EL ESTADO Y LAS AUTONOMÍAS QUIEREN CUADRAR SUS CUENTAS

LA DEUDA DE LAS CAJAS Y LA DE LAS AUTONOMÍAS
En la necesidad apremiante de poner en orden las cifras de la economías nacional, se está procediendo a dos tarea complementarias e íntimamente relacionadas. De un lado, se procede a la depuración de las Cajas de Ahorros, y de otro lado, se fuerza a los Gobiernos regionales o autonómicos a imponer un tope de déficit. En las Cajas estamos asistiendo a una reorganización profundísima, que depura un sector con muchos años de historia, pero que, sobre todo por las inversiones inmobiliarias de la última década, habían quedado severamente “tocadas” en su viabilidad y en su solvencia. Las Cajas, en esta nueva coyuntura de resolver de una vez su futuro, se las han tenido que ver, en plazos urgentes, ante una triple solución: fusionarse hasta lograr la solvencia, convertirse en bancos y sitiarse a niveles de competencia con la banca tradicional, sin las ventajas e inconvenientes de unas estructuras muy mediatizadas e intervenidas por la Administración autonómica o los sindicatos, o bien, sencillamente, desaparecer. Lo cierto es que del casi medio centenar de cajas veremos un nuevo panorama profundamente modificado, pero indudablemente más presentable y acorde con las exigencias de competencia y solvencia que requieren los mercados.
La segunda tarea paralela es la de aclarar, de una vez po0r todas, las cuentas de los propios gobiernos autonómicos, que muy a menudo ocultaron sus verdaderos datos en sociedades poco menos que secretas y en todo caso, opacas, con frecuencia con la ayuda de las Cajas de Ahorro “regionales” y muy a menudo a las órdenes de los gobiernos locales, que buscaban solucionar problemas con recomendaciones apremiantes a los dirigentes de las entidades bancarias... Los Gobiernos autonómicos, finalmente, tienen un objetivo drástico que cumplir, el 1,3 por 100 de déficit... “y que cada cual aguante su vela”. En pocos días, y por segunda vez, que el Gobierno catalán acaba de advertir de que no podrá cumplir ese exigente objetivo de déficit para las comunidades autónomas, y también por segunda vez el Gobierno recalca que es una norma general que hay que cumplir. Se recuerda, en efecto, que el president catalán, Artur Mas, insinuó ya en marzo que tendría problemas para llegar al requisito de déficit en 2011 (tras cerrar 2010 con un desfase del 3,9%, también superior a lo permitido) y el domingo su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, lo corroboró y amplió: Según Mas-Colell, Cataluña no podrá cumplir el déficit del 1,3% ni este año ni probablemente el próximo. Curiosa y paradójicamente, el aviso de Mas-Colell estaba acompañado del efímero anuncio de rebaja del IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros. Lo que algunos analistas llamar “sorber y soplar a la vez”... No es posible, a un tiempo, recaudar menos y mantener el gasto... Como señala Cinco Días, “La Generalitat quiere bajar impuestos, pero no puede. El déficit fiscal impide a Artur Mas reducir unos tipos impositivos que superan la media”. O como se explica en El Economista, “CiU mantiene que rebajará el IRPF para las rentas altas, pero lo aplaza hasta 2014”.
Como explica La Vanguardia, “Mas zanjó la controversia sobre una posible rebaja del IRPF avanzada por Mas Colell”. Artur Mas atajó este episodio de confusión producido este fin de semana en su Gabinete asegurando que no habrá rebaja de impuestos "mientras dure el proceso de ajustes", y calificó la polémica de "artificial e interesada". Pero insistió en que bajar los impuestos que el tripartito subió a las rentas altas sigue siendo un objetivo para esta legislatura. Han saltado algunas alarmas, porque como señala El Periódico de Cataluña, “oposición y sindicatos se manifiestan contra la idea de bajar impuestos a los ricos”. Se pretende bajar el IRPF junto a otros tributos como el de matriculaciones, transmisiones patrimoniales y donaciones, que, obviamente, mermarían los ingresos fiscales catalanes, se calcula, en 425 millones de euros anuales. El Ejecutivo de Convergencia i Unió trata de combinar medidas contradictorias: mientras los recortes en la sanidad pública alcanzan los 1.000 millones de euros, la Generalitat anuncia esa rebaja de impuestos para las rentas altas, aunque posteriormente haya matizado que se aplicará más adelante. El Gobierno catalán está centrando su estrategia en culpar de la situación al anterior Ejecutivo tripartito de la izquierda, que dejó un déficit de 7.500 millones de euros, y en acusar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de escasa colaboración para solucionar las cosas. De esta manera, la batalla para cobrar los entre 1.350 y 1.450 millones del fondo de Competitividad, pago que el Gobierno quiere demorar hasta 2013, ha tensado la cuerda hasta el límite. La Generalitat cree que con anuncios como el de no cumplir los objetivos de déficit acabará logrando cobrar este año buena parte del dinero que le adeuda el Gobierno. En el Ministerio de Economía y Hacienda e tan sólo se recuerda que hay un marco regulatorio, definido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es preciso cumplir y que establece ese 1,3 por 100 déficit. O sea, corte usted lo que quiera -en atenciones sanitarias o en impuestos-, pero cumpla la norma vigente,. También en marzo, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, había replicado a Artur Mas que el objetivo de déficit "no es negociable". Y la consecuencia de que una comunidad incumpla estos límites es que el Gobierno le impida endeudarse a largo plazo, por cuanto las administraciones regionales requieren la autorización del Estado para recibir financiación a más de un año. También cabe recordar que ese tope de déficit se ha ido reduciendo para todos: En 2010 la mayoría de autonomías se desviaron del 2,4% de tope previsto. El Gobierno hizo una excepción a sus propias normas y permitió a las comunidades recurrir al endeudamiento sólo para saldar los préstamos que vencen este año.
Y a todas estas cuentas, hay que añadir las eventuales “deudas” que Cataluña reclama al Estado, y a las que ahora se añade también Madrid. La Generalitat ha estimado la liquidación del fondo de competitividad autonómico en 1.450 millones. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre sitúa, a su vez, esa misma deuda a Madrid en mil millones. Pero Economía y Hacienda se niega a bajar esos ajustes que le reclaman los gobiernos autonómicos... Hay que cuadrar cuentas, a costa de quien sea.