PRIMERO DE SEPTIEMBRE CON SEVEROS JUSTES

La España de dos velocidades



O hay duda de que “controlar” la mayor parte de los gobiernos autonómicos facilita al Gobierno de la Nación de turno comprometerse, por ejemplo, con el cumplimiento del déficit comprometido. Zapatero intentó que el PP asumiera el compromiso del déficit en una Conferencia de Presidentes, y Esperanza Aguirre y algunos otros presidentes autonómicos, como el riojano, llegaron a decir que no iban a dar ellos bazas al Gobierno socialista… Ahora, la mayoría del PP es abrumadora, pero empieza a constituirse un “frente rebelde” que, antes que otra cosa, quiere mantener sus características de autonomía o Gobierno con autoridad propia, nada dispuestos a que todo les venga decidido por Rajoy ni por Montoro. Así viene comprobándose en materia sanitaria, donde esos “rebeldes” aspiran a mantener sus propias cuotas de poder propio e intocable. Relata este jueves el diario El País el caso de la prestación sanitaria: El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos. Así lo ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en una decisión basada en su política de recorte de gastos para reducir el déficit. Pues bien, según este relato, a 15 días de que la red sanitaria pública desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la España autonómica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal, sin detallar cómo lo piensan hacer, y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria. Y menciona los casos concretos de esas “autonomías rebeldes”: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno central, y han garantizado en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora. Ya con anterioridad, otras cuestiones sanitarias, como el copago, suscitaron controversia y oposición. Incluso ahora mismo hay dos clases de copago, el catalán, de un euro por receta, y el del resto de los españoles. Incluso en el resto de las atenciones sanitarias hay diversidad de opiniones, como expresaron Núñez Feijoo o Morago… Lo cierto es que, según se explica en El País, desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ha ideado un mecanismo que comunicó a primeros de agosto a las comunidades, que serán quienes tengan que ponerlo en marcha. Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas, con un coste de 700 euros al año por persona, para poder disponer de atención en la red pública. Una sugerencia que mereció abundantes críticas. Esos inmigrantes a los que está destinada esta medida, no tienen permiso de trabajo en España y, por tanto, sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anuncia que pasará la factura a sus respectivos países de origen. Se sabe que los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados. En Cataluña no parece aún decidido cómo se adaptará al decreto aprobado en abril a través del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los sin papeles, aunque en un principio, su intención es mantener un servicio universal. Pero aún debate cómo hacerlo. Andalucía ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque, en su opinión, rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España y, además, podría desencadenar problemas de salud pública. Andalucía no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonomía.El Gobierno vasco pretende aprobar en su reunión extraordinaria del próximo martes o todo lo más en la siguiente, el decreto con el que responderá a la regulación estatal que obliga al copago farmacéutico y que evitará que, al menos los colectivos más desfavorecidos, tengan que abonar más dinero por sus recetas. Euskadi también está decidida a seguir prestándoles asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la actualidad, pero inicialmente no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma pretende evitar, entre otras cuestiones, la posibilidad de un nuevo recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional que paralice la asistencia a los sin papeles. En cuanto a Sanidad, cree que el actual marco legal vasco ya es suficiente para dar soporte a la atención a inmigrantes y otros colectivos que se quedarán sin atención no urgente a partir del 1 de septiembre.

No hay duda de que este próximo primero de septiembre no será como los otros, ni por el nuevo y más elevado IVA ni por la asistencia sanitaria a sin papeles… Ya nos habían anunciado que el nuevo curso sería, si cabe, más riguroso y severo. Y no parece que Rajoy quiera seguir los pasos a Monti bajando los impuestos.