LOS ACHAQUES DE LA CONSTITUCIÓN.- Todavía, en el anecdotario que rodea a la Constitución, serecue4rdan sus 18 “rozagantes” años de joven deseable, como la apreció un portavoz presidencial. Ahora son ya 31, y es una señora aún de muy buen ver, pero posiblemente con achaques, aplicando el mismo símil de compararlo con la propia especie humana. 31 años en la historia de una Constitución puede que en otros países no sea demasiado tiempo. En el nuestro es todo un récord. Y algunos no tienen inconveniente en relacionar esa edad con los treinta años más pletóricos y mejor logrados de la historia de la democracia española, como este mismo sábado decía Adolfo Suárez junior con ocasión de tributar espésame a los familiares de Jordi Solé Tura. Treinta y un años de Constitución, sin embargo, es probable que le hayan causado algunas huellas y que pudiera precisar algún retoque.
PARTIDAEIOS Y CONTRARIOS A LOS RETOQUES.- Ya se sabe que hay partidarios de los retoques y contrarios a todo tipo de intervención quirúrgica, que pudiera traer consigo más inconvenientes que ventajas. En el dioario El País de este domingo se han publicado los datos de una encuesta según la cual, para ocho de cada 10 españoles (es decir, para el 84%, exactamente), la norma fundamental necesita reformas. La Encuesta de Clima Social de Metroscopia refleja que una amplia mayoría (el 70%) querría incluir en el texto constitucional la regulación del uso del catalán, el euskera y el gallego en las comunidades autónomas en las que son oficiales. El 61% de los entrevistados la modificaría para dar voto en cualquier elección a los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia, mientras que poco más de la mitad (el 51%) eliminaría la mención especial a la Iglesia católica.
LAS CUESTIONES DE ZAPATERO.- Como se ve, ninguna de las cuestiones que, en su momento, hace ya cinco años, señaló Rodríguez Zapatero como tareas a acometer: que figuraran los nombres de las 17 Comunidades Autónomas, que se estableciera el orden de sucesión en la Casa Real, y que se recordara la integración de España en la UE y lo que tal cosa significaba para la aceptación de normas emanadas de los organismos comunitarios: Parlamento Europeo, Tribunal de Estrasburgo… Las iniciativas de Zapatero quedaron olvidadas por el nulo interés que demostró la Oposición del PP, y seguimos donde estábamos: con una Constitución “inmaculada”, como algunos suelen denominarla al fusionar las dos fiestas en que suelen recordarse sus cumpleaños: seis u ocho de diciembre, la Inmaculada Constitución.
UNA BUENA NORMA JURIDICA.- Hace hincapié la encuesta de ahora el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos crean que debe ser modificada no significa que la consideren una mala norma jurídica. Seis de cada 10 (el 62%) la califican de "buena", frente a algo menos de un tercio que la tilda de "regular" y un mínimo 6% que prefiere el adjetivo "mala". Es también un sentimiento mayoritario (apoyado por el 69%) que en la norma no han prevalecido los intereses de ningún partido o corriente política en particular. Puede que, por esa razón, casi 6 de cada 10 entrevistados (58%) sólo son favorables a realizar "pequeñas modificaciones" en la Carta Magna. La cuarta parte (26%) es favorable a "una reforma a fondo", mientras que el 12% quiere que se quede como está. En consonancia con la preferencia mayoritaria de aprobar cambios menores, entre las modificaciones no se encontraría la de la forma de Estado. La Monarquía parlamentaria sigue siendo el régimen favorito de los españoles -la prefiere el 66%-, un porcentaje que, con pequeños altibajos, se ha mantenido estable en los últimos 13 años. Los favorables a instaurar una hipotética tercera república reflejan, sin embargo, un incremento sostenido en ese mismo periodo. En los últimos años de la década pasada sus partidarios oscilaban entre el 11% y el 15%. En 2009 se han incrementado en 10 puntos y han dado el salto hasta el 25%, la cuarta parte del país.
LOS INCONVENIENTES.- A poco que uno indague entre los ciudadanos del país, pronto se hallan “pegas” e inconvenientes en lo que se refiere a la organización autonómica que estableció la Constitución vigente: Todavía hay dudas de si fue el adecuado ese reparto, y sobre todo, cuando se comprueba su altísimo coste: 17 gobiernos, 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, y muchísimas empresas públicas autonómicas, de muy difícil control desde el Estado nacional. Tampoco se ha deslindado la diferencia entre nacionalidades y regiones, parece que las primeras de mayor categoría que las segundas. Pero sí parece instaurada la idea de que las autonomías –con los inconvenientes que tienen tantísimos funcionarios nuevos y tantas posibilidades para acometer gastos inadecuados y de difícil control, por ejemplo- están mucho más cercanas al ciudadano, y por tanto, pueden resolver con mayor eficacia sus problemas…
LAS LENGUAS COOFICIALES.- La reforma favorita entre los encuestados, según la encuesta de ahora, es la regulación del uso de las lenguas cooficiales, demandada por siete de cada 10 españoles. Varias autonomías han tropezado con esa misma piedra en sus correspondientes estatutos, en los últimos años, y finalmente, la cuestión queda resuelta en función del partido o coalición de partidos que gobiernan La norma catalana no termina de resultar satisfactoria a todos, ni tampoco la vasca o la gallega. Pero es evidente que las tres lenguas reciben ayudas para su sostenimiento y promoción… Le sigue la dificultad de dar derecho al voto a los inmigrantes regularizados en cualquier elección -no sólo municipal o autonómica- con un apoyo del 61%, y la de abolir la pena de muerte también para tiempos de guerra -la actual redacción remite en ese caso a lo que establezcan las leyes penales militares-, preferida por el 56%.
LA IGLESIA Y EL ESTADO.- Más discutido (lo apoya el 51%) sería eliminar la referencia especial a la Iglesia contenida en el artículo que regula la libertad religiosa o la de la distinción entre nacionalidades y regiones. Estamos viendo estos días la controversia suscitada por la sentencia de Estrasburgo sobre retirada de los crucifijos de los centros escolares. ¿Sólo de los públicos? Casi la mitad de los entrevistados (48%) blindaría las competencias del Estado para impedir nuevas transferencias a las comunidades autónomas y sólo el 36% derogaría el papel que la norma fundamental da al Ejército como garante de la unidad de España.
Evidentemente, la Constitución vigente suscita algunos inconvenientes. Pero no hay duda de que su ausencia originaría muchísimos más. Incomparablemente más…
LA FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN.- Después de una serie de años en los que las celebraciones del aniversario de la Constitución llegaron a ser rutinarias y escasamente atractivas, esta vez y por distintas razones, el acontecimiento ha estado más “en sazón”. Empezando por el hecho de que acudían al Congreso dos presidentes de autonomías que muy a menudo prefirieron ausentarse, Cataluña y Euskadi. José Montilla y Patxi López, socialistas ambos, han preferido sumarse a las celebraciones como propias. El primero de estos presidentes, Montilla, suscitaba, además, especial curiosidad por el encuentro, bien que protocolario, que habría de mantener con la presidenta del Tribunal Constitucional, la instancia de la que estamos todos pendientes para conocer, finalmente, el grado de “aprobación constitucional” que tendrá el Estatuto catalán. ¿Aprobado liso, sobresaliente, notable? En cuanto a Patxi López, es evidente que ha querido “inaugurar” también los nuevos tiempos que e han establecido en la Euskadi que no tiene Gobierno Peneuvista, sino Gobierno socialista con apoyo externo del PP. La Euskadi que vuelve a emitir en su televisión autonómica el discurso de Navidad del Rey, y que acogerá la Vuelta Cicliats a España y los partidos de la selección nacional. Es una Euskadi distinta, y reintegrada en la España de la que el PNV, mientras gobernaba, trató insistentemente en separarla, o cuando menos en distanciarla…
LA S0MBRA DEL TC.- En cuando a Cataluña y su representante máximo, Montilla, es cierto, como ha señalado la Vanguardia de este domingo, que “la crisis del TC proyecta su sombra en el aniversario de la Constitución”, mientras recuerda que el TC sigue bloqueado en sus deliberaciones sobre el Estatut. Se recuerda sobre el partcular la opinión del fallecido Solé Tura expresada en 1979: Hemos hecho un tribunal político con criterios políticos, y es malo que así sea”… Sostiene, por cierto, esta crónica, que “la movilización catalana ha frenado de momento una sentencia adversa…, que una presunción que no parece tener las más sólidas bases. Llega, finalmente, a la conclusión, esta información, de que el TC podría aparcar la sentencia y esperar a su renovación, si no hay acercamiento de posturas.
LA CONSTITUCIÓN, SEGÚN MONTILLA.- La aprobación de la Constitución española de 1978 ha sido un hito histórico del que podemos sentirnos orgullosos. La torturada historia de España, en la que los periodos democráticos han sido sólo breves paréntesis, inició con nuestra Carta Magna una duradera etapa de integración política, progreso económico y desarrollo autonómico, sostiene el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, en un artículo que publica en El País. Añade: Cuando escucho voces que piden olvidar la transición o que pretenden impulsar una segunda transición, me inquieta pensar que quizá busquen desandar lo andado y prescindir del pacto y los consensos básicos que presidieron la elaboración y posterior aprobación de nuestra ley de leyes. Tampoco deja de sorprenderme que algunos pretendan dar lecciones de constitucionalidad, sabiendo como sé que su aprecio por nuestra Carta Magna, y especialmente por su Título VIII, es cuando menos sobrevenido. Dice también que toda norma que tenga una lectura acorde con la Carta Magna debe ser juzgada constitucional, y se pregunta si ¿habrá que recordar que 'nacional' es el adjetivo que corresponde al sustantivo 'nacionalidad'?
PERÍODO DEMOCRÁTICO FECUNDO.- En 1978 abrimos el periodo democrático más fecundo de nuestra historia y pusimos las bases para ahuyentar definitivamente los tres demonios que envenenaron nuestra historia: la cuestión militar, la cuestión religiosa y la cuestión territorial. El sometimiento de los ejércitos al poder civil, la aconfesionalidad del Estado y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España supusieron un punto y aparte que sería temerario revisar. Por ello, como demócrata, como catalanista, como socialista, como federalista y en mi calidad de President de la Generalitat de Catalunya, me sumo a la conmemoración del aniversario de la aprobación en referéndum por parte de la ciudadanía española de la Constitución de 1978. Volvería a votarla con ilusión. Y más sabiendo que algunos querrían modificarla en un sentido involutivo o que piden que se aplique desconociendo el consenso que la hizo posible.
ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO.- Se entenderá que me centre en los aspectos que se refieren a la estructura territorial del Estado y que inciden directamente en el debate sobre la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Y que lo haga a partir del texto constitucional que en su propio Preámbulo proclama la voluntad de los constituyentes de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones". El artículo 2 de la Constitución afirma la unidad de España, garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Aspectos, por cierto, que en ningún momento el Estatuto catalán ha puesto ni en riesgo ni en duda, como se ha demostrado en los más de tres años que lleva en vigor. Precisamente el artículo 2 de la Constitución me trae a la memoria la negativa de muchos sectores de derecha y ultraderecha (de entonces, y al parecer de hoy mismo) a incorporar el término "nacionalidad" por considerarlo sinónimo de nación. ¿Habrá que recordar también que el adjetivo que corresponde al sustantivo nacionalidad es nacional? El artículo 3 de la Constitución consagra la oficialidad del castellano en toda España y de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas "de acuerdo con sus estatutos". Y no pedimos otra cosa.
EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN.- Parece oportuno recordar que la Constitución tuvo el inmenso mérito de establecer un extenso terreno de encuentro para los demócratas y los pueblos de España. ¿Quiere alguien hoy leer la Constitución de forma que los que cabíamos en ella en 1978 nos veamos expulsados de ella en el año 2009? El pasado 22 de noviembre, en Maià de Montcal, ante la tumba de Ernest Lluch, asesinado precisamente por defender el carácter inclusivo de nuestra Constitución, hice esta afirmación: "Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir, no puede servir hoy para dividir. Éste es el verdadero espíritu constitucional. Espero que nadie malogre de forma temeraria e imprudente este espíritu". Tampoco se debe olvidar que muchos de los que votaron el Estatuto de Catalunya no pudieron votar la Constitución en 1978 y así han podido unirse al bloque de la constitucionalidad.
EL RECURSO DEL PP.- Y es en ese marco en el que inscribo mis reflexiones sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Vaya por delante mi respeto al tribunal y mi convicción como demócrata de que sus sentencias deben ser acatadas. No seré yo quien cuestione la legitimidad del tribunal, del mismo modo que nadie debe olvidar que es la propia ejecutoria de las instituciones la que en último término legitima su labor ante la ciudadanía. Tampoco creo que la acción jurisdiccional deba producirse de espaldas a la opinión pública ni que pueda sustraerse a sus críticas, como no puede hacerlo ningún poder del Estado. Doy por sentado también que el tribunal es consciente de la responsabilidad que le ha sido conferida al verse obligado -por primera vez en 30 años- a fallar sobre una ley orgánica acordada por una delegación del Parlamento catalán, el Congreso y el Senado, aprobada por las Cortes y sometida a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
INQUIETUD ANTE LA SENTENCIA.- No creo que a nadie sorprenda la inquietud causada por las constantes filtraciones sobre las deliberaciones del alto tribunal, agravada por el hecho de que en estos momentos se halle incompleto, a causa del fallecimiento de un magistrado, de que se haya producido la atípica recusación de otro magistrado a los solos efectos de la deliberación y votación de ese recurso, y de que cuatro magistrados más hayan visto anormalmente prorrogado su mandato en casi dos años, a causa de un bloqueo impuesto por el PP, deseoso quizás de mantener indefinidamente una composición del tribunal más acorde con sus intereses de parte. Tampoco se entenderían las encendidas pasiones sobre el futuro del Estatuto sin tener en cuenta la hostilidad manifiesta que contra él ha levantado de forma innoble el PP durante más de tres años al grito de "España se rompe", con su fallido intento de evitar su toma en consideración por el Congreso, con su amago de impulsar un referéndum ilegal sobre el texto y con un infamante recurso que cuestiona preceptos similares, cuando no idénticos, a otros recogidos en diversos estatutos que no sólo no recurrió este partido, sino que incluso votó.
EL DILEMA DEL TC.- Creo que el Constitucional tiene entre sus manos una decisión de gran trascendencia. Y comparto la disyuntiva planteada por el editorialista de El País: "Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional". Ése es también el sentido del editorial conjunto publicado por 12 periódicos catalanes, que suscribo totalmente: "Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España". Desde el respeto a las instituciones y procurando el mejor servicio a la convivencia, que es la principal misión de todos, considero que el Constitucional debe juzgar plenamente constitucional toda norma que pueda tener una lectura acorde con la Carta Magna, evitando erigirse en una nueva Cámara legislativa que, en el caso del Estatuto, alteraría un texto sometido al voto de los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir.
FACTORES DE INTEGRACIÓN.-Citaré como argumento de autoridad un fragmento de la introducción de Ernest Lluch y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón a la obra colectiva Derechos históricos y constitucionalismo útil: "Convertir el conflicto en consenso, la disparidad en unión, es la esencia de lo que Rudolf Smend señaló, acertadamente, como finalidad última de la Constitución y del derecho constitucional: la integración política, haciendo, en consecuencia, de las instituciones constitucionales otros tantos factores de integración". Comparto su apreciación y deseo de forma no menos ferviente que una mayor y mejor integración de los pueblos de España sea el desenlace de este proceso. Éste hubiera sido también el deseo de Jordi Solé Tura, uno de los siete padres de la Constitución, fallecido el pasado viernes.
jcj
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