NO ENTUSIASMARON LAS EXPLICACIONES DE ZAPATERO EN NUEVA YORK, ÚLTIMAS GESITONES PARA CONCRETAR OS SERVICIOS MÍNIMOS DEL 29-S. GALLARDON POR RAJOY

DESCONFIANZA SOBRE LAS GESTIONES DE ZP EN NUEVA YORK.- Los dos días de estancia de Rodríguez Zapatero en Nueva York han tenido muy distintos escenarios, -la ONU, la conversación con el Rey de Marruecos, los líderes de Wall Street, el Wall Street Journal y la Universidad de Columbia-, pero predominó un decido propósito: ha querido dejar claro que España se está esforzando por superar los efectos de la crisis y que quiere volver a contar como antes de esos tres años difíciles, incluso muy difíciles... Otra cosa es que su tarea haya resultado fácil y haya tenido éxíto inmediato,. Basta con leer algunos titulares sobre esas actividades: Zapatero intenta vender España; Zapatero exhibe su determinación de proseguir el ajuste, Zapatero busca dar confianza a los inversores USA, Zapatero vende solvencia en EEU; Zapatero no convence a los grandes inversores, Zapatero decepciona por su discurso inconcreto y diplomático...La intensa jornada de Zapatero empezó este martes ante los ejecutivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de EE UU, responsables de los agresivos ataques contra la deuda española durante la primavera pasada, y concluyó con una reunión con Paul Volcker, asesor de Obama, y un encuentro con aquel consejo editorial de Wall Street Journal, uno de los diarios más críticos con su gestión. Allí, como en sus citas anteriores, defendió con rotundidad la situación de la economía española y el paquete de austeridad impulsado por su Gobierno, además de dar por concluida la crisis de la deuda en toda la UE. "Creo que la crisis de deuda que afectaba a España, y a la eurozona en general, ha pasado", afirmó. En su resumen del encuentro, el periódico destaca la apuesta del Gobierno español por sacar adelante una "ambiciosa" reforma laboral con la oposición de los sindicatos y apunta al elevado coste político que estas medidas pueden tener para Zapatero. Zapatero ha defendido una vez más las medidas de austeridad y las reformas puestas en marcha por su Gobierno. También ha señalado que no espera que el PIB se contraiga en los próximos trimestres. Sobre los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, explica la intención de recortar entre 15 y 16 % las partidas de cada ministerio y señala que las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos están muy avanzadas. Además, destaca que la publicación de los test de resistencia a los bancos ha sido uno de los factores que ha permitido recuperar la confianza de los mercados. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a apostar por una mayor convergencia en la UE para ganar competitividad. El presidente aseguró además que la economía no registrará un crecimiento negativo en los próximos trimestres y reconoce que una de las lecciones extraídas de las turbulencias financieras registradas en la UE durante los últimos meses es que una política monetaria única no es suficiente para el conjunto de la eurozona, por lo que cree que los países europeos deben aumentar el trabajo en equipo y con los mercados para evitar una repetición de lo ocurrido. Poco antes, Zapatero acudió a la Universidad de Columbia, donde tuvo que contestar a un alumno que le reprochó la contradicción que supone haber subido los impuestos tras declarar en su día que lo progresista era bajarlos. "El debate sobre la imposición fiscal no tiene color ideológico. Lo veo como un instrumento para un fin. Subir la presión fiscal puede ser útil y progresista y bajarla también. No tengo una visión dogmática. Si algo enseña la crisis es que las posiciones fundamentalistas normalmente conducen al fracaso", dijo. En este foro universitario, de larga tradición progresista, Zapatero defendió, como lo había hecho el lunes en Naciones Unidas, la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales para sufragar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que prevén erradicar la pobreza extrema y el hambre en 2015.El presidente de Gobierno sostuvo que ni los fondos de ayuda al desarrollo aportados por los presupuestos públicos ni la solidaridad de la sociedad civil son suficientes para acabar con la miseria en el mundo, por lo que abogó por "un mecanismo estable, sólido y duradero" basado en una "aportación mínima" que no distorsionaría el flujo de estas transacciones. Además, horas después de reunirse con los más conocidos tiburones financieros de Wall Street, el presidente culpó de la actual crisis económica a la política de desregulación financiera y la ilusión de que los mercados podían funcionar por sí mismos, sin ningún tipo de control. "Hemos aprendido que los mercados pueden ser ciegos a los desequilibrios, que los pueden generar y alimentar indefinidamente, que abandonados a su suerte, por incomparecencia o insuficiente presencia del poder público democrático, pueden representar seria amenaza para los intereses generales", afirmó el presidente, que criticó la "lógica individual de la maximización incontenible de los beneficios". Zapatero fue aplaudido por unos 300 estudiantes en la biblioteca de la universidad, donde fue presentado por los profesores Jeffrey Sachs y el nobel de economía, Joseph Stiglitz.
De manera que Rodríguez Zapatero da por acabada la crisis de la deuda española y de la zona euro. El presidente del Gobierno, de gira por Wall Street, también considera que España ha recuperado la confianza de los mercados. Estos son algunos de los mensajes trasladados por el presidente a los miembros del consejo editorial del 'Wall Street Journal', el poderoso e influyente rotativo, considerado la 'Biblia' del sector financiero de EEUU. Tras la entrevista con Wall Street Journal, Zapatero se reunió también en Nueva York con Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal y asesor especial del presidente estadounidense, Barack Obama. En este encuentro ambos repasaron la situación económica que atraviesa Estados Unidos, las reformas puestas en marcha por la administración Obama y las expectativas de recuperación. Volcker le explicó además el debate que mantienen republicanos y demócratas en torno a la pertinencia de una subida o bajada de impuestos. Con esta entrevista, Zapatero daba por terminada su visita en Nueva York. El presidente había ofrecido horas antes una conferencia en la universidad de Columbia, en la que defendió que las posiciones fundamentalistas conducen al fracaso, cuando fue preguntado si es de izquierdas subir los impuestos.
En Moncloa se asegura que ha hecho bien sus deberes y ha “·vendido” España y sus buenas perspectivas. Ojalá...

EL ENCUENTRO AMABLE DE ZAPATERO CON MOHAMED VI.- La visita de Zapatero a Nueva York, este lunes, tenía dos propósitos esenciales: Uno, la intervención en las naciones Unidas sobre la Cumbre del Milenio para acabar con el hambre en el mundo, y en esa faceta, Zapatero unió su voz, como Sarkozy, a quienes vienen reclamando una nueva tasa, la ya conocida como Tasa Tobin, por su creador, para cumplir los propósitos de desarrollo mundial. La otra tarea era la de encontrarse con el Rey de Marruecos, Mohamed VI, y tratar de alejar las frecuentes dificultades en las relaciones entre los dos países vecinos. El encuentro de Zapatero con el Rey marroquí fue, según las crónicas, cordial. "Hola señor presidente. Es un placer. ¿Todo bien?", saludó Mohamed VI a Zapatero en perfecto castellano. "Sí, muy bien, encantado de que nos veamos", contestó Zapatero, antes de sentarse alrededor de una mesa adornada por una solitaria bandera marroquí. La entrevista que, durante media hora, mantuvieron la pasada madrugada en la sede de las Naciones Unidas el monarca marroquí y el presidente español sirvió para escenificar la normalización de las relaciones entre los dos países, tras un sucesión de desencuentros y malentendidos La entrevista en sí no produjo muchos resultados prácticos: el compromiso de celebrar una reunión bilateral de alto nivel en Marruecos a principios del próximo año y la confianza de que, "en breve plazo", se producirá la incorporación de los respectivos embajadores, el español Alberto Navarro a Rabat y el marroquí Ahmed Ould Souilem a Madrid. Aunque esto último fue más bien la "conclusión" a la que llegó Zapatero a la vista del desarrollo del encuentro. Pero quizá lo más importante fue el acuerdo de instar a los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, y en menor medida a los departamentos de Interior, a mantener una "colaboración permanente" que permita afrontar los problemas que se produzcan "en ese ámbito de frontera" que es Melilla, "cada uno desde sus posiciones". "Hay un principio de respeto y buena voluntad y no ha sido necesario profundizar ni descender a ningún detalle", añadió Zapatero. Esa fue la única alusión a los incidentes que grupos marroquíes protagonizaron en agosto pasado en la frontera de Melilla. Rabat atribuye a sectores de las fuerzas armadas y de seguridad españolas una actitud antimarroquí y parecen librar de esa animadversión al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien ayer asistió a la reunión, al igual que su colega marroquí, Taieb Fassi-Fhiri. De ahí que ambos mandatarios les confiaran la tarea de reconducir nuevos incidentes. Por si ello no fuera suficiente, el presidente Rodríguez Zapatero consideró "conveniente" un próximo encuentro personal entre el rey Juan Carlos y Mohamed VI. Aunque no lo dio por hecho, como hizo Rabat en agosto pasado, tras la conversación telefónica entre ambos monarcas, el presidente estimó que "es probable que se celebre" y adelantó que el Gobierno "lo ve con simpatía". No se abordó en el encuentro el proyecto de autonomía para el Sahara, cuya defensa llevó Mohamed VI a la ONU, Aunque estaba previsto que el encuentro entre ambos mandatarios sirviera también para abordar ese Plan de autonomía para el Sáhara occidental, Zapatero tampoco profundizó en este tema. El jefe del Ejecutivo afirma que conoce el plan y mantendrá una actitud "constructiva y colaboradora" con la ONU. No obstante, añadió Zapatero, Mohamed VI sabe que "la solución es el acuerdo y sólo un acuerdo nos lleva a la solución". En este contexto, confió en que la nueva ronda de diálogo y de negociación abierta entre ambas partes ofrezca salidas a un conflicto "extremadamente difícil" y que lleva décadas pendiente. Sobre la mesa colocada en el improvisado espacio de la sede de Naciones Unidas en el que se reunieron, sólo había una pequeña bandera marroquí, según la delegación española, porque era Mohamed VI el anfitrión del encuentro como mandatario de mayor rango.
José Luis Rodrígez Zapatero calificó de "muy positiva" esta reunión con el monarca alaui, Mohamed VI, un breve encuentro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, después del cual, el presidente del Gobierno declaró que han acordado trabajar de forma conjunta con "respeto" y "buena voluntad" para superar los problemas en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Esta fue la conclusión que trasladó a los medios Zapatero tras su encuentro con el monarca. Ha sido el cuarto encuentro entre ambos desde que Zapatero es presidente, el primero de ellos tras los polémicos incidentes en la frontera de Melilla. Aunque sobre este asunto no entraron en detalles, según confirmó el propio presidente a la prensa. "La cooperación de Marruecos ha sido determinante para que hayamos estabilizado el control de nuestra frontera", ha destacado al respecto el presidente español. La anécdota de la reunión se ha producido cuando los dos mandatarios posaban para los medios: "La foto es lo más importante", le dijo Zapatero al monarca alaui.
Sonrisas, pocas palabras, y poco más, entre el jefe de Estado marroquí y el jefe del gobierno español.

MADRID, LA MÁS DIFÍCIL PARA ACORDAR SERVICIOS MÍNIMOS.- Una vez que los sindicatos convocantes de la huelga hicieron públicas, este lunes, sus pretensiones sobre los servicios mínimos e imprescindibles para que los ciudadanos que no quieran sumarse a la huelga puedan hacer “vida normal”, se iniciaron las correspondientes negociaciones de los representantes de los sindicatos con los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Varias regiones son especialmente “solicitadas” por las centrales como representativas de lo que puede suceder el 29-S. Por ejemplo, Cataluña, o Andalucía, y sobre todo, Madrid. El diario Público ha hecho u repaso a la situación en las tres. Los sindicatos y el Govern de la Generalitat de Cataluña ya acordaron el lunes unos servicios mínimos para el 29-S similares a los de la última huelga general, la del 2002. Se espera que el Consell de Govern los aprobará en las próximas horas por decreto. En cuanto al transporte público, se garantizará un 25% del servicio en las horas punta, de 6 a 9 de la mañana y de 17 a 20 horas de la tarde. En caso de que haya dos tipos de transporte para el mismo trayecto, uno podrá suspenderse, siempre y cuando se cumpla globalmente un 25% de toda la oferta habitual. En el sector de la enseñanza, se obliga a que, en cada centro, trabajen por lo menos el director y un profesor, mientras que en los hospitales se garantizarán las intervenciones inaplazables y los servicios de urgencia de un día festivo.
En Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO negocian aún un acuerdo de servicios mínimos con la Junta. Las centrales han presentado una contraoferta a la administración, y el acuerdo se cerrará previsiblemente hoy. Los criterios serán los mismos utilizados en la huelga general contra el decretazo de Aznar, considerándose la jornada como si fuera un día festivo. Según fuentes sindicales, los puntos de fricción se refieren, sobre todo, a los sectores del transporte y la educación. En en el Metro de Sevilla, por ejemplo, un día festivo puede trabajar hasta el 40% de la plantilla, mientras que las centrales quieren rebajarlo hasta el 25%. En los colegios, se discute si el director debe trabajar con algún compañero o en solitario.
Desde la Comunidad de Madrid no se andan con ambages: las negociaciones no marchan bien. El Gobierno de Esperanza Aguirre y los sindicatos ya llevan varios días de conversaciones infructuosas y se han dado de plazo hasta el jueves para lograr un acuerdo de mínimos. Fuentes de la Administración madrileña se quejan de que el Gobierno central no les explica los criterios mínimos para negociar. En Catalunya no existe ese problema. Ni en sanidad, ni en educación ni en transporte, los sindicatos madrileños han encontrado un punto de conexión con el Gobierno de Aguirre, que hace una semana abrió contra ellos una guerra por los liberados, y que aún tiene muy presente el conflicto del Metro, donde aún no se han resuelto los expedientes abiertos a los trabajadores que incumplieron los servicios mínimos.

PUDIERA HABER SERVICIOS MÍNIMOS POR DECRETO.- Los sindicatos CC OO y UGT y el Ministerio de Fomento continuarán negociando este martes la propuesta de servicios mínimos para la huelga general del 29 de septiembre que los representantes de los trabajadores expusieron el lunes al Gobierno, y que-como señala El País-, trastocó el buen clima inicial entre ellos. El departamento que dirige José Blanco presentará en las próximas horas una alternativa, al considerar asumible la postura inicial de las centrales. Al respecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha pedido en Onda Cero a los sindicatos, que garanticen el derecho al trabajo de todos aquellos que no quieran secundar a la huelga. La responsable de Economía del Ejecutivo, sin embargo, ha confiado en que las conversaciones con Fomento concluyan en un acuerdo, que es "lo mejor para España". Además, Salgado ha criticado la convocatoria de huelga general ya que, en su opinión, se dirige contra unas medidas y ajustes que el Gobierno ha aprobado para reactivar la economía española.
Los sindicatos presentaron el lunes su propuesta de servicios mínimos ante Fomento. La consigna promovida por el Gobierno y el PSOE de manifestar respeto -incluso cierta empatía- hacia los sindicatos en la convocatoria de huelga, había creado la expectativa de que el ministerio no pondría trabas a unos servicios mínimos razonables. Máxime cuando la propuesta sindical calcaba, salvo en el apartado de transporte aéreo, la orden promulgada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, tres días antes de la huelga general del 20 de junio de 2002. Pero la lectura de la letra pequeña cambió las tornas. Porque copiar literalmente el plan de mínimos de los ferrocarriles de 2002 implica excluir, por ejemplo, cualquier servicio de AVE. El Ministerio de Fomento aboga por compatibilizar el derecho de huelga con el derecho a desplazarse. Por ese motivo, la propuesta que presentará en las próximas horas "garantizará que en todos los medios de transporte [aéreo, ferroviario y por carretera] y en todos los servicios [AVE, larga distancia, cercanías...] haya algún tipo de servicio mínimo", asegura un alto cargo de este departamento.
Al depositar su propuesta en el Ministerio de Fomento, tanto el representante de UGT, José Javier Cubillo, como el de Comisiones Obreras, Antonio del Campo, se mostraron confiados en cerrar un acuerdo esta semana. A la vista del abismo que separa las dos posturas iniciales, no es probable que ese eventual pacto se alcance hoy. En todo caso, cabe recordar que el Gobierno tiene la potestad de decretar los servicios mínimos, pero en tal caso, habría muchas posibilidades de incumplimiento e incluso de alguna violencia, que el gobierno trata de evitar por todos los medios...

GALLARDÓN: TRABAJO PARA QUE RAJOY SEA PRESIDENTE.- En su “estreno oficial”, la Emisora 10 de Televisión, del grupo Vocento-ABC, ofreció una entrevista que el exdirector del periódico, Angel Expósito, efectuó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y en el que éste proclamó: «Trabajo y seguiré haciéndolo para lograr que el PP obtenga la mayoría suficiente para gobernar y para que Mariano Rajoy sea presidente». Ruiz-Gallardón participaba en el espacio de tertulia y análisis «Noche 10» de la nueva cadena de televisión La 10, que dirige Ángel Expósito y que ayer tuvo un estreno de lujo, se´gun el relato de ABC. Respondía así al entrevistador que acababa de plantearle: «Me da a mí que no estará mucho tiempo como alcalde», en el caso de ganar Rajoy las próximas elecciones generales, y él hacer lo propio el próximo 22 mayo. Tras explicar cuál era su objetivo —el triunfo del PP — subrayó: «Rajoy tiene que llegar a la presidencia del Gobierno sin ningún tipo de hipoteca y nombrar a los mejores», después de recalcar que él había formado varios gobiernos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, y «mi partido jamás me ha limitado la libertad para elegir a mis equipos». En esta entrevista de apenas quince minutos, y en un tono cercano y distendido, en clave electoral y de actualidad, hubo momentos para la ironía y para las apuestas. Como la que Expósito hizo al alcalde. «En su nuevo cargo —en el Gobierno de la nación—, le espero aquí dentro de dos o dos años y medio», le invitó. A lo que Gallardón, sin dudarlo un segundo, replicó: «Espero que antes, si los madrileños me dan su confianza». Sobre la percepción que tenía la ciudadanía acerca del liderazgo del presidente nacional del PP, recalcó: «La calle está convencida de que la solución que necesita este país está en las medidas y en el programa de Rajoy y de los populares». Añadió: «La gente tiene memoria y recuerda que cuando llegó Aznar a la Moncloa redujo la tasa de paro a la mitad y creó cinco millones de puestos de trabajo y se hicieron reformas laborales desde el acuerdo, no desde el conflicto», precisó. «Los ciudadanos saben que, por muy difícil que sea la situación económica, que lo es, el PP hará lo mismo que entonces para estar en la primera línea de competitividad europea». Gallardón criticó la gestión de la crisis realizada por el Gobierno de Zapatero, que ha provocado, entre otras, la «sensación de orfandad de los españoles». En cuanto a la huelga — «no la haré porque perjudica la economía»— precisó que, más que ambiente favorable, lo que nota es el reproche al Ejecutivo. En cuanto a los asuntos internos del PSOE, no quiso pronunciarse sobre quién podría ganar las primarias —Trinidad Jiménez o Tomás Gómez— para la presidencia regional. «Esa decisión corresponde a los militantes. No sería inteligente entrar en ese debate ahora, aunque es probable que sea lo que esté buscado el PSOE. No es nuestro problema y no voy a caer en esa trampa. Lo democrático y lo correcto es que los partidos respetemos los conflictos que tengan otros». En cuanto a la «pelea» entre los aspirantes socialistas, indicó que «el hecho de que uno de los dos tenga que recurrir a las descalificaciones del otro, demuestra cuál es su grado de fortaleza». Y en cuanto a las expulsiones de gitanos rumanos de Francia, Gallardón aseguróque el error ha sido enfocarlo hacia unas personas concretas en función de su etnia y de nacionalidad, y que el trato debe ser el mismo para cualquier ilegal asentado donde no debe. En cuanto a qué hará para prevenir conflictos como el apedreamiento a agentes en la Casa de Campo, indicó que hacer cumplir la ley con diálogo e interlocutores válidos. «Las normas son para todos sean de donde sean».

BANCO DE ESPAÑA- EL DÉFICIT BAJA MUY LENTAMENTE.- La corrección del déficit público será más lenta de lo previsto. Al menos, de lo inicialmente estimado por el Gobierno, según los datos más recientes que maneja internamente el Banco de España y que se recogen este martes en una crónica de El Confidencial. En concreto, y según fuentes de absoluta solvencia que cita esta publicación, el desequilibrio fiscal se situará este año entre el 9% y el 10% del producto interior bruto. “Pero más cerca del 10%  que del 9%, según aclaran las fuentes. Recuérdese que la última previsión del Gobierno situaba el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el 9,3% del PIB para este año. Por debajo, en cualquier caso, del 11,2% registrado el año pasado. Las estimaciones del Banco de España coinciden básicamente con el consenso de los mejores institutos de coyuntura del país. El consenso de los expertos (16 servicios de estudios) sitúa el déficit público en 2010 en el 9,7% del PIB, siete décimas por encima de lo estimado por el Gobierno y en línea con la información que maneja el Banco de España. La horquilla de los expertos se mueve entre un 10,9% que estima el Centro de Predicción Económica (Ceprede) y el 8,5% que calcula el Instituto Flores de Lemus. La discrepancia entre el Banco de España y la vicepresidenta Salgado no es muy relevante en términos cuantitativos (aunque cada décima de desviación representa unos 1.000 millones de euros), sino en términos cualitativos, toda vez que los mercados están muy pendientes de lo que ocurre con la salud de las cuentas públicas, y cualquier desviación puede afectar al mercado de deuda. La divergencia entre lo que sostienen el Banco Central y el Gobierno tiene en parte que ver con el hecho de que el Servicio de Estudios del Banco de España estima que la economía seguirá contrayéndose este año. En concreto, un 0,4%. Economía, por el contrario, prevé un avance del PIB del 0,3% este año, algo que han descartado todos los organismos económicos internacionales. Esa discrepancia en las previsiones explica que el Banco de España estimara inicialmente un desequilibrio equivalente al 10,2% del PIB, pero este porcentaje se ha puesto a revisión en coherencia con los recorte del gasto público anunciados por el Ejecutivo en los últimos meses. En particular desde que el descontrol de las cuentas públicas situó a la economía española al borde del abismo durante los primeros días de mayo, cuando el diferencial con el bono alemán superó ampliamente los 200 puntos básicos. De cumplirse las previsiones del Banco de España, el Gobierno cumpliría sus propias previsiones iniciales. En el informe preliminar remitido a Bruselas el pasado 31 de marzo se estimaba un desequilibrio fiscal para este año equivalente al 9,8% del producto interior bruto.  O lo que es lo mismo, 103.572 millones de euros, de los que las dos terceras partes (65.002 millones) corresponden al Gobierno central y el resto a las administraciones territoriales. En ese informe se estimaba un superávit de 2.207 millones de euros en la Seguridad Social, casi la cuarta parte que en 2009. Esto significaría que este año el recorte del déficit público se limitará a poco más de un punto porcentual del producto interior bruto. O dicho en otros términos, se habrá pasado de un desequilibrio equivalente a 117.630 millones de euros en 2009, a 103.572 millones un año más tarde. Y todo ello con un endeudamiento público que este año rondará los 694.000 millones de euros en términos del Protocolo de déficit excesivo.
Las cifras de 2010 son relevantes no sólo por el enorme déficit público (el segundo más elevado desde que existen series históricas), sino por el hecho de que suponen el punto de partida para el año 2011, en el que el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a situar el desequilibrio fiscal en el 6% del PIB (y el 3% en 2013). Esto obligaría a reducir el desfase en nada menos que casi cuatro puntos del producto interior bruto en un solo año. Un objetivo verdaderamente descomunal, salvo que la economía comience a tirar con una fuerza inusitada. Algo que hoy por hoy se descarta. El consenso de los expertos que cita El Confidencial, sitúa el crecimiento del PIB para el año que viene en un escueto 0,6%, lo que parece escaso para un avance importante de la recaudación. Sobre todo, en un contexto en el que el empleo caerá un 0,3%. En el mejor de los supuestos (las previsiones del propio Gobierno), la ocupación sólo crecerá el año próximo un 0,3%.
Todavía los datos siguen siendo “manifiestamente mejorables”, no hay duda...

SUBIRÁ LA LUZ, TAL VEZ UN 2 POR 100.- Ya no hay duda alguna: la luz subirá este inminente octubre. No hay tanto acuerdo en si la elevación ha sido pactada o no con el PP, o si se trata de una iniciativa exclusiva de Miguel Sebastián, ministro de Industria. Ni siquiera falta quien haya observado un enfrentamiento entre Industria y el PP por esta causa. ¿Cuánto subirá? Depende de la subasta de energía que se produce este martes. Lo cierto es que el Gobierno anunciaba ayer un pacto con el PP, por el que habrían acordado trasladar a la Tarifa eléctrica de Último Recurso, TUR, el resultado de la subasta que fije el coste de la energía, acuerdo cuya existencia negó posteriormente la oposición. Cabe recordar que el precio de la electricidad se fija en base a dos componentes, la tarifa de acceso, que fija el Gobierno y la subasta de energía que se realiza en el sector privado de las eléctricas. Ahora, Gobierno y PP habrían decidido que no se incrementará el importe que fija el Gobierno, pero que a ésta se añadirá el porcentaje que fije el sector privado.
Las compañías eléctricas vienen reclamando una subida de las tarifasTras participar en la presentación de un informe de la Agencia Internacional de la Energía el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, aseguró que han acordado con el PP que los cambios que se produzcan en el componente de energía "se tienen que traducir a los precios finales". Sin embargo, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, aseguró que no existe un pacto como tal, aunque consideró "lógico" que algo -como la electricidad- se encarezca cuando la materia prima utilizada para producirlo sube, como ha ocurrido con el petróleo o el gas. "No sabemos lo que va a pasar con la subasta", apuntó Marín, que subrayó que el resultado de la misma podrá ser tanto al alza como a la baja, o similar al de la celebrada en junio. Sin embargo, previsiblemente el precio subirá, como marca la tendencia y las exigencias de las grandes compañías eléctricas, que vienen advirtiendo que la luz debe encarecerse para poder hacer frente al mantenimiento de las infraestructuras. La semana pasada, el Ministerio de Industria propuso a la CNE, Comisión Nacional de la Energía, no subir en octubre los peajes de acceso, única parte del recibo de la luz que fija el Gobierno. Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad. En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (CESUR). La propuesta inicial del ejecutivo era la de subir los peajes y el precio de la luzEste martes se celebrará la subasta que determinará el coste de la energía para el tercer trimestre del año. En función de la evolución de los precios en el mercado eléctrico mayorista (pool), se espera que el resultado sea superior al de la celebrada para el segundo trimestre del año, lo que conllevaría un incremento de la TUR y por consiguiente, una subida en la factura de la luz. En el documento remitido a la CNE, Industria propone mantener las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución que entraron en vigor el 1 de julio, tanto para los grandes consumidores como para los usuarios domésticos. A finales de junio, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaron que habían acordado no aplicar la subida de la luz prevista para julio, lo que obligó al Ejecutivo a mantener o incluso bajar los peajes en contra de su propuesta inicial de subirlos sustancialmente. Desde julio de 2009, la única herramienta que permite al Gobierno jugar con el precio de la luz son los peajes, pues la otra parte del recibo depende del coste de la energía en el mercado mayorista eléctrico (pool) o del resultado de las CESUR. El Gobierno y el PP acordaron congelar la tarifa eléctrica para buscar un pacto de Estado en materia energética que, entre otras actuaciones, conllevará la revisión de todos los costes que soporta el sistema eléctrico. Hasta ahora, la revisión de los peajes de acceso se realizaba semestralmente, pero antes del verano el Ejecutivo modificó la normativa para permitir que el ajuste se haga trimestralmente.
No resulta fácil determinar cuánto subirá esta vez. Pero hay algunas “apuestas” en los diarios: “Lo que fije la subasta de precios” es la mayor coincidencia. En La Razón se lee que “la factura experimentará un aumento de hasta un 2 por 100”. Y también Expansión señala que “podría superar el 2 por 100”.
Veremos,probablemente en unas pocas horas
DE LA VEGA PUDO ALTERAR EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS.- Según cuenta este martes el periódico en la red El Confidencial, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega presionó a la ya ex directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Belén Barreiro, para que alterase sustancialmente el trabajo de campo del último barómetro de intención de voto con la finalidad de favorecer a José Luis Rodríguez Zapatero. Barreiro se negó a cumplir la orden de la vicepresidenta, y el Consejo de Ministros la destituyó fulminantemente el pasado viernes, según han revelado a El Confidencial fuentes gubernamentales solventes. Según esta versión, el cese de Barreiro no se produjo de mutuo acuerdo, como aseguró el Gobierno, sino tras un "grave encontronazo" entre ambas, a mediados del pasado mes de junio, provocado por la decisión de De la Vega de modificar "a su capricho" la metodología de trabajo del CIS para tratar de que Zapatero no saliese tan mal parado en el último sondeo, añaden esas fuentes. La vicepresidenta primera no toleró esa insubordinación -el CIS está adscrito al Ministerio de la Presidencia que ella misma dirige-, y el Consejo de Ministros, a propuesta de De la Vega, acordó su destitución el pasado viernes, pese a la frontal oposición de varios miembros del Gobierno, y su relevo por el catedrático de Sociología Ramón Ramos. De la Vega ordenó a Barreiro, con la que ya se había enfrentado en diversas ocasiones desde que ésta llegó al cargo en mayo de 2008, que el trabajo de campo del barómetro de julio, -2.472 entrevistas personales a domicilio en 239 municipios de 48 provincias- se realizase después del último debate sobre el estado de la nación, celebrado en el Congreso los pasados 14 y 15 de julio, en lugar de en la primera semana del mes, como hace siempre el CIS. La intención de la vicepresidenta, según las fuentes consultadas, era que el sondeo reflejase el impacto positivo en los encuestados del cara a cara parlamentario entre Zapatero y Mariano Rajoy, un enfrentamiento que siempre se había saldado con el triunfo del presidente del Gobierno desde que éste llegó a La Moncloa. Esta vez, sin embargo, se habría impuesto el líder del PP, aunque por una mínima diferencia. Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y asesora en el Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno durante el primer mandato de Zapatero, rechazó la injerencia de De la Vega y, en un primer momento, se resistió a modificar la metodología de trabajo. La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, sin embargo, redobló sus presiones sobre Barreiro y ésta, finalmente, se doblegó ante su superior jerárquica. "Pero lo hizo en contra de su criterio profesional", aseguran las fuentes consultadas. Finalmente, el trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 22 de julio, como pretendía De la Vega. La imposición de ésta para alterar las fechas del trabajo de campo no sirvió de nada. El barómetro de julio dio al PP una ventaja de más de seis puntos sobre el PSOE en intención de voto, y la valoración de zapatero se desplomó hasta 3,48 puntos -sobre un máximo de 10-, frente a los 3,71 del anterior sondeo. "Barreiro era un cargo técnico, no político, y siempre aplicó un criterio profesional y uniforme para elaborar los sondeos, hasta que De la Vega se hartó de ella", añaden las mismas fuentes. Desde que Barreiro asumió la dirección del CIS en sustitución de Fernando Vallespín, el 16 de mayo de 2008, el trabajo de campo de todos los barómetros se ha llevado a cabo en la primera semana del mes correspondiente, salvo que esa primera semana coincidiera con periodos festivos o de vacaciones -Navidad, Semana Santa...-, "fechas en las que resulta desaconsejable, por razones obvias, realizar encuestas domiciliarias”, según ha aclarado el propio CIS en su página web. Esa aclaración se hizo pública tras el enorme revuelo provocado por el barómetro del pasado mes de abril, cuyo trabajo de campo coincidió con el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Gürtel y el estallido mediático del caso Matas, lo que desencadenó airadas protestas y acusaciones de manipulación por parte del PP. La fecha de elaboración de ese sondeo, sin embargo, fue una de las forzadas excepciones a la norma impuesta por Barreiro desde su llegada al CIS: la Semana Santa cayó este año en la primera semana de abril, por lo que el trabajo de campo se realizó entre los días 6 y 14. Los populares vieron reducida su ventaja electoral sobre el PSOE a sólo 1,5 puntos, supuestamente porque los casos de corrupción en el seno del PP le habrían pasado factura.
La acusación que contiene este trabajo es extremadamente seria, y no hay duda de que llegará a ser motivo de presuntas en el Congreso

CAMACHO: LA CONVIVENCIA CON LOS GITANOS RUMANOS ES MUY DIFÍCIL.- La presidenta del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alicia Sánchez Camacho, manifestó este lunes la urgencia de una "política común" entre los países miembros de la Unión Europea para solucionar el problema de la inmigración. "Estoy en contra de la expulsión masiva por carácter étnico y no creo que eso esté pasando en Francia. Respeto la decisión de Sarkozy porque está actuando de acuerdo a la legalidad y creo que la comparación de la señora Reding fue desafortunada. De todos modos, el problema de la inmigración necesita urgentemente una política común de la UE", insistió. Sánchez Camacho, según el relato que este martes realiza La Vanguardia, afirmó que hay que hacer cumplir la ley y las normas. y que la expulsión debe ser el último paso. "Hay que agotar todas las políticas necesarias previas para que la gente se integre. Pero si alguien delinque, hay que expulsarle, porque las leyes y las normas están para cumplirlas. Yo haría cumplir la ley, y en mayor medida de cómo se hace ahora. Ningún extranjero debe tener más derechos que nadie", señaló. Para la presidenta "popular", una de las medidas que hay que fomentar es una "inmigración de contratos de trabajo" y, "sobre todo", controlar las fronteras. "Estoy a favor de una inmigración legal y ordenada. Las fronteras se han de controlar y tener más mano dura. Los aeropuertos han de ser controlados como es debido, porque por aquí tenemos un incremento de la inmigración irregular", advirtió. Sánchez Camacho se declaró de "centro derecha" y admitió que la xenofobia está aumentando y que, por esa razón, no "hay que darle la espalda a la realidad". "Hay mucha hipocresía política. Muchos nos han criticado, pero al final quien habla sobre el tema y quien ha escuchado a los vecinos e intenta buscar soluciones, es el PP y, por ello, nos han tachado de muchas cosas que no son ciertas. No se pueden poner etiquetas ni generalizar, pido más responsabilidad", aseguró. Sobre su polémica visita, junto a una eurodiputada francesa, a los barrios de Sant Roc y La Salut de Badalona, Sánchez Camacho se defendió revelando que la visita estaba programada desde hacía más de un mes. "Ya hice visitas en anteriores ocasiones a otros barrios y no se montó este revuelo. Lo que pudimos constatar en esta visita es que la gente está muy molesta porque nadie les hace caso. Se quejaban de los irregulares que toman la calle, nos presentaron denuncias y nos hablaron de actos de inseguridad ciudadana. Están muy desamparados y hay evidentes signos de incivismo en los barrios", aseguró. Para la líder "popular" la situación de los gitanos rumanos inmigrantes es "diferente" en España, porque "aquí no hay campamentos", pero la convivencia "es muy difícil". "La gente lo esta pasando mal en los barrios, y las políticas de inmigración en algunas zonas no esta funcionando. Hay que hacer un mayor control policial. Claro que hay que hacerlo. La inmigración es un hecho positivo, pero no se puede generalizar, porque no todos se quieren integrar, y es contra esta gente contra la que se ha de actuar", afirmó.
Las manifestaciones del PP catalán sobre la inmigración se observan con detalle, en la campaña electoral.
EL RECORTE PRESUPUESTARIO DE FEIJOO.- A Feijoo, presidente de la Xunta gallega, todavía no le salen las cuentas, observa este martes La Voz de Galicia. Y explica que el reto de intentar prestar en el 2011 los mismos servicios esenciales que la Xunta financia ahora, pero con 1.000 millones de euros menos, precisa de más medidas restrictivas que la priorización de unas infraestructuras para retrasar otras. La Administración también meterá la tijera a programas que incentivan el uso del transporte público, como el exitoso noitebús -autobús nocturno- y la subvención de líneas ferroviarias regionales. El presidente de la Xunta enmarcó los recortes en un desplome del Presupuesto que cifró en el 12% y que irá acompañado de una caída de la inversión que, asumió, mermará la creación de empleo. En una conferencia organizada en Santiago por el foro Nueva Economía, Feijoo volvió a pintar un panorama contable tenebroso, que ha obligado a la Hacienda gallega a remitir cartas a las consellerías en las que exige un recorte de las inversiones del 54%. Explicó que, en esa coyuntura condicionada por la reducción a la mitad del déficit al que puede acogerse la comunidad (803 millones menos en el 2011) y la devolución de anticipos al Estado, la Xunta pretende salvar los servicios básicos y mitigar el fuerte retroceso de la inversión pública. El blindaje de la sanidad y la educación no será tarea fácil. Feijoo alertó del impacto brutal de una factura farmacéutica que absorbe ya el 12% del Presuposto, con un coste que situó en 1.200 millones. En ese sentido, apremió a abrir un debate «imprescindible» para impulsar de una vez los fármacos genéricos, que conservan el mismo principio activo que los de marca pero son más baratos. También invitó a reflexionar sobre el importe de algunos servicios ligados a la educación, como los comedores escolares. Apuntó que pagar un cátering para 20 alumnos sale más económico que mantener un cocinero en un centro «para cinco persoas». Feijoo se mostró partidario de «replantexar» un servicio de cocina que dispara los costes. De los 389 colegios con comedor, 300 tienen cocineros propios, y el resto, cátering. El jefe del Ejecutivo, que confirmó que congelará el censo de empleados públicos, también justificó la revisión de las subvenciones del noitebús y de líneas de Renfe deficitarias. Estos dos programas suman una inversión pública de 8 millones de euros, pero su rentabilidad es dispar. Mientras el transporte público nocturno evita que 400.000 jóvenes al año usen el coche para desplazarse a las zonas de ocio, las ayudas al ferrocarril solo han conseguido incrementar la demanda en las líneas más transitadas, como A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra. La Xunta lleva 13 años pagando a Renfe para evitar que suprima servicios esenciales en zonas como el oriente ourensano. En infraestructuras, Feijoo refrendó la apuesta por la financiación privada para amortiguar, con la fórmula de pago aplazado, la caída libre de la inversión pública. Aseveró que ese sistema reducirá a la mitad el desplome inversor, del 40 al 20%. Pero admitió que no evitará su traducción en «menos empleo». El presidente ratificó que la Xunta no parará infraestructuras en marcha y pospondrá el resto, con las únicas excepciones de las autovías de la Costa da Morte y de O Morrazo. El capital privado permitirá financiar obras por 2.500 millones, entre las que figuran los hospitales de Vigo y Pontevedra, pero gravará las cuentas futuras.
El presidente de la Xunta,,también reclamó, como señala El País, que no se transfieran las competencias en materia de empleo a Euskadi. "Es una contradicción clarísima, el Gobierno vasco no lo ha pedido y las transferencias no se hacen entre partidos", reclamó. Pronunció estas palabras casi al mismo tiempo que su compañero de partido, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, reclamaba la transferencia para su comunidad, donde apoya al lehendakari, Patxi López. Feijóo dirigió su diatriba contra el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero, en quien personalizó sus ataques. "Vive en un palacio donde fuera hay una bandera de España y debe defender los intereses de España", recalcó el presidente gallego, quien recordó que hace unas semanas el Congreso -con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP- rechazó transferir las competencias sobre el Tráfico a la Xunta. Luego hiló su discurso sobre el País Vasco con la reclamación que viene repitiendo al Gobierno central para que aplace el pago de la deuda a las comunidades autónomas (en el caso de Galicia debe devolver 2.600 millones de euros hasta 2015 por los anticipos a cuenta del Estado). "Nosotros no discutimos la devolución, solo queremos diferir los plazos y mientras se nos dice esto pretenden transferir unas políticas de empleo que suponen más dinero por parado", volvió a quejarse. El presidente gallego se comprometió a mantener la reivindicación "con este presidente o con el próximo", y cargó con insistencia contra la política económica de Zapatero.
ARÍSTEGUI SE CASO EN RABAT.- En las páginas de El Periodista Digital hemos podido leer un trabajo de Javier Fernández Arribas, sobre la boda del diputado del PP Gustavo de Arístegui con una relevante marroquí, boda que, según cuenta, ha resultado controvertida y hasta “denigrada” por algunos. Empieza diciendo el colega que “la impunidad que da el anonimato en Internet permite denigrar el honor de las personas. Es una lástima que un instrumento tan fantástico para la comunicación de los seres humanos en todo el mundo sea utilizado de mala manera”. Sigue contando Arribas: Desde Rabat asisto consternado a las opiniones vertidas sobre la futura boda del diputado del PP Gustavo de Arístegui con una señora marroquí, excelente persona, mejor profesional de la comunicación y sin vínculos con la Casa Real marroquí, cuestión que se quiere manipular con objetivos inconfesables y que no sería un problema, al contrario, o es que tener vínculos con la Casa Real española es negativo... Quienes se atreven a decir que la vida política de Gustavo está acabada porque se verá condicionada su posición en asuntos exteriores por su matrimonio no conocen su realidad personal y política. Y lo que es más sorprendente, ignoran intencionadamente sus últimas declaraciones públicas sobre las recientes tensiones entre Marruecos y España: "desde la irrenunciable e innegociable españolidad de Ceuta y Melilla al rechazo de considerar una provocación la reciente visita de Mariano Rajoy a una de las ciudades españolas del norte de África". También este verano publicó en el diario El Mundo un artículo claro y contundente sobre los incidentes en la frontera de Melilla y los ataques contra policías españolas”.
Luego, cuenta Fernández Arribas que él mismo ha acudido a la boda: “Estoy invitado a la fiesta, he venido con orgullo y satisfacción pero, más allá, de mi amistad con la pareja, reclamo como periodista, un mínimo respeto a la intimidad, al honor y a la profesionalidad de las personas; también de los dirigentes políticos elegidos con los votos de los ciudadanos. Prejuzgar comportamientos resulta arriesgado e injusto. Por supuesto que si Gustavo de Arístegui derivara en posiciones condicionadas en su actividad política, debería dedicarse a otra cosa de manera fulminante; pero pensar que así va a ocurrir, teniendo referencias recientes que despejan estas posibilidades, lleva a considerar que no se respetan las reglas elementales y que los adversarios o enemigos que, sin duda, tiene Gustavo de Arístegui son capaces de todo con tal de hacer daño, sin contemplar las consecuencias personales para terceras personas, sean marroquíes, españolas o de cualquier nacionalidad.
Se pregunta luego el periodista si “¿es noticia que Gustavo de Arístegui se pueda casar con una mujer marroquí? Sí, no lo niego, lo hace con todas las consecuencias y convencimiento de su repercusión; pero no va más allá de un titular si me apuras por la coincidencia con los últimos acontecimientos de las relaciones entre los dos países donde las declaraciones políticas y mediáticas no tienen nada que ver con la realidad de empresarios, turistas y ciudadanos en general convencidos de la necesidad y el deseo de una convivencia fructífera para los dos pueblos vecinos. Es evidente la necesidad de un mayor conocimiento mutuo para evitar descalificaciones absurdas basadas en el desconocimiento de la verdadera realidad tanto de España como de Marruecos. Aventuramos unas buenas relaciones entre los dos países, basadas en el respeto, el diálogo y la defensa legítima de los respectivos intereses, sin ser tan inocente de no estar preparado para los lobbys; pero si en el futuro se enturbiaran Gustavo de Arístegui tendría un problema suyo, más político que personal, que tendría que resolver él mismo. Pero ahora no es el caso ni se le espera. Por cierto, es una grave irresponsabilidad facilitar los datos concretos del domicilio en Madrid de una persona que fue jefe de gabinete del ministro del Interior, diputado por Guipúzcoa y objetivo amenazado de la banda terrorista ETA y del yihadismo tanto de Al Qaeda como de otros grupos”.
Hasta ahí la carta abierta del colega Arribas.

EL GOBIERNO NEGOCIA LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA. LÑA HUELGA SE RESUELVE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. JOSU TERNERA PODRÍA VOLVER A DIRIGIR ETA

LA FIJACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS.- Comienza una negociación crucial para el desarrollo de la huelga general del próximo día 29: la que debe concluir en la fijación de os servicios mínimos que estarán vigentes en esa fecha. Es decir, los servicios que garanticen a cualquier persona que quiera seguir cumpliendo sus deberes laborales, pueda hacerlo sin dificultades mayores. ¿Dónde puede y suele cosecharse el éxito de una convocatoria de huelga general? En los transportes públicos. Sin tales transportes se reducen a lo mínimo, o se boicotean sistemáticamente, será muy fácil garantizar el éxito de la convocatoria de huelga. Pues bien, las entrales convocantes de la huelga ya han planteado sus pretensiones, y ahora corresponde al Gobierno, en particular al ministerio de Fomento, negociar y determinar los porcentajes de funcionamiento de tales servicios mínimos. De entrada, CCOO y UGT, y a modo de ejemplo, en su propuesta de servicios mínimos de transporte para la huelga general, no contemplan la salida de ningún vuelo internacional y ningún tren que no sea cercanías. Alegan que tal propuesta se basa en la que ya presentaron en su día para la última huelga general celebrada en España, la de junio de 2002, al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Los servicios mínimos entonces propuestos enfrentaron a los sindicatos con el Gobierno Aznar pero la propuesta recibió el visto bueno de los tribunales años después. Los sindicatos consideran que su planteamiento es un buen punto de partida para alcanzar un acuerdo. La propuesta de mínimos de CCOO y UGT se ha realizado de manera intermodal, teniendo en cuenta el conjunto de los medios de transporte existentes, para evitar duplicidades y con el objetivo último de garantizar tanto el derecho de huelga de los trabajadores como el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Los responsables de Fomento deberán ahora analizar la propuesta de los sindicatos y cuando tengan una decisión tomada convocarán a los representantes de los trabajadores para llegar a un acuerdo. Los sindicatos proponen mantener los vuelos nacionales península-islas y península-Melilla en la siguiente cuantía: un vuelo por trayecto ida y vuelta de los servicios regulares programados para el día de la huelga. En cuanto a los trenes, proponen que sólo circulen los de Cercanías y en la siguiente cuantía: desde las 6.00 hasta las 9.00 horas circulará un tren cada 30 minutos, cuando la cadencia horaria sea inferior a ese tiempo, que vendrá a representar el 25%, mas o menos, del servicio ordinario. Desde las 18.00 hasta las 21.00 circulará un tren cada hora, en cada relación (Líneas) y sentido de las ciudades con servicio de Cercanías. Sobre el servicio de transporte por carretera, en las líneas dependientes de la Administración Central y que coinciden con otros modos de transporte, CCOO y UGT proponen no prestar ningún servicio.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se mostró convencida de que el día de la huelga general el Gobierno "hará lo que tiene que hacer, que es garantizar los servicios mínimos y por supuesto garantizar que todos los servicios del transporte no se vean interrumpidos". Pajín recordó que es el ministro de Fomento, José Blanco, quien está "siguiendo muy de cerca esas negociaciones" y aseguró ver "voluntad de acordar" los servicios mínimos tanto por parte del Gobierno como de los sindicatos. "Estoy convencida de que llegarán a un acuerdo", dijo. Fijar los servicios mínimos de la huelga general resultará más complejo de lo esperado. La propuesta sindical presentada en el Ministerio de Fomento ha trastocado el buen clima inicial al que aludían Gobierno y sindicatos antes de arrancar el proceso. El Ejecutivo ha citado hoy a las organizaciones convocantes, UGT y Comisiones Obreras, para intentar pactar unas directrices en transporte ferroviario, aéreo, marítimo y por carretera. Fomento hará una contrapropuesta a los sindicatos, pues considera inasumible el planteamiento trasladado ayer. La consigna promovida por el Gobierno y el PSOE de manifestar respeto hacia los sindicatos en la convocatoria de huelga había creado la expectativa de que Fomento no pondría trabas a unos servicios mínimos razonables. La propia Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, enfatizó ayer, horas después de conocerse la oferta sindical, la "voluntad de acordar". Pero la lectura de la letra pequeña cambió las tornas. Porque copiar literalmente el plan de mínimos de los ferrocarriles de 2002 implica excluir, por ejemplo, cualquier servicio de AVE. El Ministerio de Fomento aboga por compatibilizar el derecho de huelga con el derecho a desplazarse. Por ese motivo, la propuesta que presentará esta tarde "garantizará que en todos los medios de transporte [aéreo, ferroviario y por carretera] y en todos los servicios [AVE, larga distancia, cercanías...] haya algún tipo de servicio mínimo", asegura un alto cargo de este departamento. Con esas premisas, el escenario se asemeja cada vez más al de los días previos a la huelga de junio de 2002, cuando el fracaso en las negociaciones entre el Ejecutivo de José María Aznar y los sindicatos culminó en una orden ministerial de mínimos por falta de acuerdo. Ahora, como entonces, el transporte aéreo se perfila como uno de los principales escollos. Cascos aceptó, en cambio, la ausencia de servicios mínimos en el AVE (entonces solo existía la línea Madrid-Sevilla) y en ferrocarriles de larga distancia, un precedente del que los sindicatos se hacen eco ahora.
Al depositar ayer su propuesta en el Ministerio de Fomento, tanto el representante de UGT, José Javier Cubillo, como el de Comisiones Obreras, Antonio del Campo, se mostraron confiados en cerrar un acuerdo esta semana. A la vista del abismo que separa las dos posturas iniciales, no es probable que ese eventual pacto se alcance hoy. En todo caso, el Gobierno tiene la potestad de decretar los servicios mínimos. La batalla por los servicios mínimos suele acabar en los tribunales. Y estos nunca dan la razón completa a una parte ni se la quitan del todo a la contraria. Porque los recursos por servicios mínimos siempre aluden a aspectos parciales de los textos que los fijan. Y así se da la paradoja de que una misma orden, como fue la que reguló el transporte en la última huelga general de 2002, fuera avalada por el Tribunal Supremo en algunos aspectos y rechazada en otros.
El debate, discusión y negociación sólo acaba de empezar... Pero todos saben que en esta fase de juega el éxito de la huelga.

JOSU TERNERA PODRÍA DIRIGIR ETA DE NUEVO.- José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera», podría haberse reincorporado a ETA para enderezar la nave a la deriva en que se ha convertido la banda criminal, una vez que todos los adversarios que le salieron al paso durante el último «proceso de paz» han sido neutralizados en diferentes operaciones antiterroristas desarrolladas en Francia, según relata este lunes el diario ABC, y que sostiene que ésta es una hipótesis que manejan las Fuerzas de Seguridad basada en «indicios serios» y en «comentarios» procedentes de la «izquierda abertzale». Recuerda luego que, en 2002 el entonces parlamentario de Batasuna «Josu Ternera» huyó de España para evitar ser investigado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, que costó la vida a once personas, entre ellas cinco niños. De inmediato se reincorporó a la dirección de ETA. Pero no para llevar a cabo misiones operativas, sino como «asesor» de los cabecillas, con el objetivo de afrontar una negociación con el Gobierno. Fue quien «cocinó», junto a Jesús Eguiguren, el último «proceso de paz». Pero a lo largo de las negociaciones tuvo serios enfrentamientos con otros integrantes de la cúpula, como Francisco López Peña, «Thierry», y Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», que manejaban el dinero, los explosivos y los «comandos». Así que, una vez que el proceso entró en fase terminal, «Ternera» optó por apartarse, probablemente, para ponerse a salvo de una nave sin rumbo. Sin embargo, ya desde ese mismo momento los expertos antiterroristas no descartaron que Urrutikoetxea se mantuviera a la espera de que llegara de nuevo su momento, para regresar, con la misma condición, como asesor ante una hipotética negociación.
Los medios consultados por ABC advierten, con todo, que «Ternera» es un «duro entre los duros», «cruel entre los crueles» y, también, «estratega entre los estrategas». Así que, recalcan, habría que huir de esa imagen de «pactista» que en algún momento se pudo dar de él durante el «proceso de paz» con Zapatero. Una imagen alimentada por sus citas con Eguiguren en los que se trazó la «hoja de ruta». En este sentido, se recuerda que el «manual del negociador» que siempre ha manejado «Ternera» es el que se inspira en la «acumulación de fuerzas». Esto es, amontonar cadáveres sobre la mesa para presionar al Gobierno y forzarle a claudicar. Los expertos antiterroristas vaticinan que, de confirmarse el regreso de «Ternera», lo primero que haría sería reforzar sus estructuras, recuperar el liderazgo de ETA como «vanguardia» de la «izquierda abertzale». Y todo ello, alternándolo con movimientos estratégicos, con el objetivo de retomar la iniciativa, confundir al Gobierno, provocar división entre el Ejecutivo y la oposición... Otra cosa es que lo consiguiera, ya que la bestia está herida de muerte, aunque en su larga agonía los zarpazos aún pueden ser crueles. No obstante, la capacidad de « Ternera» como interlocutor de la banda quedó en entredicho durante el «proceso de paz». En los prolegómenos, transmitió al Ejecutivo, vía Eguiguren, que había logrado el apoyo de prácticamente toda la banda, incluidos los veteranos, para afrontar una negociación con garantías de éxito. Y resultó que le salieron adversarios desde el primer momento. «Txeroki» le lanzó varios ultimátum que concluyeron con el salvaje atentado de la T-4. Con todo, las circunstancias son ahora diferentes. «Josu Ternera», de confirmarse su regreso, se encontraría con una ETA descabezada y muy debilitada. Pero, al mismo tiempo, con más margen de maniobra porque los «Thierry», «Txerokis» y demás contrincantes están fuera de circulación.
Sería una nueva oportunidad para un viejo y muy “escamado” líder...

LA HUELGA SE RESOLVERÁ EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.- Como muchos expertos ya habían advertido, la huelga general convocada para el 29-S por Méndez y Toxo, se librará, en muy buena medida, en el transporte público de viajeros. Si los sindicalistas consiguen paralizarlo, la huelga habrá conseguido su propósito de paralizar el país... Porque, en efecto, y como recuerda este lunes El Confidencial, los viejos sindicalistas sostienen que las huelgas generales se ganan ante la opinión pública entre las seis y las diez de la mañana. Y eso es, precisamente, lo que inspira la propuesta de servicios mínimos en el transporte público que presentarán en las próximas horas al Ministerio de Fomento los secretarios de organización de UGT y de CCOO. Las centrales sindicales, en concreto, proponen al Gobierno que el próximo 29 de septiembre -miércoles- sólo funcione el 25% de los trenes de cercanías y del metro, los dos medios de transporte que se consideran clave para decantar en uno u otro sentido el desarrollo de la huelga general. O lo que es lo mismo, el éxito o el fracaso de la convocatoria. No se trata de una decisión fácil, habida cuenta de lo que ocurrió antes del verano en el metro de Madrid, donde los trabajadores contestaron con una huelga ‘salvaje’ a la decisión del Gobierno regional de imponer unos servicios mínimos que consideraron abusivos. El Gobierno autonómico hará su oferta de servicios mínimos en el metro y otros medios de transporte el próximo día 23. Ese 25% en cercanías y suburbano sólo se aplicaría entre las seis y las nueve de la mañana y entre las cinco y las ocho de la tarde. El resto de horas, simplemente, no habría transporte público, lo que impediría que cientos de miles de trabajadores lleguen a su puesto de trabajo. Según los sindicatos, este nivel de servicios mínimos es el adecuado para garantizar tanto el derecho de los trabajadores a ir a la huelga como el derecho de quienes quieren acudir a su centro del trabajo el 29 de septiembre. Y es, precisamente, el que fijó el Ministerio de Fomento en los tiempos de Álvarez Cascos con ocasión de la huelga general del 20 de junio de 2002. En aquella ocasión, la Orden ministerial aprobada por Fomento precisaba que “el número de circulaciones supondrán un 25% de las correspondientes a un día normal”. Y a continuación matizaba que de las 6,00 a 9,00 horas el porcentaje efectivo no debía superar “el 30% de las circulaciones habituales por línea, relación y sentido”. En cuanto al funcionamiento de los aeropuertos, los sindicatos reclaman al Gobierno que sólo esté en funcionamiento un trayecto de ida y vuelta entre la península y las islas. Y otro entre los aeropuertos más importante del país separados a una distancia de más de 500 kilómetros o cinco horas de viaje utilizando los medios de transporte convencionalmente disponibles. La propuesta sindical habla de un solo trayecto y no de un solo vuelo operado por cada una de las compañías aéreas, lo que obligaría a Fomento a elegir que compañía presta el servicio. Esta es, de hecho, la gran diferencia entre lo que proponen los sindicatos y lo que aprobó el Gobierno Aznar en 2002, que daba a entender que cada compañía estaría obligada a cubrir un trayecto de ida y vuelta.
Según los daros de El Confidencial, la filosofía que inspira la propuesta sindical se basa en la operativa del transporte intermodal, que permite las comunicaciones utilizando diferentes medios de transporte. En palabras, de Raúl Olmos, secretario de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, “si hay un medio de transporte operativo, no es necesario otro”. Y eso explica que en el caso del transporte ferroviario de largo recorrido los sindicatos vayan a reclamar a Fomento que ninguna línea entre en servicio el próximo 29-S. Es decir, que no haya trenes. Respecto al transporte discrecional, el que se utiliza para llevar a los empleados a su centro de trabajo, los sindicatos se amparan en tres sentencias que han dicho que no se trata de un servicio esencial  por lo que no cabe la imposición de servicios mínimos. En el caso de la televisión, la jurisprudencia de los tribunales ha establecido el derecho de los ciudadanos a estar informados, por lo que no cabe otro tipo de programación. La única exigencia es que haya continuidad en las emisiones, por lo que tampoco caben apagones como el que ocurrió el 14 de diciembre de 1988, cuando los trabajadores cortaron la señal de la única televisión en aquellos momentos existente, la de la RTVE que entonces dirigía Pilar Miró.
Transportes y RTVE paralizaron el país por completo. Es lo que ahora se trata de evitar que suceda de nuevo.

PROSIGUE LA ATONÍA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Contrariamente a lo que alegan determinadas fuentes gubernamentales, e incluso algunos empresarios, que observan o registran “brotes verdes” en sus cuentas, los datos que maneja la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, en la cifra de negocios del comercio y los servicios confirman la atonía de la actividad económica. Desde la referida Unión, UPTA se considera imprescindible que el Gobierno establezca un modelo de inversión pública que permita un mayor crecimiento y estimule la economía. Los principales indicadores de la evolución económica de nuestro país continúan demostrando que estamos en una fase de estancamiento de la que difícilmente podremos salir en los próximos meses. La disminución interanual en julio de un 3,8% en la cifra de negocios en el sector de servicios y de comercio así lo demuestra, a pesar de que los datos acumulados del año desde enero son mejores, llegando a un aumento del 1,5%, lo que parece indicar que la tendencia cambia, aunque de forma moderada.
Esta progresiva recuperación no se traslada al empleo, ya que continúa bajando en el sector desde el año anterior, con una disminución del 1,1% desde julio de 2009. “El colectivo del trabajo autónomo es el más afectado por esta negativa evolución, ya que en estos sectores económicos se concentra casi el 75% de toda su actividad”, asegura Sebastián Reyna, secretario general de UPTA España.
La caída del consumo interno de las familias y la menor actividad empresarial son las causas principales de este decaimiento de la actividad económica. “Situación que no se va a remediar debido a la contracción del crédito y los efectos que en el próximo futuro van a producir los ajustes presupuestarios, la subida del IVA, la reforma laboral y la congelación de las pensiones”, concreta Reyna. Desde UPTA se considera imprescindible que el Gobierno establezca un modelo de inversión pública que permita un mayor crecimiento y estimule la economía, ya que no parece que la política de restricción esté dando resultados. Para la Organización es evidente que si bien las medidas adoptadas han permitido una mayor inversión en deuda pública por parte de los inversores internacionales, “sin embargo la perspectiva de un menor crecimiento económico puede hacer cambiar esta tendencia, y abocar al país a una larga recesión”, concluye el secretario general de UPTA España.
Los temores y fantasmas no terminan de desaparecer...

CÓMO ACABAR CON EL HAMBRE EN EL MUNDO.- El presidente zapatero, entre otros líderes mundiales, ha acudido a las Naciones Unidas, en Nueva York, para participar en la cumbre contra el hambre en el mundo. Como hoy señala La Vanguardia, lo importante de la cumbre es que salga un plan de acción concreto, más acciones y no más declaraciones de buenas intenciones. Es un tema de voluntad política; si se quiere se puede reducir el número de hambrientos". Esta es la opinión de Intermón Oxfam, en boca de su jefa de campañas y de estudios, Irene Milleiro, y de tantas otras oenegés que esperan que los 139 jefes de Estado que se reúnen en Nueva York redoblen sus esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para erradicar la pobreza extrema. Los gobiernos se han escudado en la crisis económica para reducir su ayuda oficial al desarrollo (AOD) y alejarse del objetivo de destinar el 0,7% del producto interior bruto a este concepto en el umbral del año 2015. Intermón Oxfam destaca el caso de Vietnam como el ejemplo que seguir. Este país asiático ha reducido el hambre a la mitad, lo que ha permitido rebajar la tasa de pobreza del 58% al 18% entre los años 1993 y 2008. Con la ayuda de la comunidad internacional y de las oenegés, ha diseñado un plan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): es uno de los pocos países que desarrollan la iniciativa 20/20, consistente en destinar un 20% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y un 20% del gasto público a servicios sociales. Vietnam ha sabido gestionar la AOD y a su vez ha aportado fondos propios para mejorar la sanidad y la educación. El apoyo público a los pequeños agricultores; la descolectivización de la propiedad y la apertura a la importación de fertilizantes son, según el informe Reducir el hambre a la mitad: ¿aún es posible? de Intermón, las claves que han llevado a Vietnam a pasar de ser importador de arroz a ser el segundo exportador del mundo.
Alrededor del 80% de las personas hambrientas vive en el mundo rural y la mitad son pequeños productores. "Por eso impulsar la agricultura familiar tiene grandes beneficios en el acceso a los alimentos", destaca Intermón. Nigeria y Ghana son los dos únicos países africanos que han conseguido el ODM número 1; el primero ha situado la inversión en agricultura en el eje central de su estrategia de seguridad alimentaria. En los países que tienen más del 35% de su población que pasa hambre, el gasto público por agricultor es de alrededor de 14 dólares al año, mientras que en los que tienen tasas de hambre inferiores al 2,5% los gobiernos desembolsan 880 dólares, según el mismo informe. Sin embargo, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD) alerta de una "tendencia preocupante de disminución de la AOD en Europa, que pasó del 0,51% en el 2006 al 0,42% en el 2009". El panorama es peor a nivel global: la ONU constata que la AOD desembolsada por 23 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la UE en el 2010 será 20.000 millones de dólares inferior a la cifra pactada. La ONU lamenta que la entrega de ayuda "sea cada vez más lenta", confirma que "los compromisos de duplicar la asistencia a África en el 2010 no se cumplirán" y advierte del riesgo que corren numerosos países en desarrollo de verse ahogados por la deuda. El aumento de los precios de los alimentos el pasado agosto tampoco ayuda y hace que los analistas no descarten una nueva crisis alimentaria. "Las causas de fondo -subraya Intermón Oxfam– siguen latentes: los estímulos a los biocombustibles, la especulación con las materias primas, la demanda creciente de carne y energía en los países emergentes, el estancamiento de la productividad agrícola...". "La situación se presenta muy complicada; es posible que los precios vuelvan a subir. La crisis está reduciendo las inversiones en los países en desarrollo y el cambio climático está afectando a la agricultura", apunta Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade. Carreras hace notar que aunque los últimos datos de la FAO indican que el número de hambrientos se ha reducido en 98 millones de personas situándose en un total de 925 millones, "en los últimos años había habido ascensos importantes, de hasta 150 millones". A juicio de Intermón, este descenso cabe atribuirlo a "la suerte; a que estos dos últimos años han sido de buenas cosechas", pues no se han atajado "las causas estructurales del hambre: la volatilidad de los precios, la escasa inversión en agricultura, los efectos del cambio climático...".
Hay estados decididos a reactivar el consenso europeo de llegar al 0,7 en el 2015. En el mundo, sólo Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y los Países Bajos han alcanzado ya esa meta; España está en el 0,46%, según el último informe de la OCDE. En España, la AOD se ha reducido en 300 millones de euros en los presupuestos del 2010 y se rebajará otros 500 en los del 2011. La secretaría de Estado de Cooperación Internacional afirma que estos recortes se imputarán a las contribuciones voluntarias de España a organismos multilaterales. "Más que nuevas propuestas lo que necesitamos es que los gobiernos cumplan los compromisos en el 0,7%, en aliviar la deuda externa y en mejorar la eficacia de la ayuda", opina Marina Navarro, coordinadora de la campaña del Milenio en España. Navarro confirma que la cumbre, que se celebrará entre el lunes y el miércoles en Nueva York, discutirá nuevos mecanismos de financiación del desarrollo humano, adicionales a la AOD. Entre las opciones que se barajan está la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales de un 0,05%, "que podría recaudar hasta 650.000 millones de dólares al año, lo que sería suficiente para financiar los ODM, mitigar los efectos del cambio climático y reembolsar a los gobiernos las cantidades que destinaron al rescate de las entidades financieras". También se está debatiendo la implantación de una tasa global sobre las transacciones de divisas, de un 0,05%, que supondría ingresar hasta 30.000 millones de dólares anuales. Un equipo de expertos impulsado por la ONU considera que este segundo mecanismo "es el más apropiado".
Hay soluciones, pero falta ponerlas en práctica...
LA CAMPAÑA CATALANA, EN TODA INTENSIDAD.- La campaña electoral de las autonómicas catalanas se desarrolla con normalidad y con intensidad. Este fin de semana protagonizaron los principales mítines Zapatero y Montilla y Artur Mas..., con descalificaciones recíprocas. Ambas partes saben que entre ellas deberá decidirse el futuro gobierno, yn que se juegan mucho en estos mítines... José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención, y como señala La Vanguardia, “ha postulado al PSC y a su líder, José Montilla, como garantes  de convivencia de Cataluña con España”. En la Fiesta de la Rosa, a la que no acudía desde hacía dos años, Zapatero ha asegurado que el PSC es "el gran partido de la convivencia, de la integración, del respeto y de la tolerancia", consciente de que el debate sobre la independencia ha tomado protagonismo en los discursos de esta precampaña. Zapatero ha proclamado "firmeza" frente a "aquéllos que quieren utilizar a Catalunya para sacar réditos en España, y firmeza delante de aquellos que quieren utilizar España para sacar réditos en Cataluña". Es decir, ante las opciones independentistas y frente al PP por su actitud con Cataluña, ya que los socialistas garantizan "que nadie se sienta más que nadie en esta tierra y podamos trabajar de manera unida a España". Zapatero también ha tenido palabras para el presidente de la Generalitat, José Montilla de quien, ha asegurado que "está mejor que nunca", y para el que ha pedido el apoyo de la militancia socialista, un soporte "al mismo nivel" que el que él mismo le ha ofrecido, un "apoyo total para ganar el 28 de noviembre". Momentos antes del discurso d e Zapatero y en un tono muy similar, Montilla afirmó que Cataluña seguirá avanzando de la mano del acuerdo con España.. El presidente declaró reconocer el malestar catalán tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut y aseguró que su partido trabajará para enmendar la situación creada tras el fallo, acusando al líder del PP, Mariano Rajoy de "mirar hacia otro lado" tras haber intentado "boicotear" el Estatut, que ha comportado "el mayor autogobierno, la mejor financiación y la mayor inversión en infraestructuras". Zapatero también ha cargado contra las palabras que el domingo había pronunciado Rajoy al afirmar que “ahora no toca el debate de las identidades”. "Pero , ¿qué lleva haciendo desde que llegamos al Gobierno, desde que empezamos con el Estatut, sino un debate negativo contra la identidad'? , se ha preguntado Zapatero, que ha añadido que "las identidades forman parte del ser y del proyecto de los pueblos". "Nosotros somos casi los únicos que nunca hemos confrontado las identidades", ha proclamado. En cuanto a la crisis económica, el presidente defendió que las medidas adoptadas por el Gobierno reactivarán la economía sin que ello afecte a las políticas sociales. Zapatero ha defendido también su reforma laboral para superar los altos índices de desempleo.
MARAGAL:. HE OLVIDADO ALGUNAS COSAS.- Durante un viaje a Nueva York, que Pasqual Maragall y su familia realizaron para promocionar su fundación de lucha contra el alzheimer, el director del documental que lo ha seguido durante dos años desde que el ex presidente de la Generalitat catalana anunció públicamente que padecía la enfermedad, le planteó una pregunta algo enrevesada: ¿recuerdas algunas de las cosas que has olvidado? Carles Bosch, inmediatamente después, intenta aclararla: "No sé si me entiendes...". Maragall lo interrumpe, fugaz: "Sí, ya te he entendido. Y sí, hay algunas cosas que sé que he olvidado". Lo cuenta el enviado de Público, en su crónica del festival de Cine de San Sebastián, donde se emitió el referido documental. Maragall recuerda lo que sus familiares le cuentan que ha olvidado y, a través de ese espejismo sutil, de consecuencias brutales, se entrevé lo más importante de este Bicicleta, cuchara, manzana, el documental sobre la lucha de Pasquall Maragall y su familia contra el alzheimer que le fue diagnosticado en 2007, y que ayer se presentó en el Festival de San Sebastián. "Pasqual Maragall morirá cuando sus recuerdos se vayan. Su cuerpo estará ahí, pero él no", dice a la cámara Zaven Khachaturian, uno de los neurobiólogos norteamericanos (de apellido armenio) que lideran la investigación de la enfermedad, centrando la tragedia de esta enfermedad. "Es jodido morir y vivir "con" alzheimer y no "de" alzheimer", resume el protagonista en el documental, que se estrena el próximo 1 de octubre.
El alcalde de la Barcelona olímpica estuvo este domingo en Donosti, junto a su familia y el equipo del documental y de la fundación. "Si no está aquí en la rueda de prensa es porque ha preferido ir a pasear con su nieta, la Maia, y a ver a su amigo [José Ramón] Rekalde", contó Diana Garrigosa, su mujer, en la sala de prensa del Kursaal. Junto a ella, que también es la vicepresidenta de la fundación, estaba el director: "Esta película es una herramienta para la familia, pero también para todo el mundo que quiera ponerse las pilas con esta enfermedad, a nivel mundial", explicó Bosch. Originalmente, la idea era hacer algo así como Una verdad incómoda, la película de Al Gore sobre el cambio climático. El director Carles Bosch, cuyo primer largo documental, Balseros, fue nominado a los Oscar en 2004, decía, tras acabar la rueda de prensa: "Yo lo veo en el día a día y me imagino que para la gente que está a su lado es un ejercicio difícil ir deduciendo cada vez qué es lo que le queda y qué es lo que no le queda de todo lo que ha sucedido entre ellos", dijo. "No es que el recuerdo no exista, lo difícil es ir a buscarlo al archivo", añadió. "No hay conciencia de lo que se nos viene encima", explicó Bosch sobre la extensión de la enfermedad que se avecina con el envejecimiento de la población mundial. "Muchos de los sistemas de salud del mundo se colapsarán", explica uno de los expertos durante el filme. Bicicleta, cuchara, manzana es, en efecto, una herramienta más de la lucha pública que emprendió la familia de Pasqual Maragall contra una enfermedad que afecta a 24 millones de personas, de ahí que la cámara viaje a países como India, Estados Unidos y Holanda. Muestra al paciente durante los primeros años del diagnóstico, aquellos en los que puede hacer una vida más o menos normal, dado el lento avance de la enfermedad. Un largo y emocionante documental, con un lenguaje que recuerda a los buenos reportajes televisivos, y que el público aplaudió de pie al terminar la proyección.

LOS PENSIONISTAS GALLEGOS TIENEN LS PENSIONES MÁS BAJAS DE ESPAÑA.- En una de las decisiones más drásticas , y hasta dramáticas del gobierno, el pasado mayo pasado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba un plan de ajuste que incluía, entre otras medidas, la congelación de las pensiones contributivas que perciben 5,5 millones de españoles, entre ellos, más de 479.000 gallegos, como recuerda La Voz de Galicia. La congelación para el 2011 -que no afectará a las pensiones mínimas y no contributivas, unas 243.000 en Galicia- es la primera medida que el Gobierno consigue sacar adelante (lo hizo en la Cámara baja con el único respaldo del Grupo Socialista) en un proyecto más amplio de reforma del sistema de Seguridad Social que durante este año han venido defendiendo el Ejecutivo y el PSOE, y que podría socavar las bases del Pacto de Toledo, cuya próxima reunión está prevista para octubre. Pese a la oposición sindical y de todos los grupos parlamentarios, vetando incluso nuevas votaciones en el Congreso este mismo mes, la medida se hará efectiva «por coherencia», según el propio Zapatero, «en aras de la credibilidad de la economía». El empecinamiento del Gobierno supondrá que cada pensionista gallego verá mermada su prestación en una media de 12 a 13 euros al mes, y entre 170 y 180 euros anuales, según estimaciones de los sindicatos gallegos. Una proyección en base a los ingresos del 2010, para cuando se presupuestó una revalorización del 1% más la actualización de otro punto sobre un IPC del 2%. «Estamos pidiendo un sacrificio durante un año de unos 15 a 20 euros al mes», se justificó Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, al referirse a quienes en España cobran por encima de las mínimas. «Pero la cosa empeora si nos fijamos solo en el grupo de pensiones por jubilación, con más de 287.000 perceptores en Galicia, el mayoritario, que sufrirán una pérdida de 203 euros al año de media», advierte Clara Gamarra, responsable de Seguridad Social de CCOO. La comunidad gallega tiene las pensiones más bajas del Estado: un 83,6% de la media nacional. «Isto prodúcese porque temos moitos pensionistas no tramo máis baixo, nos réximes agrario ou do mar; pola economía somerxida e a falla de cotizacións», explica Olalla Fernández, diputada del BNG. «Es un problema que no conseguimos regular y si tocan las pensiones, lo sufrimos”, añade. “Los pensionistas gallegos son los más perjudicados `porque no es lo msm perder un 2 por 100 en una prestación de 900 euros, como media del País Vasco, que en pensiones bajas como las gallegas, con una media de 650 euros”, apunta Carlos Bellas, secretario de Salud Laboral de UGT en Galicia. Y Antolín Alcántara, responsable de negociación colectiva de la CIG, añade: «Lo que alimenta la caja son los salarios, e históricamente aquí vienen siendo más bajos».
El Gobierno ha previsto un ahorro de 1.700 millones para las arcas públicas con una medida que rechazan el resto de los partidos. Desde el PP, donde su portavoz en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, advierte que «es injusta con los pensionistas y contraviene una de las veintitrés recomendaciones del pacto», hasta Izquierda Unida, donde García Rubio, responsable de Economía, recuerda que se ha presentado «como inevitable cuando no lo era, porque ese mismo ahorro se hubiera conseguido recuperando el impuesto sobre el patrimonio que el Gobierno derogó en el 2007». Más allá de la oportunidad de incluir a las pensiones en el ajuste o de las alternativas para realizar ese ajuste sin tocarlas, está el debate sobre el futuro del sistema de Seguridad Social. Octavio Granado ha venido advirtiendo estos meses de la conveniencia de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años. El Gobierno argumenta que para poder pagar cada vez a más pensionistas los trabajadores deberán permanecer más años en el mercado laboral. «En un futuro próximo la situación no va a ser tan fácil como la presente, porque ahora están llegando a la jubilación los nacidos en torno al año 50, que no son muchos, pero cuando lleguen los nacidos a partir del 58 serán 600.000 cada año», explicó durante un coloquio en A Coruña en abril. «La ratio que debe establecerse no es la de trabajador/pensionista, sino cotizaciones/pensionistas. Actualmente, en plena crisis y con este paro, el sistema tiene superávit y seguirá creciendo la hucha este año», afirma García Rubio. «No hay que crear alarma con el futuro de las pensiones, no es urgente la reforma», opina Olalla Fernández. «El problema no es cómo vamos a pagar mañana, sino qué derechos se están generando hoy», apostilla Tomás Burgos, portavoz del PP en el Pacto de Toledo. Y mientras desde la CEOE y el Partido Popular se piden «incentivos» al retraso voluntario en la jubilación y que se permita a determinados colectivos seguir trabajando más allá de ese límite; desde los sindicatos se subraya, por un lado, que la edad obligatoria (65 años) y la real (casi en los 64 de media) están entre las más altas de la Unión Europea, y, por otro, que el mercado de trabajo expulsa mucho antes a los trabajadores en los sectores más precarios. «Los problemas están en otro lado -concluye Tomás Burgos-, en el paro, la temporalidad o la expulsión anticipada del mercado laboral».
Un debate que todavía tiene que ensancharse en las próximas semanas y meses.

HAY 48.000 GALLEGOS ASULTOS ANALFABETOS.- Un documento oficial, un libro cualquiera o una pagina de periódico, siguen siendo un jeroglífico difícil de resolver para los 47.600 gallegos mayores de 16 años que no saben leer ni escribir en la actualidad. Es lo que revelan los últimos datos sobre población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los que da cuenta La Voz de Galicia, y que arrojan, además, una tasa de analfabetismo próxima al 2% en la comunidad. La traducción literal de esta proporción: casi dos de cada cien personas son incapaces en Galicia de rubricar en un papel o de reproducir en voz alta cualquier texto. Una realidad que no se registra de igual modo en las cuatro provincias gallegas. Mientras que A Coruña y Pontevedra concentran respectivamente algo más de un 43% y casi un 31,1% de los gallegos mayores de 16 años con habilidades de lectoescritura prácticamente nulas, Ourense y Lugo apenas suman juntas el 26%. Por sexos, los datos del INE también evidencian diferencias, ya que un 74,37% son mujeres -35.400-, mientras que el porcentaje de hombres se sitúa en el 25,63% -12.200-. No se trata de una coyuntura excepcional. A pesar de los esfuerzos en materia de igualdad en los últimos años, es una realidad del pasado que aún a día de hoy sigue sin erradicarse también en otras comunidades. Estas cifras no incluyen, sin embargo, a los menores de 16 años ni a los denominados analfabetos funcionales, esto es, los que sabiendo leer y escribir no son capaces de aplicar sus conocimientos en las tareas más cotidianas.
Detrás de estos números se hallan personas que, o bien, no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento, o bien abandonaron prematuramente los estudios. Algunas de ellas retoman ahora las clases acogiéndose a dos programas con el objetivo de adquirir o mejorar la competencia lectoescritora. Uno de estos cursos se engloba en el II Plan Galego de Inclusión Social, en el que participan actualmente más de 200 alumnos en riesgo de exclusión sociolaboral. Otro, el de Ensinanzas Básicas, que contó con 500 alumnos el curso pasado.
Hay tarea pendiente para los educadores, y nunca será demasiado tarde...

ETA PRETENDE EL AVAL DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO. EL 29-S, HUELGA A LA VISTA

ETA LO QUIERE PACTAR TODO CON LA COMISIÓN INTERNACIONAL.- Quienes creen estar mejor informados, ya sospechan que habrá un tercer comunicado de ETA, para finales de año, y que el segundo, de este pasado fin de semana, marca el comienzo o la ratificación de contactos y negociaciones de la banda con los mediadores internacionales, todo en el decidido propósito de ETA de conseguir la presencia de batasuna en las elecciones municipales del año que viene. Esta misma sospecha explica que, con esa estrategia de goteo de comunicados, ETA querría “mostrar su autoridad”, en su propósito de “negociar para resolver el conflicto”. En todo caso, no se ve que la banda reserve, siquiera de momento, tarea alguna para el Gobierno: de momento se contenta con recurrir a los mediadores internacionales. Y se supone que, una vez que pacte con ellos, ya se verá... En cualquier caso, van ganando tiempo. Señala este lunes el diario El País que la creación de una comisión de verificación internacional del alto el fuego de ETA será el primer objetivo del encuentro que la banda terrorista mantendrá con una representación de mediadores internacionales. En el comunicado de ETA, conocido el sábado por la noche, dos semanas después del anuncio de alto el fuego, la banda adelantaba dicho encuentro, pero no precisaba su objetivo. Y adelanta que ETA quiere abordar con los mediadores el papel que "debe jugar" el Gobierno, mientras se reorganiza el sector favorable a la banda en la izquierda 'abertzale'. Según esta información, la comisión internacional de verificación del alto el fuego tendrá que ser asumida por ETA, pero tampoco deberá causar el rechazo del Gobierno español, según fuentes próximas a los mediadores internacionales. Para ello, los candidatos elegidos serán personalidades o instituciones de prestigio internacional. Los candidatos son representantes de centros de resolución de conflictos -noruegos, suecos, suizos...- y premios Nobel de la Paz, como los irlandeses y sudafricanos que, a petición de la izquierda abertzale, suscribieron la declaración de Bruselas, el 29 de marzo, que reclamó a ETA un alto el fuego "permanente y verificable": el arzobispo Desmond Tutu; los ex presidentes Frederik W. de Klerk, John Hume y Mary Robinson. El impulsor de esta operación es el abogado sudafricano, Brian Currin, mediador en los procesos de paz irlandés y sudafricano, que en la actualidad es asesor de la izquierda abertzale. "Figuras como ,el líder del Sinn Féin, Gerry Adams no estarán en la comisión por su carácter partidista", señalan fuentes de los mediadores internacionales. El ámbito de actuación de la comisión de verificación internacional debería afectar no solo al alto el fuego sino a la entrega de las armas de ETA, según señaló Brian Currin a EL PAÍS el pasado 11 de septiembre. Uno de los objetivos de la comisión es "lograr que el Gobierno español no ponga obstáculos a su papel verificador y pueda moverse por España sin obstáculos", añaden las mismas fuentes. ETA abordará también con los mediadores internacionales el contenido de la Declaración de Bruselas, como señalaba el comunicado de la banda del sábado. La primera parte de la declaración es la reclamación de los mediadores de un alto el fuego permanente y verificable, que ETA debe asumir unilateralmente. Pero los mediadores internacionales también abordarán con ETA la segunda parte de la declaración de Bruselas, la que señala que una decisión de este tipo -la tregua permanente y verificable- "debidamente respondida por el Gobierno" permitiría que se avance en "una paz duradera". La Declaración de Bruselas no precisaba cuál debía ser esa respuesta del Gobierno, y en los contactos entre los mediadores internacionales y la banda habrá que abordarla, según los mediadores.
El comunicado de ETA del sábado no hace mención alguna a la izquierda abertzale, cuyos líderes siguen esperando que se materialice la declaración de tregua permanente y verificable, que le reclamaron en marzo a través de los mediadores internacionales. ETA ha condicionado ese paso al encuentro con los mediadores internacionales. Las dificultades de comunicación con ETA y sus conflictos internos hacen prever que el pronunciamiento de la banda sobre la reclamación de la izquierda abertzale, tardará. Algunos la señalan para fin de año. El Gobierno contempla con enorme recelo los últimos movimientos de ETA y de los mediadores internacionales. En todo caso, La reciente detención de la cúpula de Ekin -comisarios políticos de la banda en la izquierda abertzale- ha permitido conocer una dura crítica de ETA dirigida a los líderes de la izquierda abertzale por su interpretación del comunicado de la banda del 5 de septiembre. Los portavoces de la izquierda abertzale -como Tasio Erkizia, Txelui Moreno y Mariné Pueyo- destacaron el carácter "irreversible" del alto el fuego, algo que ETA no ha dicho ni ha dejado traslucir en sus dos comunicados. A su vez, la línea dura y minoritaria de la izquierda abertzale, derrotada en el proceso asambleario de 2010 y contraria a la apuesta mayoritaria por las "vías políticas y pacíficas", se está reorganizando y acusa a la mayoría de "papanatismo y ghandismo" mientras se reactiva la kale borroka. Existe el temor en los líderes de la izquierda abertzale de que ETA trate de tutelar políticamente el nuevo proceso y de utilizar a este sector contra ellos. ¿Qué establece la llamada Declaración de Bruselas? Dice: "Nosotros, los abajo firmantes, damos la bienvenida y elogiamos los pasos propuestos y el nuevo compromiso público de la izquierda abertzale con los medios 'exclusivamente políticos y democráticos' y una 'total ausencia de violencia' para conseguir sus objetivos políticos. Plenamente realizado, este compromiso puede ser un paso fundamental para poner fin al último conflicto de Europa. Tomamos nota de la expectativa de que los próximos meses pueden dar paso a una situación donde el compromiso por los medios pacíficos, democráticos y no violentos se convierta en una realidad irreversible. Para ello, hacemos un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto al fuego permanente y completamente verificable. Tal declaración, debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera". Entre los 20 firmantes del texto del 29 de marzo están los nobeles de la Paz Desmond Tutu, Frederik de Klerk, John Hume y Betty Williams; la Fundación Mandela y la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson.
Es decir, se trataría de que ETA y la Comisión Internacional resuelvan todo para que el Gobierno, o los gobierno de Madrid y París, no tengan más remedio que asentir y aceptar...

EL 29, A LA VISTA.- Queda ya poco más de una semana para que tenga lugar “el huelgón” convocado y prometido por las centrales sindicales, y no parece que existan datos suficientes para garantizar que, en efecto, será la gran huelga que unos temen y otros desean. Porque no hay duda de que la opinión pública, y la ciudadanía, están divididos sobre el particular, aunque todos ya han hecho sus propios planes para sumarse a la convocatoria o para evitar sus posibles complicaciones, según los casos. Cualquiera sabe que las centrales sindicales, a poco que puedan, tratarán de paralizar el país paralizando, por ejemplo, el transporte público. Y eso dependerá, en buena medida, de dos decisiones: la del señalamiento de unos servicios mínimos que permitan hacer su vida corriente a quienes así lo deseen, y la de las centrales de poner en funcionamiento unos contra-servicios mínimos llamados  piquetes informativos, muy a menudo convertidos en piquetes  coactivos.
En los últimos días, ha sido bien perceptible el esfuerzo de los dirigentes sindicales por “·vender” su producto, la huelga, desacreditando al Zapatero con quien tan bien se llevaron antes del fracaso de la mesa de diálogo, en el que centrales y patronal demostraron su incapacidad para llegar a un acuerdo sobre la tarea que les fue encomendada año y medio antes, una reforma laboral “útil”, y consensuada. Tras esa ruptura con el Gobierno socialista, los sindicalistas se han convertido en los acérrimos enemigos, sin importarles excesivamente la coherencia: un día acuden a la manifestación de los guardias civiles y otro a la de los mineros arturleoneses en huelga. Todo sirve, si vale para sumarse al descontento contra alguna decisión o actitud del Gobierno con el que colaboraron durante media docena de años. Como demostración del rechazo a la tarea general de los sindicatos estalló en los últimos días el asunto de los liberados sindicales, una apreciable manifestación del poder que las centrales han ido acumulando en los últimos años, y que muchos quisieran que se revisaran. Los sindicatos, como la patronal, han `pasado a constituirse en poderes fácticos “de amplio espectro”, por su propia consideración e influencia social, y por razón de los presupuestos y subvenciones crecientes que vierte sobre ellos  el Gobierno de turno. No pocos analistas se han planteado en estos días de la prehuelga sobre el nivel de autoridad moral que tienen sindicatos y líderes sindicales.  Hasta el punto de que, desde los propios sindicatos, se ha producido una reacción de claro malestar hacia medios informativos en los que se han planteado ese tipo de cuestiones. UGT y CCOO han llegado a tachar a la prensa de ser “piquetes antihuelga” que habrían intentado impedir la movilización del 29-S. Desde luego, no es nada improbable que la huelga del 29 tenga efectos en la imagen global de Méndez, Toxo y sus respectivas fuerzas sindicales. Y no es nada improbable, tampoco, que las centrales deban pagar sus propias facturas por esta movilización que muchos rechazan, porque entienden que no está suficientemente justificada o porque no hallan coherencia suficiente en quienes antes apoyaron al Gobierno y ahora lo descalifican,. A cada instante, con ocasión o sin ella.

OTRO COMUNICADO DE ETA, MURIÓ LABORDETA, EL PP VALENCIANO, RECORD DE IMPUTADOS, REDING, LA MÁS CONTROVERTIDA

ETA RECLAMA UNA RESPUESTA INTEGRAL NEGOCIADA.- Conforme de anunció con ocasión del anterior mensaje de ETA, antes de que acabara septiembre, la banda daría a conocer un nuevo comunicado en el que concretaría algo más sus propósitos, que habían quedado sin aclarar con el anuncio del alto el fuego, y que a todos había dejado insatisfechos. Pues bien, la banda terrorista ETA remitió este sábado a 'Gara' y 'Berria' un nuevo comunicado en el que trata de satisfacer a los firmantes de la Declaración de Bruselas mostrándose dispuesta a analizar conjuntamente los 'compromisos' reflejados en el documento , que exige a ETA un alto al fuego "permanente" y "verificable" y la asunción de los principios Mitchell. En este nuevo anuncio, tras el comunicado que emitió hace trece días, y en el que la banda armada decidía no llevar a cabo "acciones armadas ofensivas", ETA concreta que cuando se dio a conocer la Declaración de Bruselas, en marzo, ya se había entrado en ese escenario y había dado la orden de "cese de sus acciones a los grupos operativos". La banda terrorista asegura que el Gobierno español "había ocultado" que sabía que ETA había interrumpido sus atentados y que en ese semestre, "los Estados español y francés se han mostrado sordos y se han aferrado a la vía estéril de la represión". La banda, en realidad, no hace público ningún movimiento relevante. En su mensaje se dirige a los mediadores, coordinados por Brian Currin, les agradece su intervención y les anuncia que está dispuesta a sentarse con ellos. Eso sí, no parece que con la intención de que verifiquen su 'alto el fuego', sino para que participen en el proceso para resolver de forma "permanente, justa y democrática este conflicto". Dejando claro, eso sí, que para que se éste se supere, "más allá de pasos parciales, es necesaria una propuesta integral". Para un resolución definitiva, advierte que ésta debe construirse con los compromisos de todas las partes y debe desarrollarse mediante la negociación". Como señala El Mundo, el contenido del comunicado se asemeja, en el fondo, al anterior y reclama que el Gobierno se siente a negociar respetando lo que la banda denomina 'mínimos democráticos', entre los que se encuentra la legalización de Batasuna. El texto deja en evidencia el esfuerzo de ETA por parecer dispuesta a actuar de buena fe y por dejar al Gobierno en mal lugar con la siguiente frase: "Ante la cerrazón de Francia y España, ETA ha hecho zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto. Y ha tomado la decisión sin echar el ancla, con disposición de navegar en aguas más profundas". "No es suficiente, le dicen (a ETA); es suficiente, gritamos nosotros. ¡Dejen a Euskal Herria decidir su futuro en paz!". Para ETA, el discurso del "no es suficiente se está convirtiendo en insuficiente. Cada vez que hay una oportunidad el Gobierno español ve peligro". Así, ha criticado que tras su comunicado de hace dos semanas "la primera decisión del Gobierno fuera prohibir" la manifestación que se iba a celebrar en Bilbao el sábado pasado. ETA ha reprochado a los sucesivos gobiernos porque han puesto la "lucha armada" como "excusa, afirmando que mientras haya lucha armada no puede haber solución alguna". Sin embargo, "cada vez que ésta se ha interrumpido han dejado perder la oportunidad. Al parecer, con lucha armada no hay opción, y sin lucha armada ya no hay necesidad". En su respuesta a la Declaración de Bruselas, aunque ETA dice que es consciente de que la clave de la solución reside en Euskal Herria, ETA valora como "muy importante" la aportación internacional. La banda terrorista argumenta que "el conflicto de Euskal Herria con los Estados español y francés se asienta en profundas razones políticas. Por eso, para superar el conflicto hace falta, más que pasos parciales, una propuesta integral que recoja las raíces del conflicto y desate sus nudos". Para que se produzca una superación "definitiva" del conflicto, debe "construirse en torno a compromisos multilaterales y desarrollarse a través del diálogo y de la negociación. Si hay voluntad democrática, hoy y aquí es posible solucionar el conflicto". La banda dice que "frente a la cerrazón de España y Francia, ETA ha hecho zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto, y ha tomado la primera decisión sin echar el ancla, con disposición a navegar en aguas más profundas". Según ETA, "no son pocos los nuevos Estados que han surgido en el corazón de Europa y que han encontrado la aceptación internacional". Para la banda terrorista, "la Historia ha dejado una enseñanza principal a Euskal Herria: que las seudosoluciones de hoy son la fuente de conflictos futuros. Por eso, hoy ceder condena a nuestros hijos mañana". "Es difícil entender la lucha armada en Europa -ha admitido ETA- pero ¿no es más difícil de entender que a los ciudadanos vascos se les niegue el derecho a decidir su futuro libre y democráticamente?", se ha preguntado.
VALENCIA, UNA COMUNIDAD DIRIGIDA POR POLÍTICOS IMPUTADOS.-El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. Es la conclusión a la que llega el diario El País, que ha seguido por particular atención los casos de corrupción que se han desarrollado en las tres provincias de la Comunidad. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza. El 'caso Fabra', el Gürtel y el Brugal, los tres casos de corrupción más llamativos, condicionan la acción institucional. El presidente de la Diputación de Alicante es el último implicado. Esa cifra de 25, incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza. El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales. Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud, en los últimos meses, que ha hundido la moral de un partido que –como relata el cronista de El País-, ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.
La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano. "Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme, actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un estribillo desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-. Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.
Según se indica en la información de El País, la situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra. La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia. Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado. En el referido trabajo periodístico, se enumera a los cargos populares emplazados por la justicia en la Comunidad Valenciana. En Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp) y Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera) – Enb Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria. – Yen Valencia, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).
Pero ni Rajoy ni Cospedal quieren “meter mano”, o no se atreven, en una de sus comunidades más prósperas y que más apoyo dieron al presidente del PP con ocasión del Congreso que lo reeligió…
MURIÓ LABORDETA, CANTANTE Y POLÍTICO.- En realidad, la noticia de su muerte no ha sorprendido demasiado. Desde que, hace cuatro años, le fuera descubierto un cáncer de próstata, Labordeta procuraba hacer vida corriente, pero no siempre le resultaba sencillo. Finalmente, el cantautor, político y escritor José Antonio Labordeta moría este domingo en Zaragoza, a la edad de 75 años, tras una larga enfermedad, según informaron fuentes de la Chunta Aragonesista (CHA), con el que el también llamado "El Abuelo" fue diputado en el Congreso durante dos legislaturas (de 2002 a 2008). Labordeta falleció en torno a la una de esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa al que fue trasladado esta misma semana al agravarse su estado de salud, que lo tenía postrado en su casa desde hace varios meses. Quinquiera que lo llegara a conocer lo describirá, como hace El País, como personaje socarrón y descreído, con un hueco destacado en los informativos de todo el país en marzo de 2003 cuando, en un debate con el entonces ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, mandó literalmente "a la mierda" a la bancada popular, que le impedía hablar y se burlaba de él, con referencias despectivas a su participación en el programa de TVE Un país en la mochila, una serie de reportajes en los que Labordeta mostró aspectos íntimos y poco conocidos de diferentes pueblos de España. Labordeta presentó en mayo pasado su último libro, Regular, gracias a Dios, una obra ya marcada por el cáncer de próstata que le detectaron, en el que expresa su gratitud a su familia, a los amigos y los sanitarios que le atendieron en esta etapa. Se trata de un texto escrito "a tajos" como él decía, y el título lo extrajo de una frase acuñada por un compañero marroquí del hospital. "Es la explicación menos dolorosa y más ajustada que he encontrado para responder a todos los que se interesan por mi mermada salud", decía Labordeta. Siempre rodeado de buenos amigos y por su familia, desde octubre del año pasado su salud había empeorado y había tenido que ser hospitalizado en alguna ocasión, momentos en los que estuvo arropado por su esposa y sus tres hijas. El último acto público que protagonizó fue el pasado día 6 de septiembre, cuando los ministros de Defensa, Carme Chacón, y Educación, Angel Gabilondo, le entregaron en su casa la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X El Sabio, un reconocimiento que el Gobierno le concedió por su sabiduría, su pasión, sus convicciones y su defensa de la libertad y el pueblo -motivos por los que también le otorgó la medalla al Trabajo-. Nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1935, Labordeta, licenciado en Filosofía y Letras, se dedicó inicialmente a la docencia en la Enseñanza Media y, a lo largo de varias décadas, también a la música, la política y la televisión. Su carrera musical comenzó en 1974 con el álbum Cantar y callar y pronto fue reconocido como una de las voces comprometidas con la democracia al final de la dictadura franquista. Llegó a la canción por deseo de dar mayor audiencia a sus versos, y consiguió que algunas de sus canciones, como El canto a la libertad, Banderas rotas o La albada, se convirtieran en himnos de una tierra, Aragón, a la que cantó con melancolía. Sin embargo, fue más conocido por su faceta de cantautor, que compaginó con la docencia hasta que en 1986 solicitó una excedencia para dedicarse a la música cuya temática principal es Aragón. También hizo alguna incursión en el cine con pequeños papeles en Réquiem por un campesino español, aunque en las pantallas destacó más en televisión, sobre todo con la serie de documentales para TVE Un país en la mochila, en la que recorría multitud de pueblos de España y que obtuvo numerosos premios. Labordeta también se dedicó a la literatura, con varios libros de poemas, y en 2009 publicó Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados. En su faceta política fue militante del Partido Socialista de Aragón (PSA) y en las elecciones generales de 1977 fue candidato por Unidad Socialista al Congreso de los Diputados; en 1979 se presentó como candidato independiente al Congreso por el Partido Comunista de España y en 1989 fue candidato de IU al Senado por Zaragoza. También fue candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) en las elecciones de marzo de 1996. Finalmente, fue elegido diputado de las Cortes de Aragón por CHA en las autonómicas de junio de 1999, cargo que abandonó al conseguir asiento en el Congreso en 2000 y repetir en las generales de 2004. En 2008 abandonó la política.
Caía bien a casi todos, y muchos habrán llorado su pérdida.
LA IMPULSIVA COMISARIA REDING.- A la comisaria Reding le han llegado, por lo menos, sus diez minutos de gloria, o parecido tiempo de infierno. Después de casi una docena de años en la Comisión Europea, ha acumulado muchos errores y alguno de ellos ha colmado determinados vasos de paciencia. Recordar´çan ustedes que el pasado jueves por la tarde, en la cumbre comunitaria de Bruselas, mientras Nicolas Sarkozy reprochaba a José Manuel Durão Barroso la actuación de su comisaria de Justicia, los jefes de Estado y de Gobierno alrededor de la mesa no pedían, precisamente, el turno de palabra para defender a la luxemburguesa. Más bien, había amplio regocijo al verla en dificultades… El conciliador Herman Van Rompuy o la canciller Angela Merkel expresaban respeto a la Comisión en abstracto o a Barroso, pero no había defensa para la atacada ausente. Y no sólo por su desafortunada comparación de las expulsiones de gitanos con las entregas de judíos a los nazis -indefendible-, sino también por su agresividad general y su tozudez al presentar las conclusiones de un expediente antes incluso de haberlo abierto. Coinciden muchos funcionarios bruselenses en que Viviane Reding ha hecho pocos amigos en sus 11 años en la Comisión y, aunque su perseverancia y contundencia han logrado resultados muy apreciables -como la reducción de tarifas de 'roaming' en el móvil cuando era responsable de Telecomunicaciones-, su estilo generalmente estridente ha causado conflictos que dejan huella. El martes, después de sus declaraciones sobre la Segunda Guerra Mundial, ``basta, ya basta``, decía a las autoridades francesas, diplomáticos y funcionarios de varias nacionalidades la describían como "loca". También hay afrentas que resolver con el Gobierno español. La pasada primavera, el Gobierno español también se planteó hacer una protesta formal contra la comisaria por atacar duramente a la Presidencia, en varias entrevistas, en relación a una propuesta española para proteger a las víctimas de maltrato. La vicepresidenta de la Comisión llegó a irritar a Moncloa incluso sobre dossiers en los que ella no tenía ninguna competencia. En marzo, cuando aún no se hablaba de la crisis de deuda más que en Grecia, aprovechó la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para decir que la crisis de Atenas se convertiría "en un tsunami que podría afectar a España o Portugal". El conflicto se volvió casi personal con Francisco Caamaño, el ministro de Justicia. En una agria y muy pública guerra de competencias y detalles jurídicos, el ministro y la comisaria se enfrentaron, ante las cámaras y ante los colegas, con aspereza descortés. En una rueda de prensa de los dos, Reding llegó a decir que las ideas del ministro estaban llevando a la UE "al infierno", y una reportera pidió calma a los políticos en el estrado. Después de esa tarde de abril en que hasta los portavoces de las partes acabaron a gritos y en que la comisaria se resistió a darle la mano a Caamaño para despedirse, Reding pidió disculpas en privado, pero volvió a contraatacar en público. La luxemburguesa, que acusaba a la Presidencia de "chapucera", amenazó con denunciar la legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE incluso antes de que se hubiera aprobado la propuesta. Aquellas escenas son muy representativas sobre la combativa comisaria, que lleva 11 años en la Comisión (éste es su tercer mandato, el primero en Justicia) y nunca ha dudado en utilizar palabras contundentes, y a menudo sorprendentes para la tibia Bruselas, y en defender con vigor sus poderes. En su cartera entre 2004 y febrero de 2010, la de Telecomunicaciones, actuaba a menudo para comerle el terreno a su entonces colega de Competencia, Neelie Kroes. Las dos se metieron en la guerra contra Telefónica y Reding inauguró otra disputa de meses con el Gobierno por los datos sobre el precio de Internet en España, que ella consideraba el más alto de toda la UE, algo que disputaba Francisco Ros, el secretario de Estado del ramo, con quien Reding también tuvo un cruce de acusaciones sobre la información "tergiversada". Como responsable de Telecos, gracias a la mezcla de ego, perseverancia y eficacia de una política profesional, la comisaria sacó una de las legislaciones más populares y prácticas que ha aprobado la UE en años: la bajada de las tarifas de roaming en el móvil, impuesta a las teleoperadoras por Reding, que, como ha hecho ahora con Francia, dijo haber "perdido la paciencia" con las telefónicas que abusaban de los consumidores. Pero, aunque él también pague menos por llamar cuando viene a Bruselas, el jueves, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ocultaba su satisfacción al pedir a la impaciente Reding que su "fuerza declarativa" se "contenga en el futuro".
Algunos entienden que ha podido llegar la hora de su relevo. Otros, que por lo menos unas buenas advertencias y recomendaciones, le deberían “caer”, o habrán caído ya, de sus superiores. Si tuviera superiores y éstos ejercieran e impusieran alguna disciplina.…