La pretensión de Mas y la ley Fernández Aunque la sentencia establece que tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse, el Constitucional ha determinado que es ilegal que Cataluña se declare soberana. Llega más allá la sentencia: Admite la aspiración al derecho a decidir, pero sólo si se reforma la Constitución. En ningún caso, sin embargo, ha satisfecho, como no podía ser de otra manera, a los independentistas catalanes de CiU y ERC, ni mucho menos, que no han dudado en dedicar muy severas descalificaciones a los miembros del TC. Artur Mas tampoco quiere caer en la trampa de Ibarretxe, y no acudirá al Congreso a plantear su consulta independentista. Enviará a dos secuaces de segunda o tercera fila, que recibirán el rotundo no a su propuesta. Y así seguirá esta historia interminable de pulsos sucesivos, sin ese punto y final que significó en su día el rechazo del Congreso al propósito independentista vasco. Más breve será la pretensión de Interior de hacer una ley de seguridad, la llamada Ley Fernández, que rebasaba la Constitución por todos los lados, como ya mucho analistas observaron desde el primer momento. Interior y el Gobierno reconocen el error y anuncian que acatarán las sugerencias que les hacen llegar el Consejo del Poder General y el Consejo fiscal para someter la ley de seguridad a las normas superiores. La tensión de la legalidad con las fuerzas del Interior parece inevitable. Hoy La Razón cuenta que la Policía imputaba más de 30 delitos a los detenidos por los actos violentos del 22-M, que el juez dejó en libertad. No es la primera vez que la policía pretende encarcelas a decenas de participantes en manifestaciones, mientras los jueces los ponen en libertad tras unas horas de retención. La Policía, o sus jefes, parecen poco inclinados a admitir el derecho a la manifestación callejera de los ciudadanos, y ofrecen unas versiones de los sucesos escasamente compatibles con la realidad comprobable por cualquiera. Tras el fallecimiento de Adolfo Suárez queda en todos la satisfacción de que se ha tributado al desaparecido líder el homenaje que se había ganado a pulso durante su vida política, particularmente en los últimos años. Ha habido muchas quejas de ciudadanos que explican que no entienden porqué se ha tardado tanto en tributarle, incluso en vida, ese homenaje nacional tan merecido. Suárez, cabe recordar, hizo una tarea hercúlea en los primeros tiempos de la Transición, con la Ley de Reforma Política, las primeras elecciones democráticas, los pactos de la Moncloa, la legalización del PCE, la ley del divorcio, la reforma fiscal, el 23-F… Pero luego, después de esa etapa inicial tan abundante en acontecimientos de gran magnitud, Suárez, tras dimitir de su cargo de presidente, se sumó a los políticos de su tiempo y compitió con ellos en igualdad de condiciones, y perdió en varias elecciones, lo que a él mismo le condujo al abandono de la política. Todos los homenajes han sido merecidos, no cabe duda. Pero tampoco había habido ocasión para brindárselos en vida. Por lo demás, no estuvo mal que en los postreros homenajes participasen algunas de las fuerzas de seguridad del Estado que, en su momento, pretendieron el derrocamiento de Suárez y el abandono de la democracia misma… Por lo demás, el comportamiento modélico de Suárez se ha empleado para reprochar a los políticos actuales su forma de actuar. Muchos ciudadanos han querido hacer llegar a nuestros políticos ese ejemplo del presidente fallecido, con la pretensión de que pudiera servir de catarsis y cambio de actitud de los actuales políticos, en buena medida poco estimados o repugnantes a la ciudadanía y a la opinión pública. JOSE CAVERO