LA SENTENCIA DEL TC.- Hay coincidencia entre los observadores en que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán no puede demorarse mucho más de los tres años y medio que ya lleva de deliberaciones y retrasos… La propia presidenta del TC sugirió hace unas cuentas semanas que posiblemente en los primeros días de enero se llegaría a la esperada decisión. Y no han cesado las especulaciones sobre los eventuales recortes, así como los probables repartos de votos favorables o con6trariosma determinada posición. Este domingo, el diario El País vuelve sobre esta materia interminable, como también lo hace, en una encuesta, el diario La Vanguardia. Sostiene el primero de estos trabajos que la única nación es la española. Cataluña no lo es, ni puede tener símbolos nacionales, salvo que se vinculen a la nacionalidad catalana y no al término nación. Estas son las premisas que inspiran las últimas deliberaciones entre magistrados progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional, que buscan conformar una mayoría suficiente para desatascar la sentencia más esperada de los últimos tiempos, de la cual depende el Estatuto de Cataluña, según el relato de El País, que señala que el próximo pleno de los magistrados del TC es el 11 de enero, pero que antes se sucederán las reuniones. Por primera vez empieza a vislumbrarse entre los dos bloques ideológicos la voluntad de cerrar de una vez las deliberaciones y alumbrar la decisión sobre el recurso del PP, que lleva más de tres años en el Tribunal. Al Constitucional le han "dado las uvas" también este año, pese a que su presidenta, María Emilia Casas, descartaba esa posibilidad en junio. Traspasada la barrera psicológica del 31de diciembre sin la sentencia, los magistrados intentan cerrar un acuerdo a ser posible este mismo mes de enero. Recuerda el diario que la próxima convocatoria del pleno, según el calendario preestablecido de "semanas jurisdiccionales" es para el 11 de enero, pero antes se celebrarán reuniones de despacho para aproximar y quizá cerrar acuerdos.
SALVAR EL NÚCLEO CENTRAL.- Según la referida crónica, en las últimas semanas, María Emilia Casas ha intentado liderar una mayoría de magistrados de los dos sectores, que si bien podría rebajar las aspiraciones nacionalistas sobre la "nacionalidad" de algunos enunciados del Título Preliminar y sobre el Consejo de Justicia de Cataluña, trataría de salvar el núcleo central de las competencias y de la financiación. Durante todo diciembre y pese a no haberse habilitado las fechas de Navidad para reuniones del pleno, los magistrados han trabajado incesantemente, y los que no están fuera de Madrid han intensificado las reuniones durante la última semana y las retomarán a partir de este lunes. Entre las hipótesis de cierre que se están explorando se estudia la posibilidad de superar el problema del término "nación", -con el que llevan a vueltas desde el pasado verano-, de manera que permita concitar una mayoría que retocase lo menos posible el Título Preliminar del Estatuto catalán pero dejando claro que la única "nación" es la española. En esa línea, se intentarían mantener la literalidad de que los "símbolos nacionales" de Cataluña del artículo 8.1 del Estatuto son la bandera, la fiesta y el himno, pero dejando claro que se trata de símbolos de una "nacionalidad", tal como se define a Cataluña en el artículo 1 del propio Estatuto y en la referencia que hace el artículo 2 de la Constitución a "la autonomía de las nacionalidades y regiones" que integran la Nación española.
CALLEJÓN SIN SALIDA.- Paralelamente, y aunque los Preámbulos no tiene valor normativo ni jurídico, según tiene declarada la jurisprudencia constitucional, el texto haría hincapié en que la referencia a "Cataluña como nación", tal como la ha definido de forma ampliamente mayoritaria el Parlamento catalán, no implicaría en ningún caso la equiparación a la nación española, en tanto titular y depositaria de la soberanía. La hipótesis contemplaría llevar al fallo una declaración en ese sentido. Por ahora se trata de estudios a los que se sigue dando vueltas para salvar el Estatuto en lo posible, pero sin perder de vista que algunos magistrados del bloque progresista se muestran reticentes a la operación y esperan a conocer el texto final para decantar su voto. Tampoco está clara la postura del conservador Jorge Rodríguez Zapata y de algún otro magistrado conservador, ni que el conjunto de los magistrados estén lo suficientemente "centrados" como para abordar una votación, más allá de las habituales "prospecciones" que el pasado octubre les llevaron a constatar que estaban en un callejón sin salida.
ENCUESTA DE LA VANGUARDIA.- Por otro lado, publica este domingo los resultados de una encuesta sobre el próximo fallo del TC sobre el Estatut catalán. Resulta que la mitad de los vascos y tres de cada cuatro madrileños aceptan recortar el Estatut Catalanes y españoles coinciden en juzgar a Jordi Pujol como el mejor president Las consultas soberanistas no levantan gran preocupación El divorcio entre Catalunya y el resto de España a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut es cada vez más rotundo. Mientras el 61% de los españoles cree que el Alto Tribunal "tiene la obligación" de recortar el Estatut "si entiende que no se ajusta a la Constitución", idéntica proporción de catalanes rechaza cualquier recorte de un texto que "ha sido aprobado por el Parlament de Catalunya y por las Cortes y revalidado en referéndum". De hecho, en el conjunto de España sólo apuestan por respetar la integridad del Estatut un 23% de los consultados. En cambio, uno de cada cuatro catalanes admite que el Constitucional recorte el texto estatutario si entiende que incurre en inconstitucionalidad.
RECORTE O RESPETO DEL TEXTO.- Las posiciones a favor del recorte en caso de inconstitucionalidad son mayoritarias entre los votantes de todos los partidos estatales, aunque con algunos matices. Por ejemplo, un 93% de los electores del partido de Rosa Díez, UPyD, y un 72% de los del PP se muestran partidarios de retocar el Estatut. En cambio, esa tasa cae al 63% entre los votantes de IU/ICV y al 55% entre los del PSOE. Asimismo, mientras sólo un 13% de los electores populares se muestra a favor de respetar el Estatut, ese porcentaje se acerca al 30% entre los votantes socialistas y de Izquierda Unida. Si las posiciones se analizan por comunidades autónomas, los resultados son aún más significativos. Ciertamente, la posición mayoritaria apuesta por el recorte del Estatut, pero con intensidades distintas. En el caso de valencianos y andaluces –cuyos estatutos podrían verse afectados por la sentencia–, la tasa de quienes consideran que el Alto Tribunal debe retocar el Estatuto catalán si aprecia signos de inconstitucionalidad supera el 60%. En cambio, entre los gallegos esa tasa se acerca al 70%, y entre los madrileños roza el 75%. Lo llamativo es que incluso una mayoría de los vascos (50%) apoya el recorte, frente a un 35% que lo rechaza.
ESCASA PREOCUPACIÓN.- Las posiciones de los catalanes se aproximan, no obstante, a las del resto de los españoles en otras cuestiones, como las consultas independentistas celebradas recientemente en Catalunya o la imagen de los tres últimos presidentes de la Generalitat: Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla. Así, en lo que respecta a las consultas, no parece que su proliferación sea motivo de especial inquietud en la opinión pública española. Sólo un 32% de los ciudadanos afirma que esta cuestión le preocupa en alguna medida (un tasa que cae al 25% en Catalunya), mientras que dos de cada tres entrevistados (el 67% de los españoles y el 73% de los catalanes) se muestran escasamente preocupados. Y si se atiende a la filiación electoral de los entrevistados, el único colectivo en el que predomina la preocupación por este asunto es entre los votantes de UPyD (un 67%), mientras que entre los electores de los restantes grupos, incluido CiU, no hay grandes diferencias y en todos ellos predomina una escasa preocupación. La inquietud es mayor entre los populares (37%); similar entre los votantes socialistas y de CiU (28-29%), y menor entre los de IU (25%).
PUJOL, EL MEJOR PRESIDENT.- Finalmente, los catalanes y el resto de los españoles coinciden en que el mejor presidente de la Generalitat para Catalunya y para España ha sido Jordi Pujol. Eso sí, mientras los españoles sitúan tras Pujol a Pasqual Maragall y a José Montilla como mejores presidentes para Catalunya y para España, los catalanes creen que Montilla ha sido algo mejor para España que Maragall. Y las percepciones de los restantes territorios son también significativas. Por ejemplo, entre los andaluces, Pujol y Maragall han sido mejores presidentes, tanto para España como para Catalunya, que Montilla. Por el contrario, en la Comunidad Valenciana, Maragall aparece como mejor presidente que Pujol para España.
BONO OPINA SOBRE LA SENTENCIA.- El presidente del Congreso, José Bono, es el encargado de poner orden y mediar en el complejo día a día de la política parlamentaria. Empieza 2010 y el Estatut continúa estancado en el Constitucional. Para Bono, según declara a El Mundo,"una sentencia tardía no es positiva. Pero el Estado de Derecho no se pone en peligro por un retraso. Está más en peligro el prestigio de los magistrados que el del Estado". A la pregunta de si habría que reformar la Ley Electoral para que los nacionalistas no tengan la sartén por el mango y otros partidos, como IU, no se sientan maltratados, Bono responde: "La Ley Electoral debe reformarse, pero no para castigar a los nacionalistas o para beneficiar a los comunistas, sino para acercar a electores y elegidos". "Sería conveniente que las cúpulas de los partidos redujeran el poder que tienen en materia electoral, que no es poco", añade.
EL AÑO DEL PACTO EDUCATIVO.- Primero fueron Cospedal y Gabilondo, en los días finales del año pasado, quienes hablaron de la posibilidad de un pacto educativo. Luego insistió Zapatero en el balance de fin de año, Y en los últimos días ha sido el presidente gallego, Núñez Feijoo, quien se ha referido a la cuestión… Todo permite adelantar que éste 2010 verá nacer ese pacto, y acaso alguno más, como el relativo a la energía. Pero, en materia educativa, hay que remitirse, primero, a las comparecencias públicas, y separadas, de la secretaria general del PP, Cospedal y del ministro de Educación socialista, Gabilondo, para dar cuenta de las conversaciones y negociaciones que se vienen produciendo sobre un eventual pacto educativo. Una coincidencia: hay posibilidades de que se llegue a buen puerto, hay coincidencias suficientes para confiar en que se llegará a ese pacto educativo tan largamente esperado y reclamado por la sociedad española. La primera en comparecer fue la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se mostró "optimista" ante la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de Educación.
COSPEDAL Y GABILONDO, PRIMERAS PIEDRAS.- De Cospedal, que comparecía ante los medios de comunicación para hacer un balance de 2009, afirmaba que ve "posible llegar a este acuerdo". La 'número dos' del PP aseguró haber encontrado "muy buena receptividad y disposición" del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, "en unos mínimos comunes denominadores", como son "establecer un diagnóstico del sistema, adoptar un currículum básico que se aplique en todas las comunidades autónomas y garantizar la libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos". Estos puntos en común, ha recordado De Cospedal, no supondrían "recortar las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa". En segundo lugar compareció ante los medios informativos el ministro Gabilondo. Sobre el punto más polémico de este posible acuerdo, la posibilidad de que los padres tengan la opción de elegir la lengua vehicular de enseñanza para sus hijos, el ministro respondió con evasivas, apelando a futuras conversaciones en el foro adecuado. No obstante, también señalaba que el pacto tiene "viabilidad" y "es posible". Según el ministro, en dos meses estarán en disposición de presentar un texto con "contenidos concretos".
ZAPATERO Y FEIJOO.- En cuanto al presidente Zapatero, se comprometió a alcanzar el Pacto de Estado por la Educación en la reunión que tiene pendiente desde hace meses con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, cuando "el marco sea adecuado y se haya preparado muy bien" con el objetivo de dar el "último impulso" al Pacto. Y luego, los presidentes autonómicos también afectados por ese probable pacto en elaboración. En Galicia se acaba de dar a conocer el borrador del nuevo decreto sobre la enseñanza del gallego, que apuesta por el plurilingüismo entre el castellano y el gallego. El decreto pretende ponerse en vigor el curso que viene en toda la enseñanza no universitaria, y por su virtud, los padres podrán elegir cada año, durante la preinscripción de matrícula, el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos en la etapa infantil. Está decisión será vinculante y se utilizará el idioma que Sea elegido mayoritariamente. Feijoo ha celebrado que, con este procedimiento, habrá acabado el monolingüismo que quería imponer el bipartido de la legislatura anterior, “dando respuesta a un mandato legal, a una demanda social y a una
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