RUZ PIDE IDENTIFICAR LOS TELÉFONOS DEL CASO FAISAN. EL ENCUENTRO DE ZAPATERO Y MERKEL. GUERRA INETRNA POR EL CANDIDATO PSOE

LOS TELÉFONOS DEL CASO FAISAN.- Desde hace un par de años, el Caso Faisán viene reclamando muy abultadas atenciones. Ahora, tras el relevo del juez Garzón primero por el juez Grande Marlaska, y ahora por el juez Pablo Ruz, este juez de la Audiencia Nacional ha ordenado identificar a los usuarios de los teléfonos del Ministerio del Interior que hablaron con los implicados en el chivatazo policial con el que se alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006. Ruz pide a la policía que explique por qué no incluyó esos números en su informe. Los tres teléfonos pertenecen a la Subsecretaría de Interior y desde ellos se intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en el aún no explicado 'caso Faisán'. El juez también ha pedido que se amplíe la investigación sobre el tráfico de llamadas de esos teléfonos antes de decidir si cita a declarar o no a sus titulares. Ese tráfico de llamadas se produjo durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2006, el día del chivatazo, hasta septiembre de ese año. La identificación de estos usuarios era una de las peticiones formuladas por la acusación popular en esta causa, Dignidad y Justicia, a la que finalmente no se opuso el fiscal, Carlos Bautista, después de que el juez Ruz decidiera, el pasado 24 de enero, no archivar la causa. En su nuevo auto, el juez considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", por lo que pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa). También les pide que pongan en relación las llamadas realizadas con estos teléfonos con sus anteriores conclusiones y "precisen los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados". Según defendía Dignidad y Justicia, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos G., pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad". Ruz también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
La actuación que ordena el juez Ruz ha reactivado el caso. En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el Gobierno "no tiene ninguna preocupación sobre lo que están averiguando los jueces" y ha apoyado la actuación del Poder Judicial. Ha argumentado que "en un Estado democrático es bueno dejar trabajar a los jueces y no hacer política o pretender desgastes del Gobierno a partir de lo que está ocurriendo en un tribunal de justicia", ha opinado el titular de Justicia, que ha añadido que hay que "respetar los tiempos de la justicia y las decisiones de los jueces". Según ha relatado el diario El País, uno de los teléfonos que ahora se pretende identificar es el móvil particular del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, otro pertenece a la centralita del ministerio y el tercero se desconoce quién fue la persona que lo utilizaba. Añade esta información que otro de los números investigados por el juez es el de la centralita de Interior. También en algunos otros medios informativos, como La Gaceta o en La Razón, se destaca que “uno de los teléfonos investigados por el juez, pertenece al número dos de Interior”, Camacho. Y en El Mundo se indica también que Camacho está en el punto de mira. Entre las nuevas diligencias que el juez ha aprobado figura también la declaración del entonces comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, firmante del primer informe sobre el asunto y que nunca declaró en la causa; así como del comisario provincial de San Sebastián en aquella época, Fernando Amo García. Señala El País que Ruz también ha citado por vez primera a declarar al denunciante del chivatazo, el mencionado José Cabanillas. Se recuerda que el caso Faisán se inició como consecuencia de que una persona, supuestamente relacionada con las Fuerzas de Seguridad, el 4 de mayo de 2006 entregó un teléfono móvil al presunto colaborador de ETA Joseba Elosua a través del cual recibió una llamada que alertó a la red de extorsión los “cobradores” del llamado impuesto revolucionario etarra-, de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. La investigación, iniciada por Garzón, se centró, primero, en los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, en Behobia, junto a la frontera, del que Elosua era propietario y en el que se entregó el móvil. Garzón tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona del Faisán, a 11 policías también como testigos y a otros tres en calidad de imputados. Nadie identificó al agente que pasó el móvil a Elosua. Sucesivamente, la investigación de la filtración ha corrido a cargo de otros magistrados de la Audiencia Nacional. En primer lugar, de Fernando Grande-Marlaska, que suplió a Garzón durante su año sabático; después le fue asignada al propio Garzón, tras reincorporarse, y, finalmente, la está reactivando su sustituto, Pablo Ruz. En octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el archivo de la causa al no hallar indicios suficientes de que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo estuviera detrás de la delación. Dignidad y Justicia, que ejercía la acusación popular, y el PP, que se sumó entonces al proceso, pidieron al juez que encargara a la Guardia Civil la investigación del caso. El lunes 24 de enero, el juez Pablo Ruz ordenó reabrir la causa solicitando nuevas diligencias.
La cuestión es si esta vez llegaremos al final del hilo telefónico, y descubriremos quién estuvo al otro lado del aparato...

EL ENCUENTRO DE ZAPATERO Y MERKEL.- El diario 'Financial Times' publicaba este lunes en portada una larga y aparentemente documentada noticia en la que precisaba que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionaban a Portugal para que aceptara de manera inmediata su rescate financiero y también a España para que se resignara a pedir un crédito bilateral al FMI como medida preventiva ante su posible colapso. Diez horas después de su publicación, nos cuenta La Vanguardia este martes, la prima de riesgo –el indicador que mide la diferencia entre el precio de los bonos a diez años entre Alemania y España– bajaba de 231 a 221 puntos, es decir, se percibía menos riesgo, y la bolsa española se destacaba en positivo del resto de mercados europeos. En definitiva, los mercados habían obviado la información, amplificada por los medios de comunicación de la mañana. Sólo un mes antes, esa misma noticia hubiera prolongado el calvario financiero de la economía española. Ahora sin embargo, los mercados reaccionaron con la frialdad que les viene caracterizando desde que empezara el año (el Ibex, el indicador de la bolsa española, ha cerrado el mes de enero con una subida del 9,6%). La filtración de informaciones destinadas a desestabilizar la capacidad de control de los gobiernos sobre su deuda soberana ha sido algo habitual en el último año. Se dejaba caer la noticia y se desmentía unas horas más tarde. En ese plazo de tiempo, los inversores vendían activos del país, con lo que la profecía se acababa autocumpliendo. Se daba por hecho, además –es todavía una hipótesis muy enraizada– que la crisis era como un juego de dominó. Cuando una ficha (Grecia) caía, arrastraba consigo a otra (Irlanda) y así sucesivamente (Portugal, España). El cómo romper ese círculo de acontecimientos ocupa desde hace semanas a la UE. “Creo que la información del 'Financial Times' describe la situación como era en diciembre. Desde entonces las cosas han cambiado. España ha aprobado algunas de las reformas que había prometido. Y Alemania ha cambiado su actitud. No es la misma Alemania del verano del 2010”, comentaba a 'La Vanguardia' una alta fuente comunitaria. En las últimas semanas Alemania ha dado un perceptible giro en su visión europea. En la cumbre de Davos, Angela Merkel ha declarado: “Si fracasa el euro, fracasa Europa”, en lo que constituye una clara manifestación de adhesión a la causa común. Hay dos maneras de ver ese giro. Para algunos analistas, Merkel, hija de pastor protestante de la Alemania del Este que fue, estaría emulando en el Sur de Europa el papel que Helmut Kohl hiciera con la reunificación alemana. Consciente, por lo tanto, del coste que ello pudiera tener en una opinión pública reacia a estas políticas. Hay una segunda lectura, más impopular, pero más realista: los bancos alemanes –bastante menos capitalizados que los españoles– tienen en su cartera elevadas sumas de deuda periférica, en especial española. Un eventual rescate sería catastrófico para el sistema financiero germano. “Sea como sea, Merkel se ha aproximado a Sarkozy, y hoy se trabaja ya en ampliar el fondo de ayuda europeo con vistas a que sus socios asuman más compromisos”, añade la misma fuente comunitaria. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, llega a la cumbre con Merkel con algunos de los deberes hechos. “En Davos se ha visto a España en el otro lado, consciente de la situación. El rescate parece cosa del pasado”, comentan. En las últimas semanas Zapatero ha desbloqueado la reforma de las pensiones e intentado cerrar un pacto social ambicioso. Finalmente ha entrado en el que parecía el problema más difícil de todos: cuantificar el déficit de capital del sistema financiero español. Y aunque se le ha ido la mano (las cajas todavía están escaldadas) es por todos conocido que a los mercados les va la mano dura. Queda la reforma del sector público. Y desde luego la fórmula para crecer. Pero eso es ya otra historia.

GUERRA INTERNA POR EL CANDIDATO PSOE.- La convención autonómica que el PSOE celebró este pasado fin de semana, y que concluyó con un llamamiento de José Luis Rodríguez Zapatero a los suyos para hablar del futuro de España y menos del futuro del partido, lejos de calmar los ánimos ha desatado aún más la guerra interna entre las familias socialistas, y de la que ya daba cuenta La Gaceta este fin de semana. La filtración de la semana pasada, atribuida al ministro Ramón Jáuregui, y que colocaba a Rubalcaba como claro sucesor del presidente para el cartel electoral de 2012, ha revuelto a buena parte de las federaciones del PSOE que no quieren que “la designación del candidato se nos ponga como plato servido”, según han contado al mencionado periódico fuentes socialistas. Los movimientos se han desatado en el cónclave de Zaragoza, donde, de forma clara, federaciones tan importantes dentro del PSOE como Andalucía, encabezada por José Antonio Griñán, o la catalana, aún en manos de José Montilla –a la espera de que le llegue un relevo tras el batacazo en las pasadas elecciones de noviembre–, se oponen frontalmente a que Rubalcaba asuma la candidatura casi por designación directa de su entorno –Jáuregui es un hombre de su absoluta confianza– y sin pasar por los órganos internos del partido. A estas dos federaciones se suma también el PSM de Tomás Gómez que, gestos públicos de acercamiento aparte, no ha logrado aún cerrar las heridas que se abrieron en las primarias madrileñas con todo el aparato de Ferraz y muy especialmente con el propio Rubalcaba, quien llegó a apuntar y amenazar a Gómez “con consecuencias” por plantarle cara a Trinidad Jiménez. Todos ellos se han paseado y prodigado durante el fin de semana por Zaragoza. Algo que, curiosamente, no hizo el vicepresidente del Gobierno, al que llegaron a recomendarle “airearse poco” por allí, como el lunes contó La Gaceta y tras haber precipitado la semana pasada un debate que ni Zapatero ni los socialistas andaluces, catalanes y madrileños quieren abrir ahora. Cada uno tiene sus razones para hacerlo. En Andalucía, porque “históricamente es la federación más fuerte y ninguna decisión se ha tomado en el PSOE sin contar con nosotros”, según contaron a este periódico fuentes cercanas al presidente andaluz. En Madrid, porque Gómez, que hasta no hace mucho le exigía a Zapatero que anunciase su decisión cuanto antes, no quiere ahora que se abra el debate a las puertas de las autonómicas y “nos pille con el paso cambiado, dejándonos fuera de juego”, según fuentes del socialismo madrileño. Y, lo más importante, en Cataluña, porque, aunque ahora andan sin liderazgo, Carme Chacón es la figura emergente en el PSC y consideran que tiene posibilidades de “hacer carrera en Madrid”, aunque en su entorno insisten en que “no hay prisas”. La ministra de Defensa tiene edad suficiente y un pasado más limpio para asumir una candidatura y hacerse cargo de la dirección del partido para afrontar la travesía de la oposición, según han apuntado a a La Gaceta fuentes socialistas. Apoyando a Rubalcaba quedan territorios como Castilla-La Mancha –que “no juegan claro porque aún están bajo la sombra de Bono”, según contaba a este periódico un dirigente del PSOE–, Extremadura –donde la apuesta de Guillermo Fernández Vara por el vicepresidente le ha costado más de un rapapolvo interno, hasta el punto de recular ayer mismo, una vez más, y decir que “el presidente maneje los tiempos como entienda”– y el País Vasco –donde el vicepresidente tiene un estrecho vínculo no tanto con el lehendakari, Patxi López, y si más con el consejero de Interior, Rodolfo Ares, alguien que está más en el día a día del PSE–. En medio de todos estos sectores, pero dispuesto a acabar con lo que su entorno llama “el hiperliderazgo de Rubalcaba”, está José Blanco. Su papel como vicesecretario general del PSOE , que este mismo fin de semana él ha reclamado con fuerza en conversaciones distendidas con los socialistas de la convención de Zaragoza, le ha llevado a proteger antes que a nadie a Zapatero y después a mediar entre sectores para que no desaten una guerra interna, imparable a estas alturas, y que puede desgastar aún más a un partido ya desecho por las encuestas. Son cada vez más los sectores dentro del PSOE, y especialmente en la dirección, que creen que el vicepresidente “ha asomado demasiado la patita” y que temen además a los riesgos de un cartel electoral con Rubalcaba sobre el que pesan muchas sombras –la última, el caso Faisán, aún por resolverse en la Audiencia Nacional–. Esas mismas fuentes son las que apuntan a Chacón como “la tapada” en toda esta operación de sucesión y a la que no quieren sobreexponer demasiado para no quemarla, toda vez que se da por hecho –como ha dicho el presidente insistentemente en los últimos días– que la decisión no se hará pública hasta que culminen las reformas emprendidas por el Gobierno, allá por otoño. Para entonces, además de otro previo en el mes de marzo que debe aprobar las listas de las elecciones autonómicas y municipales, el PSOE tiene que celebrar un Comité Federal, máximo órgano entre congresos que se encarga, además, de designar al candidato. Hasta entonces, sigue el baile.

LAS CAJAS, SÓLO EN SU CORRESPONDIENTE COMUNIDAD.- Decidido a acabar con las cajas de ahorro tal como las hemos conocido en los últimos 150 años, forzándolas a convertirse en bancos, el Gobierno amenaza con estrechar el cerco sobre aquellas que se resistan a la migración. En efecto, el borrador de Real Decreto-ley que prepara el Ministerio de Economía, y al que se refiere una información de El Confidencial, contempla que aquellas cajas que, por no necesitar de ayudas públicas vía FROB, opten por seguir siéndolo, estarán obligadas a constreñir su actividad comercial al territorio de la Comunidad Autónoma respectiva, según han asegurado a este diario fuentes de toda solvencia conocedoras del citado borrador.. El Gobierno de Rodríguez Zapatero parece haber abrazado la vieja consigna revolucionaria a la hora de resolver el problema de las cajas. La iniciativa se sumaría al otro gran obstáculo que el Ejecutivo pretende obligar a salvar a las cajas que pretendan conservar su estatus: la necesidad de un core capital del 9,5% sobre activos ponderados medios (“entre el 9% y el 10%”, dijo la ministra Salgado en su aparición pública del lunes 24 de enero), un guarismo que contrasta con el 8% que estarán obligados a mantener los bancos, y que es incluso superior al que en la práctica se exige a la banca en la Unión Europea. La obligación de limitar su actividad al territorio autonómico respectivo, iniciativa que podría desaparecer del texto definitivo de un Real Decreto que verá la luz en los primeros días de este mes de febrero, ha provocado la consternación que es de imaginar en aquellas cajas saneadas -las menos-, que, sin haber recurrido a la fórmula de los SIPs, parecen decididas a seguir funcionando operativa y jurídicamente como cajas de ahorro: las vascas BBK y Kutxa, la andaluza Unicaja, la aragonesa Ibercaja y poco más. “¿Cuál es el premio que vamos a recibir quienes hemos gestionado bien y no nos hemos metido en libros de caballerías estos años?”, se pregunta el responsable de una de ellas. “Pues que te arrastre la ola o, si decides quedarte como estás, que acabes convertido en un quiosco de prensa o algo parecido, al no dejarte operar fuera de tu comunidad autónoma”. Ello sin olvidar que ese requisito de core capital del 9,5% hará muy difícil la competencia frente a los bancos. “Así no hay forma de competir”, prosigue la misma fuente. “Es como si la eficiencia o la capacidad de generación de recursos de una caja no valieran nada como indicadores de la calidad del negocio. Y esos obstáculos los pone un Banco de España que ya sabemos cómo gestionó CCM cuando echó a los administradores…”. La cuestión de la limitación territorial citada afectaría gravemente al negocio de las cajas citadas. ¿”Qué podría hacer recluida en el País Vasco una BBK que se ha quedado con CCM precisamente para expandirse? ¿Y qué decir de una Ibercaja sin su poderosa red en Guadalajara y Madrid?”. Para el director general de otra entidad, consultado también por este diario, “esa iniciativa resulta inimaginable, en tanto en cuanto supondría un ataque frontal a la libertad de mercado. Ese no es el camino para impedir que las cajas vuelvan a caer en errores pasados”. ¿Qué hacer, en ese caso, con la red de oficinas que prácticamente todas las cajas han abierto en comunidades ajenas a la suya de origen para ampliar su negocio? La solución, más bien el parche, podría venir, según las fuentes, por el establecimiento de unos topes o porcentajes, de forma que aquellas cajas cuya cuota de mercado en provincias ajenas a su CCAA de origen superara un determinado guarismo pudieran seguir operando con normalidad, viéndose obligadas a replegarse en caso contrario. Un verdadero galimatías, en cualquier caso. Para las entidades que opten por seguir con el estatus de caja de ahorros, el futuro se presenta, pues, ciertamente complicado. El Gobierno ha decidido hacer tabla rasa con el sector tal como lo hemos conocido hasta ahora. “Meterte ahora en un SIP supone contaminar tu balance, que es sano, y heredar problemas que no son tuyos. Por otro lado, la vía de las fusiones, las pocas posibles ya, parece totalmente cerrada. Veremos cómo termina esta aventura, porque no todo el mundo va a poder convertirse en  banco cotizado tan fácilmente, y ahí está La Caixa para demostrarlo”.
AENA Y USCA, CON EL MEDIADOR PIMENTEL.- Aena y el sindicato mayoritario USCA, que representa al 97% de los casi 2.400 controladores que el ente tiene en plantilla, recurrirán finalmente al arbitraje tras no alcanzar un acuerdo este lunes antes de que expirara el plazo para la negociación, que finalizaba esta medianoche. aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) acordaron el pasado día 11 designar al ex ministro de Trabajo José Manuel Pimentel como árbitro para mediar en aquellos puntos de la negociación sobre el convenio colectivo en los que no logren un consenso. Tras no alcanzar este lunes un acuerdo dentro del límite que se había fijado la mesa de negociación del II convenio colectivo, AENA y los controladores han fijado una cita para el martes con el ex ministro Pimentel ,según ha anunciado El País, para que sea éste el que tome las riendas de la negociación, en la que estará asesorado por dos abogados que representan a las partes implicadas. Ambas partes se reunieron este lunes en un último intento por cerrar los flecos de la negociación en una jornada maratoniana de reunión, aunque finalmente el encuentro terminó sin acuerdo. Ante esta falta de consenso, el ex ministro Trabajo dispondrá de un mes, hasta el próximo 28 de febrero, para emitir el correspondiente laudo (sentencia), que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable, sobre las materias que no hayan sido acordadas en la mesa de negociación del convenio colectivo. Tras un día de reuniones, no ha habido acuerdo entre Aena y Usca, que han apurado al máximo el plazo para negociar el nuevo convenio colectivo del sector, que llevan más de un año discutiendo. A dos horas de cumplirse el límite, fuentes del sindicato del gremio, el USCA, daban por hecha la necesidad de recurrir al arbitraje. Ahora es el turno del ex ministro de trabajo con el Partido Popular Manuel Pimentel, quien deberá emitir antes del 28 de febrero un laudo sobre las materias en las que no se ha llegado a un pacto. La jornada laboral es uno de los puntos sensibles, junto con el salario, que alimentó la huelga de los controladores durante el puente de diciembre, que terminó con el estado de alarma y la presencia de militares en las torres de control. Tras más de un año de conversaciones y conflicto, la jornada y reparto de la masa salarial (una media de 200.000 euros) siguen siendo los principales escollos. AENA propone mantener las 1.670 horas de actividad aeronáutica y la posibilidad de establecer cuatro niveles (entre 1.200 y 1.500 horas) según las dependencias, pero, cuando haga falta trabajar más, se paguen las horas como ordinarias. El USCA quiere rebajar la actividad a 1.440 horas, una cifra que, asegura, es superior a la media europea. Desde ayer los controladores ya señalaban la falta de acuerdo. En una nota de prensa, USCA -que representa al 97% de los casi 2.400 controladores que trabajan en España- recordaba que el capítulo de la remuneración salarial se acordó en agosto, momento en el que AENA aseguró un salario medio de 200.000 euros hasta 2013 con una jornada máxima de 1.670 horas anuales. Aún así, un mes más tarde, USCA denunció que no se estaba cumpliendo con los acuerdos ya alcanzados. Para USCA la negociación actual se circunscribía a cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo colectivo, como el número de horas de trabajo, la distribución de los turnos o la formación de nuevos profesionales. Un comunicado en el que también expresaban su voluntad de normalizar la situación y en el que se muestraban confiados en alcanzar un acuerdo en las últimas horas. El gestor aeroportuario, dependiente del Ministerio de Fomento, y el sindicato de controladores se han reunido a diario los últimos 15 días para desencallar la negociación, un proceso enquistado desde que caducara el convenio colectivo del sector hace cinco años. El acuerdo debía incluir las nuevas condiciones impuestas en la Ley de Navegación Aérea y tener en cuenta la reducción de salario, las horas extra y nueva organización del trabajo que debe plasmarse en el II Convenio Colectivo de los trabajadores de control del tráfico aéreo de los aeropuertos de la red AENA. Ahora habrá que esperar al 28 de febrero para que Pimentel dicte un laudo arbitral de obligado cumplimiento para ambas partes.
LA FAMILIA DE ETA SE RESQUEBRAJA.- Asegura el diario ABC que la familia de ETA se resquebraja. Por primera vez en la historia, un grupo de allegados de los presos críticos con la «lucha armada» ha decidido organizarse por su cuenta y riesgo para reivindicar sus derechos al margen del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que sigue sin flexibilizar su férrea disciplina y continúa expulsando de sus filas a quienes osan disentir de la doctrina oficial. A la oleada de reclusos díscolos de ETA que desde las cárceles exigen a la organización el final irreversible de la violencia, se suma ahora la presión desde el exterior de este grupo de familiares y amigos, que quiere tener voz propia en el esperado final de la violencia. Se desmarcan así de «Etxerat», el colectivo oficial que monopoliza el control sobre las familias de los reclusos. Está previsto que la nueva asociación se inscriba en el registro general de asociaciones del País Vasco en próximas fechas. Lo hará con el nombre de «Familiarrak» y entre sus precursores figuran familiares de veteranos presos y ex jefes de la banda como Urrusolo Sistiaga, Kepa Pikabea o Carmen Gisasola, según apuntaba este lunes el diario nacionalista «Deia». Este desafío, único en la historia de la organización terrorista, podría abrir un cisma sin precedentes en el entorno radical, tan acostumbrado a la disciplina de hierro. La presión sobre los familiares de los presos ejercida a través de «Etxerat» ha minimizado las voces críticas en las cárceles. Históricamente, en los presos que han pensado alguna vez desmarcarse de la violencia y acogerse a beneficios penitenciarios ha pesado como una losa el miedo a las represalias que la masa social de ETA y Batasuna puediera tener contra sus allegados, a los que se les ha rechazado por traidores, negado la defensa de los abogados habituales de la banda y privado de las ayudas para viajar a los penales. En su objetivo de erigirse en actores protagonistas en el final de la violencia terrorista, tanto el EPPK como «Familiarrak» han mostrado su interés por adherirse al Acuerdo de Guernica —el pacto firmado por EA, Aralar y Batasuna, entre otros—, que pide a ETA un final «permanente, unilateral y sin condiciones» de la violencia y exige al Gobierno cambios en la política penitenciaria como premisas para la paz. A la espera de que los firmantes se posicionen sobre estas peticiones, la entrada de «Familiarrak» se prevé conflictiva, dado que «Etxerat» —la matriz contra la que se ha rebelado—, también está dentro del pacto. Aralar se apresuró ayer a saludar el nacimiento de este colectivo disidente como una «buena noticia». Según su portavoz Aintzane Ezenarro, «Familiarrak» desea plantear «su propia visión política» sobre «el proceso de paz irreversible». Para Ezenarro, quien reconoció tener «bastante relación» con algunos de los promotores, es «legítimo» que los familiares de etarras encarcelados rompan con la línea oficial de la banda. «Entienden que “Etxerat” no les representa y, por tanto, se han asociaciado en una nueva asociación», concluyó sin obviar lo «novedoso» de esta escisión.
DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES.- Si 2009 fue el annus horribilis del empleo -se destruyeron 1,2 millones de puestos de trabajo-, el año 2010 pasará a la historia como el ejercicio en el que se registró el mayor deterioro de las condiciones laborales de la democracia, según relato de El Confidencial. Reducción de los salarios reales como nunca antes había sucedido desde 1977, aumento de la jornada laboral hasta niveles desconocidos en más de una década, menos asalariados protegidos por convenio colectivo y una tasa de paro inédita desde el segundo trimestre de 1997. Lo peor, sin embargo, es que nada indica que 2011 vaya a significar un punto de inflexión. Todo lo contrario. El repunte del índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al mes de enero refleja que mientras los precios suben ya en tasa interanual un 3,3%, los salarios privados pactados en convenio apenas avanzan un 1,3%; y lo que es igualmente representativo, se incrementan tan sólo un 1% en el caso de los convenios de empresa.. Las malas noticias para los asalariados no acaban ahí. Según datos de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos -un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo-, el año 2010 se cerró con el mayor número de horas trabajadas desde 1999. En concreto, la jornada anual fue de 1.761 horas, nueve horas más que un año antes y 18 más que en 2007, que determina el mínimo de horas trabajadas..Y todo ello en un marco de relaciones laborales enrarecidas en el que el número de asalariados protegidos por convenio colectivo se ha reducido a la mitad. Los últimos datos oficiales muestran que en 2010 se firmaron únicamente 2.704 convenios colectivos, la mitad que los 5.475 cerrados un año antes. Y lejos, en cualquier caso, de los 5.987 suscritos en 2008. O dicho en términos más directos. Apenas 7,9 millones de trabajadores cerraron sus relaciones laborales el año pasado, a años luz de los 11,07 millones de un año antes. La pérdida de poder adquisitivo tiene que ver con el claro retroceso del número de convenios en los que existe una cláusula de garantía salarial que se activa en caso de que se produzca una desviación de los precios. Y que en 2010 se situó en el 45,8%, muy por debajo del 61,3% registrado un año antes. El ajuste en los salarios y en la calidad del empleo hay que relacionarlo, lógicamente, con la persistencia de la crisis económica, que ha puesto al borde del abismo a muchas empresas y ha hecho crecer el paro hasta el 20,3% de la población activa. Si en 2009, el ajuste se hizo vía empleo (los convenios reaccionaron tarde al nuevo contexto macroeconómico), en 2010, la válvula de escape han sido los salarios. De hecho, la remu8neración por asalariado en términos de contabilidad nacional crece a ritmos del 0,5%, muy por debajo de lo que está aumentando el pib nominal (con inflación). Mientras que los costes laborales unitarios (relación entre productividad y empleo) están cayendo un 1,4% tras los fuertes incrementos de años anteriores, en los que se dañó la competitividad de la economía española. La moderación salarial es incluso superior si se tiene en cuenta el llamado efecto composición, toda vez que al haberse cebado los despidos en los salarios más bajos (de menor cualificación), los que suben ahora son los medios y altos, lo que introduce un sesgo alcista en las tasas de variación. Sin este efecto composición, la subida de los salarios sería todavía más reducida. De hecho, en los convenios colectivos de empresa que se ajustan más rápidamente que los sectoriales o los territoriales a las circunstancias de mercado, la subida salarial media se limita ya al 1%. Este ajuste salarial, sin embargo, todavía no se ha trasladado con fuerza a la capacidad de competir de las empresas españolas en los mercados internacionales. Básicamente por un problema de productividad. Los datos oficiales muestran que el coste laboral unitario medido por el cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad por ocupado se sitúa en el 76,5%. Es decir, muy por encima del 69,2% de la zona euro, hacia donde se dirige el grueso de las exportaciones españolas. Dicho en otros términos, los salarios españoles son más bajos que en la eurozona (23.603 euros frente a 27.153 de media), pero la productividad es también sensiblemente inferior (30.859 euros frente a 39.255 en la zona del euro. Y eso está, precisamente, detrás de los bajos salarios.
LA MALA RACHA ECONÓMICA.- En Libertad Digital se proporcionan otros daos sobre la mala racha económica que continuamos padeciendo.: La economía española cayó en 2010 un 0,2%, un descenso que se suma al 3,7 por 100 que perdió en 2009. Para este año que ahora comienza, las previsiones son más optimistas: el Gobierno apuesta por un crecimiento del 1,3%, aunque los analistas lo sitúan en el entorno del 0,6-0,7%. Sin embargo, a pesar de este ligero repunte en el escenario macro, para las familias españolas éste será seguramente el peor ejercicio de la crisis. Los ingresos caen, los gastos suben y no se ve ningún resquicio en el horizonte. Para una recuperación económica es necesario un ajuste. ¿Eso qué significa? Pues que  las empresas tienen que reducir sus costes y ganar competitividad; y la administración pública cuadrar sus cuentas. El problema es que lo primero, en una economía tan rígida como la española, sólo se consigue a base de reducir salarios, cambiar el sector productivo o pérdida de empleos. Y lo segundo (acabar con el déficit público) los gobiernos lo intentan conseguir con restricciones de gasto y, a veces, subidas de impuestos. España está ahora terminando este ajuste. Seguramente, eso traerá los primeros brotes verdes (esos que nos anunciaron hace más de dos años), pero crecerán a costa de que los bolsillos de los españoles se vacíen un poco más. Entre unas cosas y otras, las familias pueden ver reducido su poder adquisitivo entre un 10 y un 15% de media. Y así, será muy difícil que se recupere la actividad económica, el consumo y la confianza empresarial. Tampoco hay noticias sobre posibles bajadas de impuestos que alivien la carga de los hogares; en todo caso, los rumores apuntan a una subida
1. Euríbor: Ha subido este enero hasta el 1,55 por 100. Sigue siendo un nivel bastante bajo desde el punto de vista histórico pero ya está tres décimas por encima de lo que marcaba en marzo del año pasado. Además, la tendencia parece ser al alza y con la inflación de la eurozona por encima del 2%, se empieza a hablar de que quizá el Banco Central Europeo pueda plantearse una subida de tipos en los próximos meses, lo que llevaría aparejada inmediatamente un incremento del índice (y, a continuación, de las hipotecas). Con el nivel actual, una hipoteca media de 150.000 euros, contratada en enero de 2010, con un plazo de amortización de 25 años y un diferencial del 0,25 %, pasará de tener una cuota de 581 a 603 euros al mes, una subida de 22 euros mensuales o 264 al año.
2. Inflación: Este lunes se ha sabido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha alcanzado en enero el 3,3%, el nivel más alto desde mediados de 2008. Normalmente, las crisis van acompañadas de moderación en los precios, sin embargo, la subida del petróleo y las materias primas han impulsado los precios en los últimos doce meses (en febrero de 2010 este índice marcaba un 0,8%).
3. Petróleo: Los precios de las materias primas y de la energía han estado subiendo de forma constante desde comienzos de 2010, pero esa tendencia se ha agudizado en las últimas semanas y la preocupación ha crecido aún más con las revueltas en Túnez y Egipto. Este lunes el barril de Brent llegó a cotizar en algunos momentos por encima de los cien dólares, cuando a inicios del año pasado no llegaba a los 75. Y si se mantienen las tensiones políticas en el mundo árabe, la cosa podría, incluso, empeorar. La gasolina ya ha marcado máximos en las últimas semanas: llenar un depósito de 50 litros cuesta ahora 9 euros más que hace un año.
4. Facturas: Este mes de enero ha visto incrementos importantes en muchos de los productos con precios regulados por los poderes públicos. La mayoría de los titulares se los ha llevado la subida del 9,8% de la luz, pero también serán más caros a partir de ahora el recibo del gas (3,9%), la bombona de butano (3,1%) o los billetes de cercanías (3,1%). Y hay que tener en cuenta que varios de estos bienes ya tuvieron importantes subidas a lo largo de 2009.
5. Impuestos especiales: Sólo los fumadores se están viendo afectados, pero lo son en una cantidad muy importante. La subida del pasado diciembre fue del 24%, que se une al 30% de mediados de 2009. De esta manera, la cajetilla en España casi ha doblado su precio en los últimos dos años. Se habló de que también subirían los impuestos al alcohol , pero el Gobierno finalmente no se decidió, aunque muchos piensan que serán los siguientes.
6. IVA: La subida del IVA fue aprobada hace unos meses y, evidentemente, mantendrá sus efectos a lo largo de todo 2011. Desde el pasado 1 de julio, los españoles pagamos un tipo medio del IVA dos puntos más alto, hasta el 18%, y un tipo reducido, del 8% (frente al 7% anterior). Sólo se mantuvo, en el 4%, el tipo superreducido, que se aplica a los bienes de primera necesidad, como el pan, la leche, el queso o los huevos.
En épocas de bonanza, los incrementos en los precios suelen ir acompañados, al menos en parte, por subidas de los ingresos. Sin embargo, este comienzo de 2011 está viendo como las ganancias de numerosos colectivos se estancan o incluso retroceden. Serán muy pocos los españoles que vean incrementarse sus ingresos por encima del coste medio. Es decir, la mayoría de la población sufrirá una pérdida neta de poder adquisitivo o, lo que es lo mismo, será un poco más pobre en 2011 que un año antes.
1. Pensionistas (8,5 millones de españoles):Este año verán congeladas sus pagas. Se les ha subido en enero simplemente para compensar la desviación de la inflación respecto a noviembre de 2010 (del 1% previsto al 2,4% real), pero no tendrán el ajuste respecto al incremento previsto para 2011. Es decir, todo lo que aumenten los precios este año lo perderán los pensionistas. Y ya hemos dicho que el IPC está en el 3,3% y subiendo...
2. Funcionarios (3 millones):Este colectivo lo tiene incluso peor que los pensionistas, porque en el tijeretazo de mayo, el Gobierno les impuso una reducción de los sueldos del 5% que, además, se verá incrementada aún más para 2011 (entre un 4 y un 8% adicional según cálculos de Fedeca).
3. Asalariados con convenio (7 millones): Es el grupo más difícil de medir, por su variedad y sus muy diferentes situaciones en función del sector, empresa, cargo, etc. La única estadística fiable es la que mide el incremento salarial medio registrado por el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y que compara los sueldos pactados en los 2.704 convenios colectivos firmados o renovados a lo largo del año (puede servir como aproximación para el resto de los asalariados españoles, unos 7 millones). Este índice subió un 1,3% en 2010, la mitad que en 2009 y casi la tercera parte que el 3,3% que ha marcado este lunes el IPC. En este sentido, podría decirse que los empleados españoles han perdido entre un 1,5 y un 2,5% de poder adquisitivo por la vía de los ingresos.
4. Parados sin prestación (1,7 millones):Los desempleados españoles verán disminuidos sus ingresos por dos vías. En primer lugar, por la finalización de su período de cobro: tras más de tres años de crisis, el derecho a la prestación se está agotando para muchos desempleados. Además, el Gobierno ya ha anunciado que endurecerá los requisitos para acceder a la ayuda de 426 euros (la paga sólo sumará entre 350 y 400 euros y será para parados con cargas familiares que estén haciendo cursillos de formación). Sin duda, ésta es la situación más crítica de todas, porque son casi dos millones de personas que no obtendrán ningún ingreso (y eso en un momento de alza en los precios).
TUS PADRES SON FALSOS....e lee en Periodista Digital: Un día piensas en el poco parecido físico que guardas con tus padres, te extraña que te tuvieran como primer hijo más allá de los 40 y no has visto en ningún álbum una foto de tu madre embarazada. Entonces surge la pregunta incómoda cuya respuesta puede ser el golpe más duro que recibas en tu vida. Tus padres son falsos. Repuestos del impacto inicial muchas personas recurren a abogados como Enrique J. Vila-Torres, con una partida de nacimiento que jurarían que es falsa. Así, en bufetes como este llevan quince años investigando casos de personas que fueron, literalmente, robadas cuando eran bebés y vendidas a matrimonios con los que no les unía ningún lazo familiar. El letrado Vila Torres recoge en el libro Historias robadas, de la Editorial Temas de Hoy) algunos de estos casos y cuenta en esta entrevista con Periodista Digital que “empezamos a detectar que entre las personas que acudían a para encontrar sus orígenes biológicos había quienes nos presentaban partidas de nacimiento falsas." "Es verdad que durante los años posteriores a la Guerra Civil hijos de mujeres republicanas fueron entregados a familias afines al régimen. Pero una vez acabada la represión el negocio continuó. Tanto es así que tenemos casos registrados de robo de niños incluso de los años 90." Enrique J. Vila Torres acaba de presentar ante la Fiscalía General del Estado 261 casos de niños robados durante las últimas tres décadas en hospitales y clínicas repartidas por toda España. A través de Anadir, Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares) confía en que, a pesar del tiempo trascurrido en algunos casos, el delito tipificado como "suposición de parto" no prescriba."Todavía hay pocas manifestaciones de jueces y fiscales al respecto y por eso queremos que la denuncia presentada saque a la luz la trama mafiosa de robo de niños sorprendentemente extendida por toda España." "Lo que nos anima a seguir es que ya hay algunos fiscales que están investigando algunos casos de forma independiente. Y un fiscal no se pone a trabajar si pensara que el delito ya ha prescrito"
LOS BEBES ROBADOS, DE UNO EN UNO AL FISCAL.- La Fiscalía General del Estado no abrirá una investigación conjunta por los casos de los presuntamente robados durante las décadas de los años 50 a los 80, según han informado fuentes fiscales a El Mundo. La intención es que sea cada una de las fiscalías provinciales las que asuman el procedimiento si así lo deciden. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ve así rechazada su petición, presentada el pasado 27 de enero, en la que incluía una denuncia conjunta con 261 casos de bebés presuntamente robados después de nacer. La intención era que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, abriera una investigación a nivel nacional para intentar identificar a los responsables de una supuesta red de robos de bebés en hospitales de toda España, que posteriormente eran vendidos a otras familias. Anadir presentó las denuncias para las que tenía autorización y habían llegado a tiempo, pero tiene en su poder datos de hasta 400 casos que ahora serán remitidos a sus correspondientes fiscalías provinciales, según ha confirmado Chary Herrera, delegada en Andalucía de Anadir. La decisión de la Fiscalía General del Estado, que aún no se ha hecho oficial, según han asegurado a este periódico fuentes del órgano judicial, ha sorprendido a los responsables de Anadir que "no esperábamos que rechazara la petición. No nos conviene, aunque afortunadamente deja la puerta abierta a que se siga investigando en cada provincia". La intención de Anadir, y así lo incluyó en su denuncia conjunta, es la creación de un banco de ADN a nivel nacional y de carácter gratuito, "para que se puedan contrastar las muestras con las personas que en la actualidad dudan de sus orígenes y puedan localizar a sus familiares biológicos", según Herrera. En la actualidad, la empresa Genómica, de carácter privado, ha abierto ya un banco de ADN para este fin. De hecho, aprovechó la estancia en Madrid de algunos de los denunciantes la pasada semana para recoger estas muestras, pero cada uno de ellos debe abonar una media de 90 euros más el correspondiente IVA. De ahí la petición de Anadir de que este servicio sea gratuito y que se centralice a través de la Fiscalía General del Estado. Sólo de la provincia de Cádiz el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía gaditana supera ya las 40, aunque los casos son más de cien, según Chary Herrera. En toda Andalucía el número de casos se han disparado, especialmente después de anunciar las fiscalías de Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga su intención de abrir una investigación, y en breve lo hará la de Granada, según Anadir. En el caso de la provincia gaditana, el órgano fiscal "está desbordado", apunta Herrera, ante "el número de casos y de personas que a diario acuden a las oficinas judiciales a informarse con la intención de presentar denuncia". Los delegados de Anadir en varios puntos de España también se ven superados por la situación. Herrera asegura que las llamadas llegan al centenar en un solo día y que es imposible atender a todos los que quieren ponerse en contacto con la entidad para exponer su caso. Para ello, tienen ya habilitada en internet la web www.anadir.es para canalizar la información y las peticiones.
LA MARCHA DEL CINCO A LAS CINCO.- Rosa Diez ha acudido a Es la Mañana de Federico (Jiménez Losantos, EsRadio), donde ha hablado de la marcha del 5 a las 5. La diputada de UPyD ha confirmado que no asistirá a la marcha convocada por Voces contra el Terrorismo. "No voy a estar, ni UPyD tampoco", sentenció. Díez afirmó que el comunicado de ETA no es un motivo suficiente para convocar una manifestación. En su opinión no se cumplen las condiciones políticas "para sumarme e ir en nombre de UPyD". "Por eso no voy a estar", aseguró. Interpelada por Jiménez Losantos por los motivos para no asistir a esta convocatoria, la política vasca dijo que "responder a un comunicado que yo ya he despreciado con una concentración, es darle a ETA más de lo que se merece". De este modo, indicó que "respeto lo que hace esta asociación, les deseo lo mejor y me consta que afiliados y simpatizantes de UPyD van a estar. Les hemos animado a que hagan lo que crean que tienen que hacer". En opinión de Diéz, convocar esta manifestación "por un comunicado, y horas después de que surgiera" es darle a ETA "lo que quiere", aseguró. Cuando los colaboradores le aseguraron que no se convocaba sólo por un comunicado, sino porque este era un síntoma, con otros muchos, de que algo se mueve entre el Gobierno y el grupo terrorista, Díez fue tajante: "La manifestación se convocó el mismo día del comunicado, no digo yo que a lo largo de la semana no hayan ido surgiendo más pruebas, pero inicialmente se convocó con eso". Además, añadió que "quizá si hubiera tenido la oportunidad de debatir con el convocante, habría llegado a su conclusión, que no lo sé, pero no soy de esa opinión" insistió. En su posición de firme discrepancia, Díez pidió "el mismo respeto que yo tengo a las víctimas, y a las personas que sospechan que hay algo más". Además, reiteró su posición de apoyo, aunque no acudiera a la manifestación: "Las víctimas son todas. Las víctimas son mucho más que una asociación, que tiene toda la legitimidad y todo el derecho, son algo mucho más amplio y plural para desgracia de muchos. No acepto esa dicotomía tan perversa de la que tanto se ha beneficiado el Partido Socialista", aseguró. Rosa Díez tildó de "majadería" la idea de que "si no están en esa manifestación no estás con las víctimas". Ella aseguró que está con ellas "no como una formalidad, sino que estoy con ellas de verdad". La política vasca consideró más problemático que "ETA se cuele en las instituciones, que se nos vuelvan a colar con todos su tejemanejes" que la manifestación de VCT. "Mi máximo lo pongo ahí, en evitar por todos los medios que se cuelen", aseveró, "y si se cuelan, no hace falta que nadie me convoque, ya me voy yo a la calle". Por último, insistió en que "la política es la coherencia. Cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer".