SE COMPLETÓ EL PACTO SOCIAL, QUE SERÁ "OFRENDADO" A MERKEL. ZAPATERO ENTIENDE LA ANSIEDAD DE LOS PARADOS

SE COMPLETÓ EL PACTO SOCIAL.- Ahora sí, ya hay pacto social. Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT anunciaron la pasada medianoche del lunes al martes el cierre de un acuerdo social que será ratificado este martes por los correspondientes órganos de dirección de cada uno de los agentes sociales. Las cinco partes se reunieron este lunes en Madrid durante más de seis horas para tratar de cerrar un acuerdo definitivo, en un encuentro que encabezaron los ministros de Trabajo, Valeriano Gómez, e Industria, Miguel Sebastián, y al que asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Jesús Terciado. Al término del encuentro, habían alcanzado un acuerdo social que sería ratificado por los correspondientes órganos de dirección. .Ya durante la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada se había sellado un primer acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones y determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva. Pues bien, desde ese viernes y hasta el lunes, se intensificaron los encuentros para cerrar, finalmente, el acuerdo en el resto de puntos, política energética e industrial, I+D+i y otros aspectos que quedaban pendientes en materia de políticas activas de empleo. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, también adelantó el viernes que el Gobierno trasladaría la negociación a los grupos políticos durante esta semana. El Ejecutivo ha mantenido informados a los grupos sobre la evolución de las negociaciones con los agentes sociales, sobre todo a CiU, PNV y CC, partidos con los que pactó una enmienda para elevar la edad de jubilación. Ahora, este gran acuerdo social alcanzado la noche del lunes está previsto que se escenifique de manera formal el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y los presidentes de la CEOE y Cepyme, un día antes de la visita a España de la canciller alemana Angela Merkel, un encuentro con un marcado contenido económico. El acuerdo gira en torno a la reforma de pensiones que contempla la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, aunque quienes cumplan carreras de cotización de 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión.
Desde el viernes y hasta este lunes, las partes han negociado sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación y otras relevantes cuestiones de índole laboral. Trabajo anunció un plan de choque del empleo a través de la bonificación del trabajo a tiempo parcial que podría generar hasta 100.000 puestos, con una jornada mínima del 50%, durante un año de vigencia. Además, se eximirá a las pymes del pago de cotizaciones, y del 75% en el resto. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, concretó que este plan 'tránsito hacia el empleo estable' contempla que la reducción de las cotizaciones será, como mínimo, de seis meses cuando el contrato a tiempo parcial sea temporal, y hasta un año cuando se trate de un indefinido. Asimismo, se incluye un incentivo del empleo temporal que responde al carácter de "cortísimo plazo" del plan. En cuanto a la ayuda de "en torno a 400 euros" vinculada a la formación, que es la segunda parte del pacto sobre políticas activas y que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero, Rodríguez explicó que introduce como novedades el reconocimiento de esta ayuda como derecho de los trabajadores y su carácter nacional. Ello significa que su coste correrá a cargo del Estado y cubrirá a todos aquellos desempleados sin recursos, especialmente jóvenes y parados de larga duración. Al mismo tiempo, aclaró Rodríguez, no supondrá un coste adicional para las comunidades autónomas, aunque éstas tendrán que reservar una cuota de orientadores y de acciones formativas para estos desempleados.
Además de aunarse posturas en políticas activas de empleo, se afinaron las declaraciones que aspiran a marcar el diseño futuro de la política industrial y la energética. Tomaba cuerpo, de esta manera, un pacto entre Gobierno y agentes sociales, que aspira a contar con el respaldo de todo el Parlamento. La falta de entendimiento entre Gobierno y sindicatos por el plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración que forma parte del paquete de políticas activas de empleo, retrasó el acuerdo final. El Ministerio de Trabajo quería bonificar los contratos a tiempo parcial fijos y temporales, pero los sindicatos se negaban a subvencionar estos últimos. Al final se limaron las diferencias y se logró el acuerdo definitivo que vuelve a dar sentido al diálogo social, que durante esta legislatura no había dado ningún fruto cuando más falta hacía. Para ello fue necesaria la presencia en la cita en el Ministerio de Trabajo del responsable del departamento, Valeriano Gómez; de los secretarios generales de UGT y CCOO y del presidente de CEOE y de Cepyme. También estuvo presente en algún momento el ministro de Industria, Miguel Sebastián. No en vano, se cerraron los aspectos que atañen a su cartera. Entre todos, cerraron un pacto anunciado en un comunicado de apenas cinco líneas. Sindicatos y patronal tienen convocados para este martes a sus máximos órganos de dirección para ratificar el acuerdo y para su cierre definitivo. Será el penúltimo acto, previo a la puesta en escena, en La Moncloa, cuando las tres partes firmarán el documento conjuntamente. El texto pactado tiene casi 40 páginas, y se divide en cuatro partes. Una declaración de principio, el desarrollo de los puntos más concretos del acuerdo: pensiones, negociación colectiva y reforma de las políticas activas de empleo, otro apartado referido a los funcionarios, que recoge el compromiso del Gobierno de recuperar la mesa de la función pública (el órgano de diálogo entre Ejecutivo y empleados de la Administración) y desarrollar el Estatuto de la Función Pública.Y por último, las declaraciones sobre política industrial y energética, en que se señalan las directrices pendientes de desarrollar en los próximos meses. Por lo que respecta a la política energética, lo más concreto es la creación de un foro de trabajo en el que se tratarán aspectos como el mix energético (las fuentes energéticas a utilizar), los precios o las "ineficiencias del mercado".
Un esfuerzo impresionante, que se podrá mostrar con satisfacción a la canciller Merkel...
ZAPATERO ENTIENDE LA ANSIEDAD DE LOS PARADOS. José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado este lunes en Radio Nacional, reconoció que a España "le va a costar reducir" la tasa de paro, que es "muy alta", y que el país tendrá que hacer esfuerzos para recolocar a sus desempleados. En todo caso, afirmó que España "ganará más oportunidades" este año y sobre todo en 2012. El jefe del Ejecutivo dijo que "entiende la ansiedad" de quienes esperan que la reforma laboral empiece a crear empleo de inmediato, pero ha reiterado que en la segunda mitad de este 2011 se empezará a crear empleo neto. El presidente señaló también que los ciudadanos ganan dinero con los recursos públicos que el Ejecutivo ha prestado a las entidades financieras, que la ayuda concedida persigue salvaguardar el ahorro de los hogares y que el crédito fluya de nuevo hacia la economía. Asimismo, reiteró que las entidades están ofreciendo préstamos, aunque a un ritmo menor que antes porque el crédito llegó a crecer al 20%. "Los bancos daban generosamente dinero, inducían a que hubiera hipotecas, todo eran facilidades de financiación y el dinero estaba relativamente barato. Eso ha generado deuda de las familias con los bancos y de los bancos con los grandes inversores", explicó el presidente. Sobre el copago sanitario, sin citar expresamente a Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, quien ha dicho en una entrevista en 'El País' que habría que abrir el debate sobre el copago sanitario en el futuro, Zapatero entró al tema para desmentirlo. Asegura que no es algo que esté en la agenda del Gobierno, como ya había más o menos confirmado Leire Pajín en anteriores declaraciones. El copago sanitario es una de las medidas aplicadas en otros países de Europa para ajustar el gasto público en prestaciones sociales. La medida ha saltado al debate en los últimos meses a raíz de la necesidad de los Gobiernos de reforzar el ahorro con vistas a reducir el déficit. Pese a ello, el presidente Zapatero ya se había mostrado en contra de hacer pagar a los usuarios una parte -pequeña- de lo que cuesta su atención sanitaria. De ahí que más que reiterar su rechazo, lo llamativo del caso ha sido la postura de Ocaña, que a pesar de conocer la opinión del jefe de Ejecutivo no ha descartado que haya que pensar en el copago en un futuro. "En este momento, a 31 de enero de 2011, no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro", afirma Ocaña en la entrevista. Donde sí coinciden el presidente y el secretario de Estado es en la necesidad de ajustar el gasto farmacéutico. Según ha reconocido Zapatero, España está por encima de la media europea en este apartado. Sin salir del apartado del ajuste de gastos, el presidente también ha descartado la supresión de las diputaciones, que deberán "reducir e integrar" sus funciones con las de las comunidades autónomas. Pero ha opinado que "si alguien intentara suprimirlas se encontraría con una contestación social fuerte". Asimismo, ha asegurado que la reforma del sector financiero, no sólo no está costando dinero a los ciudadanos, sino que está generando ingresos a las arcas públicas, y avanzó que este año se ingresará "una cantidad significativa" por los intereses cobrados. Sobre el resto de temas abordados por Zapatero, el paro tuvo un especial protagonismo. Según ha reconocido, una tasa de desempleo del 20,33 por 100 es una cifra "inasumible" para la sociedad, pero ha destacado que la reforma laboral empieza a dar resultados, como demuestra el que haya caído la temporalidad y aumentado el número de despidos objetivos. Pese a esta nueva subida, el presidente mantiene su previsión de que se volverá a crear empleo neto en el segundo semestre del año, aunque ha matizado que la generación de puestos de trabajo será "todavía moderada" en 2011, a la espera de que la recuperación económica se consolide.Sobre el debate sucesorio dijo Zapatero que "hay cosas más importantes, ni siquiera he iniciado la reflexión". Zapatero, reiteró su posición a no hacer demasiado caso a los sondeos que apuntan a que el PSOE perderá las elecciones en 2012, y lanzó un mensaje claro al PP: "las encuestas no llevan a alguien a La Moncloa, lo hacen las urnas". El jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en que su sucesión no es lo que preocupa ni al Gobierno ni a su partido. "Todo el mundo sabe que el Gobierno está ante todo concentrado a la crisis", afirmó Zapatero, acorde con las declaraciones de este fin de semana en la que pedía al PSOE que no se centrara en si se presentará o no, sino en gobernar. . “No toca decir si me voy a presentar. Tengo una serie de carpetas importantes abiertas en mi despacho, la mayoría de la crisis, y la carpeta de la candidatura para 2012 ni siquiera la he cogido del armario", aseguró. Zapatero anunció, además, tras los malos datos de la EPA que situó la tasa de paro por encima del 20 por 100, que "en la segunda parte de este año se comenzará a crear empleo neto", aunque advierte que las reformas llevadas a cabo hasta ahora no son a corto plazo sino "a medio y largo plazo", y que están creadas para "que en otro periodo de crisis no se vuelva a destruir empleo como el que se ha perdido". "La reforma laboral es una reforma que tendrá sus efectos más poderosos cuando la economía vuelva a tomar un ritmo de crecimiento por encima del 1% (...) No van a cambiar las cosas de un día para otro. Nos va a costar reducir la tasa de paro y volver a dar la oportunidad a todas las personas con poca cualificación. Va ser un esfuerzo muy grande del país", explicó el presidente. En todo caso, afirmó que España "ganará más oportunidades" este año y sobre todo en 2012. En cuanto a la reforma de las pensiones, Zapatero se mostró optimista ante la posibilidad de que el Partido Popular apruebe el incremento de los años para la jubilación. En este sentido, explicó que en la conversación que tuvo con Rajoy tras el acuerdo con los agentes sociales, el líder de los 'populares' no apoyó tácitamente la reforma, aunque la sensación en que "en ésta sí creo que nos va a apoyar". Pese a ello, ha criticado la falta de propuestas de la oposición. Según el jefe del Ejecutivo, el PP no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta sobre la reforma de las pensiones, ni sobre la reforma laboral. "Rajoy no tiene ni programa oculto", reiteró. Preguntado por el debate que se ha abierto sobre las pensiones de los diputados y la incompatibilidad de la pensión de los ex presidentes con sus cargos en el sector privado, Zapatero dijo, sobre lo primero, que "se va a abordar y se va arreglar", y sobre los ex presidentes que "debo mantenerles la consideración a todos los ex presidentes que han hecho su tarea y su labor".Zapatero, que hizo hincapié en que en todos los países europeos, democráticos y avanzados los ex presidentes tienen "un cierto reconocimiento", ha estimado que tampoco se les puede prohibir que tengan una actividad privada. También hizo balance de lo mejor y lo peor de presidir el país. "Lo mejor es que puedes cambiar cosas y la vida de la gente (...) Y lo peor es no poder dar respuesta mínimamente satisfactoria a quien sabes que, por ejemplo, está en el paro con angustia", respondió.
SUBEN LOS PRECIOS EN ENERO.- La subida de la factura de la luz y el encarecimiento de los alimentos han situado el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el 3,3% interanual en enero, tres décimas más que la inflación de diciembre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica por primera vez el indicador adelantado del IPC, una "ruptura" respecto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) que se utilizaba desde 2004, porque a partir de este mes cambian las metodologías utilizadas en el cálculo de 'vestido y calzado' y 'frutas y hortalizas frescas'. En concreto, el nuevo reglamento europeo modifica el sistema de cálculo de los artículos estacionales, es decir, aquellos productos que cíclicamente dejan de estar a la venta en determinados periodos del año. "El INE ofrece así una información más completa sobre la evolución de los precios de consumo", afirma el organismo, que sitúa la variación anual del IPCA en el 3%, una décima más que el mes anterior. El IPC adelantado sirve a Eurostat para incorporarlo al cálculo del índice de inflación en la Unión Europea, pues unifica los criterios para calcular la variación de los precios en los países miembros. Con este repunte de enero, la tasa anual del IPC alcanza su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que se situó en el 3,6%. Por su parte, el Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el pasado mes de enero el 3%, una décima más que en diciembre. De confirmarse este dato a mediados de febrero, se trataría también de su tasa anual más elevada desde octubre de 2008 (3,6%). Además, otro de los principales factores que han estado detrás del repunte de los precios en los últimos meses, el encarecimiento de los carburantes y el transporte por el alza del petróleo, augura más malas noticias para los próximos meses. El petróleo Brent, el crudo de referencia para Europa, rozó ayer lunes la cota psicológica de los 100 dólares por las tensiones en Egipto, país productor -aunque no con una gran cuota de mercado-, y el riesgo a que la crisis siga extendiéndose a otros países de la región. A primera hora, llegaba a tocar los 99,97 dólares. El INE ha decidido publicar un indicador adelantado del IPC tras introducir una serie de cambios en el IPC armonizado, que harán que las diferencias entre ambos, antes mínimas, se acentúen. Como consecuencia de un reglamento europeo de obligado cumplimiento, los IPCA de los países europeos darán un tratamiento común a los productos considerados estacionales, entre los que se incluyen el pescado, las frutas y verduras frescas y el vestido y el calzado. Las consecuencias de la aplicación de este reglamento europeo en el cálculo del IPCA serán, por un lado, las mayores oscilaciones de precios y, por otro, la ruptura en la serie histórica.
EL DEBATE SUCESORIO DE ZAPATERO.- José Luis Rodríguez Zapatero, según el análisis que hace El Confidencial, conserva poco margen de maniobra política, pero la bala que le queda por disparar puede tener un gran impacto sobre las próximas elecciones autonómicas y municipales. El PP no quiere que el anuncio de su retirada reviente la campaña electoral, por lo que ya ha adaptado su estrategia dando por hecho que Alfredo Pérez-Rubalcaba será en mayo el verdadero líder del PSOE. Mientas, los barones socialistas presionan en público y en privado para que el presidente del Gobierno confirme cuanto antes que no repetirá en 2012. “En Génova son conscientes de que el PSOE puede comenzar a movilizar a su electorado si Zapatero se marcha, y en la mayoría de comunidades se está adaptando la campaña a un contexto en que Rubalcaba está al mando. Esto obliga a definir muy bien los mensajes, porque ya no vale fiarlo al efecto negativo del líder socialista”, explicaron fuentes próximas a la cocina del PP. Los estrategas del PSOE y del PP coinciden en que el adiós de Zapatero reconciliaría a parte de las bases socialistas con su partido y podría frenar el vuelco electoral que amenaza a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares o Asturias. El presidente es un lastre para los candidatos locales del PSOE porque les impone su agenda nacional. Lleva el mensaje de la crisis, el paro y el debate sucesorio hasta el último pueblo de España, eclipsando los asuntos propios de cada municipio y autonomía. Los candidatos populares se han aprovechado hasta ahora de esta situación. Pero una simple declaración de Zapatero revertiría esta tendencia y evidenciaría las limitaciones de la oferta del PP. “Una buena campaña no puede pivotar sobre el maná que supone Zapatero, que deja a los socialistas en casa”, señaló el consultor Iván Redondo, director de Redondo y Asociados, y que trabaja con diversos candidatos de cara a los próximos comicios. “El PSOE puede manejar los tiempos y en los próximos meses vamos a seguir viendo gestos que anticipen la salida de su líder”, sostuvo este experto. Mariano Rajoy confesó que esperaba el anuncio de Zapatero para después de las elecciones de mayo, y que Rubalcaba fuera su sucesor. Pero, para entonces, el tsunami electoral de mayo puede haber expulsado al PSOE de prácticamente todas sus plazas. Por ello, Redondo sostiene que otoño sería tarde para el relevo y apunta a abril como un mes propicio. Precisament, El Confidencial informó el viernes dfe que Ferraz prepara un gran acto en el m adrileño Palacio de Vista Alegre para ese mes. “Si lo anuncia en fechas próximas al 22 de mayo el electorado lo entendería como una maniobra de marketing político y lo castigaría, como le sucedió recientemente a José Montilla al afirmar que no repetiría como candidato en medio de una campaña que tenía perdida”. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que afronta con dudas su reelección, también sostuvo el viernes que Zapatero debe hacer pública su decisión antes de mayo, de modo que los comicios no se conviertan en “un plebiscito”. Vara ha apostado públicamente por Rubalcaba como sucesor porque “sintetiza ahora en el PSOE lo que el país necesita”. Así, ante el previsible relevo del líder del socialista, la clave para conquistar el poder esta primavera pasa por comprender cuáles son los mensajes ganadores en cada región. “No son unas elecciones sobre lo que compete a cada administración, autonómica o local. Son elecciones políticas, el empleo es la primera preocupación de los españoles y es de lo que se va a hablar”, concluyó este estratega. Con permiso de Zapatero, claro.
EL ENCUENTRO DE ZAPATERO CON MERKEL.- No hay duda de que uno de los momentos políticos que se esperan con mayor expectación para esta semana será el encuentro que mantendrán el presidente Zapatero y la canciller Merkel., en Madrid. En efecto, el próximo jueves José Luis Rodríguez Zapatero recibirá a la canciller alemana, Angela Merkel, en una visita con un inequívoco sabor de examen, se´gun se explica en La Vanguardia. El alumno español, que ha perdido tanto el tiempo en clase y que se quedó tan retrasado que a punto estuvo de perder el curso –e incluso de ser expulsado del colegio–, dice la crónica del diario barcelonés, habrá de acreditar al severo maestro alemán que el pasado mes de mayo sentó definitivamente la cabeza e hincó los codos, que desde entonces no se ha levantado del pupitre ni para ir al lavabo y que ya tiene hechos la mayoría de los deberes impuestos. Y para empezar por todo lo alto, Zapatero acompañará a Merkel a ver al Rey en la Zarzuela. Una cita a tres que, sin ser excepcional, tampoco es habitual cuando visita España un mandatario extranjero, según admiten en la Moncloa. “Una cortesía”, añaden. Seis ministros del Ejecutivo alemán acompañarán a Merkel para reunirse con sus homólogos españoles, y repasar todas las lecciones: Exteriores, Economía y Hacienda, Fomento, Trabajo, Industria y Ciencia e Innovación. Y, como gran novedad, por vez primera en una cumbre bilateral estarán en la Moncloa los representantes de los sindicatos y de la patronal española, para exponer a su vez la situación ante sus pares alemanes a la hora del almuerzo, después de que el día anterior hayan escenificado el pacto social en la reforma de las pensiones. El presidente de la CECA, Isidre Fainé, detallará por su parte al presidente de la asociación alemana de cajas de ahorro la profunda reestructuración del sector. Y completarán la delegación española César Alierta, de Telefónica; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, y José Manuel Entrecanales, de Acciona. Los tres compartirán ideas con los representantes de Deutsche Telecom, la energética RWE y Siemens. Cita, pues, de mucha altura. Añaden en la Moncloa que esta visita de Merkel “ha cobrado un relieve especial” debido a que se produce pocos días después de que Zapatero, arremangándose él mismo en un último y desesperado esfuerzo, haya conseguido pactar con los sindicatos la reforma del sistema de pensiones en la fecha prometida a la propia canciller alemana y a Europa. El Consejo de Ministros lo aprobó el pasado viernes, justo cuando Merkel defendió el euro en Davos, después de que Nicolas Sarkozy utilizara la misma tribuna con idéntico fin. Después del mayo negro del 2010 –el momento en el que España estuvo a punto de hacer crac–, Zapatero anunció en el Congreso que haría las reformas que tenía que hacer, “me cueste lo que me cueste”, dispuesto a inmolarse políticamente. Y así lo está haciendo, pues todos los sondeos han detectado la caída en picado de su valoración ante la opinión pública y su derrumbe electoral. Pero el jueves ya podrá responder a las preguntas de Merkel con más desahogo, gracias al pacto social en la jubilación a los 67 años, que además cuenta con respaldo parlamentario. Algo que se presumía imposible hasta hace bien poco. Y sin levantar el pie del acelerador, además, según confirmó Alfredo Pérez Rubalcaba el pasado viernes: pese a que el acuerdo con los sindicatos en pensiones lo cerraron la madrugada anterior, ese mismo día abrieron nuevos capítulos del pacto global. El alumno español ya no está dispuesto a dormirse en los laureles, y se lo debe demostrar al maestro alemán. En la Moncloa, en todo caso, y según cree saber La Vanguardia, tienen asumido que la visita de Merkel se interpreta en esta clave de examen: “Naturalmente que se va a aprovechar la ocasión para dar a conocer al Gobierno alemán cuál es el esfuerzo que hacen el Gobierno español y la economía española por mejorar todos los aspectos que afectan a la gobernanza europea y que implica mejorar cada una de las economías nacionales y la sostenibilidad de sus finanzas públicas”.El domingo, en el cierre de la convención autonómica del PSOE en Zaragoza, Zapatero empezó a diseñar el nuevo escenario. Antes que nada, negó que haga las reformas pero que no crea en ellas: “Hacemos las reformas que sabemos que son buenas para el futuro de España, porque estamos unidos a un proyecto que se llama Europa, Unión Europea y unión monetaria, que supone que compartimos moneda, el euro, y destino”, dijo.“Y cuando se está en una unión que nos hace más fuertes, se tienen derechos y responsabilidades”. Las responsabilidades, como las que ha tenido que asumir España, implican esfuerzos y sacrificios. “Esos esfuerzos darán sus frutos”, auguró.Y Zapatero anunció una etapa “de armonización” en Europa, en el ámbito fiscal, laboral y en la edad de jubilación. “España –aseguró– va a apostar por una mayor integración europea y una sólida armonización”.
LOS PRIMEROS PASOS DE LA MINISTRA ROSA AGUILAR.- El silencio a la hora de abordar las cuestiones más espinosas, la búsqueda de un pacto con los grupos ecologistas y la continuidad en las líneas maestras políticas ambientales caracterizan los primeros pasos de la nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. La mujer que lideró Izquierda Unida ha cumplido sus 100 días de mandato en el Gobierno con una discreción al servicio de la voluntad del presidente Rodríguez Zapatero de cubrir su desguarnecido flanco izquierdista y desactivar la queja de los grupos ecologistas. Estos estaban tan irritados con su predecesora, Elena Espinosa, que algunos de sus dirigentes han promovido la plataforma Equo, como germen de un partido verde. Rosa Aguilar tiene la misión de crear puentes de diálogo; y a esa tarea se dedica, pero muy en silencio, según se describe en un amplio reportaje de La Vanguardia. “Rosa Aguilar ha mejorado la relación con los grupos ecologistas; estamos hablando ante una política experimentada, pero no ha habido grandes cambios, ni nuevas leyes relevantes”, valora José Santamaría, editor de la revista World Watch en español. La ministra se reunió con los grupos ecologistas nada más tomar posesión. Ellos le expusieron un largo listado de reclamaciones. Y ella prometió pactar una hoja de ruta de acuerdos para lo que queda de legislatura. Pero apenas ha trascendido el contenido de las negociaciones. Lo más relevante de su gestión ha sido, hasta ahora, el anuncio (en la cumbre de Cancún) de que España apoyará que la UE recorte un 30% sus emisiones de gases invernadero en el año 2020 (respecto al 1990) en el futuro acuerdo mundial sobre cambio climático. El anuncio es “muy importante”, según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF (una de las principales organizaciones conservacionistas), pues refuerza las posiciones de los países de la UE más exigentes en la materia (Francia, Alemania o Gran Bretaña). Sin embargo, “ahora falta conocer cuál es el compromiso concreto que asumirá España en el reparto interno europeo, pues las metas de Kioto son muy cómodas”, dice Del Olmo. “Lo que dijo la ministra es un brindis al sol, pues no ha concretado nada, y además este tipo de anuncio se debe hacer en un consejo de ministros de la UE”, opina Santamarta. Del Olmo percibe “un cambio de actitud” y un intento de hacer penetrar un discurso más ambientalista en la política agraria y pesquera del ministerio, aunque WWF se sintió “defraudado” cuando Aguilar no apoyó el recorte de capturas de atún (a 6.000 toneladas anuales) en el organismo regional de gestión de pesca del Atlántico norte, para evitar la sobreexplotación de esta especie. “No hemos notado ningún cambio en la gestión del agua, que está al servicio del regadío y con fines productivistas, en lugar de ser un bien ambiental de todos los españoles. Y se ha dejado de hablar de caudales ecológicos en los ríos”, señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción. Martín Barajas se queja de que se han frenado acciones decididas para cerrar pozos ilegales y la reforma de la ley de Aguas que promovió Cristina Narbona. Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace, sostiene que Rosa Aguilar ha despertado “un cauto optimismo”, aunque este “mejor talante” se debe convertir en resultados concretos. Gutiérrez ve destacado en estos últimos tiempos el aumento de las energías renovables (el 36% de la electricidad en el 2010) o el cese de los vertidos contaminantes (fosfoyesos) en las marismas de Huelva. “Nos gustaría que hubiera además una hoja de ruta concreta para el derribo del hotel del Algarrobico” en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, añade. “Se percibe demasiada lentitud en las políticas de conservación de la biodiversidad, aunque lo positivo es que se ha iniciado la elaboración del plan estratégico del patrimonio natural, que debería ser una de las prioridades para detener la pérdida de biodiversidad”, dice Manel Cunill, un ingeniero agrícola que ha dirigido varias oenegés en Catalunya. Cunill recuerda que sigue abierto el expediente comunitario por el canal de regadío Segarra-Garrigues (por destruir hábitat de especies esteparias) y que se deben crear las primeras áreas marinas protegidas. Asimismo, insiste en que la ministra debería promover la declaración de zonas agrarias libres de transgénicos, un asunto en el que “manifiesta una posición demasiado blanda”, dice. “Rosa Aguilar es una ministra de transición. Las cuestiones ambientales están muy lejos de ser una prioridad del Gobierno. Es víctima de una estructura administrativa y política donde el medio ambiente es subsidiario”, agrega Cunill. Numerosos sectores se muestran preocupados por los recortes presupuestarios, que afectan a empresas consultoras e ingenierías. “Este sector empresarial está gravemente afectado por la falta de contratación y asiste a la pérdida sistemática de sus mejores ingenieros y técnicos. Este capital humano es fundamental para poder avanzar en la aplicación de políticas de protección medioambiental”, dice Gisela Loran Benavent, directora de medio ambiente de Taller de Ingeniería Ambiental. Por todo eso también, el discurso verde sufre un fuerte revés. Aguilar era conocida por ser una mujer de convicciones firmes, pero ahora se echa en falta su voz para conocer sus opiniones sobre los grandes debates ambientales: el recorte de primas a las energías renovables (que ha puesto en la picota al sector fotovoltaico), las subvenciones al carbón, el futuro de las nucleares o la contaminación de las grandes ciudades, que supera el tope de la UE. La conocimos hablando con voz segura; pero en su nuevo hábitat político desarrolla el instinto de adaptación que necesita digerir un ministerio-monstruo mientras maneja el calendario controlando los silencio.
CASCOS VE AL PP DESINTEGRADO.- Francisco Álvarez Cascos, candidato del Foro Asturias, ha asegurado, entrevistado por Jiménez Losantos en esRadio que en Asturias se ha producido un doble fenómeno que le ha llevado a ser candidato. Por un lado, asegura, está un socialismo "hecho crisis, con el desencanto en sus filas" como consecuencias de los escándalos en el partido. Por el otro está un PP "que se ha ido desintegrando, y esta palabra es reflejable en decisiones". El que fuera secretario general del PP afirma que si los órganos de un partido no se reúnen, "no puede haber organización, y la fuerza política se desintegra". Cascos habla de la inacción de los órganos del PP ante los ataques y descalificaciones que sufrió. Dijo sentirse "huérfano", motivos por los cuales surgió "la marea creciente que buscaba una referencia política". En este sentido, Álvarez Cascos respondió a la gente cercana al PP que no entiende que haya creado otro partido: "En primer lugar, para poder explicar esta situación, es necesario hablar de valores y principios, que no están de moda", explicó, para añadir que "siempre partí del supuesto que el respeto a la persona era el principio básico de acción del PP". Así, el que fuera ministro de Fomento indicó que "no recuerdo en la historia del PP que, durante varios meses , el órgano que tiene la tarea de amparar a los militantes haya sido bloqueado para tratar a un militante desacreditado", y acusó de este bloqueo a la dirección del partido. Álvarez Cascos habló también sobre las encuestas y si se ve gobernando con el PSOE. "No hay ningún partido, no lo he visto en mi larga trayectoria, que juegue al empate. Hemos jugado siempre a no depender de los demás", sentenció el candidato de Foro Asturias. También, dijo que no cree que en el PSOE "mi comparecencia electoral les resulte confortable y tampoco creo que les cueste pensar que Álvarez Cascos se haya planteado una entente de esta naturaleza". También confirmó que ha hablado una vez con José María Aznar, que le comentó el disgusto que tenía. "Yo era consciente de que la decisión era difícil de explicar fuera de las personas de mi intimidad", explicó, por lo que también aseguró que "no he implicado con información previa a la gente con la que he estado más cerca". Numerosos lectores le preguntaron también si asistirá a la marcha convocada por Voces contra el Terrorismo. El candidato de Foro Asturias indicó que "ya he estado en otras manifestaciones y los políticos no deben medirse por las palabras sino por los hechos". Sin embargo, no confirmó su presencia para el día 5. "Esté físicamente o no, Álvarez Cascos no ha tenido nunca ningún momento de duda ni de desvinculación con las víctimas del terrorismo". Sobre el 11-M, dijo Cascos que lo que tienen que hacer los políticos es colaborar con la Justicia, y no obstruirla, y que los Cuerpos y fuerzas de Seguridad sirvan al Estado y no a intereses particulares. "Mientras la oficina de la policía judicial la dirija un hombre bajo las siglas JAG", unas siglas no aclaradas relacionadas con el caso Malaya, "es imposible que exista confianza en la policía". JAG está "empañando el buen nombre de cientos de miles de de policías. Hay que colocar a buenos profesionales al frente. El 11-M sería el primer beneficiado de una buena actuación judicial". Acerca el PSOE, Álvarez Cascos aseguró que "está recogiendo lo que ha sembrado", apuntando directamente a Zapatero. El candidato de Foro Asturias reflexionó sobre el liderazgo, asegurando que "hay dos maneras de enfocar los líderazgos en los partidos políticos. Uno, es desde el punto de vista del redentor, que se cree superior a los demás, que les dice lo que hay que hacer, que no escucha a los demás e incluso les desprecia". En contraste, situó los liderazgos de "Manuel Fraga, José María Aznar e incluso Adolfo Suárez" que eran "personas cercanas, distintas, pero que en la génesis de su liderazgo está su cercanía con los ciudadanos". En su polémica con Alejo Vidal Quadras, que asegura que a Cascos le han hecho la misma jugada que él le hizo, el asturiano afirma que "Alejo ha sido uno de los grandes éxitos del PP de mi época. Fue candidato gracias a la confianza que depositamos en él". El problema fue, según Cascos, sus discrepancias con la estrategia del partido. "Francisco Álvarez Cascos fue su mayor soporte y me alegro de haberlo sido", sentenció. Además, Cascos contó cómo "importantes dirigentes del PSOE" le han confiado la realidad del partido: "Ha desaparecido en el debate en el PSOE, porque Zapatero es un iluminado, es un redentor que ahora cosecha lo que ha sembrado" sentenció.
LAS NECESIDADES DE LAS CAJAS.- El Banco de España reconoce que las pérdidas de las cajas españolas que se han cargado contra reservas en el 2010 ascienden a 26.000 millones de euros. Esas pérdidas justifican las necesidades de encontrar recursos, si el nivel de exigencia de capital se eleva al 8%, tal como ha anunciado el Gobierno. La ministra de Economía, Elena Salgado, situó las necesidades de capital adicional de las cajas en 20.000 millones, pero el sector financiero las eleva hasta los 25.000 millones, según los cálculos que han realizado varias entidades, según las estimaciones que se hacen en El Periódico de Cataluña.. La cifra se deriva de la pérdida esperada como consecuencia del deterioro de los activos inmobiliarios que tienen las cajas. Según estos datos, cruzados con las pérdidas cargadas contra reservas, la entidad que mayor volumen de recursos necesitaría para alcanzar el 8% del capital básico es el sistema institucional de protección (SIP) que lidera Caja Madrid, con más de 8.000 millones. Al deterioro de la cartera de activos del ladrillo de la entidad que preside Rodrigo Rato se suma la de Bancaja, con una gran presencia en el sector promotor del arco mediterráneo y una alta cartera de activos dudosos. No resulta extraño, por tanto, que el segundo grupo de cajas con mayores necesidades de capital sea el Banco Base, entidad en la que participa la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tendría que conseguir en el mercado o en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 4.000 millones, según las proyecciones que se realizan.
CONTRATACIONES PÚBLICAS.- Según datos que proporciona El Confidencial, el sector público ha contratado a 295.300 personas desde el primer trimestre de 2008, coincidiendo con uno de los trienios más oscuros para el empleo en las empresas. El número de asalariados a cuenta de las administraciones se situaba en 2.873.200 personas hace tres años. Estado, comunidades y ayuntamientos no parecen entender de estrecheces económicas. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2010 los empleados públicos habían aumentado hasta los 3.168.500, lo que supone un incremento del 9,3%. Una evolución que contrasta con la registrada en el sector privado, donde la cifra de asalariados se situaba en el arranque de 2008 en 13.944.200 personas y en el último trimestre del pasado ejercicio en apenas 12.145.700. Esto es, en torno a 1,8 millones de trabajadores por cuenta ajena han dejado de percibir su salario en 36 meses. De hecho, si se tiene en cuenta el total de ocupados, la cifra se redujo en 138.600 personas sólo en el último trimestre de 2010, lo que significa que en los últimos tres meses del año pasado se destruyeron más de 1.500 empleos diarios de media, mientras Gobierno y sindicatos se concentraban en escenificar un acuerdo sobre pensiones. Sorprende el incremento desatado de los empleados públicos en un escenario declarado de contención del gasto por parte de las administraciones. Ninguna se salva. La central contaba con 504.100 hace tres ejercicios y cerró el pasado año con 560.900 en sus filas, después de incrementarse la cifra hasta en 26.200 en los últimos tres meses. En ningún momento se ha detenido el incremento de las contrataciones durante el último año. Un periodo en el que el Gobierno anunciaba el recorte del sueldo de los funcionarios en un 5% de media y su congelación en 2011. El número de asalariados a cargo del Estado se encuentra en su punto más alto en tres años. Comunidades y ayuntamientos, que sí se han moderado algo en el último trimestre, presentan en los tres años de la crisis datos inquietantes. De hecho, las autonomías acumulan el grueso de la contratación. De los 1.551.600 millones de asalariados con que contaban a principios de 2008 se ha pasado a los 1.750.900 que engrosan actualmente su nómina. Es decir, casi 200.000 contratos más en plenas vacas flacas. Un estudio publicado en marzo de 2009 por la patronal de las empresas de trabajo temporal (Agett) advertía de esta tendencia y explicaba que las comunidades buscaban compensar la debacle del mercado laboral. Nada hace pensar que ningún gobierno se anime a realizar ajustes en sus planteles en vísperas de elecciones autonómicas y municipales. En el caso de los ayuntamientos, se ha pasado de 613.300 asalariados a 657.200, casi 44.000 más. Las empresas e instituciones públicas no se han quedado atrás y han puesto en nómina a 6.500 trabajadores adicionales. El punto culminante llegó en el tercer trimestre de 2010, cuando el número de empleados públicos alcanzaba un nuevo récord al situarse en 3m17 millones. Además, según refleja la EPA, el empleo público es sobre todo de carácter indefinido, como corresponde a tareas desempeñadas en su mayor parte por funcionarios. Hasta 2.415.00 millones de los empleados públicos cuentan con la garantía de ese tipo de contratos, cifra que supone más de un 75% del total. Por comunidades autónomas, Madrid y Andalucía son las que más han aumentado la fuerza laboral, si bien es cierto que ambas son las que tienen un mayor peso relativo en cuanto a número de funcionarios y empleados públicos. Por ejemplo, la de Esperanza Aguirre contaba con 431.900 empleados públicos en el primer trimestre de 2008 y suma ahora 514.600, un total de 82.711 asalariados más en tres años. En Andalucía, la subida ha sido de 63.800, hasta los 570.700. Cataluña completa el triunvirato tras haber contratado a 46.500 trabajadores más; en paralelo, emitía bonos para cumplir con sus compromisos financieros. Entre las tres explican el grueso de la subida de 200.000 empleados públicos que se han anotado las comunidades autónomas en lo más duro de la crisis. Organizaciones como CEOE han abogado por medidas de calado para recortar el gasto público, entre ellas reducir de forma drástica la cifra de funcionarios, empezando por aquellos menos productivos. Una decisión que debería acompañarse de la privatización de las empresas públicas deficitarias. El programa de austeridad puesta en marcha por el primer ministro británico, David Cameron, contempla la eliminación de hasta 490.000 empleos en el sector público durante los próximos cuatro años. “Se trata de una pérdida inevitable cuando el Gobierno no tiene dinero”, explicó el pasado mes de octubre el ministro de Finanzas, George Osborne.
CINCO NIVELES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Describe ABC: Con alrededor de un millón trescientos mil habitantes —algo más de la mitad concentrados en Zaragoza capital y su entorno inmediato de influencia—, en Aragón conviven cinco niveles distintos de Administración pública: el del Estado, el de la Comunidad autónoma, el de las diputaciones provinciales, el de los ayuntamientos y el de las comarcas. Cada uno de ellos cuentan con sus correspondientes gobiernos y plenarios, integrados por políticos electos que, en muchos casos, compaginan su presencia en más de una institución pública. Por ejemplo, hay alcaldes que son senadores o diputados en el Congreso; otros que son alcaldes o concejales y, a su vez, diputados provinciales o miembros de los consejos o de los gobiernos comarcales. En total, en Aragón hay casi 800 gobiernos distintos: los de sus 730 ayuntamientos, los de las 32 comarcas que hay constituidas, los de las tres diputaciones provinciales (Zaragoza, Huesca y Teruel) y el de la Comunidad autónoma.Hace diez años, todos los partidos políticos sin excepción se pusieron de acuerdo en Aragón en crear las instituciones comarcales. Primero se habían puesto de acuerdo, de forma unánime en las Cortes regionales, para crear las leyes marco de la comarcalización. Y, después, una a una se fueron aprobando, igualmente por consenso entre todos los grupos parlamentarios, las leyes para la creación de cada comarca, 32 en total hasta la fecha, las 32 que hay constituidas. Así nació este nuevo nivel administrativo que, ahora, algunos partidos abogan por revisar, si bien ninguno apunta a su desaparición por considerar que, en un territorio tan extenso como Aragón, los gobiernos comarcales contribuyen a gestionar mejor, desde la cercanía, el dinero público que reciben del Gobierno aragonés para las competencias que tienen asumidas. La líder del PP, Luisa Fernanda Rudi, apuesta por un gran pacto para reordenar las administraciones públicas en Aragón y evitar duplicidades. El PAR también está dispuesto a medidas que aporten más eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, hace unos meses, planteó una iniciativa parlamentaria para eliminar las actuales diputaciones provinciales y sustituirlas por instituciones de mucha menor dimensión, aunque la propuesta ha sido rechazada tanto por el PSOE como por el PP. Estos dos partidos coinciden en que son entidades recogidas en la Constitución y deben seguir funcionando como hasta ahora. El PP preferiría revisar el modelo comarcal y, sin eliminarlo —está recogido en el Estatuto de Autonomía que salió adelante en las Cortes Generales con el voto favorable de populares y socialistas—, reducir su estructura, quitarle «carga política» y que sean entidades dedicadas estrictamente a prestar servicios a la población de sus respectivos territorios. Los populares no sólo miran a las comarcas —que entre todas ellas suman más de 2.000 trabajadores, algunos de ellos cargos de confianza, de libre designación— sino también a la estructura de la propia Administración autonómica, que incluye varias decenas de empresas públicas. En Aragón ha habido descentralización y desconcentración administrativa. Al tiempo que nacían las comarcas, también se procedió a la creación de una red de delegaciones territoriales del Gobierno aragonés, presentes en las tres capitales de provincia y en algunas cabeceras de comarca. En Huesca y en Teruel, por ejemplo, conviven las sedes de sus respectivos ayuntamientos y gobiernos comarcales, de las delegaciones del Gobierno aragonés, de las subdelegaciones del Gobierno central y de las diputaciones provinciales.
A CAMPS SÓLO LE APOYAN LAS ENCUESTAS.- Explica El País que Francisco Camps tiene claro qué es lo que le permite, a pesar del enorme deterioro de su figura política dentro del PP, confiar en seguir al frente de la Generalitat valenciana: las encuestas. El PP no parece perder votos por el Caso Gurtel, con lo que Mariano Rajoy no tiene prisa por relevarlo. "El 22 de mayo vamos a ganarlo todo, vamos a lograr la mayor distancia que jamás nadie sacó [al segundo partido en la Comunidad Valenciana]", dijo ayer Camps. Sin embargo, la inquietud no para de crecer dentro del partido, tanto en Valencia como en Madrid. El juez José Flors parece decidido a llevar a juicio por cohecho al presidente valenciano, antes incluso de las elecciones. El entorno de Camps no se esperaba el último paso del juez, harto de la estrategia dilatoria de los abogados del líder valenciano. Y vuelven los rumores y la gran pregunta: ¿Llegará hasta las elecciones? Las dudas parten de una decisión de Rajoy. El líder del PP, que ha dejado claro a quienes le conocen que está muy distanciado de Camps, aunque no tanto como para forzarle a dimitir, se niega a confirmarlo oficialmente como candidato. Oficiosamente lo es -y el propio Rajoy afirmó el pasado septiembre que Camps “debe ser el candidato del PP en las próximas elecciones”, pero formalmente no ha sido confirmado por el Comité Electoral, presidido por Miguel Arias Cañete. Sí lo han sido, por el contrario, otros cabeza de lista como la asturiana Isabel Pérez Espinosa, el navarro Santiago Cervera o José Ramón Bauzá en Baleares. Rajoy ha decidido que no confirmará a Camps y los demás presidentes autonómicos hasta que se convoquen oficialmente las elecciones, a finales de marzo. El líder del PP gana tiempo para ver qué pasa con el juicio de Camps por cohecho, pero ese retraso tiene muy inquieto al presidente valenciano, según varios dirigentes. Fuentes de la dirección aseguran que Camps ya ha pedido varias veces, la última después del auto de Flors del miércoles, que le confirmen como candidato. Rajoy se niega. Sería un paso definitivo y prefiere esperar. La idea más instalada en la calle Génova, sede del PP en Madrid, es que el líder no empujará a Camps -su gran aliado en los momentos difíciles de la derrota de 2008- pero le dejará caer a la mínima oportunidad porque la Comunidad Valenciana, con varios dirigentes imputados, se ha convertido en un problema de imagen precisamente ahora que Rajoy va camino hacia La Moncloa espoleado por las encuestas y habla de "política ejemplar". Muchos dirigentes creen que Camps podría llegar a las elecciones como candidato, y ganar, con lo que podría reivindicarse, y después dimitir por sus problemas judiciales. Como sustituto, visto que Rita Barberá sigue rechazando el puesto, en Génova se maneja el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón, bien visto por todas las facciones del partido. La versión oficial es que Camps será candidato. El portavoz del partido, Esteban González Pons, lo repitió ayer en un acto con el presidente valenciano. Hay quien mantiene que la dirección nacional no ha apoyado a Camps en los últimos días, explicó González Pons al auditorio, pero remató: "Va a seguir siendo el presidente de la Generalitat los próximos cuatro años". "La verdad, Paco Camps, que lo que están haciendo, lo que está pasando contigo, será de justicia, a la que yo respeto porque es seguramente de justicia, pero no es justo", añadió. De hecho, en la dirección del PP se maneja la hipótesis de que Flors incluso archive el caso. Y, si no es así, se cuenta con la posibilidad de que la sala le salve, como sucedió hace un año, lo que provocó un varapalo del Tribunal Supremo a esa sala. Aun así, algunos dirigentes reconocen en privado que el equipo jurídico del partido, dirigido por Federico Trillo, ha planteado siempre la hipótesis más optimista con el caso Camps y se ha equivocado muchas veces. Lo que ha llegado claramente a su fin es la estrategia dilatoria de la defensa de Camps, empeñado en alargar el proceso para intentar llegar a las elecciones antes del juicio y ser absuelto en las urnas, según la doctrina instalada en el PP valenciano por Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón. Desde que el juez Flors decidió, en 2009, que había suficientes indicios de un delito de cohecho impropio popr haber recibido trajes gratis de la trama Gürtel, Camps no ha hecho más que recurrirlo todo. El propio juez hizo una advertencia el 22 de enero a la defensa, que seguía solicitando pruebas y más pruebas. Los recursos han logrado retrasar más de un año la solución judicial, pero ahora parece inminente. Lo que parece menos claro es la solución política al caso Camps.
EL PAPEL DE LA MUJER DE CORREA.- .- María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, no es ajena al entramado de corrupción de su marido, sino una pieza importante, a juzgar por la documentación hallada en la casa que compartían ambos en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Un informe remitido por la policía al juez con la petición de que se mantuviera secreto y no se entregara a las partes, del que nos da cuenta El País, recoge lo hallado en las agendas particulares de la entonces esposa del cabecilla de la trama Gürtel. Se citan, entre otros, los nombres de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia; y de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. "El grado de implicación de María del Carmen", escribe la policía, "dentro de las relaciones sociales establecidas entre los distintos individuos que forman parte de todo el entramado diseñado por Correa, es mayor de lo que manifiesta en sus declaraciones ante la sede judicial, cuando niega cualquier tipo de conocimiento o relación con estas personas, la mayoría imputadas en la presente causa. En sus agendas personales aparecen los nombres y apellidos junto a sus números de teléfono de Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda, Rosalía Iglesias o Francisco Camps". Alejandro Agag, que también aparece en la agenda particular de la mujer de Correa y no está imputado en el caso, siempre se ha mostrado ajeno a los negocios de la trama corrupta. Correa fue uno de los testigos de la boda de Agag con la hija de José María Aznar. La policía destaca en su informe que el nombre de Agag "figura en repetidas ocasiones" no solo en la agenda particular de María del Carmen Rodríguez Quijano sino en numerosas llamadas desde Inversiones Kintamani "en las fechas 7/6/1997 y 7/10/1996". Esta firma, propiedad de la trama, se dedicaba a la compraventa de bienes inmuebles. Fue creada en 1996 por el abogado Luis de Miguel (que montó para Correa el entramado societario en el extranjero). Las sociedades mercantiles holandesas Bellavista Holding BV y Jubilate Holding BV fueron socios constituyentes de Inversiones Kintamani. Tras dejar esas firmas Luis De Miguel, el abogado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fue nombrado administrador único de Kintamani en 2005. La policía sostiene que Kintamani, propietaria de fincas en Madrid, Marbella (Málaga) y Tarifa (Cádiz), entre otras ciudades, es una de las firmas de las que se sirvió Correa para blanquear dinero. El juez Antonio Pedreira ha enviado comisiones rogatorias a Holanda ante la convicción de que la trama oculta parte de su patrimonio ilícito en paraísos fiscales de las Antillas Holandesas. Holanda, de momento, no está colaborando con el juez. Agag, al que cita la policía en el informe, fue socio de Jacobo Gordon, quien también fue testigo del enlace matrimonial y que es otro de los imputados en la trama. En el sumario se incluye documentación que acredita que Oablo Crespo, número dos de la red, le entregó 600.000 euros para que adquiriese una finca en la población alicantina de La Nucia. Gordon también está relacionado con la firma Real Estate Equity Portfolio, que controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas dedicadas al negocio inmobiliario, entre ellas Proyecto Twain Jones. En la agenda de la mujer de Correa también figuraba el nombre de Rosa Bárcenas, en relación con la mujer del ex tesorero nacional del PP, que en realidad se llama Rosalía Iglesias Villar. La policía tiene documentos con un nombre parecido, aunque no exacto, al de la mujer de Luis Bárcenas, lo que la vincularía como una de las inversoras del Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). Supuestamente, la cantidad invertida por la mujer de Bárcenas en el citado proyecto es de 150.000 euros. En documentación intervenida en el despacho del abogado Blanco Balín, aparece esa cifra manuscrita, que la policía atribuye a su marido, Luis Bárcenas. El juez archivó hace meses la causa contra Iglesias Villar. En otra agenda intervenida a la ex esposa de Correa y que, según la policía, acredita que su papel en la red no era meramente testimonial, también aparece varias veces el teléfono de Gordon, junto a anotaciones referidas al presidente valenciano, Francisco Camps, y a su entonces jefa de gabinete ,Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. Alude en concreto a "una cena con afiliados" a la que asistirían "Paco Camps, Ana Michavila". Los agentes concluyen en su informe que la ex esposa de Correa no es ajena "a la estructura empresarial ideada" por su marido, puesto que perteneció a los órganos de gobierno de algunas de las principales empresas. Señalan los responsables de la investigación que, desde su puesto de jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, urdió adjudicaciones en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red. La mujer de Correa fue el nexo de unión entre este y el alcalde, señalan los agentes. Uno de los más importantes ingresos que ha tenido el entramado de Correa en Majadahonda, que le reportó un contrato de 1,5 millones de euros por la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad, se produjo tras la llegada de Ortega al Ayuntamiento. La policía dispone de documentación que revela que ella misma coadyuvó a la adjudicación de contratas a su marido. Ella recibía correos electrónicos dirigidos a su marido y a empresas de la red, de lo que se infiere que "era consciente" e incluso participó en el entramado de corrupción, del que además se lucró. Ella conocía, además, la existencia de la Caja B de las empresas de su marido, de las que extrajo a lo largo del tiempo al menos 345.456 euros. En el informe hay abundante documentación que acredita la retirada de grandes cantidades de dinero en efectivo, algunas en billetes de 500 euros. "No sería erróneo pensar que también habría participado como una pieza más en las funciones de reinversión del dinero ilícitamente obtenido por las adjudicaciones fraudulentas a las empresas" de su marido, se explica en el informe. También conocía el extenso patrimonio que su marido ocultaba a través de testaferros y sociedades como dos barcos y Informe secreto La policía apunta en un informe -que solicita que se mantenga secreto- nuevos indicios de cohecho en la actuación contra la trama corrupta. Entre ellos, destaca el pago de trajes a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas de la red Gürtel. Hasta ahora, la investigación judicial había destapado regalos de trajes en la Comunidad Valenciana, donde Álvaro Pérez, uno de los jefes de la trama, abonó decenas de miles de euros por prendas para el presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, y miembros de su cúpula. El nuevo informe policial destapa que en la Comunidad de Madrid se hizo lo mismo con Guillermo Ortega, que fue alcalde de Majadahonda y tuvo durante un tiempo como jefa de su Gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Francisco Correa. "La organización", señala el informe tras aportar una serie de facturas del sastre Rafael Caballero, "se estaría haciendo cargo del pago de prendas de vestir (trajes y abrigos) confeccionados para Guillermo Ortega. Para ello se elaboran facturas ad hoc en las que se alteran los conceptos (de trajes a trabajos de decoración o telas) y se desglosan las facturas". El sastre de Correa Rafael Caballero, el sastre del cabecilla de la trama corrupta, declaró a la policía: "En todas las facturas que he confeccionado de prendas para el señor Correa se recogen conceptos que no tienen nada que ver con el producto servido, ya que el señor Correa me indicó que si quería trabajar con ellos lo tenía que hacer allí". Lo que cuenta el sastre es parecido a lo ocurrido con la tienda Forever Young, que sirvió la mayoría de los trajes regalados por la trama corrupta a cinco cargos y ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente regional, Francisco Camps.