miércoles, 1 de agosto de 2012

CUATRO CCAA PLANTAN CARA A MONTORO


Rebelión, plante, amotinamiento o deslealtad intolerable

Hay clara división de interpretaciones sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera desarrollado el martes bajo la presidencia del ministro Montoro y al que estaban convocados todos los consejeros de Economía o Hacienda de las CCAA. Mientras para algunos medios, como La Vanguardia,  se produjo “rebelión” de las cuatro Comunidades no gobernadas por el PP –Cataluña, Andalucía., Canarias y Asturias-, para otros diarios lo que se produjo fue una “deslealtad intolerable”, como la llama ABC. El Periódico de Cataluña habla de amotinamiento de Cataluña y Andalucía contra las autonomías del PP. El País prefiere hablar de “plante”, y El Mundo dice que Cataluña y Andalucía “dinamitan la estrategia de Rajoy y contra el déficit”. Lo cierto es que el 'no' con el que esas cuatro Comunidades Autónomas respondieron a los objetivos de déficit y deuda propuestos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, significa, según interpreta El Mundo, un golpe para la imagen internacional del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que organismos tan importantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea han exigido, en varias ocasiones, que controle "el excesivo gasto" autonómico. De esos cuatro gobiernos regionales 'rebeldes', realmente sólo dos se opusieron a los objetivos de Montoro, Canarias y Asturias. Las otras dos, Cataluña y Andalucía, ni siquiera votaron. La primera no envió a la reunión a su consejero, Andreu Mas-Colell, mientras que la representante andaluza, Carmen Martínez Aguayo, se levantó de la mesa de negociación al cabo de media hora. La petición del ministro a la consejera de Hacienda andaluza de rebajar el objetivo de endeudamiento del 15,1% del Producto Interior Bruto al 13,2% resultó "inconcebible" para ésta, según explicó: "Nos obligan a hacer un ajuste desproporcionado e ilógico. Esto supone que Andalucía, el año que viene, para poder cumplir con sus obligaciones, tiene que hacer un presupuesto con un superávit de dos puntos del PIB, unos 3.000 millones de euros”, dijo, visiblemente enfadada, Martínez Aguayo, que además anunció que su partido, el PSOE, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de impugnar lo pactado este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta vez, al desplante catalán se sumó el de la consejera andaluza, quien calificó como “injusta” y “discriminatoria” la deuda máxima fijada por el Gobierno para Andalucía. “Es inconcebible que tengamos que ajustarnos, tanto en el déficit como en la deuda, comunidades que tenemos mejores datos y que estamos por debajo de la media”, señaló la responsable de las arcas andaluza. “Este objetivo supone a Andalucía una petición desproporcionada cuyo objetivo es doblegar la voluntad de los andaluces y obligarnos a hacer un recorte indiscriminado e ilógico en servicios como la sanidad y la educación; y eso no lo vamos a aceptar”.
 El ministro Montoro no pareció demasiado contrariado por el 'portazo' de Andalucía ni tampoco por el desaire catalán. Preguntado si el Gobierno tomaría represalias contra estas comunidades, su respuesta fue "no, no pasa nada". Su tranquilidad se fundamenta en la seguridad de que, a pesar de lo que él calificó de "pose política", a Cataluña y Andalucía, así como Canarias y Asturias, no le quedará más remedio que "cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Cabe recordar que el texto de la ley, aprobado en abril de este año, obliga a todas las administraciones, central, autonómica y local, a combatir el déficit, trabajar en la consecución del equilibrio presupuestario y a perseguir la sostenibilidad de la deuda pública. Y, por vez primera en la historia del Estado autonómico, según destacó Montoro, también obliga a presupuestar con techo de gasto. A esta exigencia que tienen todas las comunidades autónomas, se suma la utilización por parte de la mayoría de dinero suministrado por el Gobierno Central, lo que les hace imposible la subversión más allá del gesto público de este martes. Andalucía, sin ir más lejos, acudió la semana pasada a una línea de crédito del ICO y Cataluña, también hace sólo siete días anunció que pediría el "rescate". Mas-Colell asumió entonces que la Generalitat no dispone "de otro banco que el Gobierno español".
En todo caso, y como señala El País, es evidente que el Gobierno tiene dificultades para controlar a las comunidades, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de coordinación de la política económica entre Hacienda y los consejeros de Economía, se está convirtiendo en el escenario donde los Gobiernos autonómicos ponen de manifiesto sus diferencias con el Ejecutivo central. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se manifestaron en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un límite de déficit del 0,7% del PIB para 2013; y el techo de deuda en el 15,1% del PIB en 2012 y del 16%, en 2013), propuestos por el Ejecutivo. Se mantiene así el pulso de estas autonomías con el Ejecutivo. También es indudable que la incapacidad del Gobierno para meter en cintura las cuentas regionales preocupa en Europa, y que la división comprobada este martes supone un pésimo mensaje a las instituciones internacionales en una de las semanas más decisivas para el futuro inmediato del país. Los líderes europeos han acentuado sus encuentros estos días pendientes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), donde se espera que pueda tomar decisiones para calmar el acoso de los mercados, que azuzan la prima de riesgo española a niveles insostenibles. Por eso, el ministro Montoro, quiso señalar, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, que "una mayoría aplastante de comunidades se ha manifestado a favor de los objetivos de déficit y de los techos de deuda. Esto es lo importante, que el Estado de las Autonomías de España está dando pasos para que todos cumplamos".
También será bueno recordar que el Ejecutivo de Rajoy ha conseguido de Bruselas un aplazamiento del objetivo de déficit de un año, y que algunas comunidades han reclamado al Gobierno que comparta ese margen extra con ellas. En el último encuentro entre los consejeros y el ministro, el pasado 12 de mayo, se produjo una rebelión liderada por Cataluña y Andalucía y en la que, además de Asturias y Canarias, participaron dos territorios gobernados por el PP como Extremadura y Castilla y León. Galicia dio un “sí crítico”. Los restantes se abstuvieron en la votación sobre el déficit porque no se flexibilizó el déficit.
Montoro tachó las posturas de Cataluña y Andalucía como “poses políticas”. Es ya frecuente la actitud chulesca y amenazante de Montoro. Esta vez amenazó con aplicar la Ley de Estabilidad, aprobada por el Gobierno para controlar los desequilibrios presupuestarios, una norma que permite intervenir las Administraciones regionales. Por eso el ministro aclaró que no está preocupado por la consecución de los objetivos por parte de estas comunidades. Por lo demás, es variable el límite de deuda admitida para Andalucía en 2012: será de 12,7%, mientras para Aragón será del 11,9% del PIB, para Asturias, el 11,28%; para Baleares, el 18,37%), para Cantabria, el 11,92%, para Castilla La-Mancha, el 20,43%,  para Castilla y León, el 11,9%, para Cataluña el 22,81%, para Extremadura el 13,8%, para Galicia el 14,32%, para La Rioja el 13,02%, para Madrid, el 9,87%, para Murcia, el 12,55%, para Navarra, el 14,77%, para el País Vasco, el 10,19% y para la Comunidad Valenciana, el 22,18%. Unos objetivos de deuda para 2013 que se fijan atendiendo al dato que figura en el Banco de España a 31 de diciembre de 2011, se le suma el déficit previsto para este año (1,5% del PIB), más ajustes por la liquidación de la financiación de 2008 y 2009. Hacienda ha fijado un objetivo global de endeudamiento para el conjunto de las comunidades en el 16% para 2013. Pero para conseguirlo, cada comunidad deberá cumplir con su propio límite, lo que provocó el rechazo de Andalucía. Este sistema de cálculo, de alguna manera, “premia” a las comunidades más manirrotas y con mayor deuda, porque deben hacer el mismo esfuerzo de reducción de deuda que el resto. Pero esos nuevos objetivos de déficit y de deuda obligarán a las comunidades a profundizar en los recortes. Por eso, algunas Comunidades, como Madrid o Murcia, pidieron más reformas al Gobierno para poder reducir gastos en Sanidad y Educación.
La Vanguardia destaca que el Consejo confirmó un límite de déficit para las comunidades autónomas del 0,7% del PIB para el 2013, frente al 3,8% de la Administración central; y el techo de deuda en el 15,1% del PIB en el 2012 y del 16%, en el 2013.Unos criterios que impone el Gobierno y que también fueron rechazados por Asturias y Canarias. Asi que sólo apoyaron los planes del Ejecutivo las comunidades gobernadas por el PP, cuyos presidentes ya habían sido aleccionados el lunes por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en la Moncloa. Las comunidades que se habían mostrado disidentes como Extremadura y Castilla-León en la anterior reunión del consejo, cerraron filas ayer con Hacienda. Euskadi y Navarra, dice La Vanguardia, “juegan en otra liga”, la del concierto económico, mucho menos problemática, y procuran no significarse. Según señala La Vanguardia, el Govern de la Generalitat considera que el Ejecutivo español ha roto con el "espíritu de cooperación y la solidaridad que debería presidir las relaciones institucionales en un momento tan difícil". En el caso de Cataluña, se añade, además, el grave problema de liquidez que impide al Govern hacer frente a pagos tan importantes como los servicios sociales concertados, que tienen amenazadas las nóminas de julio. Tal como funciona el sistema de financiación, la Generalitat no puede pagar si Hacienda no le hace llegar a tiempo las transferencias correspondientes, puesto que el mercado financiera está cerrado. "El Gobierno del Estado nos falla", denunció con tono grave el portavoz del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, "Es la evidencia de los hechos: no proporciona la liquidez que necesitamos a efectos ordinarios de refinanciación y cobertura del déficit acordado. La liquidez de fin de mes la dan ellos y han de cumplir... Ya nos gustaría que fuera distinto". Por su parte, el ministerio de Hacienda se comprometió a resolver los problemas de liquidez de las comunidades autónomas ante la evidencia de que no podían acudir al mercado del crédito. Como dijo Andreu Mas-Colell, el Tesoro Español es el único banco en condiciones de transferir dinero a las comunidades autónomas y el conseller no se cansa de repetir una y mil veces que “no hemos de acomplejarnos por ello, porque somos contribuyentes y el Estado está obligado a asegurar servicios básicos como la liquidez. Si faltara agua ocurriría lo mismo, pero ahora falta otro tipo de líquido”. El caso es que todos los problemas que afectan a la liquidez de la Generalitat, el impago de conciertos y de nóminas, viene determinado por el hecho de que el Ministerio de Hacienda ha frenado en seco las transferencias comprometidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con Cataluña para hacer frente a los vencimientos de deuda por valor de 424 millones de euros correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. Desde la reforma constitucional, legalmente la Generalitat está obligada a pagar antes la deuda financiera que ninguna otra cosa, por eso el Govern se ha quedado sin dinero en la caja para pagar facturas y conciertos que afectan a entidades que están prestando servicios públicos esenciales y que a su vez tendrán problemas para pagar su nóminas. Pero los desacuerdos no se acaban aquí. También existe una discrepancia sobre la previsión presupuestaria, puesto que el Gobierno central impone a las comunidades a sacrificarse el doble que a la propia Administración central. “Nosotros apelamos al espíritu de cooperación, somos socios, nosotros formamos parte del Reino de España como ellos”, se quejan en Cataluña…
Y, entre tanto, los organismos internacionales, observan el espectáculo español…

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