UNA VIEJA PROMESA, QUE INCUMPLIÓ DOS VECES ZAPATERO

Nos prometen transparencia y buen gobierno

El Consejo de Ministros de este viernes aprobará el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que se someterá a partir de ese momento a un periodo de audiencia pública en la que los ciudadanos trasladarán sus sugerencias al Gobierno a través de Internet. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado que con esta norma se pretende "gobernar mejor y que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que, si se enchufa a alguien, salgan su nombre y apellidos". La norma permitirá tener información de todas la subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno y del sueldo de los dirigentes políticos y tiene como principales objetivos regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar límites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos. No recogerá meras recomendaciones para los gobernantes, sino que la vulneración de las mismas dará lugar a infracciones administrativas, con las correspondientes sanciones. El proyecto obliga a modificar el Código Penal para poder sancionar las conductas más graves, que conllevarán penas de inhabilitación. Dicho de otro modo, el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a abrir las puertas a los ciudadanos en esos aspectos informativos. La nueva ley, llamada “de Transparencia, y Buen Gobierno” , obligará a las administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. De este modo, España se sube al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. Sorprende el momento elegido para aprobar la nueva normativa: A tres días de las elecciones andaluzas y asturianas, que pueden convertir al PP en el partido con más poder en la historia de la democracia española. Es el momento elegido por Rajoy para llevar al Boletín Oficial una de sus apuestas estrella durante la campaña electoral, la “transparencia total”.. Rajoy había prometido la norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia, y cumple su palabra apenas una semana antes de agotar el plazo, aunque la ley todavía tardará algunos meses en entrar en vigor. Cabe recordar que su antecesor, Rodríguez Zapatero, se dejó la medida en el tintero en su primera legislatura y, en la segunda, llegó a redactar un anteproyecto de ley, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que su iniciativa llegase a buen puerto. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se encargará de presentar las líneas maestras de la futura ley, y cóm o cada ministerio y cada dirección general deberán dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo. Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los portales que ya se utilizan en otros países como EEUU, pero que en España aún son datos popo menos que secretos. La mayoría, como señala El País, se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora sólo se hacían públicos los de los ministros. Los diarios de este viernes anuncian la nueva normativa y destacan algunos aspectos: “La ley de Transparencia permitirá conocer a los enchufados políticos”, dice ABC, y en La Razón, que la vulneración de la nueva lee dará lugar a sanciones administrativas, graduables según el alcance del delito: Por ejemplo, los hasta seis años de inhabilitación para el político que gaste sin presupuesto. En resumidas cuentas, como ha explicado el propio Rajoy, se trata de que el ciudadano sepa en qué se gasta su dinero, por lo que su aplicación efectiva, si ex exigente, significará una auténtica revolución... Explica El País que la ley tendrá tres patas: la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. El derecho a la información, con libre acceso a la información, y el derecho a obtener esos datos. De modo que las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Tampoco falta el aspecto ya mencionado de las sanciones ya anunciadas para los malos gestores de cuentas públicas. Todo muy novedoso y un cambio drástico, si tenemos en cuenta de dónde partimos: de escándalos políticos que ponen en entredicho el gasto del dinero público. Casos como el llamado Palma Arenas de Palma, el caso Gurtel de la Comunidad Valenciana y Madrid, los ERE andaluces, el aeropuerto de Castellón, el edificio gallego Gaiás..., y así sucesivamente. Bien es cierto que, como señalan fuentes del gobierno, no se trata de perseguir la malversación de fondos públicos, porque para eso ya existe un delito; ni de llevar a juicio a quien se endeude mucho. Ni siquiera se trata, en principio, de aplicar el Código Penal al responsable público que presupueste un gasto excesivo y luego no pueda sostenerlo con unos ingresos insuficientes, que es lo que en los últimos años ha ocurrido en España: los ingresos se desplomaron y las facturas quedaron sin pagar. Las nuevas penas que trae consigo la nueva norma serán de inhabilitación y no de cárcel, y se aplicaría a los cargos públicos que contrajeran un gasto sin haberlo presupuestado antes, o sin convalidarlo después con una ampliación de presupuesto. “Un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, como ya explicó Montoro en enero. Y añadió: “Lo que nunca es correcto son las facturas en el cajón”. También el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aclaró que lo que se pretendía no era crear un nuevo delito, sino “aplicar” los que ya existen como malversación o falsedad. A su vez, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, matizó que la responsabilidad penal contra cargos públicos estaría reservada a “aquellos casos que puedan tener un carácter doloso, de ocultación”, y anunció “sanciones” para quienes vulneren el tope de déficit y endeudamiento, comprometan gasto sin crédito suficiente o eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas. Y cuando habló de “sanciones penales” solo apuntó a las “conductas más graves”, en las que concurran “intencionalidad”, “grave negligencia”, “quebranto a la hacienda” o “claro perjuicio para los servicios”.
Veremos el cumplimiento de estas promesas en una norma que, al menos en sus anuncios, promete mucho y bien...