TIBIA RESPUESTA A LA CORRUPCIÓN.- Los españoles exigen contundencia ante la corrupción; ven tibia la respuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, ante los escándalos que asolan su partido; no creen la versión conspirativa y defensiva de los populares; y desean que todos los imputados abandonen sus cargos públicos. Esta exigencia de medidas enérgicas frente al caso Gürtel se concreta, según la encuesta de Metroscopia para El País, en que el 81% de los españoles pide que Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, abandone inmediatamente su escaño de senador por Cantabria. No basta con que haya pedido voluntariamente la suspensión de militancia, tras haber pactado esa salida con Rajoy. Para el 77% de sus votantes es necesario que abandone el cargo de senador, aunque la dirección del PP no sólo no contempla pedírselo, sino que ni siquiera le expulsará del Grupo Popular en la Cámara Alta. El trabajo de campo del sondeo se hizo el 8 de abril, en pleno terremoto Gürtel y con los ecos del pago de la fianza de Jaume Matas. Parece no calar entre los españoles la versión defensiva y conspirativa del PP, pues el 67% asegura que son acusaciones graves y creíbles, frente a sólo un 19% que ve un montaje para desprestigiar al principal partido de la oposición. Obviamente, hay más votantes populares que se apuntan a la versión oficial sostenida por sus dirigentes.
CRÍTICAS A RAJOY.- Hasta el 63% de los españoles asegura que Rajoy no está actuando correctamente ante las acusaciones de corrupción. Sólo el 23% apoya al líder del PP. Las aguas bajan agitadas en el partido, por la suciedad que arrastran y por las turbulencias internas. Y la encuesta refleja el nivel de crítica interna ante la pasividad o tibieza de Rajoy: un 43% de sus votantes critica la actuación de su líder. La pesada losa de la corrupción incide directamente en las aspiraciones electorales de Rajoy. Hasta el 70% asegura que influye negativamente en su carrera hacia La Moncloa. Significativamente, el 69% de los votantes del PP dan por hecho que los escándalos forman una barrera que le dificulta llegar al Gobierno. Según la encuesta, no bastan las salidas pactadas por la dirección del PP con los imputados, facilitando que pidan ellos mismos su baja temporal para luego agradecerles los servicios prestados.
AGUIRRE Y CAMPS, RESPONSABLES.- .- El caso Gürtel afecta de lleno a dos gobiernos autonómicos del PP, en Madrid y Valencia. Son dos de los más emblemáticos para los populares, constituidos en feudos electorales sólidos, y dirigidos por barones regionales especialmente activos. Pero ahora se han convertido en epicentro de corrupción y prácticas irregulares. Y los ciudadanos consideran que Esperanza Aguirre y Francisco Camps tienen responsabilidad en esta situación. La presidenta de Madrid la tiene para el 48% de los españoles, y el de la Comunidad de Valencia para el 68%. Es llamativo que el 25% de los votantes del PP vean responsable a Aguirre mientras este porcentaje llega hasta el 46% en el caso de Camps. Así las cosas, el último mes político ha desgastado a Rajoy, que, según los ciudadanos, podría haber tenido conocimiento previo de los hechos. Tanto como que ha alcanzado el porcentaje más alto de desaprobación de la legislatura como líder de la oposición. El 72% cuestiona su actuación, frente al 69% de hace sólo un mes. Este desgaste se manifiesta incluso entre los votantes del PP, y estos días ha tenido su eco en las voces discrepantes con su gestión de los casos de corrupción y la falta de gestos enérgicos.
CRÍTICAS EN EL PP A SU LÍDER.- Un 46% de los votantes del PP no comparte su forma de actuar como líder de la oposición. Se trata de un grado de crítica entre los suyos muy superior al que tiene el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre los votantes del PSOE, que es del 31%. Además, el porcentaje de aquellos que desconfían de Rajoy se ha elevado cuatro puntos en un mes, pasando del 79% al 83%. La mayoría de los españoles está en contra de que el Tribunal Supremo juzgue al magistrado Baltasar Garzón por haber intentado investigar los crímenes del franquismo. Un 51% asegura que está en desacuerdo con la decisión del magistrado Luciano Varela de abrir juicio oral a Garzón. Por contra, el 39% apoya que se siente en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional. Estos datos son coherentes con el resultado del sondeo de Metroscopia de hace un mes, según el cual los españoles consideraban mayoritariamente que existe una persecución contra Garzón. Según la encuesta realizada esta semana, una vez conocida la decisión de Varela, son básicamente los votantes del Partido Popular los que están a favor de que se juzgue a Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional fue el primer instructor del sumario del caso Gürtel, el escándalo de corrupción que lastra estos días a los populares.Así, el 68% de los votantes de este partido está de acuerdo con que se juzgue por este motivo a Garzón, y sólo un 25% se pronuncia en contra. En el caso de los socialistas, los porcentajes son los contrarios: un 68% está en contra, frente al 22% que comparte la decisión de Varela.
CASCOS INSISTE EN NEGAR SU RELACIÓN CON GURTEL.- El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento con José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, está convencido de que la Policía investigó si la trama «Gürtel» le pagó un viaje que realizó en 2003 a Lanzarote para luego filtrar a los medios de comunicación que había sospechas sobre él. La noticia en cuestión apareció en un medio digital y el diario «El País» se hizo eco de ella en un breve, según cuenta hoy el diario ABC. Cascos consideró que se estaba intentando manchar su honor y buen nombre y puso en marcha por su cuenta una serie de actuaciones para demostrar que esas acusaciones eran falsas. Lo cierto, en cualquier caso, es que nunca ha sido imputado, pero quería cortar de raíz cualquier intento de involucrarle. Álvarez-Cascos sostuvo el pasado viernes en una emisora de radio que «la camarilla de la Policía Judicial instalada en Canillas» (el complejo en el que tienen su sede los servicios centrales del Cuerpo) había preconstituido pruebas contra él. Además, recordó que algunos de los policías -aludía al Comisario General de Policía Judicial, Juan Antonio González, aunque no le nombró- habían falsificado los papeles de Laos que sirvieron para traer a España a Luis Roldán.
CASCOS NIEGA.- La sorpresa por las declaraciones del ex ministro, cuyo nombre suena con fuerza como candidato del PP a la presidencia del Principado de Asturias si bien Génova se muestra muy cauta en este asunto, ha intentado ser aclarada horas después por fuentes de su entorno. Todo arrancaría, siempre según esas fuentes, de una noticia publicada el pasado 6 de noviembre en «El confidencial.com», titulada «Anticorrupción investiga si la red Gürtel pagó a Álvarez-Cascos un viaje a Lanzarote». Para el ex vicepresidente, la información atribuía a la Fiscalía la autoría de esa filtración, de la que se desprendía que él y su familia se habían beneficiado de la trama corrupta. Ese mismo día, Cascos envió por vía notarial una carta a Antonio Salinas, fiscal jefe Anticorrupción, en el que le solicitaba que «se investigue la autoría de la filtración periodística atribuida a esa Fiscalía, para perseguir y sancionar al o a los responsables de la misma» y «se me permita colaborar en la investigación, aportando los testimonios que acabo de requerir por vía notarial en este mismo acto a las empresas: Agencia de Viajes Zenith del Grupo Apertur (de Madrid), Jumbotours (de Palma de Mallorca) y Hotel Princesa Yaiza (de Lanzarote) (...) para que demuestren la falsedad de la vinculación con la «red Gürtel» del viaje citado».
RESPUESTAS NOTARIALES.- Cascos exigía además que «si la noticia de la supuesta investigación resultara falsa, la propia Fiscalía Anticorrupción (...) emita el correspondiente desmentido (...) y anuncie las acciones que la ley le permita contra el medio que ha faltado a la verdad». El 18 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción se declaró no competente para investigar esa filtración, «de conformidad con lo dispuesto en el Art.19 cuarto de la Ley 24/07 de 9 de octubre, y la instrucción 4/06 del Fiscal General del Estado». Por ello, remitió el escrito denuncia «al Juzgado Decano de Instrucción de los de Madrid, haciéndole saber que contra esta resolución no cabe recurso alguno». El ex ministro de Fomento no se conformó con ello y al día siguiente de esa comunicación envió un nuevo escrito a la Fiscalía con las tres respuestas notariales de las empresas ya citadas en las que acreditan que no tienen relación con la trama «Gürtel». Asimismo, Cascos adjuntó el escrito recibido en julio por la dirección del Hotel Princesa Yaiza en el que la Brigada de Blanqueo de Capitales solicitaba «con urgencia» información sobre la estancia del ex vicepresidente del Gobierno por si la factura «haya podido estar efectuada a nombre de Special Events, S. L., o Pasadena Viajes, S. L.», ambas sociedades de la trama. Para el afectado, esa comunicación de la Policía daba cobertura a lo que en la información se «había sugerido insidiosamente, evidenciando el origen y la intención incuestionables de la filtración calumniosa».
CRITICAS POLICIALES A CASCOS.- Álvarez-Cascos no tuvo más noticias del asunto hasta el 4 de diciembre, cuando recibió la respuesta de Anticorrupción en la que simplemente se le informa de que se había recibido el escrito y la documentación «y en atención a su contenido le comunico que, con esta fecha, se procede a su archivo». A la vista de todo lo anterior, Francisco Álvarez-Cascos decidió enviar una carta al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso, Antonio Pedreira, para pedirle amparo, «con objeto de evitar la posible reiteración de estas intolerables y presuntamente delictivas conductas, con daño irreparable a mi honor y a la verdad de los hechos». El ex ministro de Fomento, según precisaron fuentes de su entorno, considera que todo lo anterior demostraría que la Policía ha preconstituido pruebas contra Cascos, y ello con la clara intención de perjudicarle para que se vea envuelto de alguna manera en la trama de corrupción. Los principales sindicatos de la Policía, CEP y SUP, han arremetido contra el ex vicepresidente del Gobierno y le han exigido que demuestre sus afirmaciones o, en caso contrario, que las retire. «No podemos volver a empezar con una teoría de la conspiración», dicen fuentes de estos sindicatos.
GURTEL CONTROLÓ 48 MILLONES.- La red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público entre 2000 y 2008, según datos que hoy proporciona el diario Público. La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Antonio Pedreira. Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que integran el núcleo duro de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas Gürtel hicieran trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros. El Partido Popular (PP), que como todas las formaciones se financia en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el 48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con 8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.
2003 Y 2004, LOS MEJORES AÑOS.- En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003 y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente, con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special Events. En 2005, Correa dejó de trabajar para FAES y el PP nacional El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las dos organizaciones territoriales más importantes del PP. El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio, en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el grupo Gürtel tenía su origen en instituciones públicas o con participación pública mayoritaria de Madrid y de Valencia.
EN 2005 DESAPARECEN DEL PP.- Rajoy se jacta de haber expulsado la trama del PP nacional, pero a partir de 2005 las empresas de Correa ya no trabajarán tampoco para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank de Aznar, bajo cuyo mandato se hicieron fuertes en el PP. De hecho, las principales marcas iniciales de la trama van desapareciendo del mapa a partir de 2004. Special Events, Pasadena, Rialgreen y otras van dejando paso a siglas más especializadas territorialmente, como Easy Concept y Servimadrid en Madrid, y Orange Market en Valencia. Los contratos públicos llegarán a partir de entonces casi exclusivamente de Madrid y Valencia. Pero del entramado institucional en su conjunto. No es sólo que los contratos se trocean a veces y se reparten por distintas consejerías para no superar el monto económico a partir del cual hay que convocar concurso público, sino que las adjudicaciones se van repartiendo también entre los organismos autónomos y con empresas distintas. Por ejemplo, en 2008 los pagos directos de la Generalitat valenciana a Orange Market fueron sólo de 45.000 euros. Pero en realidad esta empresa controlada por Francisco Correa a través de El Bigotes recaudó ese año 3,174 millones procedentes del conjunto institucional de la Comunitat Valenciana a través de múltiples organismos controlados por el PP: 1,4 millones de la Fira, 1,06 de la Agencia Valencia de Turismo, 516.000 de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, 69.600 de la Sociedad y Promoción Industrial Valenciana (Sepive), 34.626 de La Luz de las Imágenes, fundación adscrita a Cultura y Deporte, y 11.978 del Consejo Valenciano del Deporte. Esta externalización hacia el conjunto de la Administración se da también en Madrid, donde muchos organismos autónomos contratan a las mismas empresas sin que computen a la Comunidad (ver recuadro). Y lo mismo sucede en los ayuntamientos del PP implicados. Un ejemplo: en 2007, Arganda declaró pagos de 11.689 euros a Easy Concept. Una minucia comparado con los 464.135 que le abonó la empresa municipal Fomento y Desarrollo.
DECLARACIONES DE DURAN I LLEIDA EN LA VANGUARDIA.- En un momento de elevada crispación política, cuando los dos principales partidos españoles libran su particular batalla político-mediática, el líder parlamentario de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, dedica todos sus esfuerzos a establecer acuerdos que incluyan medidas de reactivación económica. Para Duran, el balance no puede ser totalmente satisfactorio, pero se le nota que en el fondo está contento de que CiU haya recuperado su influencia como interlocutor y principal contribuyente a la estabilidad política española. Es un papel que reivindica con orgullo. Durante la entrevista suena su teléfono varias veces, y dos de ellas habla con alguien al que se dirige como presidente.
Usted propuso un pacto de Estado contra la crisis económica y a la vista está que ha fracasado estrepitosamente...
Tienen ustedes razón. Todos hemos fracasado en este intento. Pero los máximos responsables son el PSOE y el PP, que utilizan la crisis económica como un instrumento de confrontación política perjudicando gravemente el interés general. Piensan más en las próximas elecciones que en las futuras generaciones.
Ya es un tópico que CiU siempre presume de su sentido de Estado...
Puede parecer paradójico, pero a los hechos me remito. Socialistas y populares no han estado a la altura. Para gobernar hay que asumir riesgos, y el PSOE no lo hace. Y el PP a menudo da la sensación de que ya le va bien que la crisis vaya debilitando al Gobierno de Zapatero.
Los pone en el mismo saco...
No. El Gobierno es quien tiene una prima de responsabilidad, haya acuerdo o no con la oposición. Al presidente Zapatero le ha faltado liderazgo, ideas, ambición y coraje político.
¿Y cómo se concilia ese sentido de Estado con la prioridad catalanista que se le supone a una fuerza nacionalista como CiU?
Somos una fuerza política moderada que sabe defender con radicalidad sus planteamientos. Se mire como se mire, defender los intereses de Catalunya pasa hoy por ayudar a que España supere la crisis.
El president José Montilla ha propuesto un gran pacto anticrisis entre autonomías, ayuntamientos y Gobierno central...
Está bien, pero llega tarde y lo tendrá difícil; ni su PSOE ni el PP están por la labor.
En Catalunya tampoco ha habido acuerdo anticrisis...
Zapatero ha asumido iniciativas nuestras. No es suficiente, pero algo es. Montilla, ninguna. Es rehén del tripartito y sólo busca la continuidad de su gobierno cuya único factor de cohesión es impedir que CiU gobierne. Tenemos un ejemplo reciente y significativo: el decretazo para imponer una persona del tripartito para controlar la televisión y la radio catalanas en vísperas electorales.
El pacto de Estado fracasó, pero CiU no cesa en su empeño pactista y va a apoyar las medidas económicas surgidas de los encuentros de Zurbano que el Consejo de Ministros aprobó este viernes en forma de simple decreto.
El pacto de Zurbano se concibió, pero no acabó de nacer. El documento de síntesis del Gobierno no asumía las medidas de calado que precisa la economía española para recuperarse, y por eso nos negamos a firmarlo. Otra cosa es que no rechacemos acuerdos sobre nuestras propuestas.
¿Cuál es la huella de CiU en estas medidas económicas?
No quiero pecar de pretencioso, pero la huella y hasta la caligrafía de CiU en el decreto es omnipresente: hemos conseguido que el ICO inyecte crédito a las empresas sin pasar por la banca, hemos prorrogado hasta el 2012 la libertad de amortización, hemos suprimido y simplificado las operaciones vinculadas para autónomos y pymes respectivamente, hemos reducido el IVA en el ámbito de la dependencia y en la rehabilitación... Y acuérdense de la ley de morosidad.
También han propiciado la denominada enmienda Florentino (Pérez). ¿CiU es un lobby de los poderosos?
CiU no ha aprobado la enmienda que ustedes califican enmienda Florentino y que presentó el PSOE. Al revés, el PSOE ha aprobado la de CiU, que yo mismo redacté. Si algo está defendiendo CiU es el mundo emprendedor, pero especialmente a las pymes, a los autónomos y a la empresa familiar, porque representan la economía productiva, vertebran el país y son los que generan más empleo. Lo que ha hecho CiU ha sido intervenir para salvaguardar los intereses de la empresa familiar, tan característica de la estructura productiva catalana, e impedir que de un día para el otro se cambiasen las reglas de juego de las sociedades.
Para hacer frente a la crisis, ¿qué medidas fundamentales propone CiU que el Gobierno no quiere o no se atreve a llevar a cabo?
De entrada, hay que decir que no saldremos de ella sin sacrificios, que el Gobierno debe asumir riesgos y que hay que apostar decididamente por los emprendedores y facilitarles sus proyectos empresariales. Por otra parte, un país que como España tiene el doble de paro que los demás no tiene más remedio que afrontar una reforma laboral. Eso lo sabe todo el mundo, todos los organismos internacionales, y el Gobierno esconde la cabeza bajo el ala. Una de las razones por las que no suscribimos el pacto de Zurbano es porque queríamos el compromiso del Gobierno de emplazar a los agentes sociales a que, en un plazo prudencial, o se ponen de acuerdo o bien la reforma laboral pasaría a ser asumida por el Congreso. Miren, la reforma laboral debe ser una prioridad. Hay otras también: educación, sector energético, función pública, horarios laborales.
¿La solución pasa por abaratar el despido?
Centrar el debate en esa cuestión interesa a Zapatero. CiU no quiere el despido libre, sino acabar con la dualidad actual del mercado laboral.
¿Supondría esto un nuevo contrato laboral?
Debemos ampliar el contrato de fomento de ocupación, del año 1997, que prevé una indemnización de 33 días. Pero la reforma laboral quiere decir también hablar de movilidad en el seno de las empresas, de aproximar la negociación colectiva, de combatir el absentismo laboral, de fomentar la colaboración entre los servicios de colocación públicos y los privados.
Ustedes han combatido la subida del IVA, pero luego critican el déficit público...
El aumento del IVA no va a resolver el problema y desde luego no va a crear empleo. Para crearlo hay que facilitar la contratación. Por eso proponemos rebajar las cotizaciones de la Seguridad Social. Zapatero dice ser de izquierdas y habla de mantener la política social, pero lo más antisocial y lo más antiizquierdista que hay es el paro, y en eso es en lo único en lo que destaca.
Dice que falta sentido de Estado, pero es que el Estado español no está pasando por sus mejores momentos, si tenemos en cuenta la desafección política, el desprestigio de la justicia...
El país atraviesa su peor situación política desde la recuperación de la democracia. Ahora no serían posibles ni la Constitución ni los pactos de la Moncloa. Hay un Gobierno que no gobierna y una oposición que no demuestra ser alternativa. Se necesita un cambio de la política española.
¿Y quién puede liderar ese cambio?
España iniciará su recuperación económica cuando CiU gobierne en Catalunya. Ese día, Catalunya volverá a ejercer como factor de referencia y de estabilidad en la política española. La necesidad de que en Catalunya haya un gobierno fuerte, alejado de experimentos tripartitos, es también percibida por los agentes sociales y económicos españoles.
¿CiU está dispuesta a llegar a un acuerdo de estabilidad con el Gobierno de Zapatero?
Estamos dispuestos a arrimar el hombro para salir de la crisis, no para salvar al PSOE ni a Rodríguez Zapatero.
¿CiU propone un cambio político y económico a la vez?
Y de valores. Detrás de la crisis económica, hay una crisis de valores. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
¿Y en qué ha de consistir?
La crisis financiera internacional pone de relieve que España adoptó un modelo de crecimiento económico apoyado sobre pies de barro: con una dependencia exagerada del sector de la construcción, con una demanda interior excesiva y el déficit exterior más grande del mundo. Esta situación viene agravada por una crisis política, la orfandad de liderazgo y la crisis de valores...
¿A qué valores se refiere?
Un grupo de intelectuales, universitarios, profesionales, decía, y yo lo suscribo, que hemos pasado de la cultura del sacrificio a la del menor esfuerzo posible; de la cultura del ahorro a la del consumo; de la cultura del ser a la del tener; de la cultura del respeto y protección de la dignidad humana a la egoísta satisfacción de los intereses particulares.
Y usted dice que CiU resolverá estos problemas con su apuesta por la estabilidad?
Sólo digo que el cambio en el Govern no es sólo importante para Catalunya sino para el conjunto de la sociedad española. En España todavía se continúa mirando a Catalunya con esperanza, a pesar de que la entiende poco.
El otro día el periodista José Antonio Zarzalejos definía a CiU en La Vanguardia como "el poder paliativo" en Madrid. ¿Qué le parece?
Creo que es una definición acertada. Soy consciente de que muchos votantes de CiU no entienden que estemos negociando con el Gobierno, pero me gustaría decirles que con esta actitud evitamos males mayores, que el Gobierno mantenga una política económica todavía más errática que la actual y apoyada por la izquierda. Y algo más: no votamos propuestas del Gobierno, es este el que vota las de CiU.
Volvemos al gran dilema del nacionalismo catalán, que tiene que optar entre ser el Bolívar de Catalunya o el Bismarck de España. ¿Qué es prioritario, liberar Catalunya o modernizar España?
Nunca ha sido incompatible gobernar y defender los intereses de Catalunya, que el país tenga la máxima capacidad de decisión, y al mismo tiempo contribuir a la modernización y la prosperidad de España. Para CiU nunca ha sido una contradicción.
Luego no se queje cuando le acusan de querer ser ministro...
Yo no quiero ser ministro ni voy a serlo.
¿Eso es que ve muy devaluada la figura de ministro?
No es por eso. Yo sigo siendo partidario de que el catalanismo político se implique en la gobernación de España. Sería bueno que hubiese ministros nacionalistas en el Gobierno de España, pero reitero: otros harán esa función.
La contradicción viene cuando se habla de soberanismo...
No, si por soberanista se entiende la reivindicación del máximo poder de decisión de los catalanes en los asuntos que les afectan, yo lo soy.
¿Cómo conjugará CiU su apuesta por la estabilidad del Estado ante una sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatut?
Siempre he sido muy prudente al respecto, pero tenemos cuatro miembros del Tribunal que llevan dos años con el mandato caducado. Y el mandato de cuatro más está a punto de caducar. Este tribunal no tiene credibilidad para poder emitir una sentencia.
¿Credibilidad o legitimidad?
Prefiero decir que no tiene credibilidad. Legitimidad jurídica tiene, pero desde un punto de vista político la discuto.
¿Y por qué no le recusan?
No somos parte del proceso, eso correspondería a la Generalitat o al Parlament, pero no es una idea que yo descarte.
¿Cuál debería ser la respuesta a la sentencia?
La respuesta unitaria que se acuerde. Y si los partidos catalanes no son capaces de responder unitariamente, habría que dar la voz a los ciudadanos. La respuesta se decidiría en las urnas.
Y si las urnas propician otro tripartito?
Los sondeos señalan claramente un deseo de cambio de la sociedad catalana, pero si suman PSC, ERC e ICV, volverán a las andadas... No lo digo yo, lo dejó claro el domingo pasado en La Vanguardia el líder de ERC Joan Puigcercós, principal valedor de Montilla. Llegó a decir que este ha hecho más por Catalunya en cuatro años que Pujol en doce. Hace falta una fe ciega en Montilla para sostener eso.
Si la sentencia fuera muycontraria, ¿cree que el marco estatutario quedaría finiquitado?
Yo apuesto por continuar con la vía de la negociación bilateral entre Barcelona y Madrid, y fijarnos nuevos proyectos de futuro desde el catalanismo político.
Hablaba usted de la crisis de valores. La corrupción tendrá que ver mucho con esa crisis, ¿no?
Por supuesto. Y hemos de procurar mantener el imperio de la ley, que la justicia funcione, que las leyes se apliquen y que se respete la presunción de inocencia. Para ello sería necesario renunciar desde la política a utilizar los asuntos judiciales como arma arrojadiza contra el adversario.
Sí, pero es lógico que los ciudadanos exijan una respuesta política, ¿no le parece? ¿Entiende el silencio de Rajoy respecto al caso Gürtel?
Es Mariano Rajoy quien debe administrar esa situación como considere oportuno. No seré yo quien le diga qué tiene que hacer.
Usted es presidente de la comisión de Exteriores del Congreso. ¿Cómo valora la presidencia europea de España?
Lo que debía ser el gran trampolín internacional de Zapatero parece que no ha servido para dar ningún salto... Prefiero no valorarla como presidente de dicha comisión. Sin embargo, como dirigente de CiU soy crítico respecto al papel de España en Europa antes y durante la presidencia de turno de la Unión. No existe una hoja de ruta clara y se priman más las imágenes, el titular, que los resultados. Y, de hecho, en estos tres primeros meses, por haber, no ha habido ni fotos.
Europa tiene tres presidentes: el recién nombrado, Van Rompuy, el de la Comisión, Barroso, y el de turno, Zapatero, pero sigue sin tener un teléfono, como decía Kissinger...
Antes Europa era un gigante económico y un enano político. Ahora vamos camino de no ser ni siquiera un gigante económico. Europa está en una situación muy delicada que definía hace una días el semanario alemán Der Spiegel. Este afirmaba que para la generación de Kohl, Europa era una cuestión de guerra y paz. Para la generación de Merkel, es una cuestión de costes y utilidad. Y España es hoy un alumno atrasado de esa nueva Europa de los costes y de la eficiencia.
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