ENCUESTAS MUY DESFAVORABLES AL GOBIERNO TRAS LAS MEDIDAS DE AJUSTE Y RECORTE DEL GASTO, LASMEDIDAS NO GUSTAN A CASI NADIE, SE RECLAMA RECTIFICACIÓN

DOMINGO DE ENCUESTAS.- Por lo general, después de cada gran acontecimiento político suele haber alguna encuesta de opinión que refleja “cómo ha caído” y qué repercusiones tiene ese acontecimiento. El gran ajuste del Gobierno anunciado el pasado miércoles también suscita este domingo reacciones generalmente contrarias. Ya el sábado, minutos después de que interviniera José Blanco en Telecinco para comentar las decisiones del Gobierno, se señalaba la propia encuesta del canal televisivo, que reflejaba casi un 80-20 de votos contrarios. Este domingo han sido los diarios El País, ABC y La Razón, los que refleja los sentimientos negativos que suscita el drástico recorte del gasto anunciado por Zapatero. Señala El País que el plan de ajuste dispara la ventaja electoral del PP sobre el PSOE. Los populares ganarían por nueve puntos. El 58 por 100 apoya el recorte de los funcionarios, pero el 66 por 100 rechaza la congelación de pensiones, según este sondeo. En cuando a ABC señala que Zapatero tiene ahora mismo peor valoración de la que Aznar llegó a tener durante la invasión de Irak. Entonces, el expresidente llegó a tener una calificación de 3,99 puntos, y la última encuesta del CIS otorga ahora mismo a Zapatero un 3,71. Y en La Razón se cuenta que el 64 por ciento rechaza congelar las pensiones y un 78 por 100 cree que se ha tardado en reaccionar. Incluso desde un medio generalmente favorable al Gobierno como es Público se señala que “hay otras formas de recortar 15.000millones”, se cuenta cómo economistas de izquierdas plantean recortes en partidas militares, religiosas y de las entidades financieras en vez de congelar las pensiones y bajar los salarios de los funcionarios. Más de 3.000 millones en partidas militares, casi siete mil millones de eliminación del fondo de ayuda a la banca, 900 millones de reducción a las ayudas a la Iglesia católica, más de mil millones en exención de los premios de la lotería,.más de mil millones en reducción de cargos de libres designación… Para llegar seguidamente a la conclusión de que, “a medio plazo, lo más efectivo será subir impuestos a los más ricos”. También recuerda que todos los países de la Eurozona afrontar planes para recortar un déficit global de medio billón de euros”.

IMPROVISACIÓN.- Posiblemente hay coincidencia en señalar que las medidas adoptadas por el gobierno de Zapatero, en su conjunto, no llegaron a tener suficiente meditación o maduración previa. ¿Los sueldos de los funcionarios? Probablemente hay demasiados funcionarios, en la administración central y en la periférica o autonómica, pero no son, por lo general, sueldos elevados. Hay coincidencia en que lo que sobran, sobre todo, son asesores y consejeros “áulicos”. De ésos sobran muchos centenares, y son los mejor pagados, en el gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos. Es la burocracia superflua y carísima que trae consigo un mal entendimiento de los partidos y sus clientelismos. Pero a los funcionarios mileuristas, más valdría dejarlos en paz, siempre que no sigan proliferando. Más coincidencia hay en señalar que es disparatado congelar las pensiones. Sobre todo, porque ha roto el esquema básico de Zapatero, de defender a ultranza los derechos de las clases pasivas, de los más desfavorecidos. Por el contrario, en esas medidas del miércoles no hay una sola medida que alcance o roce a los poderosos, lo que propició la frase de Llamazares, Ridao y Cayo Lara de que el presidente se ha comportado de manera “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Tampoco parece muy razonable que se recorten la obra pública y las infraestructuras pendientes. En cuando al cheque bebé de 2.500 euros, había coincidencia en que era de una generosidad propia de país riquísimo, pero pasar de 2.500 a cero euros posiblemente es otra barbaridad ¿Y el recorte para la dependencia, cuando “el cuarto pilar del Estado” está arrancando?

RECTIFICACIÓN.- ¿Cabe rectificar? Posiblemente cabe compensar, con esos impuestos a las rentas altas que se han sugerido. Y con alguna clase de tasa a las entidades y consejeros bancarios, que ya estamos viendo en Estados Unidos, ganan incluso más que antes de la crisis que propiciaron y han dejado tras de sí el presente estropicio general. Porque sucede que los mercados están lejos de haberse apaciguado, y los ciudadanos tampoco creen que esas medidas concretas ayudarán a salir de la crisis: ¿Van a crear un solo puesto de trabajo? ¿Subirán la riqueza nacional, el bienestar, la producción, la eficiencia? Como señalaba este domingo el diario El País, hasta ahora, la carga de la crisis la han soportado, sobre todo, los parados. Ahora se amplía exponencialmente el número de afectados directos. Entre cinco y seis millones de pensionistas, cerca de tres millones de empleados públicos, cientos de miles de personas dependientes y de futuras madres sufrirán las medidas anunciadas por el Gobierno. En tiempos en que el sueldo medio de los ejecutivos de las empresas del Ibex es de un millón de euros, unas 300 veces el salario mínimo, ninguna medida va dirigida a las rentas más altas, beneficiarias con Zapatero de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y de la rebaja del IRPF… Todo reclama una rápida y eficaz corrección. Bien meditada y sin más improvisaciones.

LA RECESIÓN PUEDE REGRESAR.- En el diario El País se ofrecen hoy consideraciones de interés sobre las medidas del gobierno y cómo completarlas adecuadamente. Sostiene el diario que “la luz al final del túnel se ha apagado. España abandonó en el primer trimestre su recesión más larga y profunda en medio siglo. Pero la presión de los mercados impide a los brotes verdes florecer. Aunque la alternativa de no actuar quizá hubiera sido peor, el ajuste anunciado el miércoles en apenas dos minutos por José Luis Rodríguez Zapatero no sólo frenará la recuperación sino que, probablemente, provocará una recaída en la recesión. Además, el brusco viraje del Gobierno tendrá consecuencias económicas, políticas y sociológicas difíciles de calibrar de inmediato, pero que dejarán una huella permanente, y no sólo en los colectivos más directamente afectados, sino en el conjunto de España. La reacción inicial que muestra la encuesta de Metroscopia. De El País, permite atisbar ya parte de la onda expansiva.

DESCONFIANZA GENERALIZADA.- Para empezar, la desconfianza se ha instalado en la ciudadanía. Tres de cada cuatro consideran que las medidas no son suficientes para que España salga de la crisis. El Gobierno se ha ganado a pulso esa desconfianza. Cuando ya estábamos en recesión y se habían perdido cientos de miles de puestos de trabajo, el presidente del Gobierno sostenía que era "opinable" que hubiéramos entrado en crisis, una palabra que se convirtió en tabú. "Zapatero pronuncia la palabra crisis" llegó a ser noticia de primera página. Solbes bromeaba con que la recesión pasaría "rozando el larguero" cuando cayó Lehman Brothers y empezaron a marcarle goles por la escuadra. De no ver llegar la crisis, el Gobierno pasó a verla acabarse. Proclamó que se había tocado suelo, vio brotes verdes y cuando, a la vuelta del verano de 2009, algunos le advirtieron de que la crisis española iba a ser más larga, Zapatero reaccionó airado negándolo. Desgraciadamente, España ha sido la última de las grandes economías en dejar la recesión y cuando lo hace, se agrava la crisis, con el paro y el déficit en niveles récord y el acoso de los mercados. El Gobierno tampoco supo diagnosticar bien ese acoso, desatado por la crisis griega.

EL CONTAGIO GRIEGO.- Cuando el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, se fue a una isla del Egeo para confesar a sus ciudadanos que Grecia era "un barco a punto de irse a pique", sigue diciendo El País, el Gobierno se veía a salvo del contagio. Sólo una semana antes de anunciar su plan de ajuste, Zapatero aún insistía, tras su reunión con Rajoy, en que no era momento de una reducción drástica del déficit. Pero los dos días siguientes fueron una pesadilla. La Bolsa y los bonos se desplomaron. España empezaba a verse reflejada en el espejo griego, que los líderes del Eurogrupo se encargaron de poner a Zapatero delante de la cara. No es raro que la encuesta muestre que los ciudadanos creen por abrumadora mayoría (67%) que el plan de ajuste no es fruto de una reflexión interna, sino de presiones exteriores. En un contexto de deterioro de la imagen de España, la presión de los mercados y la de los dirigentes europeos ha sido decisiva. Para Zapatero, que tanto ha arremetido contra los especuladores, ha tenido que ser especialmente doloroso rendirse a ellos mientras la prometida reforma financiera sigue empantanada.

LA CARGA DE LA CRISIS.- Hasta ahora, la carga de la crisis la han soportado sobre todo los parados. Ahora se amplía exponencialmente el número de afectados directos. Entre cinco y seis millones de pensionistas, cerca de tres millones de empleados públicos, cientos de miles de personas dependientes y de futuras madres sufrirán las medidas anunciadas por el Gobierno. En tiempos en que el sueldo medio de los ejecutivos de las empresas del Ibex es de un millón de euros, unas 300 veces el salario mínimo, ninguna medida va dirigida a las rentas más altas, beneficiarias con Zapatero de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y de la rebaja del IRPF. Eso irrita a los sindicatos casi tanto como la ruptura de la gran promesa de Zapatero: "Mientras yo sea presidente, las políticas sociales no tendrán recortes", insistía hace sólo tres meses. Zapatero los ha perdido como aliados a los sindicatos -algo con consecuencias imprevisibles- mientras recibía el apoyo matizado de los empresarios. Entre algunos de estos, hay preocupación por si el Gobierno será capaz de recabar apoyo parlamentario a sus medidas. El miércoles, todos los grupos le dieron la espalda. En medios empresariales da pánico la sola idea de que el Congreso rechace convalidar el decreto-ley de un Gobierno, -no hay que olvidarlo- en minoría. Ante la perspectiva de una grave crisis política y de credibilidad, esperan que haya grupos que faciliten la aprobación.

MEDIDAS QUE NO GUSTAN.- Pero no va a ser fácil hallar votos para unas medidas que, en conjunto, no gustan a la ciudadanía. El 46% las desaprueba y el 34% las aprueba, según la encuesta de Metroscopia, aunque al bajar al detalle hay grandes diferencias. El juicio tiene que ver en parte con el bolsillo de cada uno. Siempre ha sido así, pero más si se trata de repartir la factura de la crisis. Eso se aprecia sobre todo en la supresión del cheque-bebé. El rechazo más amplio (65%) se registra entre los menores de 35 años, es decir, sus potenciales beneficiarios, mientras que entre los mayores de 35 años pasan a ser mayoría los que respaldan la eliminación de dicha ayuda. La medida que encuentra un rechazo más general es la congelación de las pensiones en 2011, la que afecta a un mayor número de ciudadanos. El Gobierno ha decidido saltarse en este punto el Pacto de Toledo, el consenso básico en materia de pensiones. ¿Una excepción o un precedente? En cambio, la otra decisión más drástica, la rebaja de un 5% de media de los sueldos de los funcionarios, recibe un respaldo mayoritario (58% a favor y 40% en contra). Eso responde probablemente a la percepción de que son los que menos han sufrido la crisis. No ha habido apenas despidos entre los empleados públicos y sus retribuciones subieron con fuerza en 2009 cuando la inflación fue sólo del 0,7%. La medida, por otro lado, supone reconocer la evidencia aritmética de que no era posible recortar significativamente el gasto en funcionarios manteniendo su poder adquisitivo. El Gobierno ha preferido engañarse durante meses y negar esa evidencia. Cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, insinuó que el emperador estaba desnudo, todos le desautorizaron altivos, como en el cuento de Andersen.

CONGELACIÓN DE PENSIONES.- Dentro de la rebaja de sueldos, la que recibe un apoyo más amplio, casi unánime, es la de los miembros del Gobierno. La reducción del gasto en medicamentos también es aplaudida. El respaldo es igualmente amplísimo para la petición de que comunidades y ayuntamientos ahorren 1.200 millones, aunque es un enunciado con trampa. Mientras no se diga en qué se ahorra, esto es, quiénes saldrán perjudicados, es lógico que apenas haya oposición. En cambio, junto a la congelación de las pensiones, la mayor oposición es contra la modificación del régimen de jubilación parcial y contra la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia desde el día de presentación de la solicitud. Frente al interés propio que se adivina en la posición de los encuestados sobre otras materias, en esta última se aprecia cómo ha calado la idea de solidaridad con los dependientes. Y también ha arraigado la solidaridad con los países más pobres, pues pese a la dureza de la crisis es mayoritario el rechazo al recorte de 600 millones en la ayuda al desarrollo.

REFORMAS PENDIENTES.- Acaso la mayor paradoja de la encuesta es que pese a que los ciudadanos desaprueban el paquete en su conjunto y lo consideran insuficiente, una amplia mayoría cree que el PP debería apoyar las medidas. Eso sí la diferencia de opinión entre votantes del PSOE y del PP es mayor en esta pregunta que en ninguna otra. La encuesta no aclara si los ciudadanos ven insuficientes las medidas porque hacen falta reformas en paralelo (laboral, pensiones, cajas de ahorros) o porque son necesarios más recortes (supresión de ministerios, reducción de subvenciones, copago sanitario...). Pero menos aún, a lo que no puede responder es a si el ajuste le bastará a las autoridades europeas (que evaluarán el plan en junio) y a los mercados. Son preguntas en el aire. ¿Qué nuevas vueltas de tuerca harán falta? ¿En qué plazo? ¿Cómo afectará el ajuste a la recuperación económica? ¿Cuándo volveremos a ver la luz al final del túnel?

EL PP RECHAZA, Y APLICA, EL AJUSTE DE ZAPATERO.- El PP y el PSOE reunieron este sábado a las planas mayores de sus respectivos partidos para diseñar las medidas para afrontar el recorte del gasto anunciado el miércoles pasado por el presidente Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, mantuvo la reunión con los presidentes autonómicos y los jefes regionales de su partido para analizar los efectos de las medidas de recorte presupuestario adoptadas por el gobierno y para abordar medidas de contención de gasto en las comunidades donde gobierna el PP. El líder del PP aseguró en la reunión que el recorte que plantea el gobierno es "improvisado, injusto e insuficiente", y que ha sido impuesto "desde fuera". El líder del PP ha asegurado que ya ha dado instrucciones para reducir el gasto público en aquellas instituciones en las que gobierna, así como para acometer una bajada generalizada de los sueldos de los cargos públicos de su formación en comunidades autónomas y parlamentos. Según Rajoy, el ajuste es un impuesto, improvisado e injusto, además de insuficiente. Es improvisado porque el Gobierno sólo le ha dedicado 48 horas a preparar unas medidas, para las que el PP no ha sido escuchado. Es injusto porque hace recaer el peso del ajuste sobre los más débiles, especialmente los pensionistas. Y es insuficiente porque no sirve para recuperar la economía ni para la creación de empleo. Por todo ello, rechazó el ajuste del déficit anunciado por el presidente del Gobierno, que ha calificado de "decretazo", tal como se bautizó al que bajo el Gobierno 'popular' mereció una huelga general. A su juicio, las medidas de recorte son perjudiciales desde el punto de vista económico, porque a muchos españoles se les baja el sueldo y se les va a subir el IVA, y por tanto van a comprar y gastar menos.

CONTRA LA CONGELACIÓN DE PENSIONES.- Rajoy afirmó que su partido no apoyará de ninguna manera la congelación de las pensiones y que presentará mociones en todas las administraciones para que se cumpla el Pacto de Toledo. Un Pacto que, según ha recordado, tenía un compromiso muy importante: que las grandes decisiones se hicieran por acuerdo, y cuya "liquidación", por parte de Zapatero, el PP no acepta. En este sentido, su reclamo más urgente ha sido el de que se reúna en el Congreso la comisión de seguimiento del Pacto, y que se anule la congelación de pensiones. Una congelación que, según ha criticado, el Gobierno ha sido incapaz de calcular. No obstante, Rajoy ha dado por buena la estimación oficiosa de 1.500 millones para dicha partida, para contraponer el ajuste de otras. Así, ha planteado la supresión de 470 millones de euros del Presupuesto destinados a cooperación para el desarrollo; los 700 a que ascienden las "enmiendas de campanario, producto del cambalache" de la negociación de los Presupuestos entre el Gobierno y sus socio nacionalistas; o los "292 millones en subvenciones a empresarios sindicatos y partidos". Además, ha planteado que "se puede reducir el gasto en televisiones públicas, empezando por TVE", porque "es más justo" que hacerlo con "los pensionistas". Rajoy ha reclamado al Gobierno que presente una cuestión de confianza ante el Congreso, tal vez sumándose a la propuesta hecha por CiU al urgir a Zapatero no sólo a aclarar el 'decretazo', sino a explicar su programa de Gobierno para los dos próximos años y con qué apoyos cuenta. Ha dicho que el Gobierno está "enrocado" y sólo ha justificado su continuidad en que "tiene una mayoría suficiente".

RECORTE A LOS ALTOS CARGOS.- Sin embargo, Rajoy recabó el apoyo de los barones del PP a su propuesta de extender a los altos cargos autonómicos la misma rebaja de sueldo planteada por el Gobierno para los de la Administración del Estado. El PP, dijo, ha dado instrucciones para reducir los sueldos a los políticos en la misma cuantía que se haga en el Gobierno de la nación. En los ayuntamientos, añadió, buscaremos un compromiso conjunto. Además, el PP exigió al Gobierno claridad en las medidas y anunció que presentará mociones en todas las comunidades autónomas para evitar la congelación de las pensiones y exigir su revalorización. Además, reclama que se cumpla el pacto de Toledo. Rajoy aseguró que el PP va a cumplir con su obligación de hacer cosas útiles para los españoles, la primera de las cuales será un recorte de los sueldos de los cargos públicos populares allí donde gobiernan. El propio Rajoy había avisado el miércoles que no apoyará congelar las pensiones si antes no recorta los gastos superfluos, empezando por el recorte de las subvenciones de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. El presidente del PP no hizo mención alguna de la convocatoria de paro hecha pública por UGT y CCOO para el próximo día 2. Lejos de apoyar a los sindicatos, ha reclamado de manera expresa una reducción de las subvenciones que éstos reciben a través de los Presupuestos, junto a partidos políticos y organizaciones empresariales.

REUNIÓN DE MANDOS SOCIALISTRAS.- A su vez, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, presidía la reunión de coordinación institucional y parlamentaria del partido, a la que asistieron los portavoces socialistas en el Congreso, el Senado y en los diversos Parlamentos autonómicos. El PSOE está lanzado desde hoy a una vasta campaña explicativa sobre las medidas anunciadas por Zapatero. Pajín llamó ayer a sus compañeros a divulgar las medidas de recorte así como su necesidad para mejorar la situación económica. "Estamos haciendo lo que teníamos que hacer", dijo hoy Pajín: "Este no es el momento de pensar en las elecciones sino en el país, porque los ciudadanos y los electores sabrán reconocerlo, porque,, cuando dentro de unos meses salgamos de la crisis, sabrán quién ha estado a la altura de las circunstancias y quien ha sido irresponsables". Pajín aseguró que los cargos socialistas en Gobiernos, Parlamentos, Diputaciones o Ayuntamientos se bajarán más el sueldo que el funcionario al que más se le rebaje sus retribuciones, "para dar ejemplo".. La campaña explicativa habrá tenido uno de sus momentos singulares con la presencia este sábado del ministro de Fomento, José Blanco, en el programa La Noria, de Telecinco. El vicesecretario general del PSOE reconoció que se ha abierto la reflexión para que "paguen más los que más tienen" y señaló que, en materia de impuestos, las decisiones se toman "habitualmente" cuando se negocian los Presupuestos Generales del Estado.