25 AÑOS EN LA UE, BALANCE POSITIVO. LA LEY DE LIBVERTAD RELIGIOSA QUE SE PREPARA Y QUE NO GUSTARÁ AL PP NI A LA IGLESIA CATÓLICA

25 AÑOS EN LA UE.- Este fin de semana, y con alguna ceremonia oficial, se han recordado los veinticinco años de presencia de España en la Unión Europea. Un período, de un cuarto de siglo, que pese a las dificultades de ahora mismo, derivadas de la crisis económica, nadie duda de que ha sido esencialmente positivo. Veinticinco años después de que España firmase el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, los partidos hacen un balance de los éxitos conseguidos: la salida del aislamiento, la estabilidad económica y política, las ayudas para modernizar las infraestructuras, entre otros. Algunos también reparan en las zonas oscuras: Por ejemplo, desde el diario Público se advierten demasiadas políticas neoliberales y poca política social progresista. Y se recogen distintas opiniones, como la del ex presidente del Parlamento Europeo y europarlamentario por el PSOE desde 1986 Enrique Barón, que destaca el profundo cambio de la sociedad en estos 25 años. "Gracias a nuestro esfuerzo y a la solidaridad europea, estamos en primera división", señala. La UE ha aportado a España, pero también a la inversa. "Principios políticos fundamentales como la ciudadanía o la introducción del criterio de cohesión que hoy tiene alcance mundial; lleva el sello español en Europa". "La alternativa a una UE más fuerte sería la marginalidad", dice Barón (PSOE).

BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA..- Por su parte, el diputado europeo y secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, incide en el buen funcionamiento del sistema: "Los países de Europa del Este que se incorporaron ven a España como ejemplo del éxito de la integración. Ha habido bastante consenso en las familias políticas sobre que el sistema ha funcionado". Desde 1986, España ha recibido más de 120.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. En 2008, aportó al presupuesto comunitario 9.966 millones de euros, que representan el 0,93% del PIB nacional y el 9% del presupuesto comunitario. En términos de caja, España salió ganando porque recibió de la UE 13.421 millones de euros ese año. El investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, afirma que "no ha habido ningún esfuerzo de solidaridad como éste. Es algo espectacular". Para él la UE "es el ancla de consolidación democrática" en España. El resultado es que en estos 25 años la renta por habitante ha pasado del 75% de la media europea al 103%. Estos fondos, dice, han permitido la modernización de las estructuras productivas, aunque quedan cosas por hacer. En este sentido, el eurodiputado de ERC Oriol Junquera cuestiona que "las ayudas no han servido en la medida que se esperaba". En su opinión, las decisiones económicas, tanto con el PSOE como con el PP, se han tomado con criterios políticos "lo que ha impedido aprovechar mejor" esos fondos. Como ejemplo, señala que la red de ferrocarriles de alta velocidad es "claramente deficitaria, con la excepción de la línea Madrid-Barcelona". Sostiene que se ha hecho así para "favorecer la centralidad de Madrid", aunque tenga costes brutales. Junquera subraya en su balance que, desde el punto de vista político, España es uno de los países que "más trabas ha puesto a la integración por su egoísmo de Estado, en el sentido de que es el que más incumple los compromisos que asume".

EL EURO, FACTOR CLAVE.- La mayoría de los políticos coinciden en que la adopción del euro es uno de los factores claves. El eurodiputado de CiU Ramón Tremosa lo confirma: "Ha sido lo más decisivo. Sin el euro, España tendría un corralito". Por eso, resta importancia a las dudas actuales y se pregunta a cuánto estaría la gasolina si no estuviésemos en el euro o cuánto se habría depreciado la peseta. En esta dirección se expresa también el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que considera que "el euro ha frenado determinados aspectos de la crisis" y propone "politizar la economía", visto que han fallado los mecanismos de control y regulación en Europa.
La situación económica, señalan muchos, ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia el gobierno económico. Para la eurodiputada socialista María Muñiz, "la UE se ha construido a golpe de intereses comunes y la crisis actual es una gran oportunidad para impulsar el gobierno económico y dotar de capacidad a la unión monetaria". Unos pasos hacia los que se dirige la UE inexorablemente. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, confirma que la próxima semana se tomarán decisiones en el Consejo Europeo en esta dirección.

POLÍTICA SOCIAL.- En materia de política social, el análisis de los partidos es dispar. La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao pone de relieve la ventaja que nos llevan otros en el desarrollo del Estado de bienestar. "Estamos retrasados en materia de conciliación de vida familiar y laboral o en ayudas por hijos" Sin embargo, resalta que ha avanzado bastante en materia de igualdad. Desde las formaciones de izquierda, señalan el buen lugar de España en esta materia. Según Muñiz, el Estado español "es reconocido en la UE por haber sido un abanderado de la política de igualdad y en las de protección del modelo social europeo". En esta línea abunda Romeva, "España se ha convertido en un país vanguardista. Durante un tiempo Europa miraba al norte y ahora mira a España en materia de igualdad y no discriminación". Para Tremosa, "este Estado de bienestar es el gran tesoro que ofrece Europa al mundo. No sólo somos potencia creadora sino que somos los mejores repartiendo la riqueza". A su vez, la investigadora de la Fundación CIDOB Carme Colomina afirma que en las transformaciones sociales "es donde más se nota el cambio, junto con la consolidación del proceso de democratización del país", asegura. Con la vista puesta en el futuro, Colomina describe tres retos de la UE: "Reponernos de la crisis y consolidar el euro, adaptarnos a los cambios sin dañar nuestro modelo social y tener una voz de calidad que hable en nombre de los 27". Una demanda que también hacen los políticos. Otros fijan su atención en un necesario liderazgo europeo para seguir construyendo Europa. Según Romeva "los que tenemos son para frenarla. Nos falta voluntad política, económica y social para dar ese salto político que no hemos hecho". El eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, partidario de una Europa Federal, propone "reforzar los mecanismos europeos de dirección unitaria". Esto se traduciría, explica, en darle mayor relevancia al Parlamento y a la Comisión Europea. Desde esta perspectiva, Junquera cuestiona que "las instituciones más legitimadas, como el Parlamento, tengan poco poder y que otras de más dudosa legitimidad, como la Comisión, tienen mucho poder".

LA EU SE CONSTRUYE A GOLPE DE CRISIS.- Una pregunta se expone a los participantes en este debate: ¿La UE se construye a golpe de crisis? Es verdad que, en momentos críticos, se producen transformaciones profundas y en la UE ha pasado eso. Nació después de una crisis, que fue la Guerra Mundial. Tras la caída del Muro de Berlín, se dio otro gran salto con el Tratado de Maastrich. Ahora, la crisis ha empujado a otro cambio que es el gobierno económico de la UE. Más cuestiones: ¿Es menos generosa la Unión ahora que cuando España se incorporó? Las perspectivas financieras estaban acordadas hasta 2013 y la crisis no las ha modificado. Los países que han entrado van a tener una solidaridad y ayuda equivalentes. No se es menos generosa, el caso griego es un ejemplo de solidaridad. ¿España ha dado o recibido más en estos 25 años? No podemos hablar sólo en términos de caja. Hemos dado todo lo que hemos podido y en todos los ámbitos. Si España no hubiese aprobado por referéndum tan masivamente la Constitución europea, difícilmente tendríamos Tratado de Lisboa. Si hablamos en términos de caja, España ha recibido más que ha dado, en torno al 1% de PIB a fondo perdido, prácticamente todos los años. ¿Habría que pensar en reformas para la elección de los representantes europeos? No, es impensable. Tenemos cierta fatiga de reformas y ocho o nueve años de incertidumbre institucional. Tendrán que pasar bastantes años para que se aborde una reforma importante. ¿Qué queda por hacer? Muchas cosas. España ha marcado en este semestre de presidencia el rumbo de la UE. Las cosas que se han empezado se van a seguir haciendo durante la próxima década.

LA FUTURA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA.- Se ha relatado que, durante el encuentro que el pasado jueves mantuvieron el Papa y el jefe del Gobierno español, el primero se interesó por la ley de Libertad Religiosa, en cuya preparación está el Gobierno español desde hace muchos meses, y cuyo retraso también es ya notable. Contó alguno de aquellos cronistas desde el Vaticano que Benedicto XVI había sugerido al jefe del gobierno español que aplazara esa futura norma, de la que nos ha hablado este domingo con profusión el diario El País. Desde varios medios españoles laicos o laicistas, en efecto, se reclama desde hace tiempo esa ley, sobre todo a la vista de los propósitos de afianzamiento de los católicos en sus parcelas de poder. Recientemente provocó notable controversia el hecho de que se reclamara que las tropas no tuvieran intervención en las procesiones del Corpus, o en cualquier otra manifestación popular de fe católica, como la liturgia de Semana Santa. Pues bien, nos cuenta hoy la referida crónica de El País que los funerales de Estado en 2004 por las víctimas del 11-M no podrían volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente católica -la ofició en la catedral madrileña de La Almudena el arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos había un buen puñado de musulmanes y de cristianos ortodoxos.

SÓLO FUNERALES CIVILES.- Según el periódico, el borrador del texto legal que maneja el Ejecutivo establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y sólo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan. Y si entre los militares españoles caídos hubiera católicos y musulmanes, tendrían que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional. "Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso", dice el borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, norma que, según ha trascendido tras la visita de Zapatero al Papa, el Gobierno no va a poner en marcha hasta después del verano. Se refiere, en primer lugar, a los funerales, pero también a cualquier otro acto estatal. Según la referida información, el texto, según confirman fuentes oficiales, habla, por primera vez, de la "laicidad del Estado" -es el título de un capítulo y de un artículo-. En los artículos que desarrollan esta laicidad, sin embargo, no se afirma que España será un Estado laico, sino que se habla solo de "neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias" y de la obligación del Estado de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas". La nueva ley servirá también para determinar el alcance de los derechos de libertad religiosa y de conciencia y para que se tenga más en cuenta la nueva realidad confesional de España en la que, en parte a causa de la inmigración, han crecido otras religiones; especialmente, el número de musulmanes (1,4 millones), protestantes (rebasan el millón) y cristianos ortodoxos (600.000).

LAICIDAD PRÁCTICA.- Las consecuencias concretas de la laicidad están fijadas en cuatro artículos. Aparte de regular los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en determinados lugares: "En los establecimientos públicos no se exhibirán símbolos religiosos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes". Es decir, no podrá haber crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios. Hay una excepción a esta regla en el texto. Pese a estar financiados con dinero público, los colegios concertados o los centros médicos privados con convenio con la Seguridad Social sí podrán exhibir simbología acorde con su credo. El Ministerio de Justicia estima, de todas formas, que un 80% de los símbolos carentes de valor artístico han sido ya suprimidos de los edificios públicos. Pero son varias más las materias en las que “entra” esta ley, como el velo de las musulmanas, también reciente objeto de controversia en algunas localidades y centros escolares españoles. Pero, vaya por delante, que ni el PP ni la Iglesia Católica tienen deseo alguno de que se regulen estas cuestiones por ley…

NEUTRALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Las autoridades tendrán sus propias limitaciones. Si acuden a "actos estrictamente religiosos", deberán hacerlo "de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación", prosigue el texto. Es decir, que no sólo deberán atender las invitaciones de la Iglesia católica y participar, por ejemplo, en procesiones, sino que también deberán acudir a actos de las demás confesiones, como ya sucede, por ejemplo, en Ceuta con la Musala (rezo colectivo con el que finaliza el Ramadán), al que asisten el alcalde y el delegado del Gobierno. La mitad de la población de la ciudad es musulmana. La presencia de funcionarios en actos religiosos está regulada de forma distinta a la de las autoridades. El texto establece que será siempre "voluntaria". El nuevo reglamento de honores militares se ha anticipado, en cierta medida, a la futura ley. Aprobado el 19 de mayo, estipula también que cuando Defensa autorice a escoltas o piquetes a asistir a celebraciones religiosas, la participación de los militares "tendrá carácter voluntario" y no tendrán que rendir honores al Santísimo, a la Virgen ni a los santos patronos. Esta participación de los funcionarios, incluso si es voluntaria, podría chocar, según expertos consultados por este periódico, con la "neutralidad" de los poderes públicos y con la obligación de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas" que consagra la ley.

SÍMBOLOS RELIGIOSOS.- La comisión que redacta el anteproyecto de ley no ha decidido aún si regulará o no en la ley los símbolos religiosos individuales que llevan, en espacios públicos, ciudadanos que no representan al Estado; prendas como el hiyab (pañuelo islámico), cuya colocación en abril sobre el cabello de Najwa Malha, alumna de un colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), desató una polémica. "Es uno los asuntos que se siguen debatiendo", indican fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sí es favorable a legislar sobre el velo islámico. "Hay que precisar qué elementos religiosos de identificación personal puede portar un ciudadano dentro de los espacios públicos", afirmó el 4 de mayo en Telecinco. La ley "deberá ser clara" y aplicar "el sentido común y la tolerancia", insistió. Uno de los contenidos de la libertad de conciencia es el derecho a "vivir y comportarse de acuerdo con las propias convicciones y creencias", que conlleva el de "expresar" la religión propia. Los únicos límites que recoge el texto son el orden público y los derechos de los demás. Pero la regulación que se propone es similar a la de la ley de libertad religiosa vigente, de 1980, que no consiguió dejar claro si el hiyab está jurídicamente permitido en aulas o salas de juicio o si cualquier colegio o juez puede impedir su uso.

RELIGIONES ARRAIGADAS.- El Gobierno propone también equipar prácticamente a las cuatro religiones que gozan en España de "notorio arraigo" -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con las tres que en 1992 firmaron acuerdos con el Estado: musulmanes, protestantes y judíos. La Iglesia católica goza de una situación mejor gracias a los acuerdos de 1979, y continuará manteniendo estos privilegios. Seguirá siendo, por ejemplo, la única confesión a la que los contribuyentes podrán dedicar el 0,7% de su IRPF. El borrador del proyecto de ley establece las condiciones (años de inscripción, número mínimo de lugares de culto, etcétera) para que otras religiones obtengan el estatus de "notorio arraigo" y la consiguiente capacidad de interlocución con el Estado, así como las ventajas fiscales que conlleva. Hasta ahora era la Comisión Asesora de Libertad Religiosa la que lo decidía, y sin criterios muy definidos. El hinduismo podría ser el primer candidato a conseguir esta condición con la nueva ley, que reconoce nuevos derechos para estas confesiones.

COMISIÓN REDACTORA.- Los 37 artículos en preparación sustituirán a los ocho de la ley de 1980. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega preside la comisión encargada de redactar la ley, de la que también es miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, José María Contreras. Este catedrático consultó previamente algunos aspectos de la ley con las confesiones religiosas reunidas en un foro informal. Esquerra Republicana de Catalunya es la formación que parece tener más prisa para que salga adelante la ley. Su portavoz adjunto, Joan Tardà, presentó una moción en el Congreso que los socialistas enmendaron y aprobaron el 18 de mayo con el voto en contra de PP y UPN y la abstención de CiU y PNV. La moción insta al Gobierno a someter el anteproyecto de la ley a una primera lectura antes del 30 de junio. No parece probable que se respete este plazo, pero el Consejo de Ministros le dará un primer repaso antes de las vacaciones veraniegas. En el mejor de los casos entrará en la Cámara baja a finales de año. El PP se ha opuesto de antemano a la nueva ley por dos razones. La primera es de oportunidad. "No es el momento por necesidad social, prioridad ni por reconocer un nuevo derecho", declaró el diputado Santiago Cervera en el Congreso. Además, se lamentó, la ley "intervendrá aspectos no sustantivos, pero sí simbólicos" equiparables a "tradiciones y convenciones" de España. La Iglesia católica tampoco está de acuerdo. El Papa Benedicto XVI trasladó el jueves en El Vaticano al presidente José Luís Rodríguez Zapatero sus reticencias ante la iniciativa legislativa en gestación.

LA FUTURA LEY, EN SÍNTESIS.- - No se podrán exhibir símbolos religiosos en los establecimientos y edificios públicos salvo que tengan valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. La prohibición no alcanza a los centros privados que presten servicios públicos. - Los actos y celebraciones oficiales no incorporarán ceremonias religiosas. - La autoridad pública que participe en un acto religioso garantizará que no haya trato discriminatorio a ninguna confesión. - Las religiones de "notorio arraigo" verán ampliados sus derechos.