SE RETRASA UN DÍA LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO GURTEL, FABRA, TRAS JAUME MATAS Y LA GURTEL

SE RETRASA 24 HORAS EL SUMARIO DE GURTEL.- El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado para mañana martes a las partes personadas en la causa para facilitarles las claves de entrada al portal web, en el que tendrán acceso a los 50.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto. El magistrado, que desde hace un año investiga una trama de corrupción ligada a altos cargos del PP, ha dictado una providencia en la que comunica a los imputados y las acusaciones que mañana, a partir de las 9.00 horas y hasta las 14.00 horas, deberán comparecer en el tribunal para recoger "en sobre cerrado" la identificación de la dirección de la página web y sus contraseñas de acceso. Antonio Pedreira ha considerado que este método es el mejor para dar traslado a las partes del contenido del sumario, dado "el ingente volumen de documentación intervenida o requerida a diversas entidades públicas y privadas", y que además garantiza los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, al ser accesible sólo a los usuarios registrados. Los imputados y las acusaciones tendrán así acceso a la parte de la investigación que se ha instruido en ese tribunal, ya que Pedreira levantó a principios del pasado mes de octubre el secreto del sumario sobre las actuaciones llevadas a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Entonces se entregó a los procuradores un DVD con las actuaciones, pero en esta ocasión el TSJM ha dispuesto un 'entorno web' al que los abogados podrán acceder con unas claves personales para consultar la causa.

ESCUCHAS ILÍCITAS.- Entre las actuaciones que salieron a la luz en octubre pasado, figuraban las conversaciones que los tres acusados que permanecían en prisión en ese momento -el considerado responsable de la trama, Francisco Correa, y sus dos principales colaboradores, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- habían mantenido con sus abogados en el centro penitenciario. Posteriormente, el TSJM ha considerado "ilícitas" esas escuchas al estimar que vulneraron el derecho de defensa y ha ordenado que queden sin efecto, lo que ha obligado a Pedreira a "expurgar" del sumario las actuaciones derivadas de las conversaciones anuladas. Este martes podría conocerse una lista actualizada de los cerca de 80 imputados en el caso, cifra que puede verse "adelgazada", algo que ya ocurrió coincidiendo con el anterior levantamiento parcial del secreto, cuando se retiró la acusación a varias personas que participaron en actividades supuestamente ilícitas por desconocimiento o siguiendo instrucciones. La parte del sumario que las partes podrán conocer ahora contiene, entre otras cosas, las actas de las declaraciones que Correa, Crespo y Sánchez prestaron ante Pedreira, que les interrogó nada más asumir la causa después de que Garzón se inhibiera en su favor. Se sabrá así si en las más de tres horas que Correa permaneció en el despacho del magistrado el 30 de abril del año pasado aportó o no datos nuevos acerca del funcionamiento de la trama. El instructor interrogó semanas después a Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama y que, según informaron en su día fuentes del TSJM, colaboró "estrechamente" con la investigación de los hechos.

COMISIONES ROGATORIAS.- Durante el año en el que ha estado investigando el caso, el juez ha cursado una quincena de comisiones rogatorias a países como Suiza, Mónaco, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá para tratar de averiguar el destino del dinero supuestamente desviado por la red de corrupción, pero éstas seguirán bajo secreto de sumario para no perjudicar las investigaciones. Quienes no han aportado ningún dato a los investigadores han sido los cargos institucionales del PP imputados, porque tanto los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -que siguen en la Asamblea de Madrid como no adscritos- como los alcaldes o ex regidores de localidades como Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés Lopez) o Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda) se negaron a declarar. Pero Pedreira no ha limitado sus pesquisas a Madrid, ya que en la causa figura un informe policial -llamado 'Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana'- que habla de una doble facturación de cada uno de los eventos que la citada empresa organizaba para el partido en esa región. Entre las actuaciones que no se conocerán a partir de este martes están las relacionadas con el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas y con el diputado Jesús Merino, que se tramitan en el Tribunal Supremo, que el pasado 17 de marzo prorrogó por octava vez, y por un mes, el secreto de la causa.

LOS BIENES EMBARGADOS.- En una providencia hecha pública este lunes, el juez Pedreira asegura que la ingente cantidad de documentación del sumario (se podrían desclasificar más de 50.000 folios) ha imposibilitado cumplir con el plan previsto y entregar hoy toda la información a las partes. Hoy se ofrecerá a los abogados de los imputados y a las demás partes las claves para acceder al servidor informático donde se va a publicar el contenido del sumario, pero no podrán consultar el mismo hasta las 9 de la mañana de mañana martes. Por otro lado, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pretende pagar la fianza de 86 millones de euros que le ha impuesto el juez con el importe de los bienes que ya tiene embargados. Pedreira requirió el pasado miércoles a Correa y otros destacados miembros de la red (entre ellos, Álvaro Pérez, el Bigotes, y la ex esposa de Correa) para que aportaran una fianza global de 116 millones de euros por dinero no declarado al fisco y procedente de actividades supuestamente ilícitas. El juez Pedreira dio a todos ellos un día de plazo para que las abonasen.

FIANZAS A DETERMINAR.- Según fuentes de las partes, no hay constancia de que ninguno haya abonado aún una fianza orientada a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual condena. Las fianzas impuestas están basadas en un informe de la Agencia Tributaria sobre cuotas correspondientes al IRPF e impuesto de patrimonio no abonadas por Correa y otros implicados de la red corrupta entre los años 2002 y 2007. El abogado de Correa, José Antonio Choclán, señaló ayer a El Mundo que su cliente carece de dinero para satisfacer esa fianza. "Obviamente, no hay capacidad de pago", argumenta Choclán. "En todo caso, hay una pluralidad de bienes trabados que habrán de tasarse para determinar si son suficientes para cubrir la fianza, en cuyo caso ésta ya estaría constituida". El letrado se refiere a las sociedades cuyas cuentas y bienes están bloqueados por la Justicia debido a que los investigadores del caso Gürtel sostienen que pertenecen a Correa a través de testaferros. Según informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel, Correa no ha declarado ningún ingreso al fisco desde hace más de diez años. Pese a las decenas de millones de euros de dinero de procedencia ilícita que han movido sus empresas en la última década, el cerebro de la red lleva escondido por completo de Hacienda desde 1999. No ha declarado nada: ni rendimientos de actividades económicas o patrimoniales ni IRPF. Sin embargo, Don Vito, como le gustaba ser llamado entre sus subordinados, está detrás de más de una veintena de sociedades, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales y que presuntamente utilizaba para blanquear el dinero ilícito que obtuvo de, entre otros chanchullos, comisiones de empresas a las que conseguía contratas de Administraciones públicas gobernadas por el PP.

UNA VEINTENA DE IMPUTADOS.- Según la investigación policial y de Hacienda, Correa sólo tiene acceso a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad FCS, Formación, Comunicación y Servicios. Las iniciales de esta sociedad, de la veintena que se cree posee, coinciden "curiosamente" con su nombre, Francisco Correa Sánchez. Esta sociedad, carente de actividad, figura como titular de un piso y una plaza de garaje en Madrid. Inicialmente, a Correa sólo se le pudo embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre, pero después el juez Pedreira le ha encontrado ocultos en Suiza 18 millones de euros. A quien sí le han sido halladas propiedades es a su ex esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que está imputada y a quien Pedreira también le ha impuesto una fianza de 800.000 euros por responsabilidad pecuniaria. Tiene embargados al menos cinco vehículos de gran cilindrada (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln) y un piso. Garzón intentó, sin éxito, embargar bienes de Correa a través de los registros de la propiedad de Barcelona, Las Rozas y Majadahonda (Madrid), Marbella (Málaga), San Roque y Algeciras (Cádiz), Altea (Alicante), Cambados (Pontevedra) e Ibiza. La red Gürtel ha salpicado de lleno a una veintena de cargos del PP (alcaldes y diputados regionales de Madrid, Valencia y Castilla y León), además del corazón financiero del partido, cuyo ex tesorero está también imputado.

MATAS, GURTEL… FABRA… Para muchos ciudadanos, el caso Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es un escándalo de inoperancia judicial con pocos precedentes, tanto por su amplitud como por su duración. El Caso Fabra se añade, de este modo, a los escándalos de Jaume Matas y de los alcanzados por el Caso Gurtel, todos destacados dirigentes del PP. Los datos que este lunes ha proporcionado el diario El País, que de vez en cuando ha recordado al personaje y sus “hazañas” , señalan ahora que la investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos. Y los datos que aporta son elocuentes: Los bancos tardaron más de dos años en detallar sus movimientos; Hacienda detectó un desfase de 600.000 euros en su patrimonio en 1999; en el periodo auditado figuran 240 entregas de dinero en metálico, y también ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por 2,7 millones de euros…

EL PP SE ABSTIENE.- Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra. Indica el informe periodístico que durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público. En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes.

INGRESOS IRREGULARES.- Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas. Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.

OTRAS VÍAS DE INGRESOS.- Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual. Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra. El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra. Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra.

CIENTOS DE OPERACIONES BANCARIAS.- Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.

CONCLUSIONES ACUSATORIAS.- Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también. Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete. Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.