PESIMISMO DE LOS CIUDADANOS POR LA CRISIS, ZAPATERO NO, PERO RAJOY MENOS AÚN. LOS SINDICATOS NO ESTÁN SEGUROS DE IR A LA HUELGA

PESIMISMO CIUDADANO.-Ante los resultados de cualquier encuesta, cada cal puede destacar los datos que más le interesen, o le llamen en la atención. La que proporcionaba este domingo a sus lectores el diario El País proporciona datos para todos los gustos: El 73% afirma que un Gobierno del PP no lo haría mejor que el actual. El 88% pide acuerdos entre los dos grandes partidos. Sobre todo, ofrece un panorama nada alentador, en el que se suman la crisis económica, la crisis política, el pesimismo ciudadano creciente, la falta de liderazgo, la desconfianza en el Gobierno, el rechazo a la oposición, la falta de acuerdos básicos entre los partidos y el deterioro de la paz social. Pero tampoco todo eso significa una petición de adelanto electoral, porque en este panorama pesimista, la opinión mayoritaria es que hay que agotar la legislatura, aunque haya que proceder de inmediato a un cambio profundo en el Gobierno. Un 53% considera que disolver las cámaras supondría paralizar la toma de decisiones urgentes, porque lo prioritario es afrontar la crisis. Es decir, lo contrario de lo que sostienen el PP y su líder, Mariano Rajoy, empeñados en anteponer el final de José Luis Rodríguez Zapatero a cualquier otra circunstancia, aunque eso suponga encrespar aún más el clima político y dificultar el camino hacia la recuperación. Los ciudadanos encuestados no coinciden con esa idea, pero eso no significa que avalen la gestión de Zapatero, cuya valoración sigue cayendo a cifras récord, acelerada por el anuncio de las medidas de recorte, que sepultan su proyecto y sus promesas de salir de la recesión sin tocar el gasto social.

ZAPATERO, OBLIGADO A DAR SOLUCIONES.- Pero sigamos destacando y datos sorprendentes: Por primera vez hay más ciudadanos que desaprueban la gestión de Zapatero que los que rechazan la de Rajoy. Un 86% dice tener poca o ninguna confianza en Zapatero, el 84% dice que improvisa y el 76% desaprueba su gestión. Ni siquiera conserva Zapatero el apoyo casi ilimitado que tuvo de los votantes del PSOE, porque el 70% ya no se fía de él y el 57% rechaza su gestión. Su desaprobación sigue sin tocar fondo y va cayendo progresivamente en cada encuesta, a falta de que se constate el final de la paz social y que caiga sobre Zapatero la maldición que ya cayó sobre sus antecesores: la huelga general. Los ciudadanos vienen a decirle a Zapatero que está obligado a asumir la responsabilidad de afrontar la crisis, pero para eso necesita un equipo distinto y tiene que empezar por hacer el cambio de Gobierno al que se resiste. Por eso, seis de cada 10 encuestados, un 58%, asegura que debe procederse de inmediato a un cambio en el Gobierno para afrontar la situación. Pero, pese a todos los datos, los ciudadanos consideran un mal mayor la convocatoria inmediata de elecciones generales, porque sería un obstáculo para la recuperación, tal y como dijo Josep Antoni Duran el Congreso. Otros datos sorprendentes: el 73% asegura que un Gobierno del PP no lo haría mejor, y para un 55% diga que la situación económica internacional es casi más determinante que la actuación del Ejecutivo. Un 69% asegura que Zapatero ha perdido su capacidad de dar solución a los problemas del país. Esta opinión la sostiene el 53% de los votantes socialistas. Un año después de haber sucedido a Pedro Solbes, la vicepresidenta segunda obtiene su peor nota desde que está en el Gobierno. Sigue muy por encima de todos en valoración Alfredo Pérez Rubalcaba, el único ministro portador de buenas noticias, cuando anuncia las detenciones y a la espera de las novedades sobre el final de ETA. Y más datos aún: Los ciudadanos penalizan la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos y, quizás por eso, la valoración del PP y de su líder siga bajo mínimos, tras haberse opuesto a las medidas de recorte del gasto propuestas por Zapatero. El 88% pide acuerdos entre los dos grandes partidos y hasta un 75% asegura que sería deseable una gran coalición. En fin., el pesimismo ciudadano se manifiesta en las cifras más altas de la calificación negativa de la situación económica del país y la personal. El 89% dice que aún queda mucho para mejorar y, al contrario de lo que ocurría hace dos años, los encuestados aseguran que han recortado sus gastos de ocio, de compras, de hogar y de vacaciones. Es decir, que han sacrificado su forma de vida habitual, y eso se traslada también al malestar ciudadano contra todo.

TROPAS CATÓLICAS.- No es la única encuesta del día: Tras las celebraciones de Corpus, en La Razón se ofrecen los resultados de un sondeo entre 400 militares. Resulta que la mayoría quiere participar en actos religiosos, y que ocho de cada diez son contrarios a la supresión de las misas en las celebraciones castrenses. Una gran mayoría defiende a ultranza su catolicismo. El 88 por 100 quiere rendir honores militares en actos religiosos. Desde luego, el laicismo, o la neutralidad de Estado e Iglesia Católica no termina de penetrar en las Fuerzas Armadas. O es muy fuerte el afán de protagonismo para seguir estando en cualquier manifestación social, sean las procesiones de Semana Santa o las del Corpus. ¿Qué pintan los legionarios portando la imagen de Cristo, o los soldados rindiendo honores militares ante la Custodia?

ACTITUD SINDICAL ANTE LA HUELGA.- Aunque cada vez esté más próxima la fecha en la que el Gobierno hará pública su fórmula, el decreto, para reformar el mercado del trabajo, sin embargo, CC.OO. y UGT aún dan un pequeño margen para pactar la reforma laboral. Según confiesan al diario La Vanguardia, las direcciones de CC.OO. y UGT dudan que les fuera mejor con un gobierno que presidiera Rajoy. También se señala que los sindicatos consideran que se ha filtrado el contenido del eventual decreto “para obligarles a firmar”. Se señala también que el paro de la función pública el próximo martes 8-J, en protesta por el recorte salarial de los funcionarios, será el termómetro para decidir la convocatoria de una huelga general el 30 de junio. Según estas informaciones, de las que da cuenta La Vanguardia, una de las principales propuestas sindicales es que no se amplíen las causas del despido objetivo (con una indemnización de 20 días por año de servicio) derivado de las dificultades económicas de la empresa. Por el contrario, sugieren que las empresas que registren una caída de sus ventas en un periodo suficientemente largo e ininterrumpido, se puedan acoger al reparto de trabajo. Esto significa que en lugar de reducir la plantilla se recorte la jornada a todos los trabajadores. La empresa sólo pagaría el salario correspondiente a las horas trabajadas, y el resto lo financiaría el seguro de desempleo. En el caso de las empresas que hayan entrado en números rojos y tengan que reducir plantilla, se propone que una parte de la indemnización por despido objetivo la pague el Fogasa, lo que reduciría el coste de la indemnización al empresario hasta ocho días por año trabajado. También están dispuestos a que los trabajadores que estén en paro y sean contratados tengan menor indemnización.

DUDAS SOBRE LA EFICACIA DEL PARO.- Siempre según estas fuentes, Comisiones Obreras y UGT tienen enormes dudas de la eficacia de una movilización de estas características contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El elemento fundamental que están estudiando es que la debilidad política del presidente podría precipitar unas elecciones generales, como pretende el PP. De acuerdo con los últimos sondeos, de celebrarse elecciones en estos momentos, Mariano Rajoy obtendría la mayoría absoluta. Los sindicatos no tienen claro que, con un gobierno de derechas con mayoría absoluta, les fuera mejor que con un gobierno de izquierdas que les necesita más que nunca. Temen que una huelga general en medio de la mayor crisis económica que ha sufrido el país en los últimos 80 años acabe volviéndose en su contra. Por esta razón, según las fuentes consultadas, las posibilidades de que se convoque una huelga general se sitúan en torno a un 60%, y las opciones de que prospere un acuerdo están sobre un 10%. Entre ambas opciones, el escenario más factible es el de una ruptura pactada. Es decir, llegar a un acuerdo con el Gobierno para que el decreto recoja parte de las reivindicaciones de los sindicatos y parte de las exigencias empresariales. Esto limitaría la protesta sindical a movilizaciones y asambleas a partir del mes de octubre. De hecho, la inmensa mayoría de las fuentes consultadas indica que los sindicatos no tienen ninguna gana de hacer una movilización general.

LA SEGURIDAD SOCIAL, OTRA TAREA.- Además, son conscientes de que el Gobierno tendrá que afrontar la reforma de la Seguridad Social en octubre. Hacer una huelga ahora les dejaría sin herramientas de respuesta, ya que en ningún caso prevén un escenario de crispación social permanente como el que se ha producido en Grecia. Por el contrario, se quieren ligar las protestas en España con las que se preparan en el ámbito europeo por la Confederación Europeas de Sindicatos (CIS) para el 25 de septiembre.La razón por la que CC.OO. y UGT han decidido filtrar que han puesto en marcha los preparativos de la huelga y la fecha de la convocatoria responde a la necesidad de contrarrestar las filtraciones del contenido del decreto ley que aprobará el Gobierno el 16 de junio. En él se incluyen medidas para generalizar el despido objetivo con una indemnización de 20 días por año de servicio, frente a las indemnizaciones de 45 días que se están pagando en el 80% de los despidos realizados durante el 2009.Los sindicatos consideran que la filtración de las líneas generales del decreto es una estrategia para obligarles a firmar la última propuesta del Ejecutivo y que es más conciliadora. Tal como se explica, esta estrategia gubernamental está siendo contraproducente para llegar a un acuerdo. "En la medida en que se lanza el mensaje subliminal a la patronal de que no es necesario un acuerdo para conseguir lo que quieren porque va a hacerlo el Gobierno, no tienen el menor interés de lograr ningún tipo de consenso".

QUIEN APORTA Y QUIÉN SE RESISTE.- Según se explica desde la dirección de los sindicatos, el destinatario de las presiones del Gobierno debería ser la patronal, cuyos representantes están impidiendo que se avance con mayor velocidad hacia un punto de encuentro. Por el contrario, la patronal afirma que el verdadero culpable es la UGT, "que se ha negado a aceptar cualquier propuesta que se ha puesto sobre la mesa". Tal como se explica, CC.OO. se ha mostrado más flexible en sus propuestas. Entre ellas, el reparto de trabajo para evitar los expedientes de regulación, el denominado "modelo alemán". Además, se ha mostrado favorable a la creación de un fondo dotado con los recursos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para financiar parte de las indemnizaciones que pagan los empresarios; es lo que denominan el "modelo austriaco a la española". Su propuesta es que no se amplíen las causas del despido objetivo, aunque sí se agilicen los trámites. Así las cosas, esta próxima semana resultará crucial en la mesa de diálogo social, o bien en los preparativos del decreto del Gobierno. Una de dos…