LAS CONFLICTIVAS CUENTAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LEALTAD CONTRA GAMBERRISMO POLÍTICO
El traspaso de competencias de los gobiernos autonómicos perdidos por el PSOE y ganados por el PP para la nueva legislatura autonómica, tras las elecciones del pasado 22 de mayo, ha comenzado del peor modo que podía imaginarse: con sospechas de trampa, o como ahora se llama a la figura, de “deslealtad”. Desde el PP se aseguró, “para abrir boca”, que el PSOE castellano manchego de Barreda no había dejado dinero ni pagar las nóminas de los funcionarios. Y por muchas veces que lo hayan negado desde el PSOE, el miedo se ha impuesto, y las sospechas prevalecen. Hasta el punto de que el PSOE de Barreda han anulado las c0nbversaciones que se venían produciendo para efectuar ese traslado de competencias desde el socialismo al PP. Llegado a ese punto, se han visto en la necesidad de intervenir “las primeras espadas”, Rajoy desde el PP y Rubalcaba y Marcelino Iglesias desde el PSOE. Rajoy pide lealtad en las cuentas de los dineros públicos autonómicos para cumplir el techo del déficit previsto para este año. Rubalcaba ha comparado la deuda manchega con la que acumula la televisión valenciana de Camps. Y a Iglesias, toda esta historia, le parece un episodio de gamberrismo político, nada menos.
Desde hace semanas se ha venido sugiriendo o insinuando que el relevo en las Comunidades Autónomas podría confirmar la sospecha de que las cuentas autonómicas son mucho peores de las conocidas, y que habría muchas facturas ocultas que ahora se desvelarían, una vez que los nuevos responsables se hagan cargo del “borrón y cuentas nuevas” que significa el traspaso. Mariano Rajoy ha anunciado reiteradamente su propósito de realizar auditorías que den testimonio, precisamente, de esos desfases entre lo que se ha venido relatando y la realidad del déficit de los gobiernos regionales. Naturalmente, si se descubrieran eso nuevos y más elevados niveles de déficit público, volvería a ponerse en duda la fiabilidad del Gobierno español para hacer frente a sus propios compromisos en la exigencia internacional de rebajar el déficit público a los niveles del seis por ciento anunciados para finales de este ejercicio. De ahí las alarmas, y también las salvedades que el PP intenta ejercer para no verse comprometido en unas cifras “heredadas”.
Pero, en plana campaña electoral, y tras los muchos meses que llevamos de controversia entre los responsables máximos de los dos grades partidos, es fácil comprobar y explicar que la lealtad y “hablarse a calzón quitado”, como reclama Mariano Rajoy, sean exigencias con las que no resulta fácil coincidir. Más bien han funcionado deslealtades sin cuento y lenguaje “a cara de perro”, de manera que solicitar ahora lo contrario, resulta sorprendente. ¿Es posible la lealtad y entenderse sobre los mismos criterios para emprender una etapa nueva, en la que el PP será responsable casi único de los gastos de las Comunidades Autonómicas? No hay otro remedio. Mariano Rajoy, por segunda vez en pocos días, ha reclamado al convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o Conferencia de Presidentes autonómicos., sin aclarar si quiere ver reunidos a los nuevos o renovados presidentes, o a los cesantes. Rajoy quiere datos claros e inequívocos, y compromete su propia lealtad para hacer otro tanto. Pero no resulta fácil concederle esos niveles de crédito cuando se están anunciando facturas mucho más elevadas de las declaradas formalmente, y cuando, incluso, se denuncia la destrucción de documentos que pudieran ser comprometedores para los administradores cesantes. Cabe suponer que ésta es una tormenta de unos pocos días, los que transcurrirán hasta la toma de posesión de los nuevos cargos en los gobiernos autonómicos, o poco más, cuando cada nuevo consejero se hará cargo de la “herencia recibida” del predecesor. ¿Habrá sorpresas? Está por ver qué hay de cierto en las cuentas manchegas, pero tampoco estará de más conocer cuánto hay de verdad en las cuentas valencianas que han comenzado a distribuirse, y que hablan de 1.300 millones en facturas sin pagar, de 1.100 millones de “agujero” en las cuentas de la Sanidad, de los préstamos del BBVA para asumir el exceso de gasto en 2004 y 2008, con créditos totales de 240 millones cada año... El diario El País asegura este martes que a finales de 2010, Camps había logrado disparar la deuda de la Generalitat valenciana hasta 17.600 millones de euros, un 17 por 100 del PIB regional, lo que la la convertido en la Comunidad más endeuda de España en términos relativos. Otra deuda autonómica “angustiosa” es la que presenta la otra Generalitat, la catalana, ya bajo la lupa de las agencias de Rating. Moodys se ha detenido en la previsión y anuncio del gobierno catalán de negarse a cumplir el techo del gasto decidido por el Gobierno central: Artur Mas y su consejero prevén cerrar el año en el 2,66 por 100, en vez del 1,3 por 100, lo que equivale 2.700 millones más del déficit respecto a lo fijado entre Gobierno y Comunidades Autónomas. Moodys entiende que Cataluña desafía al Estado, ante lo cual, Artur Mas ha reaccionado negando que el déficit catalán ponga en riesgo la solvencia de España, y reclamando a las agencias de riesgo que no creen alarmismo. En este contexto, se entiende la preocupación de Rajoy, ahora que se ha convertido en primer responsable del déficit autonómico. Pero necesita, no sólo la cooperación de los suyos -sus presidentes Camps, Varcárcel, Aguirre, Cospedal, Bauzá...-, sino de los que tienen otras obediencias de partido, como los catalanes, o de los presidentes extremeños, asturianos, cántabros, aragoneses..., todavía en discusión sobre quién será el presidente definitivo, a la espera de los pactos que se negocian.