La emigración africana, un riesgo muy vivo. Patronos catalanes contra Mas Ya ayer destacaron varios diarios, singularmente El País, la presión creciente sobre la frontera de Ceuta para que miles de surafricanos penetren en Europa. Este martes son varios los diarios que abundante en la misma materia o “alrededores”. Empezando por El Periódico de Cataluña, que señala que políticos y juristas presionan al Gobierno para que se abandone la devolución en caliente de inmigrantes. Interior abandonará la ‘devolución en caliente’.El ministerio se plantea cambiar el protocolo y dejar de retornar a los simpapeles –así, todo junto, lo publica el diario catalán-, en la frontera. 150 inmigrantes saltan la valla en Melilla ante la pasividad de la Guardia Civil tras la polémica. A su vez, El País anuncia que El Gobierno español va a pedir el apoyo de la Unión Europea para mitigar la presión migratoria procedente de África, según fuentes del Ministerio del Interior. Estas añaden que desde hace dos años vienen insistiendo en que la lucha contra la inmigración irregular debe ser una responsabilidad compartida en la UE. Recuerda que el ministro Jorge Fernández ya defendió ante el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de febrero de 2013 que “la lucha contra la inmigración irregular es la prevención en origen y la cooperación con los terceros países de origen y tránsito de la inmigración irregular, especialmente con aquellos países desde los que zarpan las embarcaciones” con destino a España. Fernández reclamó entonces “soluciones concretas” como “la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos e impedir, así, que los inmigrantes sean puestos en peligro por los traficantes” y “contribuir a reforzar el control de las fronteras terrestres de estos países por sus propias fuerzas de Seguridad”. El ministro también demandó a la UE que fomente “la cooperación de estos países con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al objeto de facilitar el retorno a sus países de origen de las personas que han sido víctimas del tráfico de seres humanos”. En virtud de este programa con la OIM, el Ministerio del Interior español ha destinado en 2013 unos 200.000 euros para financiar los gastos de desplazamiento para el retorno voluntario de personas a sus países desde Marruecos. En este programa participan otros países, como Suiza, Bélgica y Holanda. Las últimas cifras facilitadas por la OIM muestran que, a fecha 11 de diciembre de 2013, unas 120 personas de origen subsahariano habían sido repatriadas desde Marruecos a sus respectivos países, según fuentes de Interior. En la mayoría de los casos eran mujeres con hijos y personas vulnerables que se hallaban en zonas próximas a Ceuta y Melilla. Interior pretende que estas iniciativas “cuenten con una mayor aportación de la UE”. “Las actuaciones del Gobierno español benefician al conjunto de la Unión Europea y lo lógico es que esto sea correspondido con una solidaridad real, política y económica”, recalcan las mismas fuentes. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, señaló que la inmigración es un ejemplo “importantísimo” de la necesaria cooperación entre la Unión Europea y los Estados miembros. La número dos socialista se mostró convencida de que la Unión Europea debe definir su política de inmigración y reforzar la cooperación con los Estados miembros para ayudar especialmente a los países con una mayor presión migratoria, como es el caso de España. Esa política debe ser “algo distinto a una puerta que se cierra al resto del mundo”, resaltó. A la vez, alertó de que el Gobierno español debe tener claro “que la disuasión de la entrada ilícita no puede poner en peligro la vida de quienes lo intentan”, como ocurrió el pasado día 6 en Ceuta con 15 subsaharianos que perecieron ahogados en la playa del Tarajal. Por su parte, el diputado Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Interior del Congreso, manifestó ayer que la política de inmigración no puede consistir en “extender la idea” de que España “está amenazada por una horda de 30.000 personas que están tratando de saltar nuestras fronteras”. Sixto opinó así en referencia a los informes policiales publicados ayer por EL PAÍS que sostienen que en Marruecos hay unas 30.000 personas que están intentando llegar a territorio español. “Eso no es así. Son una serie de personas, las que sean, que están buscando un futuro mejor, como los españoles lo buscamos en otro momento, y hay que tratar de canalizar esa salida de la mejor manera posible para esas personas y también para los intereses de España”, declaró Sixto. - En cuanto a El Mundo asegura que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería para evitar que se repitan dramas como el de Ceuta. Tras reconocer finalmente que es esta norma la que debe aplicarse cuando hay que devolver a Marruecos a sin papeles que alcanzan territorio español, el Ejecutivo ha creado un «grupo de trabajo» que ha comenzado ya a preparar los cambios legislativos, según informaron ayer fuentes gubernamentales. Su intención es remitir de forma urgente al Congreso el nuevo texto para tener lista cuanto antes la que será la quinta Ley de Extranjería desde el 2000. Quiere unificar esta norma con el acuerdo firmado en 2012 entre los reinos de España y Marruecos sobre readmisión de extranjeros entrados de forma irregular en nuestro país. La Ley de Extranjería, por un lado, contempla que, cuando un inmigrante es interceptado intentando entrar irregularmente en España, se le debe prestar al menos asistencia jurídica gratuita y un traductor, así como ofrecerle la posibilidad de pedir asilo político. Esta norma fue modificada por última vez en 2009 por el Gobierno de Zapatero. El Ejecutivo ha creado un 'grupo de trabajo' que ha comenzado ya a preparar los cambios legislativos. Por otro lado, el denominado Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos Relativo a la Circulación de Personas, el Tránsito y la Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente se firmó en 2012 (aunque llevaba escrito desde 1992), para que Rabat pudiera aceptar de manera más rápida a los inmigrantes de terceros países que se demostrara que efectivamente habían entrado por la frontera marroquí. Este tratado no ofrece las mismas garantías de derechos humanos que brinda la ley, según las ONG, pero obliga como poco a identificar a los sin papeles en la comisaría y a pedir recibo de la entrega a Marruecos. En realidad, en el caso de Ceuta ni se cumplió con la Ley de Extranjería ni se cumplió con el acuerdo, porque se devolvió en el instante a Marruecos a 23 inmigrantes que llegaron a pisar la playa ceutí del Tarajal, sin pedirles ni siquiera la documentación ni mucho menos ofrecerles un abogado, tal y como reconoció el pasado jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su comparecencia en el Congreso. Otras veces tampoco se ha cumplido ni con una cosa ni con otra. En Melilla, por ejemplo, hay grabaciones en las que se ve cómo se devuelve a los extranjeros por la puerta de atrás, la que usa el jardinero, sin registrarlos en ningún momento. Hasta el ministro ha admitido la existencia de «casos puntuales» de vulneración de la legalidad vigente.Según fuentes policiales, Interior no ha hecho públicas las cifras de readmisiones que se han realizado en aplicación del acuerdo con Rabat, simplemente porque no se aplica estrictamente como debería de hacerse. Entre otras cosas, según denuncian otras fuentes, porque «es un tratado trampa»: «Marruecos nunca va a expedir un recibo y a los inmigrantes es muy difícil identificarlos porque no vienen con pasaporte».En cualquier caso, lo que nunca ha estado claro es si prevalece la ley o el acuerdo y cuándo debe aplicarse cada uno de ellos. Las ONG, el Defensor del Pueblo y los abogados especializados sostienen que manda la norma general. La Guardia Civil asegura lo contrario. Para enredar aún más el asunto, el ministro dijo el jueves que no cabía aplicar la Ley de Extranjería porque los 23 inmigrantes no habían pisado suelo español. Al día siguiente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que corregirle: «Se está aplicando la Ley de Extranjería, pero ésta tiene deficiencias», zanjó, apuntando a algunas mejoras. ¿Cuáles son esas deficiencias? En primer lugar, las contradicciones existentes entre uno y otro texto. En segundo, las dificultades para aplicar el acuerdo con Rabat. En tercero, la falta de claridad a la hora de optar por uno u otro, al no haber un protocolo al respecto, tal y como han denunciado los propios guardias civiles. «Salimos de la academia recibiendo formación en la Ley de Extranjería y se nos dice que apliquemos el acuerdo con Marruecos. Las órdenes son deliberadamente ambiguas», cuenta uno de los agentes. En cuarto lugar, no hay en la Ley de Extranjería un artículo expresamente dedicado a la figura jurídica de las devoluciones. Sólo se recoge en el artículo 23 del desarrollo reglamentario y, de forma indirecta, en el artículo 58 de la norma. Los cambios que prepara Interior pasan por mejorar estas cuestiones y para ello se ha creado un grupo de trabajo. Se está consultando a varios ministerios, porque Empleo también tiene competencias en esta cuestión. El objetivo es hacer las modificaciones legislativas pertinentes cuanto antes, porque la presión migratoria se ha intensificado en Ceuta y Melilla y siguen sucediéndose los intentos de entrada. Esto no devolverá la vida a los 15 muertos, pero, al menos, podría servir para que no se repitan algunas de las irregularidades que se han cometido en la tragedia de Ceuta. Recuerda El Mundo las distintas figuras jurídicas aplicables: Devolución. Cuando el inmigrante es interceptado intentando entrar por puestos fronterizos no habilitados, debe ser llevado a comisaría, donde se le tiene que identificar y ofrecer abogado e intérprete, y la posibilidad de pedir asilo. Lo regula el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Extranjería y el artículo 58 de la Ley. Rechazo en frontera. Para casos de denegación de entrada en puertos y aeropuertos. Da derecho a abogado, a intérprete y a una «resolución motivada» de rechazo contra la que cabe recurrir. Art 26 de la Ley de Extranjería. Expulsión. Sanción en casos concretos al extranjero que se encuentra 'sin papeles' dentro de España. Conlleva la incoación de un procedimiento y se puede recurrir. Art. 57 de la Ley. Readmisión. Exige menos garantías jurídicas que las otras figuras, pero requiere, al menos, una identificación policial. La regula el Acuerdo con Marruecos firmado en 2013. Y además, es notable la importancia que se da –unos diarios más que otros, a la noticia de que los patronos catalanes han rechazado el separatismo de Mas. Es el primer titular de El País: La gran patronal catalana rechaza la apuesta soberanista. Y lo cuentan, en menos tamaños, los diarios catalanes, como El de P. de C, que habla de el desafío catalán. La patronal se desmarca de la petición de ayuda de Mas. Rosell pide diálogo y señala que «España debe entender que en Catalunya hay un problema» En la Vanguardia también es escasa la relevancia de la noticia… José Cavero