LA PIÑA SOCIALISTA.- La jornada del jueves resultó, con toda probabilidad, ajetreada y hasta agitada para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A primera hora de la mañana, y antes de emprender viaje a El Vaticano y Roma, era informado de primera mano del fracaso de las negociaciones para la reforma laboral. No pudo significarle excesiva sorpresa, porque el desacuerdo, o el fracaso, estaba ya “descontado”. Mes tras mes se había comprobado la distancia de los interlocutores, patronal y sindicatos. De hecho, las reuniones a tres -sindicatos, patrona, y Gobierno-, tenían un decidido propósito: tomar nota de las discrepancias de ambos, para tratar de evitarlas en el borrador de decreto que el gobierno empezará a presentar a las fuerzas políticas en las horas próximas para sacarlo adelante en el trámite parlamentario. Zapatero ponía de relieve la utilidad que han tenido esas reuniones, por fallidas que resultaran finalmente.
CON EL PAPA.- A continuación, y tras esa mala noticia, Zapatero viajaba para mantener un encuentro nada fácil, con el Papam Benedicto XVI y su secretario de Estado, el cardenal Bertone. Nunca son fáciles os encuentros con la Santa Sede, en los diarios de este viernes es posible recoger versiones muy distintas: desde que el papa le solicitó que aplazara la ley de libertad religiosa, hasta la queja del Papa por la ley del aborto, pasando por la consideración de que las relaciones Estado-Iglesia Católica española no están siendo especialmente ácidas ni belicosas. La segunda parte de su presencia en Roma fue el encuentro con Berlusconi, y la rueda de prensa en la que Zapatero tuvo unas primera ocasión para referirse al decreto de reforma laboral que el gobierno ha venido preparando durante semanas. Zapatero dejaba clara la importancia que da a la reforma, y cómo ha de ser una norma útil para mucho tiempo...
LA PIÑA SOCIALISTA.- Y todavía llegó a tiempo para participar en la ceremonia que José Antonio Alonso y José Bono prepararon ayer para celebrar los cien años del fundados del Partido Socialista, Pablo Iglesias, y que se transformó en una ceremonia en la que Zapatero y González, o González y Zapatero, se dieron ánimos para continuar unos cuantos años más al frente de los destinos de España, por más que deberán seguir padeciendo los ataques “a la yugular”, como expresó González, del principal partido de la Oposición. Fue, sin duda, una oportunidad para abandonar rencillas personas y críticas internas en un momento particularmente complicado y difícil. Reveló Zapatero las palabras de ánimo que su antecesor le dirigió cuando se anunció el ajuste severísimo del gasto público.
DIÁLOGO CON EL PP.- Pues bien, por loas informaciones de prensa de las que este viernes tenemos noticia, el presidente Zapatero aún halló tiempo para dar un telefonazo a Mariano Rajoy. Según el relato de La Vanguardia, inmediatamente después de esa llamada, Celestino Corbacho y Cristóbal Montoro tantearon posiciones para buscar un eventual apoyo del PP a la reforma del mercado laboral que en los próximos días ocupará a los grupos parlamentarios. De manera que el acuerdo entre los agentes sociales ha sido imposible, pero podría hacerse realidad entre las fuerzas políticas, incluida el PP. El intento ya se está produciendo, y no resultará sencillo de conseguir...
CRUCE DE REPROCHES ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS.- Una vez que ya está decidido que la reforma laboral saldrá adelante sin acuerdo, tras el fracaso de los negociadores, el Ejecutivo se reunirá por separado con las partes para entregarles el texto del decreto que prevé aprobar la próxima semana. Según ha confirmado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el próximo encuentro, ya bilateral, tendrá lugar el viernes, después de que los responsables de patronal y sindicatos recibieran dos documentos con las propuestas principales del Ejecutivo. El Gobierno citará por separado a patronal y sindicatos para establecer una ronda de consultas -no negociación- sobre el decreto que lleva preparando desde hace varias semanas ante la evidencia de que el acuerdo resultaba complejo y difícil de conseguir, como efectivamente ha sido.
BUSQUEDA DE MAYORÍA.- Con ese texto de borrados en la mano, sindicatos y patronal expresarán su opinión a los representantes del Ministerio de Trabajo. Ante la probable falta de acuerdo, el Gobierno tendrá que aprobar la reforma por decreto y en este caso deberá buscar la mayoría en el parlamento. Sobre este punto, la vicepresidente segunda, Elena Salgado, ha adelantado que el Gobierno "intensificará" el diálogo con las fuerzas políticas para recabar su apoyo. se han buscado las razones del desacuerdo: según los distintos testimonios, las diferencias en los planteamientos, especialmente en lo referente al despido, frustraron las expectativas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han constatado que "no ha habido margen para el acuerdo" entre las tres partes. Según el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, las causas para poder hacer un despido procedente y la cuantía de las indemnizaciones fueron las cuestiones principales por las que acabaron sin acuerdo.
REPROCHES MUTUOS.- Rotas las negociaciones entre los agentes sociales para pactar la reforma laboral y para evitar el decreto del Gobierno, los reproches de patronal y sindicatos no se han hecho esperar. CCOO responsabiliza a la CEOE del fracaso por querer "aprovechar la coyuntura de crisis para conseguir sus antiguas aspiraciones", las cuales pasan por un despido más barato y por una mayor discrecionalidad de las empresas en la toma de decisiones. Según el portavoz de CCOO la pretensión de la parte empresarial es "abrir el abanico" de las causas objetivas, pero también aligerar los procedimientos para que haya "una menor tutela judicial" a la hora de justificar las causas de un despido procedente.
LAS CAUSAS DEL DESPIDO.- Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha lamentado que los sindicatos "no quieran ver la realidad" y no hayan estado de acuerdo en aprobar una reforma laboral "profunda" como están "clamando" todas los organismos internacionales. En declaraciones a Onda Cero, el líder de la patronal ha explicado que las causas para poder hacer un despido procedente y la cuantía de las indemnizaciones han sido las cuestiones principales por las que las negociaciones de la reforma laboral han acabado sin acuerdo. "Esto se ha acabado", ha asegurado el presidente de la patronal, quien ha considerado que ya no son necesarias más reuniones tripartitas, y por eso el Gobierno mañana presentará por separado a los empresarios y a los sindicatos un documento con los principales aspectos de la reforma que aprobará el miércoles por decreto. Díaz Ferrán ha insistido en que esta reforma tiene que mejorar la especificación de las causas del despido procedente -una de las cuestiones que los sindicatos no han aceptado-, y en su opinión se debería permitir este tipo de rescisión de contrato en tres casos: pérdidas de la empresa demostrables, rebaja de ventas y falta de liquidez. El máximo responsable de la patronal ha expresado su confianza en que ahora el Gobierno, en su propuesta de reforma, "esté a la altura de las circunstancias que necesita la economía del país y que exigen los mercados".
EL BORRADOR DEL DECRETO.- ¿Aproximarán posiciones, la patronal y los sindicatos, cuando vean el borrador del decreto del Gobierno, o se agudizarán las posiciones encontradas? El Gobierno se ve ahora en la necesidad de dar satisfacción no sólo a patronos y sindicatos, sino también a las fuerzas políticas, para obtener una mayoría suficiente para su aprobación en el Congreso.
LOS MAGISTRADOS DEL TC VOLVIERON A DELIBERAR.- El Pleno del Tribunal Constitucional se reunió ayer desde las 10:00 horas de hoy para estudiar con carácter monográfico el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut de Catalunya. La convocatoria se ha mantenido según lo previsto a pesar de estar pendientes de resolución los recursos de súplica planteados tanto por el Gobierno como porel Parlamento catalanes contra la negativa del TC a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto. No obstante, fuentes del alto tribunal señalaron a la agencia Europa Press que no se descarta que, antes de entrar en el fondo del asunto, los magistrados prefieran esperar y aplacen su deliberación hasta la semana próxima, que es cuando está previsto que se resuelvan, previsiblemente rechazándolas, las pretensiones de Generalitat y el Parlament. Se recuerda que el pasado martes, el TC acordó dar un plazo de tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competencia. Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes.
LA PONENCIA DE EMILIA CASAS.- El contenido de la ponencia que se somete a debate este jueves no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado sector progresista de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue rechazado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana. Fuentes del TC señalaron que el texto que ahora presenta María Emilia Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, y podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación. Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo, con tal de lograr, de una vez, una sentencia antes del próximo verano. Otras fuentes indican que los magistrados, lejos de entrar en el fondo de la cuestión, podrían limitarse a discutir sobre las normas de votación del tribunal y su aplicación a este asunto.
PROBABLE RECORTE DEL TEXTO.- Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del bloque conservador, Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de que fuera sometido a votación. Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término 'nación' en el Preámbulo de la norma.
RECUSACIÓN DE TREMPS.- La más reciente novedad en esta interminable deliberación del Estatut ha sido la iniciativa del presidente catalán, José Montilla, quien pretende que pueda votar el magistrado Pablo Pérez Tremps, en su día recusado y apartado del caso. Montilla aspira a que Pérez Tremps pueda votar en aquellos artículos por los que no fue recusado. La iniciativa se produce después de que el Gobierno catalán prometiera hace un par de meses que haría cuando estuviera en sus manos para que el actual TC no dictamine el Estatut. Si el Gobierno catalán lograra este objetivo, la composición del pleno del TC volvería a tener una clara mayoría progresista. Fuentes de la presidencia de Cataluña han negado que la reapertura del debate de las recusaciones sea una simple maniobra dilatoria.
UN CÓDIGO PENAL AUN MÁS ENDURECIDO.- Hay en España casi 77.000 presos que llenan las cárceles. Son más que en Alemania, que dobla en población a España. La razón de tanta afluencia es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. Pues bien, el Parlamento acaba de endurecerlo aun más. El Senado aprobó este miércoles, definitivamente la modificación de más de 150 artículos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalición Canaria y UPN, la abstención de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondría que la población penitenciaria siga aumentando al mismo ritmo de los últimos años. Nadie se atreve a defender ante la opinión pública que, quizá, sea necesario rebajar algunas penas para que el sistema no se colapse.
ALGUNAS DE LAS NOVEDADES.- Esta macrorreforma de ahora ha ido acompañada de una memoria económica que ocupaba exactamente folio y medio y que, decía sin mucha explicación, la reforma no tendría impacto en la población reclusa. Pero, aunque ciertos aspectos, -como suavizar las penas por tráfico de droga para casos de escasa entidad o convertir en falta las infracciones de los manteros para que no entren en la cárcel- pueden hacer que disminuya algo el número de presos, la mayoría de las medidas endurecen de forma evidente el código. En efecto, la reforma agrava las penas por terrorismo, crímenes sexuales y corrupción en delitos urbanísticos y ambientales; introduce la libertad vigilada para algunas infracciones; recoge el concepto nuevo de "grupo criminal"; las personas jurídicas, por primera vez en la historia, podrán ser imputadas; y los ladrones multirreincidentes irán a la cárcel los fines de semana. Observa un análisis de El País que “algunos de los cambios eran necesarios para incorporar al derecho español obligaciones internacionales. Pero no todos. Ni siquiera la mayoría.
AGRAVACIÓN DE PENAS.- Se han agravado las penas mucho más de lo que era estrictamente necesario”. Y menciona, por ejemplo, los delitos sexuales. El Gobierno justificó el aumento punitivo por la necesidad de trasponer al derecho español la normativa europea. Pero sólo un porcentaje mínimo de cambios eran obligatorios. También se han agravado las penas para carteristas reincidentes, que podrán ir a la cárcel en fin de semana y festivos. Al PSOE, que había asegurado durante la tramitación parlamentaria que endurecería las penas para delitos graves y de “cuello blanco”, pero en ningún caso para los pequeños delincuentes, le ganó la partida CiU, impulsor de este cambio. El cumplimiento de estas penas generará problemas evidentes a Instituciones Penitenciarias, que no sólo tiene las prisiones a rebosar de lunes a viernes. Otra medida que generará mayores sanciones es el nuevo concepto de "grupo criminal". Se ha incluido un castigo específico para los autores que pertenezcan a "organizaciones criminales" si se cumplen ciertos requisitos: que haya una cierta estructura, estabilidad y una división funcional. Pero, cuando no se cumplan, siempre y cuando haya más de dos personas que participen en el delito, se podrá entender que forman, al menos, un "grupo criminal".
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.- La modificación legal recoge también, por primera vez, la responsabilidad penal de las empresas que, como cualquier persona física, podrán ser acusadas y sancionadas por delitos como las estafas, delitos medioambientales y cohechos. Es una responsabilidad independiente de la de los individuos concretos de la compañía. La regulación tiene algunas lagunas y nadie sabe muy bien cómo se aplicará finalmente, pero lo que pretende es evitar la impunidad. En el catálogo de delitos que las empresas pueden cometer quedan fuera los delitos contra los derechos de los trabajadores. Conductas tan comunes como la explotación laboral de inmigrantes o el grave incumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, muy relacionadas con los accidentes laborales. La reforma incluye también nuevos tipos como la piratería, la corrupción entre particulares o el tráfico de órganos. Se ha quedado por el camino la gran petición del PP: la cadena perpetua revisable. El PSOE la tachó de inconstitucional y no obtuvo consenso del resto de los grupos.
EL BANCO MUNDIAL RECTIFICA SU INFORME SOBRE ESPAÑA.- Todos los informativos y diarios nacionales han dado cuenta este jueves, en grandes titulares, del informe del Banco de Mundial en el que advierte de la gravedad de la situación en España, o “sentencia que la situación de España es muy grave” -La Gaceta; o que el Banco Mundial “dispara la alarma al proclamar que la situación de España es muy grave” -El Mundo, o bien, que “el BM alerta de la situación muy grave por la que atraviesa España” -ABC. Los titulares de los restantes diarios son parecidos: El BM ve España en situación muy grave, el BM ve muy grave la situación económica espñaola, , el BM avisa: la situación económica en España es muy grave; el BM cree muy grave la situación en España: Banco Mundial, España está muy grave, dicen los titulares de La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, La Razón, Público o El Economista, respectivamente. En efecto, y como ha explicado el diario El País,el Banco Mundial “se sacó de la manga una nueva categoría para países europeos con gran deuda, y lo hizo de forma arbitraria y utilizando una definición completamente errónea en un informe oficial del organismo.
EL BM RECTIFICA.- Tras ser advertido de ello, cuenta el periódico, el organismo rectificó su definición, pero la nueva versión sigue sin ser consistente con la situación de los países estigmatizados. En esa versión original, el Banco Mundial advertía de los riesgos de "una grave pérdida de confianza en la deuda de los cinco países más fuertemente endeudados de la Unión Europea", a los que bautiza como UE-5 (EU-5, en el original en inglés). El informe se extiende, seguidamente, sobre los peligros que acarrearía el impago de la deuda de esos países de la UE-5. ¿Y cuáles son? Las estadísticas no dejan lugar a dudas: los cinco países con mayor deuda pública de la UE son, por este orden, Italia, Grecia, Bélgica, Hungría y Francia. España es el país número 14, por detrás también de países como Alemania, Holanda o Reino Unido. Pero el informe publicado por el BM no se refiere a esos países: fuentes del organismo se lamentaron de la "desafortunada" redacción del informe, y explicaron que, en realidad, se referían a una combinación de deuda y déficit, aunque sin concretar los criterios utilizados. Fuentes del organismo que menciona El País admiten que no quisieron utilizar el acrónimo PIGS al que recurren los medios de comunicación, pero que se referían a esos mismos países. Horas después, el organismo decidió corregir parcialmente su monumental metedura de pata y envió una nueva versión del informe.
LOS PAÍSES MÁS ENDEUDADOS.- En la nueva redacción, el Banco Mundial habla de la posible pérdida de confianza "en la deuda de cinco países de la UE que combinan alto déficit y alta deuda pública". La definición se cambia, pero los países se mantienen. La nueva referencia es algo imprecisa y la inclusión de los países resulta arbitraria. El déficit de Italia es inferior a la media europea y el nivel de la deuda pública española no sólo es inferior a la media sino que es el 14º de la UE. El Reino Unido, que tiene tanto una deuda como un déficit más alto que el español, se libra de la quema del organismo anglosajón. Lo mismo ocurre con Francia, cuya deuda y déficit son superiores a la media europea, o con Bélgica, con uno de los niveles de deuda más altos y un déficit superior al italiano, Los analistas del Banco indican que la situación española es "muy grave", aunque los planes de choque anunciados "van en la buena dirección". Dos horas después de advertir el grave error de su informe y corregirlo, el Banco Mundial envió unas declaraciones del autor del estudio, Andrew Burns, quitando hierro incluso a la segunda versión: "Aunque España se describe en el informe sobre perspectivas globales como uno de los cinco países de la UE con altos niveles de déficit fiscal y deuda pública, su deuda pública es menor que la de los otro cuatro países. De hecho, España está capeando la crisis con bastante habilidad", dice. Y añade: "Aunque el informe presenta un escenario pesimista, éste se considera poco probable"...
Pero la huella de la formidable metedura de pata del Banco Mundial ya habrá quedado marcada en los sensibles mercados internacionales, sin que nadie lo pueda remediar...
EXTREMADURA TIENE 1.637 COCHES OFICIALES.- Poco a poco, algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña o Galicia, han ido dando a conocer el número e sus correspondientes coches oficiales, que rebasa cualquier estimackión previa... Ahora se ha sabido los que tiene a su disposición el gobierno extremeño, que se elevan a 1.637. ¿Increíble, para una comunidad “pobre”? Es el resultado de una investigación de sus adversarios del PP, de la que ha dado cuenta El Confidencial, con gran lujo de detalles. Empieza afirmando este trabajo que “en tiempos de crisis, en los que toda Europa se ajusta el cinturón, el debate sobre el uso de los coches oficiales apenas ha llegado a una España en la que sólo algunos políticos, los menos, han decidido reducir su uso”. Y menciona los casos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha prescindido de 96 vehículos y de 23 conductores eventuales. O de Alberto Ruíz Gallardón, que los ha limitado sólo a aquellos cargos que precisan de escolta. Medidas aún escasas en comparación con las tomadas por otros países como Reino Unido, en donde su primer ministro, David Cameron, ha impuesto a todos sus ministros el uso del transporte público.
LA FIEBRE DE LOS COCHES OFICIALES.- Y ya entra en materia: El último ejemplo de esta auténtica fiebre por los coches oficiales lo protagoniza la Junta de Extremadura del socialista Guillermo Fernández Vara donde, a día de hoy, se contabilizan un total de 1.637 vehículos al servicio, una buena parte, de consejeros, asesores, directores generales, secretarios generales y demás altos cargos de la administración autonómica. Así lo revela una exhaustiva investigación realizada por el Partido Popular de Extremadura, que ha detallado en un informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, los modelos, las marcas y los usos de cada uno de los coches que están al servicio de los hombres de Fernández Vara. Una comunidad aglutina el 5% de todos los vehículos oficiales (alrededor de 30.000) que circulan en nuestro país. El Partido Popular de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, comenzó a interrogar a todas las consejerías de la Junta sobre sus coches oficiales después del escándalo que suscitó en su día, en noviembre de 2008, la compra de un lujoso Lexus para la consejera de Economía, Dolores Aguilar. Valorado en 68.208 euros, el escándalo fue tal que la Junta tuvo que devolver el coche y pedir disculpas. Un desmán que, sin embargo, sirvió para que PP y PSOE acordasen, a nivel regional, un código de buenas prácticas que regula, desde entonces, el uso de estos vehículos. Así, por ejemplo, no se pueden sustituir hasta que no hayan cumplido, al menos, 300.000 kilómetros y su precio máximo, en los de mayor gama, no puede superar los 30.000 euros. Desde el Gobierno extremeño explican que las cifras aportadas por el Partido Popular coinciden con el parque móvil de la Junta, si bien en ese cómputo se incluyen también turismos, grúas, motocicletas y otros vehículos utilizados por la administración regional para diferentes funciones. “Solo 26 están destinados a altos cargos”, señalan.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS.- “Desde que se firmó el código de buenas prácticas, sólo los consejeros tienen coche asignado para ellos. Los demás altos cargos solo pueden solicitarlo si lo necesitan para algún desplazamiento”. Una afirmación que no se corresponde, sin embargo, con el informe detallado que manejan los populares y que no oculta todos estos otros vehículos a los que se hace referencia desde la Junta. El documento detalla, por ejemplo, que Fernández Vara dispone de dos coches oficiales, un Volvo S80 y un Audi A8, mientras que su Coordinador General de Presidencia tiene asignado un Audi A6. Un esquema se repite en el resto de los departamentos y de consejerías de su Gobierno, donde varios niveles del escalafón disponen de trasporte oficial pagado por el bolsillo de los extremeños. Así, por ejemplo, la vicepresidenta y portavoz, María Dolores Pallarés, tiene a su disposición un Audi A6 y otros 11 vehículos también de gama media-alta para los altos cargos de su departamento. Otro caso llamativo es el de la consejería de Educación, donde se aprecia cómo su titular, Eva María Pérez López, dispone de un Peugeot 607, mientras que sus cuatros directores generales cuentan con sendos Peugeot 407. El informe manejado por el PP y construido a partir de los datos aportados por el propio Gobierno extremeño, detalla también cómo la Secretaría General de Educación, Elisa Isabel Cortés, cuenta con un Wolkswagen Passat 2.0 a su servicio que, sin embargo, puede ser usado por la propia consejera “cuando su Peugeot 607 no está operativo”.
DEMASIADOS CHOCOLATES DEL LORO.- ¿Y qué fue de la consejera del Lexus? En la actualidad disfruta de un Volkswagen Passat 2.0 TDI cedido, eso sí, por la Consejería de Fomento. Un caso más de un político que, como otros tantos, podría haber ilustrado el número de esta semana del prestigioso semanario The Economist que se ha fijado en el derroche del sistema político español centrando su reflexión en el caso del consejero de el consejero de la presidencia de la comunidad de Madrid,Francisco Granados. vivo ejemplo, según la revista, de una Administración a la que le cuesta poner en marcha un verdadero plan de austeridad por sus enormes gastos estructurales.
Poco a poco, tal vez algún día logremos saber cuántos coches oficiales circulan, en total, por España. ¿Quince, veinte, treinta mil? Tantos “chocolates del loro que arruinan al Estado...
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