SOLICITAN QUE INTERVENGA EL REY EN EL CASO HAIDAR. PORQUÉ FRACASO LA CUMBRE DE PRESIDEDENTES DE CCAA. LA INFLACIÓN REPUNTA

DOLORES DE CABEZA DE HAIDAR.- Cuentan quienes acompañan a la activista Haidar que ha comenzado a tener dolores de cabeza, y posiblemente algunos toros indicios de que empieza a resentirse su huelga de hambre, y de otras huelgas que superó en años anteriores, cuando soportó las cárceles marroquíes. Es un momento adecuado, a los 31 días de huelga, y cada día más débil, -ella misma lo ha dicho, con apenas un hilo de voz- dicen los expertos, para que Haidar se termine de convencer de que es mas útil viva que muerta, como referencia para quienes siguen luchando por la independencia de Sahara. Y en esta situación llega la intervención del Congreso de los diputados, donde el PSOE y todos los grupos minoritarios del Congreso, salvo el PP, aprobaron en la tarde de ayer un texto común sobre el 'caso Haidar' que incluye elevar las gestiones diplomáticas ante Marruecos "al máximo nivel", que completa la mención al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con la inclusión de una cita al referéndum que se pactó en el marco de Naciones Unidas, y que ya no recoge la oferta del estatuto de asilo o refugio que el Gobierno propuso a la activista. El texto consensuado tiene su origen en una proposición no de ley del PSOE, presentada en el Congreso, que ha sido modificada a través de diversas enmiendas negociadas con IU, ERC, ICV, PNV y el Grupo Mixto (BNG, CC, UPB, UPyD y NaBai). El PP, que presentó dos enmiendas a la propuesta del PSOE, se ha abstenido en la votación, tras una severa crítica a la actuación del Gobierno efectuada por su portavoz Arístegui.

TODAS LAS GESTIONES POSIBLES.- El texto pactado, y aprobado en el Congreso, comienza instando al Gobierno a "redoblar todas gestiones políticas y diplomáticas que sean necesarias, al máximo nivel, para permitir el retorno de Aminetou Haidar a su hogar, junto a su familia". Y según explicó el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esa mención al 'máximo nivel' abre la vía a la mediación del Rey Juan Carlos, un escenario que, por contra, el PSOE no llega a contemplar, según ha venido asegurando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Conforme a los deseos de los socialistas, la iniciativa sí menciona expresamente la mediación del secretario general de Naciones Unidas, de su enviado personal para el Sáhara Occidental y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, "en relación con las obligaciones internacionales de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, entre ellas el retorno de Haidar". A ese punto, las minorías han añadido el objetivo de "ampliar el mandato de la MINURSO para incluir la observación de los Derechos Humanos". En tercer lugar, se aboga por "seguir defendiendo los derechos a la libre circulación y residencia de Aminatou Haidar", pero desaparece toda mención a la oferta del estatuto de asilo o refugio o incluso la nacionalidad española que el Gobierno ha venido proponiendo a la activista saharaui como alternativa a la posición de Marruecos y que el PSOE incluyó en sus dos borradores iniciales. Asimismo, en otro punto promovido por los grupos minoritarios, se solicita del Reino de Marruecos que permita "sin más dilación" el retorno inmediato de Haidar al Sáhara Occidental conforme a lo señalado en el artículo 12.4 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que establece que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país". A ello se añade la exigencia de que a la activista saharaui "le sean restituidos su documentación y pasaporte marroquíes, confiscados en el aeropuerto de El Aaiún", y que se respete "su dignidad y su derecho a regresar junto a los suyos".

DERECHYO DE AUTODETERMINACIÓN.- Por último, se completa la redacción que había planteado el PSOE en su segundo borrador para recuperar la doctrina del Parlamento en relación con el Sáhara Occidental, de tal manera que al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui se le añade la mención al referéndum como instrumento para su aplicación. El texto definitivo insta al Gobierno a "seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el congreso en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad". Lo que el Grupo Socialista ha rechazado de plano es la pretensión de formaciones como IU y UPyD de aumentar la presión sobre Marruecos suspendiendo su Estatuto de Asociación con la Unión Europea. Las minorías sacrificarían este punto en aras del acuerdo final. También han quedado fuera las aportaciones del PP, que con sus enmiendas, pretendía garantizar "todos los medios legales para preservar la vida de Haidar" mientras dure su huelga de hambre, -es decir, su alimentación por la fuerza y contra su voluntad-, lo que las minorías no aceptaban, e incluir un reconocimiento de "las continuas contradicciones, desmentidos y rectificaciones" del Gobierno en todo este proceso, algo que, obviamente, el PSOE no podía dar por bueno. El PP en voz de su portavoz Arístegui alegó que es tarea de la Oposición oponerse a lo que hace el Gobierno...

EL DOCUMENTO RECHAZADO POR EL PP.- La fracasada cumbre de los presidentes autonómicos es “la bnronca que no cesa”. Ayer ibntervino Rajoy, que calificó de pataletas la reacción crítica de Zapatero, y que felicitó a “sus” presidentes por haberse opuesto a las propuestas del Jefe del gobierno... Todavía dará mucho que hablar, esa cumbre y sus propuestas, que Zapatero se resiste a dar por muertas: las revivirá del modo que sea, porque le parecen adecuadas para la creación de empleo, que es de lo que se trate. Por más que el PP haya vuelto a negar su apoyo a la salida de la crisis, ni siquiera cuando el 80 por 100 de los planteamientos estaban incorporados al texto presentado a los presidentes, y rechazado por los populares...

LECTURA DETENIDA DEL PROGRAMA.- He leído con detenimiento los 19 folios del Documento que el presidente Zapatero trasladó a los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas reunidos este lunes en el Senado, y que el grupo de los ocho presidentes pertenecientes al PP, seis presidentes propiamente dichos y los “jefes” de Ceuta y Melilla- se negó a votar favorablemente por entender que no estaban suficientemente debatidos o consensuados, provocando un considerable enfado del jefe del Gobierno.

CUESTIONES SUMAMENTE CONOCIDAS.- De entrada, se trata de cuestiones extraordinariamente conocidas y debatidas en la sociedad española: La necesidad de adoptar medidas contra la crisis y para superar el peor de os efectos de esta crisis, la destrucción de empleo. Parte el documento de la necesidad de adoptar reformas que permitan alcanzar un crecimiento económico sólido y estable y, consecuentemente, de producir empleo. E invoca la exigencia de colaboración entre las distintas Administraciones para mejorar el contexto económico y productivo. A partir de ahí, se insta al Gobierno a promover una reforma legal capaz de crear empleo, especialmente contratación indefinida, eliminando la dualidad del mercado de trabajo. Y cita, a continuación, las medidas laborales que se propone adoptar el Gobierno: reducción de jornada, revisión de bonificaciones a la contratación, refuerzo de os servicios públicos de empleo, mejora de la intermediación laboral, reducción de la dualidad y tasa de temporalidad, reducción del desempleo juvenil y la brecha salarial de hombres y mujeres.

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL.- En segundo lugar, la propuesta sobre el sistema de pensiones y de la Seguridad Social para asegurar su sostenibilidad y suficiencia. Las Comunidades Autónomas, a su vez, se comprometen a estimular la participación de las empresas en la planificación e impartición de las enseñanzas de la formación profesional. Gobierno y CCAA constituirán un grupo de trabajo que proponga medidas necesarias en certificar académicamente los conocimientos adquiridos por la apariencia profesional. El Gobierno propondrá a los interlocutores sociales iniciativas que favorezcan la mejor utilización de los contratos formativos por empresas y trabajadores.
Entre en el siguiente apartado en la estabilidad de las finanzas públicas, para llegar a la conclusión de que la Admijistración general del Estado y las CCAA deben realizar un importante esfuerzo de consolidación fiscal para asegurar un nivel de deuda pública sostenible, compatible con los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Y para ello, el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos asumen el compromiso de reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas hasta el 3 por 100 del PIB en 2013, así como a mantener la deuda por debajo del promedio de los países de la eurozona, con contención de los gastos de personal y austeridad en el incremento de la masa salarial.

COMPETITIVIDAD.- El capítulo siguiente se centra en el impulso a la competitividad, mediante la reestructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular de las cajas de ahorro, y mejorando el acceso a la financiación; mediante la transposición de la directiva de servicios, con una política energética coherente y sostenible, optimizando los recursos destinados a I+D+i y a la internacionalización de las empresas, con un sistema educativo competitivo y eficaz y reformando los organismos reguladores.

POLÍTICA INDUSTRIAL.- El impulso a la política industrial es el propósito del aspecto siguiente que considera el Documento. También con el propósito de mejorar la competitividad del conjunto de la economía y de recuperar el crecimiento y el empleo, adoptando medidas como la mejora de la regulación y reducción de cargas, formación, diseño e innovación industrial, apertura de nuevos mercados y mejora de la sostenibilidad ambiental. Se mencionan luego sectores a impulsar, como el turismo, la automoción, la biotecnología y las tecnologías sanitarias, las TIC, protección medioambiental, sector aeroespacial... Para ello, el Gobierno y las CCAA crearán en el plazo de un mes una Comisión de Política Industrial que elabore una Estrategia Industrial para España 2010-2020.

SECTOR SERVIC IOS.- El siguiente capítulo se centra en el impulso al desarrollo de las actividades del sector servicios y la aplicación de la directiva de Servicios, que representan dos tercios del PIB español. El Gobierno y las CCAA se comprometen a desarrollar las previsiones normativas sobre libre establecimiento y prestación de servicios, a reducir el ámbito de exigencia de licencias de actividad y los supuestos de silencio negativo, para garantizar la unidad de mercado y mejorando los sistemas de defensa de la competencia. El Gobierno se compromete a reformar el marco regulatorio de los servicios profesionales, , a adoptar las reformas necesarias para la plena efectividad de los derechos de libre acceso a las actividades de servicios, y las CCAA se comprometen a agilizar la tramitación de las iniciativas de reforma del mercado legal para la efectiva transposición de la Directiva de servicios, con las reformas reglamentarias necesarias y los acuerdos de cooperación pertinentes.

SECTOR AGRARIO Y DE PESCA.- Otro capítulo del documento se dedica al sector agrario, de pesca y medio ambiente, como sector de especial relevancia para la actividad productiva, el mercado de trabajo y el desarrollo económico del país. La agricultura y la ganadería se configuran como un sector estratégico determinante para dar respuesta a importantes problemas que afectan a la humanidad en su conjunto. Señala este capítulo de atenciones que el gobierno y las CCAA consideran prioritaria la continuidad de la Política Agraria Común y que ambas partes acuerdan impulsar las actuaciones de las administraciones españolas en apoyo de la agricultura. Posiblemente es el capítulo más amplio y detallado de todos, que termina con la postura que España debería proponer en la cumbre del Clima de Copenhague.

FUNCIÓN PÚBLICA.- Por último, aborda la cuestión de la Función pública, y aboga por un nuevo modelo de administraciones públicas más estable y más eficiente, al que deberá llegarse con la cooperación y la coordinación de todas las administraciones. Se menciona la necesidad de impulsar el estatuto del empleado público, la modernización e innovación de las administraciones públicas, la generalización de la administración electrónica que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, la formación continua de éstos...
¿Qué asustó al PP a firmar este Documento? ¿Que no todo él era “de elaboración propia”, y que contenía aspectos reflejados en la Ley de Economía Sostenible, rechazada por Rajoy? Esa parece que la razón suprema y última. Y en todo caso, la posición de no atribuir al gobierno ni una gota de realidad y de buenas prácticas contra la crisis...

INFLACIÓN POSITIVA, PERO POCO.- Finalmente, han acertado los pronósticos de las autoridades económicas, y la inflación terminará el año en positivo, después de muchos meses de una indeseable mezcla de crecimiento negativo del PIB y de decrecimiento paralelo de los precios. En efecto, el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió cinco décimas en noviembre respecto al mes anterior y la tasa interanual aumentó un punto, hasta el 0,3%, retornando así a cifras positivas después de ocho meses consecutivos en negativo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), conocidos este martes, con el regreso a tasas positivas de la inflación interanual, se cumple el guión previsto por el Gobierno, que ya esperaba que en noviembre se abandonaran los números rojos en esta materia de los precios. La tasa interanual del 0,3% lograda en noviembre contrasta con la registrada en el mismo mes del año pasado, que fue del 2,4%. El hecho de que el IPC se haya situado en noviembre por debajo del 2% hará que, por primera vez desde 1998, los pensionistas no tengan que ser compensados por la desviación de precios. Según datos del Ministerio de Trabajo, los ocho millones de pensionistas españoles han ganado este año entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, equivalentes a unos 1.280 millones de euros. La inflación de noviembre está lejos de los máximos que se apuntó el IPC durante el verano de 2008 por causa de la escalada del precio del crudo. Los precios tocaron techo en julio del año pasado, con un IPC del 5,3%. A partir de entonces, la inflación comenzó a descender, entrando por primera vez en negativo en el mes de marzo de este año.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE.- Según los datos del INE conocidos ayer martes, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en noviembre en el 0,2%, una décima más que en octubre, mientras que el Indicador de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el 0,4% interanual, un punto más que en octubre, lo que le hizo regresar también a tasas positivas después de ocho meses consecutivos en negativo. El aumento de la inflación interanual se debió principalmente a la subida de los precios del transporte, cuya tasa anual aumentó más de cinco puntos respecto a octubre, hasta el 0,9%, situándose por primera vez en positivo desde octubre de 2008. Ello fue consecuencia de la subida del precio de los carburantes frente a la bajada que experimentaron en noviembre del 2008. También contribuyeron al repunte interanual de los precios el vestido y el calzado, que incrementaron un punto su tasa anual, hasta el -0,9%, al haber subido sus precios tras unas rebajas "más acentuadas" que las del año pasado. a vivienda, por su parte, también aportó su grano de arena al alza del IPC interanual, tras registrar en noviembre un repunte de seis décimas en su tasa anual, hasta el 0,3%, como consecuencia del encarecimiento de los precios del gasóleo para calefacción.

VALORACIÓN DE USO.- Después de ocho meses de valores negativos del IPC, lo que suponía una situación de deflación, ahora al finalizar el año salimos de ella situándonos en el 0,3%. Ello es debido una vez más al incremento del precio de los carburantes, sobre los que el Gobierno no tiene una incidencia directa, salvo la subida impositiva que se produjo y que no hizo incrementar la recaudación, sino que ésta disminuyó en un 4%. Para que esta subida del IPC incidiese positivamente en nuestra economía debería ser fruto de la reactivación del consumo, algo que no se ha producido, ya que las economías domésticas siguen sin liquidez y con falta de la necesaria confianza para consumir, optando por el ahorro. Desde la USO esperamos que el Gobierno no sufra un exceso de satisfacción y se olvide de abordar los problemas reales de nuestro mercado de trabajo, que son los cerca de 4,5 millones de parados. La USO, con el objetivo de reactivar nuestro crecimiento económico, reivindicará subidas salariales en la banda del 2% para que se recupere la liquidez y se reactive el consumo y su aportación al crecimiento del PIB.