HAY COSAS QUE NO TIENEN POR QUE ESTAR EN EL ESTATUTO.- Desde el primer momento en el que se conoció el fallo del Tribunal Constitucional, y la sentencia que determinaba una serie de recortes para el texto aprobado por el Parlament de Cataluña, las Cortes generales, y ratificado en referendum por el pueblo catalán, el presidente de la Generalitat José Montilla ha reclamado al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que recuperara para otra clase de leyes algunos de los elementos tachados por los magistrados del TC. Inmediatamente, el portavoz del PP, Esteban González Pons,. Negó que eso fuera posible: Si no tenía lugar en el Estatut, no podía tener lugar en otra clase de leyes o normas de menor nivel. Pues bien, hoy hace declaraciones al diario El Mundo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, notable jurista, y a quien se atribuyeron no pocos trabajos de los que permitieron que el Estatut aprobara el “cepillado” que anunció Alfonso Guerra en la comisión constitucional del Congreso. Pues bien, Caamaño sostiene que “hay cosas que no se pueden decir en el Estatuto, pero sí en otra clase de leyes”, que es lo que en las últimas horas vienen reclamando el PSC y el tripartito catalán al Gobierno del Estado. Caamaño hace otras manifestaciones no menos notables, como que la sentencia del TC fortalece la unidad de España en la diversidad, o que comprende la posición de la Generalitat pero no la comparto. “Voy a acatar y respetar lo que ha dicho el TC”, dice también el ministrod e justicia, que aprovecha `para lamentar que algunos radicales intentaran perturbar el drecuo de manifestación, el sábado, en Barcelona.
UN SOLO ARTÍCULO INCONSTITUCIONAL.- Caamaño empieza sus declaraciones hablando de la sentencia en términos globales: Lo importante es el fallo, según el cual, sólo hay un artículo inconstitucional, el 97, y se cuestiona algún adjetivo en otros trece artículos. “La referencia a la nación y a la nacinalidad, a la lengua y a otras muchas cuestiones son constitucionales, porque el adjetivo preferente no tiene consecuencia jurídica alguna, y el catalán sigue siendo la lengua propia y de uso normal en Cataluña, y lo mismo ocurre con la financiación o la bilateralidad. Para Caamaño no hay duda de que la sentencia aumenta el nivel de autogobierno de Cataluña de manera inequívoca, y que los fundamentos del Estatut, que han servido de base a otros estatutos, han quedado plenamente convalidados. En cuanto a los votos particulares de cuatro magistrados del TC, dice Caamaño que se deben explicar en el contexto de un debate político prolongado durant6e cuatro años, porque la mayoría de las cosas que dice el TC ya encontraban ya dichas en pronunciamientos anteriores. Niega Caamaño que se lesione la igualdad de todos los españoles. “En nuestra Constitución, la igualdad no es uniformidad”. Según Caamaño, lo que dice el TC sobre nación y nacionalidad se ajusta plenamente a la Constitución del 78, y estoy convencido de que la sentencia fortalece la unidad de España en la diversidad porque confirma en lo sustancial el Estatuto y nos dice que la España real es la de la Constitución, y no la que dibuja una parte de la derecha del PP, que confunde la igualdad con la uniformidad.
NORMAS DE OTRA NATURALEZA.- Acerca de esa eventual “sustitución de fórmulas para burlar el sentido de la sentencia”, dice Caamaño que no se trata de buscar subterfugios, sino de ver un posible acomodo a través del instrumento normativo adecuado. “Hay cosas que pueden ser inconstitucionales porque no se pueden decir en un Estatuto, pero sí n otra clase de leyes”... También hay referencias en esta conversación con el Caso Ripoll. Dice el ministerio que no para todo acto de investigación y esclarecimiento de delitos es necesaria la autorización judicial. Los fiscales y la policía tienen un margen d e actuación. La policía puede hacer detenciones a los efectos de tomar declaración. Sdobre el Caso Bono, sostiene Caamaño que el presidente del Congreso ha dado pruebas de hacer un ejercicio cabal y responsable de sus obligaciones. Considera muy grave que un responsable público -el presidente murciano- diga que no cumple una ley (la del aborto), y se felicita de que ya haya rectificado. Y recuerda el mal resultado que tivo el recurso previo de inconstitucionaldiad. Sobre la renovación del TC, confía el ministro que no se alargue mucho. Y del debate sobre el Estaado de la Nación, dice Caamaño que al presidente lo ve y lo siente fuerte, implicado en los grandes problemas económicos del país, con valor pars abordar tener difíciles. Los ciudadanos valorarán positivamente sus explicaciones, llenas de razones y de convicción, confía el ministro...
LA RELACIÓN DE CATALUÑA CON ESPAÑA.- Pensaron los redactores del Estatut de Cataluña que con aquel trabajo quedaba resuelta la muy a menudo problemática relación de España con Cataluña, o de Cataluña con España. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha vuelto a la situación anterior, sino que la ha deteriorado sustancialmente. De ahí que el Gobierno de la Generalitat, primero en voz de Montilla y ahora de su conseller Nadal hayan reclamado que el Gobierno del Estado español resuelva esa papeleta. En concreto, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, en nombre del Gobierno catalán, ha instado al Ejecutivo a "rehacer los puentes que la sentencia del Estatut ha roto", ya en el debate del estado de la nación, previsto para el 14 y 15 de julio. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller se ha mostrado convencido de que en este debate se podría aprobar "una resolución que permita restituir las cosas en el punto antes del recurso del PP", y ha apuntado que esto es lo que se "puede exigir al Parlamento español". Nadal ha apuntado que PSC, ERC, ICV-EUiA y CiU tienen el "punto de unidad" suficiente como para poder avalar en dicho debate que "se ha traspasado una frontera que no se podía traspasar y que ello "pone en cuestión el pacto constitucional y estatutario". Asimismo, el conseller considera que en los próximos días el Gobierno español debería fijar "un programa de mínimos" para rehacer el pacto político que supuso el Estatut.
LOS AGRESORES.- El conseller, dirigente del PSC, ha hecho esta reflexión a partir de los comentarios que hizo el sábado el ministro de Fomento, José Blanco, quien aseguró que la manifestación del sábado en Barcelona era "contra los que la agredieron", en alusión al PP. Nadal, que en el último tramo de legislatura ejerce de portavoz de facto del Govern, ha argumentado que si el PSOE entiende que el PP agrede a Cataluña, "se le ha de pedir que dé una respuesta clara y contundente desde las instancias del Gobierno español para rehacer los puentes que la sentencia ha roto". Preguntado si exigía responsabilidades al PSOE tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el conseller ha comentado que pide "respuestas" a los socialistas españoles, y ha recordado que en el 14 y 15 de julio, cuando el Congreso acoge el debate del estado de la nación, "se tendrá que ver cuál es la posición del PSOE". Asimismo, el Govern considera que "en los próximos días" también se deberá concretar "de qué manera se recompone un programa de mínimos que permita asegurar que no se han tirado por la borda treinta años de esfuerzo de los diferentes territorios que componen la pluralidad de la España plural para intentar rehacer el pacto constituyente".
OTRAS DECLARACIONES.- Por su parte, y en estos posicionamientos posteriores a la manifestación del sábado, el presidente de ICV y conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha pedido que se vete al PP, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, al entender que es el partido responsable de la actual situación, y ha considerado necesario que se "abra" el diálogo entre los gobiernos central y catalán. En declaraciones a los periodistas, Saura ha opinado que el PP debería "pedir perdón" porque "es el responsable de la crisis entre Cataluña y el Estado" y ha agregado que "nadie", por este motivo, debería apoyar a esta formación política. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ha propuesto convocar una asamblea que reúna a los parlamentarios catalanes en Las Cortes, en el Parlamento y en la Eurocámara para sellar un "pacto nacional" que detallaría los mínimos que PSC, ERC, ICV-EUiA y CiU prometen defender juntos. En sus declaraciones a Catalunya Ràdio, Carod-Rovira comentó que todos esos partidos deberían comprometerse a incluir "un mínimo común" de principios en defensa de Cataluña en su programa electoral y a defenderlos pase lo que pase tras las elecciones catalanas. Carod-Rovira no ha detallado cuál debería ser el contenido de este mínimo común denominador que reivindica, pero ha afirmado que no hay que descartar un hipotético gobierno de concentración en algunas coyunturas, o bien la posibilidad de ceder la presidencia del Parlamento catalán a la oposición.
En todo caso, parece evidente la coincidencia de los partidos catalanes y sus dirigentes en que “se debe hacer algo” que compense “el agravio del TC”.¿Qué dirá Zapatero en el debate del estado de la Nación sobre este particular?
DOS ASUNTOS PASADOS Y UNO QUE LLEGA.- La semana que comienza tendrá, sobre todo, tres asuntos para debatir o discutir: dos de este fin de semana último, el partido de fútbol contra Holanda y la manifestación de Barcelona, y un tercer asunto que ya ha reclamado las atenciones de los líderes políticos estos días, en la preparación de sus correspondientes intervenciones, el debate sobre el estado de la nación del miércoles, 14, que vendrá a cerrar un curso político de muy abundantes materias y de tensión política difícilmente superable. ¿Qué cabe esperar de ese debate del Congreso? De entrada, como señala El País, que “ningún grupo parlamentario mostrará la más mínima simpatía o empatía con el presidente del Gobierno” en este segundo debate del estado de la nación de la legislatura. Por el contrario, la gama de actitudes y posiciones políticas se moverá entre la descalificación rotunda, el distanciamiento y la regañina por "haber llegado tarde". La única concesión que se le hará tampoco será amable: sólo ahora, cuando ha rectificado su política económica, se pueden apreciar algunos aciertos. Este es el dibujo que trazan los grupos sobre su posición ante el examen al jefe del Ejecutivo.
LA SOLEDAD DEL GOBIERNO.- Insiste el trabajo del diario en que la situación de soledad del Gobierno se ha acentuado de una manera drástica, como se pondrá de manifiesto en el debate, en el que ya no habrá complicidades; todas se han perdido de manera paulatina, aunque no siempre los argumentos para dar la espalda al Gobierno resistan un análisis sólido y fundamentado. "Quien se acerque al Gobierno se abrasa", sentenció hace meses el portavoz de ERC, Joan Ridao, a modo de descripción. Quizá los grupos de la izquierda -ERC, IU, ICV y BNG- son los que acumulan más argumentos para justificar su alejamiento del Ejecutivo: han sido los socialistas los que han querido distanciarse. Esta es la denuncia que hacen tras "comprobar" que el Gobierno buscó el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria para abordar las medidas contra la crisis. Los tiempos de cercanía con la izquierda terminaron cuando la legislatura se tornó exclusivamente económica. Sólo se han reanudado las relaciones para sacar adelante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En cuanto a los nacionalistas catalanes están a la espera de su propio calendario autonómico y ya han dicho que no apoyarán los Presupuestos, aunque el PNV está dispuesto a hablar con condiciones que tienen que ver con el País Vasco.
MANO TENDIDA.- No hay duda de que tanto el presidente como el portavoz del grupo que lo sostiene, José Antonio Alonso, tenderán la mano de izquierda a derecha para pactar las reformas en marcha: Reforma de las cajas de ahorros, reforma de la ley de pensiones, reforma del mercado laboral, los presupuestos… Los portavoces recordarán a Zapatero que él optó por la soledad cuando decidió ser investido sólo con los votos de su grupo, sin pedir apoyo a ningún otro. Se cree que la crisis económica y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña marcarán el debate. Zapatero llega muy debilitado por el contexto económico, con casi cuatro millones de parados, y el líder del PP, Mariano Rajoy, con un nuevo escándalo de corrupción en su partido, el caso Brugal, en el que está imputado el líder de la formación en Alicante, José Joaquín Ripoll. Hasta ahora, Zapatero ha ganado siempre estos debates, en los que acostumbra a anunciar medidas para paliar los efectos de la crisis, pero éste será, sin duda, el más difícil, porque la ventaja del PP (10,8 puntos) nunca había sido tan grande como hasta ahora. Desde que el PSOE ganó las elecciones en 2004, Rajoy y Zapatero han mantenido cuatro severos “cara a cara”: en mayo de 2005, el terrorismo marcó el debate en pleno proceso de paz. El líder del PP acusó al presidente de "traicionar a los muertos" y "revigorizar a una ETA moribunda". Zapatero ofreció su "mano tendida a todos" para recomponer la unidad en la lucha contra ETA y se comprometió a trabajar "contra el viento de la deslealtad y la marea de la intolerancia" en política antiterrorista.
LUCHA ANTITERRORISTA.- En mayo de 2006, el presidente del PP sorprendió a los suyos en su segundo debate del estado de la nación al eludir las duras acusaciones que había hecho al Gobierno por su política antiterrorista en el debate anterior, lo que le valió reproches de los medios más radicales por complacencia. El consenso duró poco porque al día siguiente se anunció que los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares se reunirían con representantes de Batasuna, encabezados por Arnaldo Otegi. Rajoy acusó a Zapatero de situar a España en la "incertidumbre" política y económica. También se habló mucho en este debate sobre inmigración. El 3 de julio de 2007 cuando se produjo el tercer debate sobre el estado de la nación entre Rajoy y Zapatero, aún no se atisbaba el calado de la crisis económica, pero sí la cercanía de las elecciones generales de 2008. Zapatero anunció la concesión de 2.500 euros a las familias por cada nuevo hijo, lo que se conoció como el cheque-bebé. Rajoy volvió a atacar a Zapatero por la política antiterrorista y le exigió que enseñase las actas de las reuniones con ETA o convocara elecciones anticipadas. Zapatero aseguró que ETA había roto la tregua porque el Gobierno no había cedido ante los terroristas, y acusó al presidente del PP de desleal. En mayo de 2009, en el debate anterior, el presidente Zapatero intentó apagar el pesimismo por la recesión con una batería de medidas anticrisis para cambiar el modelo productivo. Anunció la supresión de la desgravación a la compra de viviendas en 2011, 500 euros de ayuda para la compra de un automóvil, 5.000 millones para obras municipales, 20.000 millones más para impulsar la economía sostenible, la reducción en cinco puntos del impuesto de sociedades a las empresas con menos de 25 trabajadores que mantuviesen su plantilla y un recorte de 1.000 millones en los gastos de la Administración. Rajoy no hizo ni una sola propuesta concreta, acusó a Zapatero de ser "un lastre" y despreciar a los cuatro millones de parados. El líder del PP reclamó al presidente que llevara a cabo una reforma laboral y Zapatero contestó: "Si hay alguna propuesta para abaratar el despido o recortar derechos de los trabajadores, le digo desde aquí que no va a pasar. Yo me posiciono: no apoyo rebajar el coste del despido".
Y esta vez, ¿qué traerá consigo el debate? Unas cuentas reformas de gran calado en marcha: la laboral, la de las cajas de ahorros, la de la edad de jubilación , todas se supone que asumibles por casi todos los grupos, pero todos los grupos reticentes a dar el menor apoyo al Gobierno…
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