PODRIA SUPONER LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO

Carlos Dívar, denunciado por presunta malversación de fondos


No es que este miércoles falten informaciones sobre Urdangarín y sus andanzas. Pero probablemente uno de los casos más llamativos de cuantos ofrecen los medios informativos este día es el que protagoniza el Presidente del Supremo, Carlos Dívar. Por la personalidad del denunciado y del denunciante, por igual. El caso es, en pocas palabras, que el vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de derecho penal, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado este martes una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por una supuesta malversación de fondos públicos. En la denuncia se acusa a Dívar de haber pagado con fondos públicos, por un valor de casi 6.000 euros, el importe de seis viajes de fin de semana a Marbella, entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011. Según Gómez Benítez estos viajes no tenían relación con actividades vinculadas a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y supusieron también el desplazamiento a Marbella de varios escoltas con unos gastos que sobrepasaban los 20.000 euros. La denuncia es llamativa y escandalosa, en estos tiempos de austeridad y recortes, en los que cada vez se abordan con mayor atención los casos de malversación de fondos públicos. El vocal del Poder Judicial denunciante considera que Dívar ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos del Gobierno de los Jueces gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros. El citado vocal ya había propuesto hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes. Finalmente, ha, presentado un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de, al menos, seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús. Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”. Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”. El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado sólo abarca estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.

¿Y ahora, qué puede o debe suceder? Ahora, se si el fiscal general del Estado considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial. En efecto, los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años, a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones. Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo también a propuesta del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo con el Partido Popular. El cese de un presidente del Supremo y del Poder Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que regula el funcionamiento de este organismo, “a propuesta del pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”. Llama la atención, en el relato que proporciona El País, que, aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE, clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente se habían desplazado previamente por carretera. También es muy llamativo que prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos personas en restaurantes de lujo. Aunque desde Presidencia se incorporó al expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez señala en el escrito que, tanto la nota como los justificantes de esos gastos, han sido retirados. El País ha preguntado a Gómez Benítez la razón de que presentase ahora esta denuncia. “He puesto los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo”, respondió. “Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas”, precisó. Y añade: “En mi denuncia hay datos que ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades económicas”. Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar, bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo. También ha sido consultado el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, sobre la acusación: “Tengo los recibos y los puedo presentar”. dijo Dívar, cuando El País le llamó para que ofreciera su versión de los hechos sobre la denuncia presentada por el vocal Gómez Benítez. Dívar indicó que no conocía la existencia de la denuncia, ni el fiscal general del Estado le había llamado para comunicarle su presentación, pero aseguró que las facturas de sus gastos por viajes privados las había pagado él. “No es cierto que haya cargado gastos privados al Consejo. Los he pagado yo. Tengo los recibos y los puedo presentar”. “Los actos oficiales son distintos, lo otro lo he presentado perfectísimamente”. Finalmente, fuentes del Consejo añadieron que esos gastos “fueron fiscalizados por la interventora del Estado”. El fiscal deberá ahora comprobarlo...

El asunto, de momento, la denuncia, tiene muy notable relevancia y puede tener efectos y consecuencias en los próximos días.