CUAYTRO PROBABLES DELITOS Y LA DEVOLUCIÓN DE SEIS MILLONES

Novedades sobre el caso Urdangarín. La Casa del Rey contra Manos Limpias

Los diarios de este lunes festivo, 19 de marzo, contienen dos llamativas informaciones. En la primera de ellas, en La Gaceta, se asegura que el caso Urdangarín puede dar un giro de 180 grados en las próximas semanas y no sólo por la esperada declaración el próximo 22 de mayo del ex socio del Duque de Palma, Diego Torres, acusado por aquél de ser el responsable de toda la trama del Instituto Nóos, sino por el papel que juega la acusación popular Manos Limpias.  Según ha podido saber este diario del Grupo Intereconomía en fuentes jurídicas, “la Casa del Rey ha reclamado a Manos Limpias que retire su acusación contra Iñaki Urdangarín” imputado por varios presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, entre otros, por la gestión de Nóos y la creación de un entramado de empresas satélite como la Fundación Deporte Cultura e Integración Social. Según esta información, “Zarzuela ha utilizado una vía indirecta para dirigirse a la acusación popular con el fin de que renuncie a su personación en el juzgado de instrucción de Palma de Mallorca”. Y es que “el Colectivo de Funcionarios Públicos considera que está sufriendo una fuerte campaña de desprestigio desde que está ejerciendo la acusación en este asunto. Todo un envite para apartar a una acusación independiente que puede ser incómoda para los intereses de un miembro de la Familia Real. Añade el periódico que se puso en contacto con los servicios de Prensa de Zarzuela y señalaron, como es habitual en estos casos, que ni confirman ni desmienten. Afirmaron: “La Casa del Rey no tiene nada que declarar en este asunto”. Y es que Manos Limpias ya se plegó a esas recomendaciones el mismo día en que Urdangarín declaró ante el juez Castro. Durante todo el fin de semana que duró el interrogatorio, la acusación anunció insistentemente que iban a solicitar como medidas cautelares la retirada del pasaporte y tres millones de euros para eludir la prisión preventiva. Y cuál fue la sorpresa cuando, en la medianoche del domingo 26 de febrero, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, desistió en su petición. La acusación popular también pidió al juez Castro que citara como imputada a la Infanta Cristina “al haber indicios suficientes de que participara como encubridora o cooperadora necesaria de los beneficios de las actividades procedentes del Instituto Nóos”. Se recuerda que la Infanta posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos públicos desviados a través de Nóos. El magistrado Castro rechazó esta solicitud argumentando que no la citaba porque supondría “estigmatizarla gratuitamente”. El mismo sindicato Manos Limpias presentó hace pocos días un escrito en el juzgado por el que pedía que se citaran como testigos al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga; a la secretaria del Duque de Palma, Julita Cuquerella, y al conde de Fontao, para arrojar luz en este turbio asunto. El juez sólo ha accedido a citar a Cuquerella. Manos Limpias también pidió al juez Castro un careo entre Urdangarín y su ex socio Diego Torres. La decisión judicial fue denegatoria al no considerarse oportuno, tras la declaración del Duque de Palma en que responsabilizaba de toda la gestión de Nóos a Torres. Según La Gaceta, la campaña de desprestigio hacia Manos Limpias ha podido comenzar ya., y recuerda que, la semana pasada, el diario El País contó que “el líder de Manos Limpias se ve imputado por coacción y estafa”, cuando los hechos que dieron lugar a esta causa judicial ocurrieron hace más de cuatro años.
La segunda información la contiene este lunes, precisamente, El País, que llega a la conclusión de que el esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey, será juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según interpretan fuentes próximas a la investigación judicial a partir de las pruebas obtenidas en los últimos nueve meses. El delito de evasión fiscal, que también se está investigando por un cobro no declarado de 375.000 euros a través de una cuenta en Suiza, no formará parte de la acusación a Urdangarin porque lo supuestamente defraudado no superaría la cuota mínima de 120.000 euros que estableció la reforma del Código Penal de 2003. Señala la misma crónica que la estrategia de Urdangarin de atribuir a su socio Diego Torres todas las anomalías en la gestión del Instituto Noos, la entidad sin ánimo de lucro con la que conseguía el dinero público para eventos, no ha dado resultado, a juzgar por las nuevas pruebas solicitadas por el instructor. En su último auto, el juez Castro rebate la coartada del duque de Palma sobre su desvinculación de los negocios sospechosos a raíz de que la Casa del Rey se lo ordenara en la primavera de 2006. El juez sostiene que hay múltiples pruebas documentales y testimonios que acreditan todo lo contrario. Cuando todavía quedan algunos meses para cerrar la instrucción, la investigación considera acreditados esos mencionados cuatro delitos para sentar al duque de Palma en el banquillo: Primero, fraude a la Administración. Urdangarin negoció con dirigentes políticos del PP que gobernaban en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que, según la fiscalía, no respetaron la normativa sobre contratación. Gracias a esos contratos a dedo, el duque de Palma ingresó casi seis millones a través de Nóos, de los que una gran parte acabaron en empresas privadas de su propiedad o de su socio, Diego Torres. La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso han sostenido que Torres y Urdangarin se apropiaron indebidamente de fondos públicos al utilizarlos para enriquecer a sus empresas privadas y no para costear los servicios que prestaron a las Administraciones públicas. El fraude, según el sumario, consistiría en que Urdangarin y Torres cobraron con sus empresas dinero público a través de Nóos por servicios que no prestaron. Segundo, prevaricación. El duque de Palma, a través del Instituto Nóos que presidía, logró sin concurso previo diversos encargos de las Administraciones públicas por casi seis millones de euros en apenas dos años. Aunque el delito de prevaricación está pensado para la autoridad o funcionarios que dictaran una resolución injusta a sabiendas, también cabe atribuir ese delito a un particular que haya inducido a la prevaricación. El expresidente de Baleares Jaume Matas llegó a declarar a Diario de Mallorca: “Urdangarin nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real. Era impensable que el Gobierno balear respondiera a la oferta de colaboración realizada por el duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara”. Tercer probable delito: Falsedad documental. Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres desviaron gran parte del dinero recibido para organizar eventos a través del Instituto Nóos a empresas privadas de su propiedad. Esas sociedades facturaron a Nóos grandes cantidades de dinero con conceptos genéricos como “apoyo logístico” y similares. Cuando el juez que investiga el caso solicitó las facturas que justifican los gastos realizados en la organización de los eventos, se encontró con que algunas no correspondían al servicio realizado; otras tenían fechas anteriores a la firma del contrato. Además, la investigación detectó la falsificación de firmas en la presentación de ofertas a un concurso para la promoción del equipo ciclista patrocinado por el Gobierno balear. Estas pruebas documentales servirían, según fuentes de la investigación, para fijar el delito de falsedad documental. Y cuarto delito, malversación de caudales públicos. Urdangarín y su socio Torres, recibieron más de seis millones de euros de dinero público para organizar distintos eventos a través de un instituto que no tenía ánimo de lucro El precio de los eventos, según la investigación, no alcanzó ni la mitad de esos seis millones de euros recibidos. Las empresas privadas de Torres y Urdangarin se quedaron con la mitad de ese dinero público para su lucro, según la Fiscalía Anticorrupción.
Dicho de otro modo: el caso avanza, y no tardaremos en ver a Urdangarín sentado ante el tribunal, y probablemente condenado, por lo menos, a devolver esos seis millones. Al menos a medias con Torres...