ALOS ALEMANES DICEN AHORA QUE NO HACE FALTA SEGUNDO RESCATE ESPAÑOL

Las reformas que aún deberá hacer Rajoy



Según se recoge este mismo domingo en Diario Crítico, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, descarta que España vaya a requerir ayuda financiera de los fondos de rescate europeos en una segunda ocasión debido a la "gran determinación" del Gobierno de Mariano Rajoy en la aprobación de reformas. En declaraciones al diario germano 'The Bild am Sonntag', Westerwelle sostiene que "España es un país muy sólido con una economía muy fuerte". "El Gobierno español de Mariano Rajoy ha mostrado una gran determinación a la hora de aplicar las reformas", afirma el titular de Exteriores alemán. "Por eso soy tan optimista sobre España", remacha. Westerwelle, que pasa sus vacaciones en Mallorca, incide en que el Gobierno alemán rechaza la colectivización de la deuda europea, lo que implicaría la creación de los eurobonos. "Para mí esto no es negociable. Los eurobonos engrandecerían la crisis, no la paliaría", argumenta Westerwelle. Esta es, precisamente, una de las principales demandas de España, Italia y Francia con el fin de apuntalar la confianza de los mercados financieros y poner fin a la tendencia alcista de las primas de riesgo y de los intereses de las deudas italiana y española, antes de que dichos niveles alcancen cotas "insostenibles".

¿Se producirá o no ese segundo y definitivo rescate de la economía española? ¿Cuántas tareas aún le quedan por acometer al Gobierno de Rajoy? En dos análisis que hoy proporcionan los diarios El País y La Vanguardia, se analiza el estado de esas cuestiones en marcha. Empecemos por el informe que este domingo publica el diario El País: sostiene que de los seis grandes bloques de cambios que reclama Bruselas, sólo uno está definitivamente encarrilado, el que incluye golpes a los contribuyentes tan duros como la subida del IVA, el 1 de septiembre, o la retirada de la desgravación por compra de vivienda a partir de 2013. Otros dos requisitos, la consolidación fiscal y el saneamiento del sector bancario, añade el trabajo, se están llevando a cabo y habrá que esperar para ver si concluyen con éxito. Pero hay tres a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha metido mano en esta nueva vuelta de tuerca que pide la UE: los relacionados con el mercado laboral, las pensiones y las medidas para impulsar la formación y empleo de los jóvenes y el crecimiento. Hay más aún, se asegura. Porque el memorando de entendimiento, o contrato que el Gobierno firmó para obtener hasta 100.000 millones con los que rescatar a la banca española, señala las seis reformas ya citadas, y añade algunas más que, por ahora, no se han abordado. Entre otras, arreglar el problema del déficit de tarifa eléctrico, completar las conexiones de electricidad y gas con Francia o acelerar la liberalización de servicios profesionales. La flexibilización de los horarios comerciales aprobada el mes pasado supone un avance en esta dirección. Bruselas y los Gobiernos europeos mirarán con lupa el cumplimento de esas exigencias cuando tengan que decidir si el previsible segundo rescate parcial, con el que se pretende relajar las tensiones en el mercado de deuda, conllevará nuevas medidas, eufemismo que suele traducirse en recortes.

Sin embargo, en el Gobierno se opina que “la parte sustancial del ajuste está hecha, y que no habrá nuevas medidas. Con las que hemos aprobado será suficiente”, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero este vaticinio sólo se cumplirá si España logra cerrar este año con un déficit del 6,3% del PIB y si los socios europeos se dan por satisfechos con el resto de reformas. Señala el análisis de El País que en Bruselas reconocen el “esfuerzo impresionante” que ha hecho el Gobierno para reducir el agujero presupuestario y las reformas estructurales aprobadas, pero que hay algunos aspectos que echan de menos. “Si la situación económica se deteriora en el segundo semestre, será muy importante que España se centre en las políticas de impulso a las pequeñas y medianas empresas, lucha contra la pobreza y generación de empleo”, dicen fuentes de la Comisión. El Gobierno responde que está haciendo los deberes y que es demasiado pronto para hacer una valoración global. “Nuestro compromiso es claro y firme, tanto en déficit como en el sector financiero. Para el primer objetivo hemos dado los pasos adecuados, y para el segundo estamos dentro de los plazos fijados”, responden en el Ministerio de Economía. En el referido informe de El País se señala que los aspectos más retrasados tienen que ver con las pensiones y el mercado laboral. Bruselas quiere acelerar el periodo transitorio para elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, que con las normas actuales comenzará en 2013 y culminará en 2027. Otro punto conflictivo es el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo para minimizar el impacto del envejecimiento de la población en la caja de las pensiones. El Gobierno ha anunciado su intención de llevar próximamente este asunto al Congreso, pero por ahora no hay más detalles. Aspecto fundamental es también el impulso de las políticas activas de empleo, pero aquí no sólo no se ha avanzado, sino que los Presupuestos recortaron la partida de unas políticas en las que España, con un paro estratosférico, ya tenía un gasto inferior a la media de los países de la OCDE. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha dado su opinión sobre la peliaguda cuestión de imponer aún más ajustes a España. “No hay mucho más que se pudiera pedir a España si estuviera bajo un programa del FMI”, dijo la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, la semana pasada. La decisión final, según señalan fuentes comunitarias, será más política que técnica. Los líderes de la zona euro deberán examinar qué ha hecho el Gobierno de Rajoy hasta la fecha y qué más se le puede pedir. Será entonces cuando echen mano del listado de exigencias redactado en Bruselas y lo compararán con el panorama que ven en Madrid. Por su parte, el diario La Vanguardia proporciona otro trabajo coincidente sobre las reformas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy, o las todavía pendientes. Sostiene este segundo análisis que la presión es máxima para todos los sectores de la economía, pero que la banca es la única con un calendario milimétrico en el que se detallan, mes a mes, las 32 reformas a las que está obligada. Seis de estas condiciones deben estar listas entre julio y agosto, según el contrato firmado por España para recibir el rescate europeo. El Gobierno asegura que el Consejo de Ministros del 24 de agosto responderá todos los interrogantes. Se explica luego que los cambios más urgentes son los relacionados con la creación de un banco malo que agrupe a los activos deteriorados por la explosión de la burbuja inmobiliaria y el tratamiento que dará a los propietarios de deuda subordinada o participaciones preferentes. El Memorando de Entendimiento, en contra del deseo inicial del Ejecutivo, impuso que estos accionistas asuman parte de las pérdidas, como parte de la filosofía de que los contribuyentes no paguen solos la factura de la reestructuración financiera.

En agosto también tendrá que estar lista la norma que dará más poderes al FROB, el fondo de rescate bancario español, para liquidar entidades cuyo coste de sobrevivir supere al del cierre. Además, entre septiembre y octubre tendrá que presentar los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a cada entidad y el plan para reestructurar o incluso liquidar aquellas que no puedan captar recursos en el mercado.

Pero el departamento que encabeza Luis de Guindos y el Banco de España van a tener estos días una tarea aún más urgente: la petición formal de ayuda para Bankia, la entidad que más preocupa en Europa. La Comisión lleva días repitiendo que solo pueden dar vía libre a los 30.000 millones previstos para la recapitalización urgente de la banca nacionalizada si España lo solicita. Y por ahora esa petición no ha llegado a Bruselas. Mariano Rajoy lo intentó con la banca, pero las prisas de sus socios europeos no se lo permitieron, y la petición del rescate provocó una gran alarma entre los ciudadanos, al margen de las consecuencias que tuvo sobre los mercados. Ahora, con el rescate blando que prepara el Gobierno español para que el Banco Central Europeo compre deuda española, el presidente del Ejecutivo quiere que vaya calando en la sociedad la conveniencia de acudir a este mecanismo y ha puesto a todo el Gabinete a preparar el terreno para que la solicitud no provoque alarma. Se trata, según las fuentes consultadas, de que el rescate se vea como la solución a los problemas que vive en los últimos meses la emisión de deuda soberana. Y, sobre todo, que los ciudadanos vean en el rescate una solución, más que un problema más de la economía española. Pero, además, desde el Gobierno central se pretende conseguir que vaya calando en la opinión pública el mensaje de que las condiciones en las que se preste la ayuda y las exigencias que se impongan a España son las más beneficiosas para el país, de forma que la sociedad española vaya asumiendo el ánimo con el que al parecer los mercados y las empresas han acogido la posibilidad del rescate, que ya dan por hecha y analizan como positiva.

En todo caso, indica La Vanguardia, lo que el Gobierno de Rajoy pretende transmitir es que, en realidad, el rescate para ayudar a la deuda es beneficioso, dado que España tendrá que pagar por esa deuda un interés más reducido que el que en estos momentos paga por la deuda que coloca en el mercado. Y a partir de ahí, la carga de lo que España tendrá que pagar en el futuro, y que condicionará los presupuestos del Estado de los próximos años, será mucho menor. El propio Rajoy, subrayó el viernes pasado, en su comparecencia ante los medios de comunicación antes de empezar unos días de vacaciones en Galicia, las consecuencias del incremento de los intereses que ha sufrido España en los últimos meses. Y es que con una prima disparada desde hace ya varios meses por encima de los 500 puntos, y casi un mes por encima de los 600, el Estado español tendrá que pagar 8.000 millones de euros más por intereses de la deuda el año que viene con relación a los que ha pagado este. Una cantidad, subrayan en el Ejecutivo, que obligará a hacer nuevos ajustes en los presupuestos generales del Estado del 2013, que serán muy restrictivos. Con estos mensajes, el Gobierno central intenta también minimizar el otoño caliente que ya ha asumido que se va a encontrar, puesto que los sindicatos han sido muy claros sobre sus intenciones durante la reunión que mantuvieron en julio con Rajoy. En este sentido, existe un gran malestar por la reducción del sueldo a los funcionarios al suprimirles la paga extra de Navidad de este año; un malestar que no se quedará ahí, puesto que, como mucho, el año que viene la Administración central congelará de nuevo el sueldo de los funcionarios estatales. Y todo hace pensar que las comunidades autónomas tendrán también que rebajar el sueldo a los empleados públicos de cada autonomía, como ya ha insinuado que hará la propia Comunidad de Madrid, dado que la supresión de la paga extraordinaria no se consolida en el salario.

En fin, sostiene el análisis de La Vanguardia que la estrategia del Gobierno central se ha visto condicionada por los datos del barómetro de julio del Centro de Estudios Sociológicos, que se difundió el pasado lunes, y que reflejan una imagen muy negativa del Ejecutivo y de su presidente entre los ciudadanos, incluidos los votantes del Partido Popular. En este escenario, el Gobierno español intenta que su trabajo de preparación para las malas noticias propicie que los ciudadanos puedan entender más fácilmente la situación en la que se encuentra la economía española y los recortes que el Gabinete se ve obligado a adoptar para cumplir con sus compromisos europeos.

En fin, el rescate, o los rescates, y sus famosas “condicionalidades”, que no cesan…