ESTE LUNES SE LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO GURTEL, FINANCIACIÓN IRREGULAR EN EL PP DE MADRID, VALENCIA, GALICIA Y BALEARES

SE LEVANTA EL SUMARIO DEL CASO GURTEL.- La formación política que preside Mariano Rajoy, alternativa de Gobierno más que probable según todas las encuestas, tiene un problema mayor que amenaza seriamente su credibilidad e imagen, según señala hoy un amplio y documentado trabajo del diario El País referido a la financiación ilegal del PP. Asimismo, desde el primer gran titular del diario Público se coincide en asegurar que la financiación irregular del PP se extiende por el PP, y que la Justicia destapa irregularidades en cuatro CCAA, las que encabezan o han encabezado Jaume Matas, Francesc Camps, Esperanza Aguirre y Manuel Fraga. Empezamos por el relato de El País, que afirma que la supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama empresarial delictiva que dirigía Francisco Correa, aparece documentada en la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Antonio Pedreira pretende hacer pública este lunes día 5 de abril, y que hasta hoy permanecía secreta.

DOCE MILLONES PARA ACTOS ELECTORALES.- El PP, en algunas de sus organizaciones territoriales, habría pagado al menos 12 millones de euros en dinero negro por sus actos electorales. Recuerda el diario que la red Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en democracia, pues sus tentáculos alcanzan a media docena de Ayuntamientos y a cuatro comunidades autónomas, e implican a dos decenas de altos cargos del Partido Popular, entre ellos a su ex tesorero, a una decena de empresarios y a varios bufetes de abogados. La investigación judicial que arrancó hace dos años sobre las actividades ilegales de esa red ha permitido reunir numerosas pruebas, incautadas en las sedes de las distintas empresas de la trama o halladas en las cajas de seguridad abiertas en distintos bancos, que aportan fuertes indicios de la financiación irregular del PP. Los indicios de uno de los delitos más graves en que puede incurrir un partido político se refieren a las organizaciones de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y siembran de sospecha las finanzas de la dirección nacional del PP por los numerosos apuntes referidos a supuestos pagos de comisiones ilegales a Luis Bárcenas, que fue durante muchos años gerente del partido, y después tesorero.

ACTIVIDAD ELECTORAL EN MADRID.- - Archivo "Cambios de facturación 2003-2004-barcenas.xls". En un piso de seguridad que la trama corrupta tenía en la calle del General Martínez Campos de Madrid se guardaban apuntes relacionados con la actividad electoral del PP de Madrid, pues las empresas de Francisco Correa se encargaban del montaje y desmontaje de todos los actos. En esos apuntes aparecen pagos que el PP hizo a través de Fundescam para "las elecciones autonómicas de 2003, las elecciones europeas de 2004 y el congreso regional 2004". Fundescam es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Un informe policial, que consta en la parte del sumario que mañana se hará pública, apunta las sospechas sobre este procedimiento irregular. Además, en las conversaciones grabadas al jefe de la trama por el autor de la denuncia original que dio lugar a la investigación (José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda), Correa sostenía que actos electorales del PP en Madrid se pagaban con dinero adjudicado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la red Gürtel. El PP lo negó.

LA FILIAL VALENCIANA DE LA TRAMA.- - La contabilidad de la filial valenciana de la trama. En la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, la policía halló todo el historial de las relaciones de esta empresa con el PP y encontró numerosos apuntes en su contabilidad sobre pago en dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps. Además, la policía cruzó los datos de la documentación incautada con las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente y ex número dos del partido, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido en esa comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla; y la tesorera regional. La investigación, resumida en un informe de cientos de páginas, apunta directamente a la financiación ilegal del PP valenciano. Los líderes de esta formación explicaron al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que el control de sus finanzas correspondía a la dirección nacional del partido y, en concreto, al tesorero Luis Bárcenas.

LAS CUENTAS DEL PP GALLEGO DE FRAGA.- - La caja de seguridad con las cuentas del PP en Galicia. En una caja de seguridad de la sucursal de un banco en Pontevedra, la policía halló documentos de Pablo Crespo, el número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e incluso la existencia de facturas falsas.

FRAUDE AL FISCO.- Además de estas evidencias, el juez también cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre la situación patrimonial de una decena de altos cargos del PP, entre ellos los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo (ex consejero de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco y cuatro ex alcaldes. En todos los casos, la Agencia Tributaria concluye que han cometido fraude fiscal en relación con el cobro de las comisiones ilegales no declaradas por 3,8 millones. Hace El País otro apartado que titula lo que la trama defraudó al fisco: Alfonso Bosch: 250.000 euros, Alberto López Viejo: 352.000 euros, Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros, Alcalde- Arturo González Panero: 642.000 euros, alcalde Ginés López: 534.000 euros, alcalde Jesús Sepúlveda: 455.000 euros. Y por último, los que denomina cargos intermedios: Tomás Martín Morales: 450.000 euros, Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros, y los Cabecillas de la red Gürtel: Francisco Correa: 38,5 millones de euros, Álvaro Pérez: 330.833 euros, Pablo Crespo: 539.120 euros.

LA INFORMACIÓN DE PÚBLICO.- En cuando a la información que hoy proporciona el diario Público, destaca que detrás de los casos Gürtel, Fundescam y Palma Arena, escándalos de presunta corrupción que han salpicado al Partido Popular en el último año, no sólo han aflorado comportamientos poco transparentes de militantes y destacados dirigentes conservadores. Lo que más preocupa a la formación presidida por Mariano Rajoy son los informes judiciales y policiales que desvelan la financiación ilegal del partido y que tienen en el punto de mira a los conservadores de Balears, Valencia, Galicia y Madrid. Sigue diciendo que, a tenor de lo que señalan estos documentos, la tesis de la dirección nacional del PP de que no se está "ante una trama organizada de financiación irregular del Partido Popular, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular", esgrimida desde el estallido del caso Gürtel, podría tambalearse. El levantamiento del secreto del grueso del sumario de la Gürtel, previsto para mañana lunes, será clave para conocer si, tal y como sostiene la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "esto no es Filesa", en alusión a la trama de financiación ilegal creada por el PSOE a finales de los ochenta.

FACTURAS FALSAS EN BALEARES.- Hasta la fecha, las últimas pruebas sobre posibles irregularidades en las cuentas del partido se pusieron sobre la mesa el pasado martes, cuando el juez encargado de la instrucción del caso Palma Arena hizo público un auto en el que se confirma que, para sufragar un mitin de Rajoy en Palma en 2007, en plena campaña para las elecciones autonómicas, se utilizaron fondos públicos. El pago de las facturas que generó este mitin fue realizado por la Fundación Illesport. Dependiente del Govern, la citada fundación pagó además, según el auto del juez José Castro, "facturas falsas" a la empresa de publicidad Nimbus, la adjudicataria de cabecera de la era Matas, cuyo importe iba en realidad al PP. El modus operandi no era una peculiaridad balear. Es precisamente este mismo método, el del desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares con empresas privadas, el que presuntamente empleó la trama Gürtel para hacer frente a actos del PP en Madrid y en la Comunitat Valenciana. A continuación, se profundiza en los casos en los que informes judiciales y policiales han puesto la financiación del PP en el punto de mira.

MITIN DE RAJOY.- Dinero público para pagar un mitin de Rajoy. Cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo en un acto político en Palma en noviembre de 2004 "vamos a intentar hacer en España lo que Jaume [Matas] y todos vosotros hicisteis en Baleares", en alusión al cambio político en las islas, no se imaginaba el desenlace de los hechos. Ahora, seis años después, su "amigo" Jaume tiene que reunir tres millones de euros antes del miércoles para evitar la prisión por su implicación en el caso Palma Arena. Y las primeras investigaciones apuntan a que, en la era Matas, la formación se financió ilegalmente. El mismo auto en el que el juez Castro concluye que "Matas ha venido a burlarse de los simples mortales" desvela poca transparencia en las cuentas del partido. Según la resolución judicial, fue la fundación pública Illesport la que se hizo cargo de correr con parte de los gastos que acarreó un mitin de Mariano Rajoy en mayo de 2007 en el Palma Arena. Existen dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo y otra de 1.769 por servicios de seguridad. Las facturas, según el texto judicial, "corresponden a servicios particulares del Partido Popular pagadas con fondos públicos". Todo, pese a que se trató de un acto de partido.

LAS OPERACIONES DE NIMBUS.- Un asunto menor comparado con el papel de la agencia Nimbus a la hora de camuflar facturas ha quedado demostrado en el auto del juez Castro. La firma, cuyo representante legal está imputado, fue la adjudicataria, por cerca de un millón de euros, de la campaña de promoción del campeonato de ciclismo del velódromo Palma Arena. Es lo que el juez llega a calificar de "cúmulo de casualidades". Y es que el escrito revela que la empresa corría en realidad con gastos del partido. El auto refleja que en los registros practicados en la sede de Nimbus fue localizada una contabilidad paralela en dinero B relativa a los pagos del PP. "Si la venta va por B como al PP, no se pone", recogía uno de los documentos. Otros aludían a "no facturar" o hacerlo "a coste cero". De hecho, Miguel Romero, imputado en este caso y representante de Nimbus, confesó ante el juez que parte de los servicios prestados al partido durante la campaña de 2007 "no los facturó oficialmente" al PP. Servicios que dijo haberlos cobrado "en negro". Fernando Areal, cuñado de Matas y gerente del partido por aquellas fechas, era el encargado de realizar los pagos. También reconoció "que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas facturas por cuñas publicitarias de la campaña con objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales". El juez Castro cree que estas irregularidades constituyen un delito electoral.

EL ESCENARIO VALENCIANO.- Nimbus sería al PP de Balears lo mismo que Orange Market al PP valenciano. Esta última empresa, filial de la trama Gürtel en la Comunitat, y sus relaciones con los hombres de Francisco Camps ocupan gran parte de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía. Según se desprende de las conclusiones de los investigadores, la empresa, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, sirvió como vía para la financiación ilegal de la formación. Todo, con el conocimiento de la cúpula regional del partido, con su entonces secretario general, Ricardo Costa, a la cabeza.

DOBLE CONTABILIDAD.- El informe desvela una doble contabilidad para facturar los servicios prestados al PP, una oficial y otra en dinero B. "No existe transparencia en las actividades económicas de-sarrolladas por Orange Market en relación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", reza el informe. Según los investigadores, Orange Market, una de las máximas adjudicatarias de actos de la Generalitat, facturó a cinco conocidos empresarios de la Comunitat eventos que había organizado para el PP. A cambio, El Bigotes se beneficiaba de más contratos con la Generalitat. Y los empresarios que se prestaban obtenían cuantiosas concesiones públicas. El informe adjudica a Ricardo Costa, ahora suspendido de militancia en el PP, el papel de "canalizador de los pagos". El modus operandi era el siguiente: la factura correspondiente a un acto del PP era sustituida por otra que se emitía a nombre de una empresa privada cambiando el concepto. Este informe fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en julio de 2009, pero este no lo tuvo en consideración. Dos meses más tarde, los socialistas presentaron una querella contra el PP ante el TSJCV basándose en los datos de este informe. El 15 de febrero, el tribunal se declaró incompetente, puesto que el caso está en manos del TSJ de Madrid. Pero reconoció que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".

GURTEL EN MADRID.- Varios archivos almacenados en un lápiz de memoria del que se incautó la policía en un piso de seguridad de la trama Gürtel en Madrid ponen de manifiesto la doble facturación de la formación presidida por Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales en 2003. Y en este caso, Special Events, la empresa matriz de la trama corrupta realizó un papel similar a Orange Market, su filial en la Comunidad Valenciana. La encargada de realizar los pagos, como ocurría con Illesport en Balears, fue la fundación Fundescam, creada en 2000 y perteneciente al propio partido. El mismo informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que desvela la financiación ilegal del PP valenciano pone de manifiesto que Fundescam corrió con los gastos de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. La del 25 de mayo y después, tras el episodio del tamayazo, la del 26 de octubre. La forma de burlar la ley electoral y así poder gastar más dinero de lo permitido era la siguiente: Special Events organizaba actos para el PP de Madrid que pagaba Fundescam. Y para maquillar esta práctica, la empresa de la trama emitía facturas que nada tenían que ver con el concepto real. Es decir, no podía aparecer por ningún lado que se trataba de actos de partido. Estos hechos habían sido desvelados por Público meses antes de que la policía redactara su informe, basándose en el hallazgo del pen drive.

FONDOS DE FUNDESCAMP.- En el citado lápiz de memoria, la policía encontró dos hojas de cálculo de Special Events con las siguientes denominaciones: "Facturación P. P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls". Este último documento, en el que aparece el apellido del ex tesorero del PP, imputado en este escándalo de corrupción, es clave para determinar que las facturas no se emitieron por conceptos reales. Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios, entre otros de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Con una aportación de 246.000 euros, el presidente de la patronal encabezaba la lista de hombres de negocios que hicieron aportaciones a Fundescam. En total, la fundación llegó a recaudar cerca de 800.000 euros. Como ocurrió en la Comunitat Valenciana, el círculo se cerraba cuando las aportaciones de estos empresarios eran correspondidas por el Gobierno de Aguirre mediante la adjudicación de contratos.

EL PP GALLEGO.- El PP de Galicia se sumó a los dolores de cabeza de Rajoy a cuenta del caso Gürtel. El PP gallego había pagado 3,2 millones de euros en dinero negro entre abril de 1996 y septiembre de 1999. Los beneficiarios de esta cantidad fueron proveedores que se dedicaron a organizar eventos para la formación que por entonces presidía Manuel Fraga y que tenía a Pablo Crespo como secretario de Organización. Actualmente en prisión, a Crespo se le considera la mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. La policía llegó a esta conclusión después de analizar la documentación encontrada en una caja de seguridad de una oficina del Banco Santander en Pontevedra. El registro se practicó en febrero de 2009 por orden judicial. Por estas fechas el ex número tres de Fraga ya estaba en prisión. El caso Gürtel empezaba a causar problemas al partido. Los documentos incautados reflejaban que los gastos del PP de Galicia en el citado periodo ascendieron a 6,1 millones de euros. Y que 3.224.826, más de la mitad, se pagaron en negro. De hecho, entre los papeles se encontró una relación incompleta de acreedores que habían organizado actos de la formación. Pero el partido no tenía ni un sólo recibí. Entre los acreedores, dos nombres eran ya familiares. Se trata de Special Events y FCS, del conglomerado de Correa.

UN LÍO MORROCOTUDO.- Las conclusiones de los investigadores apuntan que este modo de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política". Días después de que este escándalo viera la luz, Crespo venía a confirmar las irregularidades. En una conversación con su abogado intervenida en prisión, Crespo no ocultaba su preocupación: "El lío que se puede montar es morrocotudo", admitía mientras se preguntaba cuándo prescribían este tipo delitos. Una reciente decisión del TSJ de Madrid ha invalidado las escuchas realizadas en la cárcel a los presos de la Gürtel, de forma que la financiación ilegal del PP de Galicia puede quedar fuera del sumario. Pero los documentos están ahí y, una vez conocidos por la opinión pública, no son tan fáciles de borrar.