TERMINÓ LA REBELIÓN DE VIC, Y´COMENZÓ OTRA EN YEBRA, TAL VEZ TAMBIÉN EN ASCO. INMIGRACIÓN Y RESIDUOS NUCLEARES DIVIDEN A LA OPINIÓN PÚBLICA

VIC Y YEBRA.- Esta semana, estas dos localidades, distintas y distantes, situados en las provincias de Barcelona y Guadalajara, respectivamente, han dado que hablar por la actitud de sus ciudadanos o de sus munícipes. El primer episodio, el de Vic, parece haber concluido, después de que su ayuntamiento decidiera rectificar u anunciar que seguirá empadronando a los inmigrantes, como había hecho antes, sin tener en consideración si éstos tenían o no papeles. Han decidido, sin más, atenerse a la legalidad vigente. En cuando a Yebra, la situación es muy distinta: se trata de optar a ser sede del almacén de residuos nucleares. Y es evidente la división, dicen que al cincuenta por ciento, de su población. Pero el ayuntamiento se ha mostrado favorable, con los votos mayoritarios del PP y contra la opinión de las dos personalidades autonómicas, el presidente manchego Barrera, y la candidata a este cargo, Dolores de Cospedal, del PSOE uno y del PP la otra. Pero ésa es la decisión adoptada en un pleno extraordinario muy tenso, con gritos de partidarios y detractores, cuando la candidatura ha salido adelante con los cinco votos a favor de los ediles del PP y dos en contra de los del PSOE, y ante la gran división de los ciudadanos de la localidad
UN PLENO AGITADO.- En un salón de plenos a rebosar de partidarios y opositores de la instalación, el alcalde de Yebra, Pedro Sánchez (PP), ha destacado que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC), que recogerá los residuos radiactivos de todas las centrales españolas, será "una estructura pionera en España que beneficiará a toda la región". Además, ha añadido, la construcción compensaría "la pérdida de recursos de la zona tras el cierra de Zorita", clausurada en 2006. "Lo hacemos porque estamos seguros de que es lo mejor para nuestro municipio", ha resumido. El acuerdo del pleno se compromete a otorgar todas las licencias de construcción, incluso por la vía de urgencia si el Gobierno elige finalmente a Yebra. Sánchez ha precisado que no espera rédito político porque cuando la instalación esté a pleno rendimiento "seguramente habrá otro alcalde" en Yebra. Y ha recordado que al presentarse a las elecciones, su programa no rechazaba el almacén y aun así obtuvo el 63% de los votos, mientras que la oposición hizo bandera del rechazo a la instalación y no logró un respaldo popular tan amplio. A su vez, la oposición discrepa frontalmente. Los dos ediles del PSOE han insistido en que la instalación del almacén es "una actividad muy peligrosa". Precisan que no hay un plan de evacuación ni un estudio de viabilidad para las empresas a las que perjudicaría la edificación del depósito.
DIVISIÓN EN EL PP.- La decisión del alcalde Sánchez ha desatado la división dentro de su propio partido. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado de nuevo su oposición al almacén de residuos nucleares en Castilla-La Mancha, región de la que ha dicho que "ya ha sido muy solidaria en materia nuclear". La dirigente del PP ha recordado que ya ha hablado con claridad y ha insistido en que "no debe procederse a la instalación de este cementerio nuclear" en territorio castellanomanchego, donde ya hay dos centrales nucleares, una de ellas inactiva. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que la votación del Ayuntamiento de Yebra "se va a quedar en una anécdota" porque la decisión de acoger un 'cementerio' de residuos nucleares provoca controversia en la comarca, en la provincia y en la comunidad autónoma. "La oposición de la ciudadanía debe ser considerada", ha señalado. "Creo que se va a quedar en una anécdota porque en el ministerio (de Industria) saben que hay oposición al proyecto". El presidente regional ha subrayado también el hecho de que Cospedal desautorizara el comportamiento de los concejales (del PP) de Yebra.
EN YEBRA COMO EN ASCÓ.- Pero Yebra no es la única opción posible. Mientras tanto, la posible candidatura del municipio tarraconense de Ascó al mismo almacén nuclear ha abierto una disputa en el seno del Gobierno tripartito catalán. El presidente de la Generalitat, José Montilla, ya ha anunciado que no se inmiscuirá en la decisión municipal, pero Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) y, en menor medida, Esquerra Republicana (ERC), se oponen a que se construya en Cataluña esta instalación. Los socialistas se distancian y alegan que se trata de una competencia que no les atañe porque el Ejecutivo central da la licencia y son los ayuntamientos los que la piden. ¿Qué tiene ese futuro almacén? Para unos, riesgos indudables. Para otros, unos ingresos del Estado muy sustanciales que no conviene despreciar...
Son problemas locales, en Vic como en Yebra o en Ascó, pero rebasan esos municipios y crean expectación nacional, sencillamente porque no dejan a nadie indiferente..
TERMINA EL CONFLICTO DE VIC.- Con el anuncio efectuado este jueves por los cuatro concejales del PSC en Vic, que han asegurado, en un comunicado, que el grupo municipal socialista "como hemos dicho desde el primer día, hará cumplir la ley tal como ha dictaminado el informe" de la Abogacía del Estado encargado por el Ministerio del Interior sobre el empadronamiento de inmigrantes, puede darse por concluido el conflicto suscitado por el ayuntamiento de la ciudad de negarse a empadronar a los inmigrantes “sin papeles”. La Abogacía del Estado considera en su informe que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su empadronamiento con esa excusa. Los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado así en el informe con el que responden a la consulta remitida al Ministerio del Interior por el Ayuntamiento de Vic, Barcelona, que se planteó denegar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY.- Los ediles del PSC, que forman parte del equipo de gobierno, han señalado que "en todo momento hemos manifestado el necesario cumplimiento de la legislación vigente" y que, en ese sentido "nos remitimos a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que respecta al ordenamiento jurídico, y en especial al informe del Ministerio del Interior". También resaltan que el Ayuntamiento de Vic "como la mayoría de ayuntamientos de Cataluña, ha realizado una labor de integración importante, en beneficio de la cohesión del país". Considera el grupo municipal del PSC que "los ayuntamientos deben tener los instrumentos y los recursos necesarios para la gobernabilidad de la realidad que vive el municipio" y que las administraciones públicas "deben continuar trabajando desde la coordinación y la cooperación en las políticas que afectan a la ciudadanía". Cabe recordar que el pasado lunes, la comisión ejecutiva del PSC dio órdenes a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Vic para que se opusieran a cualquier modificación restrictiva para dificultar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares en la ciudad.

CADA PARTIDO SE HA SITUADO.- El episodio de Vic ha forzado a que cada grupo político se situara ante el problema de la inmigración ilegal o “sin papeles”: aparecer en el padrón municipal equivale a que esos inmigrantes puedan ser atendidos en dos servicios básicos, la Sanidad pública y la Educación de sus hijos en edad escolar. De lo contrario, no tendrían tales atenciones. Desde el PP y desde CiU se pudieron escuchar voces contrarias a esa integración por lo que podría ser una puerta de entrada a la regularización total. Incluso desde el PSOE, el vicesecretario y ministro de Fomento, José Blanco, puso de relieve la incongruencia de las normas vigentes: de un lado empadronar, y de otro, y al mismo tiempo, la orden de expulsar a los ilegales. Por su parte, el presidente Zapatero enfatizaba, en su intervención ante el parlamento europeo, que no se consentirá que se menoscaben derechos elementales de la persona humana con el que calificó de “truco de Vic”.

REACCIONES ENCONTRADAS.- La intervención del Presidente Rodríguez Zapatero en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, en el comienzo de la etapa de medio año de presidencia española de la UE, merece hoy atenciones muy distintas, y hasta encontradas, en los partidos y en los medios informativos, por igual. Contrariamente a lo que suele suceder, en ámbitos habitualmente del PP hay, esta vez, aplausos y consideraciones positivas al político español, posiblemente como efecto del consenso de los partidos políticos del Congreso para dar su apoyo a la presidencia española. De ahí que algunas reacciones puedan resultar sorprendentes. La lectura de los titulares de los diarios y de sus opiniones editoriales son especialmente demostrativas de la confusión: Sopor y ausencias de los diputados, destaca La Gaceta, y que los populares le reprocharon las cifras españolas de paro y déficit. Cuenta El País que Zapatero defendió un gran pacto social en la UE, y comenta que Zapatero reafirmó el compromiso de la presidencia española con la UE.

ALGUNAS CRÍTICAS.- Asegura El Mundo que las propuestas de Zapatero para salir de la crisis dividen a Europa, y cuenta su cronista que Zapatero aprendió la lección de emprenderla con un diputado y dejar en paz a los periodistas. Zapatero, cuenta también, contestó numerosas preguntas de eurodiputados durante más de tres horas. Dice ABC en su editorial que los objetivos de Zapatero tienen muy bajo nivel, y que expuso un programa lleno de inconcreciones que fue acogido con mucha frialdad, con sólo un tercio de entrada. Por el contrario, se afirma en La Vanguardia que Zapatero evitó el chaparrón de la derecha en su examen europeo y sorteó los asuntos más polémicos y se refugió en las líneas generales. De parecida manera lo cuenta El Periódico de Cataluña: Zapatero supera el examen de la IE y receta más Europa, Los diputado del PP dejan a sus colegas europeos las críticas al liderazgo español. Dice Público que Zapatero promete seis meses de cambios en la UE y que propuso un gran pacto social y un mercado común de la energía, y anunció que combatirá con firmeza los paraísos fiscales. El PP se desmarcó de su grupo para cerrar filas con el Gobierno -aclara luego su enviado especial.-

ALGUNOS ELOGIOS.- Y posiblemente el comentario editorial más sorprendente haya sido el de La Razón: Sólidas propuestas de Zapatero. Los grupos europeos, añade, respaldan los objetivos de la presidencia española. El PP ha apoyado con responsabilidad los criterios definidos por el presidente del Gobierno. Zapatero propuso un nuevo pacto social para Europa en su estreno en Europa. Mayor intencionalidad se observa en Expansión: Zapatero pide para Europa el gran pacto social que no logra en España...
Como es fácil comprobar, hay planteamientos para todos los gustos, pero por esta vez, no son los que cabría esperar del medio que los proporciona, precisamente porque el PP español, en esta oportunidad, y por razón del pacto “doméstico”, se mantuvo al margen de los criterios del PP europeo. A éste último le correspondía criticar, mientras los nacionales estaban obligados a aplaudir y dar su consentimiento...

RETORNA LA NECESIDAD DE REFORMAR LAS PENSIONES.- La necesidad de recurrir a reformar el sistema de pensiones reaparece de vez en cuando en los medios informativos y en los discursos de muchos políticos. Ahora reaparece por varias razones de peso: La caída en 2009 del número de afiliados a la Seguridad Social hasta niveles de 2005, el espectacular incremento del número de prestaciones de desempleo..., todo ello está forzando al Gobierno a reabrir el debate sobre la reforma de las pensiones ante el riesgo de que, a corto plazo, el sistema entre en déficit, según apuntan algunos expertos. Así lo señala el diario ABC, que añade que, de hecho, este año podría haber ya un déficit de caja ante la caída del número de cotizaciones. Según la referida información, mientras la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados elabora sus conclusiones, el Gobierno está preparando un informe sobre la mencionada reforma, la cual, sería de «mínimos» para no dañar aún más la imagen del Ejecutivo.

ALCANCE DE LA REFORMA.- La reforma que plantearía el Ejecutivo y que está siendo encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, incluye la reestructuración de las pensiones de viudedad, aunque sin efectos retroactivos. Así, se trataría de que, por ejemplo, un viudo/a con pocos años de matrimonio y sin hijos perciba una pensión limitada en la cantidad y en el tiempo, contrariamente a lo que sucede en la actualidad. Asimismo, podrían establecerse determinadas condiciones para la percepción de una pensión cuando el viudo/a cobra un sueldo elevado. También se podría aumentar del 52% actual al 70% la base de cálculo de las pensiones de viudedad. La aplicación de esta medida tendría un impacto de 5.000 millones en las cuentas de la Seguridad Social. Otro objetivo del Gobierno es aproximar la edad real de jubilación (63 años y 10 meses de media) a la edad legal (65 años). Para ello, se pretende restringir y limitar las jubilaciones anticipadas. Lo que está descartado es ampliar la edad legal de jubilación. Asimismo, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pondrá sobre la mesa la vieja polémica sobre la ampliación del periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular las pensiones. Actualmente se toman los últimos 15 años y muchos expertos consideran más justo para el trabajador que se considere toda su vida laboral, sin que fuera más costoso para la Seguridad Social.

FECHAS PROBABLES.- No está confirmada la fecha en que este documento será presentado al Consejo de Ministros aunque el Ejecutivo maneja como alternativas el próximo 29 de enero o el siguiente 5 de febrero. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se inclina por el día 29, pero ese día se celebra en Barcelona la reunión informal de ministros de Empleo de la Unión Europea que deberá presidir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Precisamente, sobre esta reforma, el ex vicepresidente económico del Gobierno y próximo presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, reclamó ayer que se tomen medidas urgentes porque con la tendencia actual, dentro de doce años, en 2022, «habrá una insuficiencia de fondos para pagar las pensiones». A su modo de ver, el debate sobre las medidas a tomar se debe iniciar ya, para no tener que tomar «medidas traumáticas» después. Rodrigo Rato precisó que el sistema de pensiones de nuestro país «es bueno y merece la pena conservarlo». El ex ministro presentó las conclusiones a las que ha llegado una comisión de expertos de distintos ámbitos y signos políticos, que han analizado durante los últimos dos años los efectos del envejecimiento en el futuro del «Estado del Bienestar».

ALARGAR LA VIDA LABORAL.- La recomendación principal de esta comisión es alargar la vida laboral más, con incentivos, y eliminar los elementos que impulsan a sacar del mercado a los trabajadores de más de 50 años. En definitiva, acabar con las prejubilaciones masivas incentivadas para evitar que el sistema de pensiones acabe convertido en un instrumento de ajuste del mercado laboral. Asimismo, se pretende revisar las distintas reglas de ese mercado para acabar con «su grave segmentación y aumentar la llamada flexiseguridad». Para eso hay que conseguir crear nuevas opciones atractivas y flexibles de incorporación al mismo, organización del trabajo, mantenimiento del empleo y medidas para favorecer la productividad. Estos mecanismos permitirían combinar fórmulas de trabajo y estudio en las generaciones jóvenes, rompiendo la tendencia a una prolongación indefinida de la estancia en el sistema escolar y, segundo, de trabajo y retiro en las generaciones mayores.

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES.- En cuanto a la revalorización de las pensiones, apuestan por mecanismos anuales de ajuste prefijados. En cuando a la pensión de viudedad, se quiere romper su universalidad y reducir sus modalidades, así como fijar límites temporales y de cantidad, según el proyecto de reforma. Todo ello sin efectos retroactivos. Acerca de la ampliación de la base de cálculo, habría que aplicar la proposición aprobada en el Congreso de los Diputados que eleva del 52 al 70% la base de cálculo de las pensiones de viudedad. Yademás, será preciso restringir las jubilaciones anticipadas. El objetivo del Gobierno es aproximar la edad real de jubilación de los trabajadores (fijada en 63 años y 10 meses) a la edad legal (65 años). Por último, en materia de periodo de cotización, vuelve el debate sobre si habría que ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización (actualmente son 15 años ) que se tiene en cuenta para calcular las pensiones.
El hecho de que Rato haya presentado esas conclusiones es fácil que ayude a conseguir un pacto PSOE-PP en materia tan delicada como trascendente...