Caso
Bolinaga, o Uribetxeberria, suma y sigue
El
Caso Bolinaga, como los medios prefieren llamar a caso que protagoniza el
etarra recluso con cáncer terminal José Uribetxeberria, se sospecha que supondrá
un antecedente para otros casos, y se da por supuesto que dará mucho que
discutir. Ya lo está haciendo. Los diarios de este domingo siguen ocupándose
del caso, o de circunstancias similares o asimilables. Asegura El País que el
Gobierno prepara medidas de reinserción para etarras huidos, y que esta
iniciativa podría alcanzar a unos 300 miembros de ETA fugados. Según El Mundo,
cada tres días muere en la cárcel un reo enfermo como Bolinaza. Y da cuenta del
desafío a la Justicia y humillación a las víctimas que supuso la reunión en
Bilbao, este sábado, de la izquierda abertzale para aplaudir al carcelero Bolinaga.
En ABC se asegura que Interior argumenta que sería arbitrario dejar preso al
etarra, y se pregunta Hermann Tertsch ”qué
problema tendría Rajoy con que el miserable Uribetxeberria pasara unos meses más
siendo tratado en el hospital penitenciario. E Ignacio Camacho concluye que “si
el preso tiene derecho a salir, que salga, pero ni un minuto antes del plazo
legal y sin el más mínimo margen de indulgencia. Cuenta La Razón que “los
palmetros de ERTA se van de fiesta, y que la izquierda abertzale se burla de
nuevo de la Justicia y aplaude a Bolinaga pese a la orden de no ensalzar al
etarra. Y destaca La Gaceta que la candidata de Bildu alas elecciones vascas
enaltece al terrorist, y que los batasunos burlan la prohibición del juez de celebrar
la libertad del secuestrador…
En
efecto, era previsible lo que sucedió este sábado en Bilbao, donde los partidos
y colectivos firmantes del Acuerdo de Gernika exigieron la inmediata excarcelación del preso de ETA Iosu Uribetxebarria y
de los otros 13 reclusos etarras con enfermedades graves en una concentración
en la que también han intervenido miembros de la plataforma Herrira. La concentración se había convocado
después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hubiera
acordado la prohibición de una manifestación convocada al mediodía, también en
Bilbao, por Herrira, plataforma de apoyo a los presos de ETA, al considerar que su fin era no sólo
"ensalzar" a un etarra sino la lucha armada. En el inicio del acto tomaron
la palabra en nombre de los firmantes del Acuerdo de Gernika Iosu Murgia y
Sonia González, quienes solicitaron al Gobierno que finalice con una política
penitenciaria que, en su opinión, se ejerce como "herramienta" de
"venganza" contra los presos de ETA. Se han referido en concreto a la
situación de Uribetxebarria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega
Lara y que se encuentra enfermo de cáncer e ingresado en el Hospital Donostia
de San Sebastián, donde desde hace once días está en huelga de hambre. Y solicitaron su inmediata excarcelación después de que la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidiera concederle el
tercer grado por enfermedad grave. Después han subido a la tribuna un grupo de
personas con camisetas de la plataforma Herrira, quienes han denunciado que, a
pesar de la situación límite de Uribetxebarria, se sigue "alargando su
puesta en libertad" y han pedido al Gobierno que finalice con las
"excepcionalidades". Han afirmado que Uribetxeberria se encuentra
bien y decidido en su actitud. Durante
el acto se produjeron gritos de Iosu askatu (libertad
para Iosu) o (presos a la calle, amnistía total). La Asociación de Víctimas del
Terrorismo había pedido al juez a Pedraz la prohibición de esta concentración
al considerar que tenía "idéntica similitud" a la convocada por
Herrira. Sin embargo y ante la falta de tiempo para atender a dicha petición,
el magistrado solicitó, a instancias de la fiscalía, un informe urgente a la
Policía Autónoma Vasca para determinar si el acto tenía el fin de
"ensalzar" al etarra Iosu Uribetxeberia, en cuyo caso ha pedido
identificar a los responsables. Finalmente,
los miembros de Herrira en huelga de hambre leyeron un mensaje de
Uribetxeberria, que asegura que mantendrá su ayuno hasta
que sea puesto en libertad definitivamente. El etarra agradeció
la “ola” de solidaridad:
“El proceso está bien encaminado. Tenemos que seguir así para lograr la
solución que necesita este país”. El departamento de Interior del País Vasco ha
señalado que no se ha producido
"ningún tipo de incidente" en la concentración convocada en
Bilbao para pedir la excarcelación de Iosu Uribetxebarria.
De otro lado, cuenta El País, que
el Ministerio del Interior quiere ofrecer a los miembros huidos
de la banda terrorista ETA la posibilidad de volver a España, siempre y cuando
se desvinculen de la organización. Aún
no están cerrados todos los puntos de la iniciativa, señálale diario, pero hay
unas líneas generales sobre las que ya está trabajando el ministerio. En
principio, aquellos reclusos sin procedimientos judiciales abiertos, sobre los
que no exista una orden de busca y captura, si dieran el paso
de alejarse de ETA, podrían
volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada,
según fuentes conocedoras del proyecto. Estas fuentes aseguran que se cumplirá
la ley, en todo caso, y que se verificará cuidadosamente si la persona tiene
delitos por los que debe ser juzgado o cumplir condena. Aún no está claro cómo
deberá comprobarse la desvinculación de la banda. Los
que tengan cuentas pendientes con la justicia seguirán teniéndolas. En estos
casos, si tras regresar a España son condenados o tenían ya una sentencia que
cumplir, si se desvincularan de ETA podrían incorporarse de inmediato al plan de
reinserción de presos anunciado
el pasado abril por Interior. De esta forma, podrían ingresar directamente en
una prisión vasca y tener acceso a beneficios penitenciarios si cumplen con
todos los requisitos que contempla el Código Penal. Calcula el Ministerio del
Interior que los huidos etarras son unos 300. La asociación de víctimas
Dignidad y Justicia, sin embargo, cifra en 184 el número de miembros de la
banda terrorista que se encuentran en distintos países de Europa, África y
América. Afirma que hay 141 con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional y otros 43 sobre los que no pesa
ningún requerimiento judicial, aunque la asociación plantea que deberían ser
imputados. En principio, y salvo que se abran nuevos procedimientos, estos
últimos podrían volver sin problema, pero siempre existe la duda, porque lo que
muy pocos tienen es información precisa. Muchos de ellos no saben con seguridad
si tienen alguna causa pendiente, porque se haya interrumpido el plazo de
prescripción o alguien les haya involucrado en algún delito, o si podría
haberla. No saben si nada más llegar a Euskadi van a ser acusados de formar
parte de una organización que, aunque ya no mata, todavía está activa. Por eso,
el plan se centra también en la información, en establecer algún canal para que
los huidos puedan conocer su situación y lo que les espera si regresan. Se
trata de un programa que tendrá que contar también con el apoyo de las
embajadas españolas en determinados países. Según el reportaje de El País, la casuística de los huidos es muy diversa. Los hay que
siguen activos como miembros de ETA, en Francia o en otros países europeos como
Reino Unido o Italia, adonde se están marchando para evitar la presión policial
francesa. Otros ya no colaboran activamente con la banda, con la que tienen una
mayor o menor vinculación según los casos. Algunos llevan poco tiempo fuera.
Otros, décadas, como los deportados en los años 80 a través de acuerdos entre
los Gobiernos de Felipe González y algunos países de acogida en África y
América. Algunos viven escondidos o con documentación falsa. Otros, residen y
trabajan tranquilamente en sus casas, como los que viven en Venezuela. La
inminencia de la iniciativa sobre el retorno y reinserción de huidos la anunció
veladamente el pasado 9 de agosto el ministro del
Interior, Jorge Fernández. El
ministro apostaba por un modelo de disolución de la organización terrorista
similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, y señalaba que iría acompañado por
medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de “los
refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia”. “Siempre en
el marco de la Ley”, añadía. Fernández aseguraba en esa entrevista que el cese
de la violencia de ETA es “irreversible”; que su aparato militar está
“inactivo”; y que su diezmada estructura logística se limita a mantener la
comunicación entre sus “escasos” militantes y de custodiar la red de zulos
donde la banda conserva su armamento.
Dedica
también su atención El País al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste de quien cuenta que las víctimas le acusan de
haber cedido al chantaje, mientras él insiste en que solo ha aplicado los
principios humanitarios de la ley. “Hemos aplicado la ley como lo
hicieron otras administraciones penitenciarias antes. Y la decisión final la
tomará el juez de vigilancia. De alguna manera, al legislador le repugna que,
cuando no tenemos pena de muerte, alguien desahuciado para la vida, si no es un
peligro para la sociedad, no pueda morir con humanidad. Estamos aplicando los
principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia
constitucional. Pero nosotros no estamos haciendo un juicio ético de la
catadura moral de Uribetxeberria. Aplicamos la ley. El juez de Vigilancia
Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en una providencia del 16 de agosto,
nos obligaba a pronunciarnos. El informe médico prácticamente desahucia a este
preso, le da un pronóstico muy sombrío. La discrecionalidad de la
administración queda matizada por estas dos premisas y porque es difícil que,
por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir. La ley
sí nos obliga a manejar estas variables para tomar una decisión. El artículo
104.4 del Reglamento Penitenciario y el 92 del Código Penal señalan que, cuando
hay un peligro que compromete la vida del preso, se aplicarán los criterios de
los que antes hemos hablado con independencia de otras variables que sí se
tienen en cuenta con los reclusos sanos. No parece que la teatralización de las
huelgas de hambre de algunos reclusos, con niveles de compromiso muy escasos,
tenga la entidad suficiente, y menos ahora, con ETA derrotada policialmente,
para generar una coacción que puedan ganar. Si los gobiernos han resistido
coacciones cuando había vidas en juego, como la de Miguel Ángel Blanco,
insinuar ahora que hemos cedido a un chantaje sólo sirve a los que conectan con
los intereses de ETA y de la izquierda abertzale. Estos últimos, insistiendo en
la connivencia siniestra que han tenido en el pasado con ETA, se han retratado.
Podían haber aprovechado la ocasión para haber colaborado en la resolución del
asunto en vez de agitar este espantajo. Pero no lo han hecho. En cuanto a la
izquierda abertzale no necesita excusas para lanzar su
mensaje victimista. Y la actuación de la Administración no puede especular
sobre intereses políticos. Otra cosa es que no desconozca los intereses de los
terroristas y del mundo que les jalea”.
Todo
sigue siendo muy previsible: El aprovechamiento del “éxito” por los abertzales,
y las reacciones de protesta estaban cantados…
No hay comentarios:
Publicar un comentario