El País el 10 de abril, concurren a estas próximas elecciones más de un centenar de candidatos implicados en causas judiciales, y son precisamente el PP y el PSOE los partidos que más candidatos bajo sospecha presentan: el 50% los populares y cerca del 35% los socialistas. Según este análisis, mientras que el PP incluye en sus listas a políticos relacionados con algunos de los más graves escándalos de corrupción en España, como los casos Gürtel y Brugal, los imputados del PSOE deben responder por asuntos de menor relevancia.