EL MIÉRCOLES, ENCUENTRO ZP-RAJOY.- El más reciente encuentro entre loa dos políticos más relevantes, Zapatero y Rajoy, se produjo con ocasión del funeral por las tres víctimas militares de un helicóptero de actuación humanitaria en Haití. Viajaron juntos en el helicóptero del presidente, pero aseguran que no abordaron ninguna otra “materia de actualidad”. Es posible, en cambio, que acordaran reunirse pronto, y ahora se anuncia ya la siguiente sesión de trabajo entre ambos, el próximo miércoles. día 5, en el Palacio de la Moncloa. Cabe recordar que la última reunión “formal” entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición en la Moncloa tuvo lugar el 14 de octubre de 2008, cuando Rajoy comprometió su apoyo al Ejecutivo para poner en marcha el plan de rescate para el sector financiero. La reunión que ahora se anuncia será la tercera de esta legislatura y la undécima entre ambos, y se cree que servirá para analizar el préstamo de ayuda a Grecia y la situación del sistema financiero español, según han informado fuentes del Ejecutivo.
INICIATIVA DEL PRESIDENTE.- La reunión se iniciará a las 10.00 horas, y tendrá lugar a iniciativa del presidente del Gobierno, que telefoneó el pasado sábado a Mariano Rajoy para proponerle este encuentro pendiente desde hace meses. En principio, la agenda del encuentro se limita a la ayuda financiera a Grecia y a la evolución del sistema bancario español, pero las fuentes no descartan que Rodríguez Zapatero y Rajoy puedan tratar otros asuntos. Los 9.800 millones de euros con los que España debe contribuir al préstamo para salvar a Grecia de la bancarrota son sólo la espoleta que ha inducido por fin al presidente del Gobierno a proponerle una cita al líder de la oposición. Con este argumento, Zapatero tendrá la oportunidad de discutir a solas con Rajoy acerca de la grave situación de la economía española. El presidente optó por evitar un encuentro con el líder del primer partido de la oposición cuando anunció la creación de la llamada Comisión Zurbano. En aquel momento, Zapatero consideró que una reunión sin resultados sería "institucionalmente perjudicial". El presidente confiaba entonces en la posibilidad de alcanzar un paquete de acuerdos importantes con los distintos grupos políticos para relanzar la economía e impulsar la creación de empleo. Faltó su implicación personal en aquellas negociaciones.
ASUNTOS PROBABLES.- Ahora, los magros acuerdos de Zurbano, la deriva de la deuda y el déficit y los riesgos de contagio por la crisis griega se suman a la extrema lentitud del proceso de reordenación bancario, que no parece que vaya a estar listo para el mes de junio como preveía el Ejecutivo. Todas estas variables parecen haber inducido al presidente del Gobierno a dar por fin el paso de reunirse a solas con Rajoy. Luego, está por ver si abordan alguna otra cuestión pendiente, como la renovación del Tribunal Constitucional y la sentencia pendiente de esta institución sobre el estatuto catalán. La actitud que adopte el TC es probable que pese de manera decisiva sobre las elecciones autonómicas y sobre los correspondientes partidos de Zapatero y de Rajoy, el PSS-PSOE y el PP. El primero ya observa problemas de relación interna con su grupo catalán, y el segundo podría ser objeto de una indeseable marginación por las restantes fuerzas políticas catalanas, que lo consideran causante de la paralización y eventual recorte, del Estatuto catalán...
LA FOTO DE ESTE MIÉRCOLES.- Salvo sorpresas, es probable que del encuentro que este miércoles mantendrán Zapatero y Rajoy en la Moncloa sólo lleguemos a tener la correspondiente fotografía del encuentro, en las escalerillas del palacete y en los sillones del despacho presidencial. ¿Habrá explicaciones de lo tratado? En el anuncio ha habido notable parquedad: hablarán del rescate griego, la participación española en ese rescate, y el proceso de unidad de las cajas de ahorro. Sin duda son dos cuestiones relevantes, pero que parece que pretenden marginar a otras cuantas más, no menos apasionantes: en particular, las reformas contra la crisis y el apoyo del PP a tales propuestas del gobierno, el pacto educativo, la renovación del Tribunal Constitucional, y qué podría suceder en Cataluña si finalmente los magistrados recortan de manera importante, como se viene anunciando, ese Estatut a un tiempo vigente y en examen...
Pero hay una mínima satisfacción, por lo menos, porque ambos dirigentes, pese a la crispación que suelen tener sus discursos, por lo menos se citan para mantener un intercambio de opiniones. Además, cabe suponer que algunas de esas cuestiones ausentes aparecerán en el diálogo, lo lleguemos a saber o no.
GRECIA Y LAS CAJAS.- Pero, en materia de Grecia y de Cajas, no parce que vaya a haber demasiadas sorpresas. En materia de apoyo al rescate griego, Rajoy ya hizo su propia rectificación. Después de un sarcasmo inicial -tendremos que pedir un crédito para aportar dinero a Grecia, dijo primero-, luego se apuntó con entusiasmo a la salvación de Grecia y del euro... En cuanto a las Cajas, precisamente uno de los procesos de fusión que más problemas están originando es el de las cajas gallegas, y en esa materia, Rajoy pudiera hacer un gesto a su correspondiente Núñez Feijoo, empeñado en alentar la fusión entre cajas gallegas, nada más. Las exigencias de Caixanova y su jefe Gayoso están torpedeando la fusión con Caixa Galicia, que insiste en negarse a una unión que no sea equilibrada. Feijoo contempla el espectáculo pero prefiere no intervenir... Y Fernández Ordóñez también muestra ya la impaciencia que le origina esta situación de impasse, una más entre las muchas que se observan en los procesos de fusión de cajas.
En cuanto a los asuntos que podrían quedar marginados del encuentro, es probable que ambos políticos repasen el acuerdo alcanzado en su entrevista anterior, cuando pactaron una renovación del TC que fue imposible por la obstinación del PP de designar a dos personajes perfectamente caracterizados por su adscripción política conservadora.
RENOVACIÓN DEL TC.- Pero es probable que Rajoy-Trillo se obstinen en mantener esas candidaturas, o lo que es lo mismo, que la renovación sea imposible hasta que los magistrados del TC alcancen un mínimo acuerdo para confeccionar una sentencia que no complacerá a casi nadie... ¿Y del Pacto educativo? Rajoy ya se mostró contrario a sumarse a las propuestas de Angel Gabilondo, que consideró “partidistas”. ¿Y la corrupción? ¿Y el patrimonio pretendidamente sospechoso de José Bono? ¿Y los acuerdos contra la crisis y el paro? ¿Y los brotes verdes que se empeña en negar el PP?
Tal vez algún día sepamos lo que sucederá este miércoles en el despacho presidencial de la Moncloa...
EL PP CONTEMPLA EL RELEVO DE CAMPS.- En las últimas semanas se viene especulando con el futuro político y hasta con la vida pública de Francisco Camps. Desde algún medio informativo se da cuenta este mismo lunes de que la actual alcaldesa Rita Barberá, puede ya haber sido advertida de que este disponible para sustituir a Camps en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Y como suele decirse, “no se habla de otra cosa”. En la calle Génova, sede del PP, existe una indisimulada preocupación con el futuro del presidente valenciano Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. En realidad, los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil.
CAMPS AL BANQUILLO.- El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio-, y ninguna prueba sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano, y por tanto, no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
LOS CASOS A DEPURAR.- El primero de estos casos en ser considerado va a ser el caso de “los trajes regalados” . El próximo 12 de mayo. el Tribunal Supremo decidirá si Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. A cambio, Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo. Segundo asunto pendiente: La presunta financiación ilegal del PP valenciano. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
EL VIAJE DEL PAPA A VALENCIA.- Tercer asunto: el de los contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos. Y cuarto asunto: El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta los detalles de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.
PRESIONES DE TRILLO.- Frente a esta adversa realidad, que desde el PP se ve muy problemática, en Génova se ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad-, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes. Se asegura que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de “orientar” esa decisión de los jueces. Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá, y habrá toda una catarata de decisiones parecidas entre sus “leales”. La dirección parece preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. Pero, pese a la preocupación , en el PP se afronta la estrategia con una tranquilidad de fondo, absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia.
MÁS DE TRES MILLONES DE FUNCIONARIOS.- Los dirigentes sindicales aprovecharon la fiesta del Primero de Mayo -la fiesta de los desempleados, la rectificó alguien, este año, en atención a los 4,6 millones de parados- para hacer unas primeras advertencias al jefe del gobierno: Ojo con las medidas de austeridad que el Gobierno empieza a anunciar y aplicar, consistentes en recortar altos cargos y empresas pùblicas. No se descarta que pudieran continuar por alguna decisión sobre, por ejemplo, los funcionarios públicos, los del Estado y los de las Comunidades Autónomas, que han continuado creciendo sin pausa pese a la crisis de los dos últimos años. Por primera vez, el número de trabajadores al servicio de alguna de las administraciones públicas ha roto la barrera del 20% de los asalariados. O dicho con otras palabras, la famosa EPA, Encuesta de Población Activa, del primer trimestre, refleja otro dato inquietante: los 3.088.400 trabajadores que están empleados por el Estado, lo que representa, exactamente, el 20,2% de la población ocupada por cuenta ajena. Esto significa que desde que comenzó la recesión -primer trimestre de 2008- el sector público, incluyendo tanto el administrativo como el empresarial, ha aumentado sus plantillas en 215.200 empleados. En el primer trimestre de este año, incluso, ha crecido en 22.700 empleados, dando lugar al segundo mayor registro de todo los tiempos tras los 3.101.900 trabajadores alcanzados en el tercer trimestre del año pasado. Por el contrario, en el sector privado se ha producido una impresionante caída del empleo, como pone de manifiesto que en apenas dos años la economía española ha destruido nada menos que 1.779.300 puestos de trabajo asalariado.
EXPLOSIÓN DE EMPLEO PÚBLICO.- La explosión del empleo público en los últimos año, como observaba Carlos Sánchez en El Confidencial, ha sido, sin embargo, poco homogénea. Y eso explica que en la España de las autonomías convivan regiones, como Extremadura, donde nada menos que el 33,3% de los asalariados trabaja para la Junta, mientras que es Cataluña este porcentaje se reduce al 16,1%. Es decir, menos de la mitad. El caso extremeño, explica el referido periodista, es especialmente significativo debido a que ni siquiera en los años de fuerte expansión económica -2006 o 2007-, el empleo público se ha situado por debajo del 30% de la población asalariada en la región. Esto quiere decir que no se trata de un hecho extraordinario que responda a una estrategia de política económica para esquivar de la recesión, sino que hay que vincularlo a un fenómeno de carácter estructural que hace que uno de cada tres extremeños trabaje para el gobierno que dirige el socialista Guillermo Fernández Vara. De hecho, desde que comenzó la recesión el empleo público extremeño ha crecido dos puntos porcentuales, hasta el citado 33,3%. El caso extremeño no es solamente peculiar por la cantidad de empleo público, sino también por su falta de calidad: Según la Encuesta de Población Activa nada menos que el 35,6% de los asalariados del sector público de Extremadura tiene un contrato temporal.
MUY SUPERIOR A LA MEDI NACIONAL.- Se trata de un porcentaje incluso muy superior a la media nacional (23,7%), incluyendo empleo público y privado. Para hacerse una idea de lo que representa esa cifra sólo hay que tener en cuenta que en La Rioja el porcentaje apenas llega al 14,7%. Es decir, 21 puntos porcentuales menos. La intensa utilización de la contratación temporal en Extremadura parece tener que ver con una forma de salvar las restricciones presupuestarias, lo que permite contratar aunque no haya crédito aprobado. Como consecuencia de todo esto, se produce un fenómeno sin parangón respecto de otras regiones del país. Extremadura cuenta con una población activa (suma de los ocupados y los parados) equivalente a 486.100 trabajadores, pero únicamente 195.800 (apenas el 40%) trabaja para el sector privado. El resto o está empleado en la Junta o se encuentra en situación de desempleo. Y no hay que olvidar que aquellos que reciban una prestación económica cobran, por lo tanto, de la Administración central.
OTRAS COMUNIDADES.- Los datos de la EPA reflejan, igualmente, que otras dos comunidades autónomas gobernadas desde hace casi 30 años por el Partido Socialista -Castilla-La Mancha y Andalucía-, son las que tienen mayor proporción de empleo público: 26,1% en el primer caso y un 23,5% en el segundo. En el lado contrario se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, donde menos del 17,2% de los asalariados trabaja para el gobierno regional. Incluso Madrid, donde se concentra gran número de funcionarios vinculados a los servicios públicos centrales del Estado: fuerzas armadas, judicatura o departamentos ministeriales, tiene menos empleados públicos que la media del país, lo que indica el perfil eminentemente privado de la actividad económica en la región. El caso contrario es el de Ceuta y Melilla, pero su singularidad territorial puede explicar que en el primer caso el empleo público represente nada menos que un 53,3% de la población asalariada, mientras que en Melilla el porcentaje es del 48,9%. Es decir, que la mitad de los ocupados en ambas plazas trabaja para el Estado.
¿Se atreverán os cargos políticos a meter la tijera en el voluminoso censo de funcionarios públicos? Los sindicatos tiemblan, ante la mera posibilidad...
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