MILES DE FOLIOS DE GUETEL SIN LEER.- El caso Gurtel, que a cuentagotas nos viene proporcionando, sobre todo, el diario El País, es entre otras cosas, demostrativo de la ineficacia que tienen nuestros servicios de Administración de Justicia. De los datos que hoy nos ha porporcionaod el correspondiente reportaje, hay otro escalofriante: Todavía quedan miles de folios en cajas que aún no han sido analizadas por ninguno de los tribunales que se han venido haciendo cargo del caso, ni en Madrid ni en Valencia… Dicho de otro modo, la investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, puede tener, todavía, alcances ahora mismo insospechados, con ramificaciones inimaginables. Entre otras, las que siempre se han venido temiendo en el seno y sobre todo en la dirección del PP: a saber, que se termine rozando o se entre de manera frontal en la cuestión de la financiación del partido, que hoy mismo, en este reportaje veraniego, se roza, cuando revela una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros. Si no hay financiación del partido, algo que siempre negó Rajoy, esto pudiera parecérsele bastante, o por lo menos, dar alas a la imaginación para suponer algo en ese sentido. Pero, sobre todo, la reiterada observación de que aún quedan miles de folios sin examinar, que no han sido siquiera leídos por ninguno de los jueces instructores del caso, ni Pedreira, ni Monterde, ni Flors…
FACTURACIÓN IRREGULAR.- Pero en este reportaje concreto de esta ocasión, se llega a la conclusión de que “en los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular”… En concreto, el sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa. Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano. Pues bien, en la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar. El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros). Y en otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía un reparto de ingresos por distintas cantidades, documentos que "harían referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Y se insiste en que hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta, trama que llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave.
MÁS MEDIOS, MAYOR COLABORACIÓN.- De todo ello parece deducirse una doble y urgente necesidad: primero, que la Administración de Justicia dedique más efectivos a investigar todas las cajas y cuentas de la trama, y en segundo lugar, que el PP, lejos de defender su propia imagen y la de algunos de sus militantes, entre ellos el tesorero del PP, se pudieran a disposición de los jueces para aclarar de una vez un caso que pudiera prolongarse durante muchos meses más, con resultados inciertos y posiblemente frustrantes para todos…
TAMBIÉN EL MINISTRO CAAMAÑO ESTÁ IMPACIENTE.- De vez en cuando reaparece una de las grandes cuestiones políticas pendientes: el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que desde hace tres años examina el Tribunal Constitucional para comprobar si contiene artículos contrarios a la Constitución. En las semanas previas a las vacaciones estivales se llegó a decir que el fallo y sentencia del TC se darían a conocer en estas semanas de agosto, tal vez para reducir el impacto que, indudablemente, obtendrá dicha sentencia. Pues bien, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegura sentir "inquietud" por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado ya una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, aunque afirma que "hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años". Caamaño señala que la resolución sobre el Estatut será "la más compleja de su historia" porque, a su juicio, "va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar". “Me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut, añade, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia", señala el ministro tras expresar su confianza en que el TC haga "una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros".En España "siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier Estado de tipo federal, entre el centro y la periferia"."Habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Ésa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema", sostiene. Por eso, considera que "quien no esté de acuerdo" con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut, lleve a las Cortes Generales un proyecto para "cambiar" los artículos con los que no esté de acuerdo.
EL ESTATUD ESTÁ VIGENTE.- Sobre la posibilidad de que pudiera ser la presidenta del TC, María Emilia Casas, quien pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe "un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias", ya que "cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones". Caamaño subraya, asimismo, que "la política se mueve por criterios de oportunidad, y el derecho por criterios de razonabilidad". El ministro también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático" que derivó en la convocatoria de "una especie de referéndum exótico" por parte del PP. Destaca que esta norma "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional: Ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos de los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un Estatuto tan “manifiestamente inconstitucional”, según dicen algunos, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país, ya esté aplicándose todos los días y no haya tenido consecuencias tan dramáticas como algunos nos han querido vender", afirma. En este contexto, destaca que, tras el de Cataluña, se aprobaron otros estatutos "absolutamente iguales". "Todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias, y resulta que el único que es “manifiestamente inconstitucional” es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía", concluye.
RENOVACIÓN.- También se refiere Caamaño a la renovación de magistrados que el TC debería abordar después de que se dicte la sentencia. Asegura que los senadores socialistas están "abiertos" a la negociación de nuevos candidatos, y señala que, si esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, es porque los dirigentes del PP "sólo han presentado dos candidatos", el ex presidente del Supremo, Francisco Hernando, y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López.
UN AÑO DE LA TRAGEDIA DE SPANAIR.- Aquel otro 20 de agosto, hace exactamente un año, la dramática noticia se producía en Barajas. Empezó siendo un reguero de humo, y poco, los poco las emisoras de radio fueron proporcionándonos detalles y elevando la cifra de las víctimas hasta situarlas en 154 personas muertas. Poco a poco, a lo largo de esa jornada, y más aún en las siguientes, cuando hubo posibilidad de conocer el testimonio de los supervivientes y de cuantos acudieron al lugar de la tragedia, se fue componiendo un escenario de causas y efectos que, todavía hoy, no terminamos de conocer suficientemente. La habilidad de algún superestratega de aquellos hechos nos ha situado en una vaga imagen sobre lo sucedido: el avión falló repetidas veces en su intento de emprender el vuelo, algunos de sus elementos de alarma no funcionaron adecuadamente, y sobre todo, estuvieron lejos de resultar eficaces las operaciones de salvamento del propio aeropuerto y hasta del ayuntamiento y comunidad de Madrid, todos reclamados en aquellas horas de horror. Las alarmas fueron tardías, la llegada de médicos y bomberos se hizo esperar mucho más de lo conveniente, las ambulancias salieron con retraso…Todo un cúmulo de desaciertos en unos momentos cruciales , de vida o muerte para muchos viajeros de aquel desafortunado vuelo a Canarias. Luego, en los días siguientes, se centraron los debates en esos eventuales fallos técnicos del aparato, y hasta en la cuestión de las indemnizaciones a que tendrían derecho los supervivientes y los familiares de las víctimas.
ESCASOS AVANCES.- De todo eso hace un año, y ha sido muy poco lo que se ha adelantado en este tiempo. Y sobre todo, lo que ha ido llegando a la opinión pública. Como por entonces, también ahora hay rumores permanentes de insuficiente “paz social” y estabilidad en la compañía aérea, que más de un vez se pensó que se le empujada a la quiebra tanto por esas inestabilidades internas como por las abultadas indemnizaciones que debería abonar. Pero, como hace un año, todavía ahora se filtran algunos elementos del Sumario del Caso: El lugar en que se produce el accidente está rodeado de vallas, y vadeado de un riachuelo al que terminan cayendo muchas víctimas. En resumidas cuentas, que tan sólo 18 personas sobrevivieron al accidente, y lo que resulta mucho más inexplicable todavía, que las causas definitivas del siniestro siguen siendo una incógnita, que la investigación está bloqueada y que seguimos sin conocer a los responsables de la tragedia: ¿la compañía fabricante por fallos de origen, la compañía Spanair por mal mantenimiento, las condiciones de un aeropuerto que no funcionó como debiera? La comisión de investigación creada para aclarar tantas incógnitas debe hacer público su informe, ojalá que definitivo y convincente, la próxima semana. Pero se pone de relieve que un año después, la infraestructura de Barajas sigue siendo la misma…
LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN.-Los parados que ya perdieron la oportunidad de percibir los subsidios por excesiva prolongación de ese tiempo en las listas de personas en busca de trabajo, ya pueden, por virtud del acuerdo del reciente consejo de ministros, “engancharse” y prolongar su condición de subsidiados, percibiendo ahora 420 euros mensuales, con la obligación de asistir a cursos de formación que, se supone, debieran facilitar su acceso a nuevo puestos de trabajo. Son, como se ve, demasiados condicionantes: hay que integrarse en cursos de formación, que se supone que el INEM ofrece a quienes pretendan engancharse a esa nueva fase de beneficios de “los grandes parados de la crisis”. Y luego, hay que confiar en que esos cursos, ojalá que al cabo de medio año, den la oportunidad de que el trabajador esté en condiciones de poder incorporarse a un nuevo puesto de trabajo que esté acorde con sus capacidades profesionales y sus competencias adquiridas con anterioridad y en este nuevo tiempo de aprendizaje que se le ha añadido al trabajador a cuenta de los dineros públicos. ¿Existe, de verdad, esa oferta doble, de cursos ahora y de trabajos en un futuro no muy lejano? Porque, de lo contrario, las ventajas que pretende conseguir el decreto del Gobierno, negociado con los sindicatos, no sería más que una nueva pérdida de tiempo y una nueva frustración para el trabajador que pretende beneficiarse de una mala coyuntura que lo dejó en el paro por más tiempo delque hubiera deseado…
JOSÉ CAVERO
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