Rajoy entra en campaña El político que puede, es una obviedad, está en campaña electoral todos los días de su vida. Rajoy lleva tres años alertando de los efectos de su ”buena economía” como lo hace ahora mismo: si alguien empieza a cambiarla, será para echarse a temblar. No quiere reparar en que una mayoría de ciudadanos sigue sin ver plasmadas en su propia vida e ingresos económicos las bondades que él supone que ha originado en los compatriotas. Es probable que a algunos les haya mejorado la situación, pero no a la inmensa mayoría, que, a lo sumo, debe fiarse de las previsiones que el propio Rajoy y alguno de sus ministros, Montoro o Báñez, facilitan. Tal vez andando el tiempo empezaremos a comprobar la mejoría, pero de momento sólo hay recortes de capacidad adquisitiva, y grandes niveles de paro o trabajos “ruinosos”, en su mayor parte muy por debajo de los mileuristas de hace unos años. La mejoría y la mejora de perspectivas que Rajoy viene anunciando desde hace un par de años han sido recortes y recortes, y en eso se han traducido las que llama reformas. Sobre esos planteamientos, Rajoy avisa, so re todo, del riesgo que tienen algunos “adanes” como él llama a los recién llegados –Podemos y Ciudadanos-, que se creen capacitados para empezar de cero todas las cosas, haciendo tabla rasa de lo que ahora tenemos y reestableciendo todas las normas de funcionamiento en curso. Por ejemplo, está de gran actualidad el recurso planteado para que las eléctricas devuelvan a la sociedad los ingresos percibidos de más con la excusa de los gastos de transición a la competencia. Es mucho dinero el que los gobiernos “perdonaron” a las compañías productoras de electricidad. Pero los gobierno del PP y del PSOE han venido haciendo oídos sordos a la reclamación de los consumidores. Parece que queda el recurso de Bruselas, donde esa clase de asuntos no pasan definitivamente al olvido. Pero, se pregunta el ciudadano, porqué el Gobierno de turno siempre se coloca a favor de la empresas eléctrica y no del devastado ciudadano? Otro caso, el de las propiedades que se ha apropiado, en muchos casos sin el mejor derecho, la Iglesia Católica, mediante el supuesto derecho de inmatriculación que les donó graciosamente Aznar. Muchos bienes de un determinado pueblo se lo han apropiado los párrocos u obispos del lugar, sin que para ellos haya sido útil o disuasorio el mandamiento de no robar. En este caso, también es perfectamente punible la desatención de los poderes públicos, más que nadie sabedores de las prácticas y usos usurpadores de algunos servidores de la Iglesia. Pero, ¿no habrá sanción legal y ni siquiera de castigo en las urnas para estos usurpadores de lo ajeno y de lo público? Ahora nmismo sigue sucediendo que determinados ayuntamientos ceden terrenos a intereses privados para la construcción de escuelas de propiedad privada. Esperanza Aguirre sabe mucho de estas prácticas, y se supone que alguna vez se le debieran reclamar las correspondientes exigencias por su generosidad por encima de toda utilidad pública. Resulta evidente que a muchos ciudadanos, incluso en los llegado a altas responsabilidades, no resulta fácil la diferenciación entre lo público y lo `privado, los dineros, intereses y propiedades de los unos y los otros. Y así nos va. Los administradores de un tiempo llegan a creerse dueños vitalicios de lo que administran y debieran proteger. Y no pocas opciones de la izquierda son beligerantes, como no podía ser de otro modo, en estas batallas de cada día que los gobiernos de turno olvidan lamentablemente. Pero hay delitos que penalizan al que roba lo ajeno, o a quien no lo devuelve en los plazos exigidos… JOSÉ CAVERO