OTROS OPINAN QUE ES PURA Y SIMPLE LÓGICA

Sortu, como Bildu, enfada al Gobierno contra el Constitucional


Los ministros Gallardón y Fernández no han ocultado su enfado con el Tribunal Constitucional y su decisión de legalizar la marca abertzale Sortu. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que discrepa "claramente" de la sentencia del TC, aunque apunta que el Gobierno acata la resolución judicial. Hasta no conocer al detalle la sentencia, no se estudiará un eventual proceso de "ilegalización sobrevenida". "Reitero de manera muy especial que, con Sortu o sin Sortu, la izquierda abertzale tiene que condenar el terrorismo, pedir perdón y la disolución incondicional de la banda", ha enfatizado el ministro, quien ha recordado que la izquierda abertzale "ha estado jaleando durante tantos años" los innumerables crímenes de ETA. Al ser preguntado sobre si el Gobierno presentará nuevos informes policiales contra Sortu, el titular de Interior ha reiterado que cuando se sepa el contenido de la sentencia del TC, se manifestará en este sentido. "Cada día tiene su afán y hay que esperar a conocer la sentencia", subrayó el titular de Interior al ser preguntado por la posibilidad de un proceso de "ilegalización sobrevenida" de Sortu. Fernández Díaz ha insistido en que prefiere esperar a conocer los razonamientos jurídicos y los votos particulares para adoptar cualquier decisión. No obstante, Fernández ha asegurado sentirse "profundamente cercano" a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que, en marzo de 2010, prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. La postura oficial del Gobierno la había expresado horas antes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "El Gobierno quiere manifestar que, sin perjuicio y con el máximo respeto que tenemos al Tribunal Constitucional y del acatamiento que de ésta, como de todas las resoluciones judiciales, hacemos, discrepamos del contenido del fallo", dijo Gallardón. El titular de Justicia reiteró la "inquebrantable voluntad de lucha permanente contra el terrorismo" del Gobierno, y señaló, como Fernández, que está a la espera de conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares para saber cuáles son los límites que se establecen a la participación política de Sortu y el margen de la actuación del Ejecutivo. "Estudiaremos con profundidad la sentencia para saber qué instrumentos se nos dan al Gobierno de la Nación para mantener una vigilancia permanente para que en ningún caso se produzca un abuso de esas instituciones democráticas, para que no se produzca un fraude de ley y para que la adecuación de las conductas a la legalidad sea permanente", subrayó Ruiz-Gallardón. Añadió que en el Ejecutivo "queda absolutamente comprometido" en esa vigilancia, ya que "desde el primer momento pensaba que la sentencia" que dictó el Tribunal Supremo en marzo de 2011 prohibiendo la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, era "una respuesta adecuada" a la pretensión de la formación de ser legalizada.

El Constitucional ha apoyado la legalización de Sortu tras un recurso de la formación abertzale. El Pleno ha corregido, anulándola, la sentencia del Tribunal Supremo que, en marzo de 2011, prohibió su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior por ser sucesor de la ilegalizada Batasuna. Sortu supone, por tanto, el segundo varapalo que el Tribunal Constitucional propina al Tribunal Supremo en el ámbito de la legalización de formaciones abertzales tras la autorización de Bildu en mayo de 2011, por un estrecho margen de seis votos frente a cinco. Como ahora... La vieja Batasuna, que durante más de tres décadas amparó la actividad criminal de ETA con su silencio y su colaboración, optó en 2010 por rechazar el terrorismo como instrumento de acción política y fundar otro partido, Sortu, en cuyos estatutos figurase ese principio. Su intención era volver a las instituciones, de las que había sido expulsada como consecuencia de la Ley de Partidos Políticos aprobada en 2002 contra las formaciones vinculadas a organizaciones terroristas.

Naturalmente, la decisión del TC provoca el enfado del Gobierno y de otras cuentas personas y partidos. La más relevante reacción contraria probablemente fue, este miércoles, la de UPyD y su líder, Rosa Díez, que anunció su propósito de luchar contra esta legalización. La dirigente de Víctimas del Terrorismo, Pedraza, también expresó su enfado. Los dirigentes vascos son coincidentes en proclamar que la legalización no hace sino reconocer la realidad... Los diarios de este jueves, a su vez, se pronuncian con grados diferentes de agrado o insatisfacción. Dice El País que el Constitucional legaliza Sortu, pero le exige respeto a las víctimas, y que los sucesores de Batasuna serán apartados de la ley si son ambiguos en la condena del terrorismo. La Vanguardia señala que el TC corrige al TS por vulnerar el derecho de participación política. El Mundo anuncia la “legalización del partido de ETA”, y destaca la frase del dirigente abertzale Barrena: Hoy Sortu, mañana presos vascos a casa... Lo imposible parece imposible hasta que se consigue. Más beligerantes son los titulares de ABC, La Razón o La Gaceta: El TC se rinde a los proetarras: Aire para ETA; el Constitucional blanquea a Sortu... En El País se señala que la legalización de Sortu es un avance hacia la normalidad y la convivencia en el País Vasco. ABC, por el contrario, habla del “fracaso del estado de derecho”, y opinas que “se hace patente la urgencia de renovar el TC”. Victoria Prego no es menos pesimista: “Las criaturas políticas de los etarras entran en el espacio de los demócratas mientras la banda sigue así”, escribe en El Mundo. Por el contrario, Xosé Luis Barreiro sostiene en La Voz de Galicia que la legalización de Sortu es el final de una anomalía. Este diario habla de una sesión del PC bronca e intensísima, que terminó cuando el presidente Pascual Sala tiró la toalla después de intentar evitar, durante cuatro semanas la imagen de división... La Gaceta explica que “se comprende el profundo malestar de las víctimas del terrorismo”. Y habla de un “Constitucional interino”, cuestión que también se destaca en La Razón: Elñ 11 de julio, fecha tope `para la re novaciópn del TC. Las conversaciones PP-PSOE están en la recta final...

O sea, habrá sido la decisión probablemente última de un TC que agoniza, enfadado porque se han sobrepasado todos los plazos para su renovación.